Poco a poco los partidos políticos que se presentarán a las elecciones el próximo año empiezan a organizar sus campañas. Algunos tienen ya definidos sus candidatos a la presidencia y vicepresidencias; otros deberán hacerlo pronto. En ese escenario hay una población desconcertada con la cantidad de postulantes y desengañada de lo que ha sido el ejercicio democrático en los últimos años. A menos de cinco meses de realización de las elecciones, la encuesta de opinión realizada por IPSOS Apoyo en noviembre 2025 revela que los tres candidatos con la mayor intención de voto solo suman en conjunto el 24%, que tres de cada diez peruanos viciaría, haría nulo o no votaría por nadie y que el 12% aún no precisa una preferencia.

Es temprano para hacer conjeturas; sin embargo, lo deseable es que quien sea elegido como nuevo Presidente de la Nación tenga el respaldo poblacional y del Congreso de la República, que sepa rodearse de un equipo profesional competente, con experiencia y capaz de enfrentar un escenario político y económico complejo, difícil y desafiante. Que el nuevo mandatario reúna esas condiciones depende solo de nosotros, los ciudadanos peruanos.

Se ha dicho frecuentemente que la política y la economía en nuestro país han ido por vías separadas. En parte es verdad. Mientras el desarrollo democrático se fue deteriorando y nos llevó a tener siete Presidentes de la República en 9 años, a la economía aparentemente no le iba tan mal: si bien las tasas de crecimiento del PBI han sido mejores que las de muchos países de la Región, cuando se compara el crecimiento de los últimos diez años con el registrado en los diez años previos se aprecia una importante retracción de la economía: entre el 2015 y 2024 el PBI creció al 1,6% promedio anual, es decir, a la tercera parte de lo que fue el promedio del 5,8%  registrado en el período 2007-2015. De no acelerarse la puesta en marcha de nuevas inversiones en proyectos estratégicos, incrementar la recaudación tributaria incorporando una mayor cantidad de contribuyentes y ser más eficiente en la gestión y ejecución de nuestros recursos, al nuevo gobierno y a los que le seguirán le será muy difícil enfrentar los retos que se vienen.

Lo que se recibirá y lo que se espera

Mientras la economía se fue retrayendo, el presupuesto inicial de apertura para Educación siguió la ruta inversa: entre el 2015 y 2025 mostró un incremento en valores nominales de 94%, mucho mayor que el que experimentaron en ese período la matrícula pública (14%) y el personal docente (21%). Ha sido un período en que se avanzó en los índices de escolarización en la educación inicial y la educación rural, el poder adquisitivo de las remuneraciones de los docentes de la carrera pública magisterial mejoró en 50% en valores reales desde el 2013 y aumentaron los recursos destinados a la construcción y mantenimiento de locales escolares. Pero también fue un período que tuvo como características el fuerte crecimiento de la burocracia administrativa y las presiones ejercidas por el Congreso de la República que han conducido al desajuste significativo de la estructura presupuestal en favor de los gastos en personal y en contra de otros factores de mejora de la calidad de los aprendizajes comprendidos en la partida de bienes y servicios. Esta partida participa únicamente del 3% del presupuesto total asignado a la educación básica.    

Un ejemplo del desajuste lo denuncia la Cámara Peruana del Libro en su comunicado del 14/11/2025. Desde el 2016 hasta el presente año el presupuesto destinado a la partida material de enseñanza se redujo casi ocho veces; específicamente, la inversión en libros, textos y materiales impresos cayó 24 veces: de S/ 18.3 por estudiante a S/ 1.18 en educación primaria; de S/ 59.31 a S/ 1.85 en educación secundaria y apenas a S/ 0.25 céntimos por estudiante en educación inicial. A ello se suma que los S/ 16 millones asignados al Fondo Nacional de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura suelen revertirse al Tesoro Público sin ejecución significativa, limitando el desarrollo de políticas que fortalezcan el ecosistema del libro y la lectura (https://cpl.org.pe/camara-peruana-del-libro-exhorta-a-priorizar-la-inversion-en-libros-y-materiales-educativos-en-el-presupuesto-publico-2026/).

De no mejorar la asignación presupuestal destinada a la partida bienes y servicios será difícil aspirar a mejoras significativas del aprendizaje, pues de ella depende no solo la dotación de material educativo impreso y digital, sino también la capacitación, los viáticos para acompañar a las escuelas y el éxito que puedan tener las reformas que se planteen en materia curricular, docencia, modernización tecnogógica de la gestión, alfabetización digital, entre otras.

Plantear una estrategia para el futuro

Una primera estrategia que habría que adoptar es poner orden en la gestión y financiamiento de la educación. El orden se ha perdido al igual que el liderazgo del Ministerio de Educación que se necesita recuperar. Deberá superarse la invasión de competencias que últimamente el Congreso la República ha venido ejerciendo con iniciativas legales como la creación reciente de cuarenta universidades estatales, el nombramiento automático de profesores contratados y la propuesta de triplicar los montos de las pensiones de cesantes y jubilados de la educación básica y la educación técnico productiva que pertenecen a los decretos leyes 19990 y 20530, la Ley 29944 y al Sistema Privado de Pensiones.

INIDEN no está en desacuerdo en mejorar la situación del magisterio activo, jubilado y cesante, pero considera que debe producirse respondiendo a una estrategia integral que atienda a todos los factores que contribuyen a mejorar la calidad de los aprendizajes y no solo a los asociados a mejoras salariales. Hay evidencia internacional que demuestra la débil correlación entre aumentos salariales y mejora se los aprendizajes. Además, la iniciativa congresal que no beneficia al 100% del magisterio cesante y jubilado ni a otros trabajadores de la administración pública podría ser el germen para reclamos de mayor dimensión.

Por otro lado, preocupa la política de nombramiento de docentes de educación básica. En el período 2015-2024 se pusieron a concurso 260 533 plazas, de las cuales el 57% lo fueron los años 2022 y 2024. Para esas vacantes hubo casi un millón 400 mil postulaciones y un millón 300 mil profesores que rindieron la Prueba Única Nacional (PUN), en su mayoría docentes en situación de contratados que aspiran a una plaza permanente. La tabla adjunta muestra que: (i) los docentes que aprobaron las dos fases de la PUN fluctuaron entre el 9,3% en el 2015 y 2,2% (2024), siendo la excepción el año 2022, cuando que un tercio de los postulantes las aprobaron; (ii) de las plazas asignadas el 75% se otorgó en los años 2022 y 2024, en procesos organizados durante la administración de los ex Presidentes Castillo y Boluarte; y (iii) sorprende que en el 2024 el número de plazas asignadas fue cinco veces mayor que el número de docentes que aprobaron la II Fase de la PUN, lo que estaría significando que cuatro de cada cinco docentes se incorporaron a la carrera sin lograr los estándares mínimos considerados en la evaluación para el ingreso y, consecuentemente, dejando de lado el criterio meritocrático.   

Además, cabría interrogarse si las políticas de nombramiento y otras asociadas a la carrera toman en cuenta lafutura evolución de la población demandante de educación básica regular; es decir, los menores de 18 años. Según el INEI, entre el 2025 y 2031 disminuirían en 122 mil, al año 2040 en 563 mil y al 2050 en 1 millón 438 mil (INEI. Perú. Estimaciones y proyecciones de la población nacional por año calendario y edad simple 1950-2050. 2019). Hasta el 2050 lo que resta escolarizar en la educación básica no es tan grande como lo fue en el período 2000-2024. La demanda se centrará principalmente en el grupo de edad 0-3 años y en los estratos socioeconómicos más pobres que deben recibir educación secundaria (29% de los pertenecientes al Quintil 1). Es en la formación técnico profesional, la educación universitaria y en las demandas de educación a lo largo de la vida donde la oferta educativa tendrá que crecer más. Si esa es la tendencia puede deducirse que la matrícula de educación básica regular dejará de aumentar al ritmo observado en años recientes y, por lo tanto, que la creación de nuevas plazas docentes debería seguir el mismo comportamiento: la incorporación de nuevos docentes atendería más que nada el reemplazo de los que se van retirando y debe servir para ir adaptando los perfiles de formación y nuevas vacantes a la dinámica de transformación de los aprendizajes.

Adicionalmente, la disminución de la demanda de matrícula de educación básica podría aprovecharse para racionalizar la red de instituciones educativas caracterizada por el bajo promedio de alumnos por centro y nivel de enseñanza. La Tabla 2 es ilustrativa de las diferencias de matrícula en la provincia de Lima y el resto del país: muy significativas a favor de la provincia de Lima en el caso de las escuelas públicas, pero casi inexistentes entre las privadas. Otra información relevante incluida en la Tabla es el número de niveles educativos ofrecidos en los centros de educación básica: las instituciones públicas de enseñanza básica en Lima y el resto del país atienden mayormente estudiantes de un solo nivel (60,8% y 82,4%, respectivamente), mientras que las de enseñanza privada tienen distribución más equilibrada: el porcentaje de las que ofrecen los tres niveles de enseñanza básica es 2,4 veces mayor en Lima y casi siete veces más en el resto del país que las públicas.

Está comprobado que instituciones con bajo nivel de matrícula, como las que mayormente se han desarrollado en el país, elevan los costos de atención, dispersan el esfuerzo y hacen muy difícil un servicio equitativo y de calidad para todos. Tres estrategias de aplicación gradual para enfrentar esta situación, a la vez que optimizan la inversión y que han sido probadas en otros países podrían ser: (i) fusionar dos o más escuelas que han ido perdiendo alumnado; (ii) convertir escuelas unidocentes en multigrado o estas en polidocentes completas; y (iii) ampliar la oferta de escuelas primarias con infraestructura adecuada y suficiente hasta el primer ciclo de la secundaria. La resistencia que algunas comunidades rurales muestren al ver fusionada su escuela unidocente o multigrado pueden vencerse si el Estado les ofrece una escuela que funcione en mejores condiciones de infraestructura, con polidocencia, alimentación y, en los casos requeridos, con servicios de transporte para el traslado de niños y profesores. Experiencias como las de Colombia y Ceará en Brasil muestran que una racionalización de la red escolar orientada a contar con escuelas con mayor matrícula y mejores servicios reduce la deserción y repetición escolar. 

Las necesidades de financiamiento que tendrá el sistema educativo en los siguientes años seguirán creciendo, por ello que es indispensable utilizar e invertir inteligentemente mejor los recursos que se disponen. Es uno de los principales desafíos de la próxima administración de gobierno.