Reacciones al Plan de Emergencia Educativa

Autor: Hugo Diaz

En su primer mensaje a la Nación, uno de los principales anuncios que hizo el profesor Pedro Castillo, como Presidente, fue declarar en emergencia la educación peruana. Para iniciar su implementación, primero se expidió el Decreto Supremo 014-2021-Minedu, y veinte días después se difundió el Plan de Emergencia Educativa. Dicho Plan contiene las medidas que se adoptarán a partir del segundo semestre del 2021 para atender los seis ejes considerados prioritarios: recuperación y consolidación de aprendizajes y retorno a la presencialidad; desarrollo profesional docente; innovación tecnológica y competitividad educativa; educación superior; atención integral de las poblaciones rurales, indígenas, afroperuana y personas con discapacidad; y descentralización. El horizonte de ejecución del Plan va hasta el final del primer semestre del 2022.

Lo que el gobierno ha concebido como emergencia va más allá de lo que generalmente expresa ese término, pues en los ejes que comprende se incorporan prácticamente todos los temas de la política sectorial. Por lo tanto, más que un plan de emergencia es un plan de educación. Si bien la marcha general del sistema educativo puede estar requiriendo mejoras importantes, lo deseable hubiera sido priorizar y concentrar los esfuerzos en uno o dos ejes.    

Una de las metas del Plan de Emergencia que ha causado polémica ha sido la que establece que, para mediados del próximo año, el cincuenta por ciento de las instituciones educativas del país estarán ofreciendo enseñanza semipresencial. La polémica surge debido a que existe un sector de opinión pública, en aumento, que piensa que la meta del retorno a clases es muy conservadora. Inclusive, propone que para el segundo semestre del 2021 el retorno debería acelerarse y que para inicios del siguiente año escolar la mayoría de locales, sino todos, tendrían que estar ofreciendo alguna forma de educación semipresencial. Con argumentos muy sólidos, esta posición ha sido respaldada, mediante pronunciamientos públicos, por instituciones como Unicef, Unesco, Fe y Alegría e IPAE.

En posición diferente están principalmente un sector de profesores, padres de familia y autoridades del gobierno. La encuesta que aplicó Datum entre los meses de julio y agosto revelaba que solo tres de cada diez padres de familia prefería no enviar todavía a sus hijos a las clases presenciales. Es probable que ese porcentaje haya disminuído si se tiene en cuenta que, según los datos del Ministerio de Salud hasta fines de setiembre, los ciudadanos totalmente inmunizados sumaban los 10 millones y los que recibieron la primera dosis de la vacuna superan los 15 millones. Además, para fines del presente año, el gobierno se ha propuesto empezar la vacunación de los menores de 12 a 17 años. Posiblemente para esa época, el cien por ciento o un porcentaje muy cercano del personal que trabaja en las instituciones educativas este inmunizado, lo cual fortaecería el argumento del retorno a clases.

Entre los que prefieren actuar con cautela están las autoridades del Ministerio de Salud. Su ministro, el doctor Cevallos, ha declarado que frente a las perspectivas de una tercera ola, lo recomendable es que el Ministerio de Educación no acelere el retorno a clases este año. Opina que podría avanzarse en la implementación de modelos pilotos, y dependiendo de cómo evoluciona la pandemia, a inicios del próximo año podrían evaluarse las condiciones para definir si es posible acelerar el retorno en marzo.

El cuidado puesto por las autoridades del gobierno a las instituciones educativas para que participen de un programa piloto de retorno a la educación presencial es bastante exigente; con procedimientos complejos y cuyo costo para cumplirlos puede ser significativo. No solo hay que demostrar que se cuenta con las condiciones de infraestructura del local escolar y de equipamiento para la seguridad sanitaria, sino que, según el Director General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud, cada 72 horas hay que tramitar un certificado que demuestre que el local escolar está desinfectado. La certificación supone el empleo de amoniaco cuaternario y está a cargo de empresas especializadas. De acuerdo con los datos proporcionados por el citado Director General, el costo de la desinfección general del colegio es 15 a 30 soles por metro cúbico, dependiendo de quien preste el servicio. Adicionalmente, los centros están obligados a hacer limpieza de las instalaciones utilizadas cada dos horas y cada cambio de turno (Andina, 20 se setiembre). El costo, viabilidad y financiamiento de esta medida es dependerá de muchas variables; por ejemplo, si es una institución pública o privada, el tamaño de las instalaciones, entre otros. Pero también surge la interrogante respecto a si será posible aplicarla en todos los locales escolares del país. Tener respuestas de las autoridades de Salud sobre como cumplir con esta norma será recomendable. 

Es cierto que adoptar una decisión sobre el retorno a clases es difícil en medio de la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia. A la vez que aumenta la evidencia sobre los riesgos mínimos de contagio que se producen en las escuelas si se respetan los protocolos de uso de mascarillas, distanciamiento y ventilación de las aulas, también crece la evidencia de los impactos negativos que trae el confinamiento prolongado en la salud y aprendizajes de los niños y adolescentes, obligados a estudiar bajo un modelo exclusivamente a distancia. El costo beneficio del retorno a clases en el desarrollo de la personalidad, en los aprendizajes y las perspectivas ocupacionales y de ingresos en el futuro para la generación de niños y jóvenes que está siendo afectada es largamente mayor que el que se obtiene disponiendo que las escuelas continuen cerradas para evitar los riesgos de contagio.

Tampoco se olvida la experiencia de muchos otros países de características similares al nuestro que están más avanzados en los programas de retorno. En ellos no se registran hechos excepcionalmente graves de contagios al interior de las escuelas como para justificar la extensión del tiempo de cierre; por el contrario, está comprobado que los índices de contagio dependen sobre todo del comportamiento de los adultos en los lugares que frecuentan, que de la presencia de los niños al interior de sus escuelas.

Otros aspectos del Plan de Emergencia

El ministro Cadillo ha señalado la necesidad de revisar los marcos de ejecución del currículo nacional y de la carrera pública docente. Sobre el currículo nacional expresa que su revisión se orientará a que las regiones tengan mayor posibilidad de adecuar la programación y las escuelas más capacidad de decisiones en este campo. El objetivo es que la diversificación tenga más en cuenta las prioridades de desarrollo de los respectivos ámbitos territoriales. También ha puesto énfasis en que se promoverá el empleo de metodologías de trabajo del STEAM, por las ventajas que tienen para el desarrollo de capacidades de pensamiento crítico y creatividad de los estudiantes.

Es verdad que la pandemia propició un espacio de reflexión respecto de si el currículo forma para las competencias que se necesitan para la sociedad de futuro o si todavía forma para una sociedad que deja de existir. De hecho, estos dos años han servido para constatar que algunas de las competencias claves para el futuro no son suficientemente enfatizadas en la formación de estudiantes, que la amplitud del documento de currrículo oficial excede largamente la posibilidad de las escuelas de cumplirlo, además que la estructura curricuar y las normas sobre su implementacion limitan las posibilidades de integrar, diversificar y adaptar los contenidos a los contextos específicos y lograr que el eje de la acción educativa sea el estudiante. Hacerlo supondría dar los espacios necesarios para la personalización y desarrollo del talento, situación que casi no ha tenido cabida en los recursos de enseñanza ni en las capacitaciones que sobre el currículo se ejecutan.

Sobre los cambios del currículo oficial preocupan los plazos en que se quieren realizar. Habría la intención de empezar su aplicación en el siguiente año escolar. Si la decisión va por ese camino hay que asegurarse que sea posible contar con la propuesta a tiempo. Ello implicaría que para el inicio del próximo año escolar los cambios curriculares hayan sido ampliamente difundidos, que las industrias de producción de materiales educativos hayan tenido tiempo para incorporar las reformas y producir los materiales, que a las escuelas llegue ese material oportunamente y que los docentes hayan recibido la capacitación correspondiente. Sino se invierte el tiempo necesario en estas tareas, el riesgo sería caer en improvisaciones o fracasos posteriores.

En cuanto a la carrera pública docente, el objetivo del Plan de Emergencia es reducir el número de contratados, buscando que un núnero significativo se integre a la carrera luego de someterse a evaluaciones que, según la norma, deben tener un carácter formativo. La crítica en el pasado reciente fue que las evaluaciones, al haber carecido de ese carácter formativo, ocasionaron que los postulantes que aprobaban los concursos de nombramiento sean una proporción muy pequeña, inclusive, respecto del total de plazas que se creaban para el ingreso a la carrera. Si bien es aconsejable mejorar la estructura de composición entre docentes nombrados y contratados, el objetivo no debería ser el simple aumento de los primeros, sino el ingreso de los mejores y sobre la base de una proyección de necesidades de docentes para lo que resta de la década. Demanda también que, en la revisión que se haga de los criterios de la evaluación para el nombramiento de docentes, se aseguren los filtros que garanticen el rigor necesario para que el ingreso a la carrera se destine a los que lo merecen.

El otro aspecto sobre la carrera pública docente abordado por el Plan de Emergencia es el incremento de plazas para garantizar la prestación del servicio educativo. Sobre este asunto, hay que reconocer que mientras dure la pandemia y persistan los riesgos de contagio, será difícil que funcionen aulas con una alta relación estudiantes por profesor. Difícil es establecer una una carga docente ideal, pues ella depende de las características de cada aula en particular. Para respetar los protocolos de distanciamiento, posiblemente aulas pequeñas que atienden a 25, 30 o más estudiantes tendrán que desdoblarse y definir la forma en que serán atendidos. Algunas de ellas podrían demandar un docente más o instalar equipamientos especiales en el aula y en los hogares que permitan la atención simultánea y en línea de niños que están, una parte en el aula y otros en sus casas.

Lo deseable es que las políticas de incremento de docentes en la enseñanza pública se hagan con criterios de racionalidad. Organizar un sistema de educación híbrida tiene altos costos iniciales y como fuera descrito en el Informe de Iniden de agosto de este año, debe tomarse en cuenta que en los últimos veinte años el crecimiento de los docentes superó largamente el de la matricula. Mientras esta última, administrada por el Ministerio de Educación, descendió en 178 068 estudiantes, los docentes aumentaron en 128 216. Es verdad que al evaluar su distribución y composición posiblemente se encontrará que hay localidades y especialidades donde se necesitan más docentes y en otras donde sobran. Pero dado que los años que vienen no serán de bonanza económica, como la experimentada antes de la pandemia, será importante el buen uso de los recursos.

Estructural déficit de infraestructura escolar

Durante la gestión del ministro Jaime Saavedra comenzaron a conocerse los resultados el censo de infraestructura educativa los que no eran sino el reflejo del descuido y equivocadas políticas que se fueron dando desde no hace menos de cinco décadas. En ese momento se hacía referencia a que solucionar los problemas de infraestructura requería una inversión de S/ 77 235 millones. Con el tiempo esa cifra ha ido aumentando, y ahora se menciona que superaría los cien mil millones de soles.

Una inversión de esas magnitudes resulta practicamente imposible de financiar para un país con tantas urgencias como el Perú. Sin embargo, sería importante que el sector Educación disponga de una estrategia integral de enfrentamiento de este problema. La drámática situación que se observa en muchos locales escolares es la consecuencia principalmente de la ausencia de políticas que partan de constatar que el Estado solo no podrá resolver el problema. Hasta mediados del siglo pasado el país era un ejemplo de presencia comunal en la creación de oportunidades de educación, lo que casi desapareció al predominar políticas paternalistas que esperan que el Estado lo provea todo. De otro lado, el programa de transferencias para el mantenimiento ha sido un intento de atacar ese problema, pero siendo tan restrictivos los rubros de gasto, es poco lo que contribuye a detener el deterioro de los locales. Además, es indispensable mejorar el sistema de planificación física, fundamental si se quiere una red de locales escolares que tienda al uso óptimo y racional de las instalaciones. Comparativamente a otros países, en el Perú la matrícula promedio de los locales es menor y su ubicación no siempre responde a criterios adecuados de prestación del servicio educativo. Sin una adecuada infraestructura, la aplicación plena del principio del derecho a la educación será siempre muy limitada.

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