Tradicionalmente a las universidades se les ha asignado tres funciones fundamentales: enseñanza, investigación y extensión. Son múltiples los diagnósticos que destacan que pocas de las universidades peruanas cumplen a plenitud esas funciones. La mayoría se centra en la función formativa ante las presiones del mercado laboral por atender la demanda de graduados; otras avanzan tímidamente en investigación y actividades de extensión. Ciertamente hay excepciones pero son la minoría.
El problema está en que no solo se desatienden alguno(s) de los roles, sino lo que llegan a hacer se puede calificar como mediocre. No es un problema exclusivamente peruano. Una encuesta del Wall Street Journal (Marzo 2023) entre estudiantes norteamericanos reveló que formarse en la universidad no vale la pena para el costo que tiene. En otra encuesta aplicada por ADDECO (2021) el 61% de los estudiantes españoles estaba en desacuerdo con la idea de que las facultades preparan adecuadamente para dar el salto profesional, un 30% aseguraba que los prepara muy poco y únicamente un 8,8% creía que la formación que reciben hasta obtener su título es suficiente para desempeñarse bien en un futuro trabajo. En cualquier escenario, para la mayoría de jóvenes, buscar empleo es una verdadera pesadilla porque el mercado laboral les exige perfiles más especializados que la universidad no les brinda: una formación más práctica y en las empresas, conocimientos teóricos más ajustados a las necesidades reales del aparato productivo, desarrollo de habilidades blandas (El Economista, Madrid, 21-10-21). La opinión de los empleadores va en ruta similar: los egresados no están listos para incorporarse al mercado ocupacional.
A la insatisfacción por la formación que dan la mayoría de las universidades, se les reclama otras demandas producto del actual contexto de acelerado crecimiento del conocimiento y la tecnología. Ellas se relacionan con una mayor contribución a:
Las universidades necesitan transformarse
La transformación pasa por encontrar mejores maneras de elevar la calidad de la contribución social y que ella sea percibida y valorada. Las universidades deben convertirse en instituciones conectadas a la ciudad en vez de ser una de las tantas instituciones que funcionan en la ciudad (Byrne y Clark). Hacerlo implica mucha comunicación con el entorno para priorizar esfuerzos, apostar por una formación del capital humano e investigación que sea representativa de lo que se necesita y participar activamente en generar actividades que impulsen el desarrollo a toda instancia.
La experiencia enseña que un mayor involucramiento de las universidades en los territorios y campos sectoriales donde actúan les brinda múltiples beneficios. Aumenta la capacidad de captar más estudiantes y de recursos para financiar los costos de la modernización y calidad. Les impone el reto de disponer de modernos laboratorios, bibliotecas actualizadas, acceso a tecnología de punta; contar con investigadores y profesores altamente calificados y con medios para difundir el conocimiento que van produciendo. Deben invertir en facilitar becas, pasantías y otras formas de acceso al conocimiento especializado. Igualmente, controlar el crecimiento burocrático, otorgar suficiente significado a la dimensión cívica y social, la libertad para proponer y ejecutar líneas de innovación y ser proclives al cambio antes que a la continuidad.
Innovaciones disruptivas relevantes en el mundo. Entre las que se vienen emprendiendo hay varias que tratan de replantear los cimientos de la universidad clásica. Veamos:
Reflexiones para el Perú
La contribución de las universidades con su entorno debería ser significativamente mayor; para ello, aprovechar y monitorear de cerca la innovación que se produce en otros contextos y asimilar lo que más convenga. Asimismo, replantear algunas medidas que se han adoptado; por ejemplo, el retroceso en la rigurosidad con la que se crean o se permite el funcionamiento de universidades: unas respondiendo a intereses políticos nacen con presupuestos precarios y sin condiciones básicas de calidad. Otras con proyectos de formación carentes de sustento académico sólido y de proyección a futuro. La cantidad de universidades y filiales que funcionan en el país debería permitir que estén muy presentes en el desarrollo territorial y en la provisión del talento necesario para la ejecución de los proyectos estratégicos nacionales y regionales. Sin embargo, no sucede así. Para el funcionamiento de proyectos como el Megapuerto de Chancay, Majes Siguas II, Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, Línea 2 del Metro Lima y Callao, por citar algunos de ellos, las inversiones destinadas a educación están casi siempre en un segundo plano. Para una actividad portuaria que se proyecta entre las más grandes del mundo no hay una sola universidad que forme en la carrera profesional de Administración Portuaria, solo San Marcos tiene previsto ofrecerla.
Mientras eso sucede en el país, las universidades líderes en el mundo desarrollado y en desarrollo avanzan. Algunas de sus innovaciones no son un descubrimiento reciente sino prácticas que se vienen aconsejando desde hace muchos años o décadas en ciertos casos, pero que empiezan a tener éxito producto de una cuidadosa planificación e implementación.
La preocupación de quienes toman decisiones sobre las universidades está centrada en cuestiones poco trascendentes para su futuro y el futuro del país. Cabría preguntarse si experiencias como las descritas en este informe habrían sido posibles con niveles de fiscalización e intervención en la autonomía como las que se dan y sin mayor sustento en la evidencia comparada. Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo deberían evaluar la conveniencia de cambiar el rumbo y finalidad de las normas y decisiones que se adoptan. A las universidades que trabajan con honestidad y profesionalismo para lograr una mayor democratización y relevancia de su oferta les están cortando una indispensable dosis de creatividad y de innovación, además de restarles competitividad en un mundo en el que el servicio de formación dejó de ser local. Más bien deberían ser objeto de permanente estímulo y apoyo. En el reverso, a las universidades que no cumplen con las condiciones básicas de calidad no se les debería permitir la creación de nueva matrícula hasta que logren los estándares establecidos. Era una situación ya contemplada en la Ley Universitaria pero ahora con retrocesos inexplicables.
Tradicionalmente a las universidades se les ha asignado tres funciones fundamentales: enseñanza, investigación y extensión. Son múltiples los diagnósticos que destacan que pocas de las universidades peruanas cumplen a plenitud esas funciones. La mayoría se centra en la función formativa ante las presiones del mercado laboral por atender la demanda de graduados; otras avanzan tímidamente en investigación y actividades de extensión. Ciertamente hay excepciones pero son la minoría.
El problema está en que no solo se desatienden alguno(s) de los roles, sino lo que llegan a hacer se puede calificar como mediocre. No es un problema exclusivamente peruano. Una encuesta del Wall Street Journal (Marzo 2023) entre estudiantes norteamericanos reveló que formarse en la universidad no vale la pena para el costo que tiene. En otra encuesta aplicada por ADDECO (2021) el 61% de los estudiantes españoles estaba en desacuerdo con la idea de que las facultades preparan adecuadamente para dar el salto profesional, un 30% aseguraba que los prepara muy poco y únicamente un 8,8% creía que la formación que reciben hasta obtener su título es suficiente para desempeñarse bien en un futuro trabajo. En cualquier escenario, para la mayoría de jóvenes, buscar empleo es una verdadera pesadilla porque el mercado laboral les exige perfiles más especializados que la universidad no les brinda: una formación más práctica y en las empresas, conocimientos teóricos más ajustados a las necesidades reales del aparato productivo, desarrollo de habilidades blandas (El Economista, Madrid, 21-10-21). La opinión de los empleadores va en ruta similar: los egresados no están listos para incorporarse al mercado ocupacional.
A la insatisfacción por la formación que dan la mayoría de las universidades, se les reclama otras demandas producto del actual contexto de acelerado crecimiento del conocimiento y la tecnología. Ellas se relacionan con una mayor contribución a:
Las universidades necesitan transformarse
La transformación pasa por encontrar mejores maneras de elevar la calidad de la contribución social y que ella sea percibida y valorada. Las universidades deben convertirse en instituciones conectadas a la ciudad en vez de ser una de las tantas instituciones que funcionan en la ciudad (Byrne y Clark). Hacerlo implica mucha comunicación con el entorno para priorizar esfuerzos, apostar por una formación del capital humano e investigación que sea representativa de lo que se necesita y participar activamente en generar actividades que impulsen el desarrollo a toda instancia.
La experiencia enseña que un mayor involucramiento de las universidades en los territorios y campos sectoriales donde actúan les brinda múltiples beneficios. Aumenta la capacidad de captar más estudiantes y de recursos para financiar los costos de la modernización y calidad. Les impone el reto de disponer de modernos laboratorios, bibliotecas actualizadas, acceso a tecnología de punta; contar con investigadores y profesores altamente calificados y con medios para difundir el conocimiento que van produciendo. Deben invertir en facilitar becas, pasantías y otras formas de acceso al conocimiento especializado. Igualmente, controlar el crecimiento burocrático, otorgar suficiente significado a la dimensión cívica y social, la libertad para proponer y ejecutar líneas de innovación y ser proclives al cambio antes que a la continuidad.
Innovaciones disruptivas relevantes en el mundo. Entre las que se vienen emprendiendo hay varias que tratan de replantear los cimientos de la universidad clásica. Veamos:
Reflexiones para el Perú
La contribución de las universidades con su entorno debería ser significativamente mayor; para ello, aprovechar y monitorear de cerca la innovación que se produce en otros contextos y asimilar lo que más convenga. Asimismo, replantear algunas medidas que se han adoptado; por ejemplo, el retroceso en la rigurosidad con la que se crean o se permite el funcionamiento de universidades: unas respondiendo a intereses políticos nacen con presupuestos precarios y sin condiciones básicas de calidad. Otras con proyectos de formación carentes de sustento académico sólido y de proyección a futuro. La cantidad de universidades y filiales que funcionan en el país debería permitir que estén muy presentes en el desarrollo territorial y en la provisión del talento necesario para la ejecución de los proyectos estratégicos nacionales y regionales. Sin embargo, no sucede así. Para el funcionamiento de proyectos como el Megapuerto de Chancay, Majes Siguas II, Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, Línea 2 del Metro Lima y Callao, por citar algunos de ellos, las inversiones destinadas a educación están casi siempre en un segundo plano. Para una actividad portuaria que se proyecta entre las más grandes del mundo no hay una sola universidad que forme en la carrera profesional de Administración Portuaria, solo San Marcos tiene previsto ofrecerla.
Mientras eso sucede en el país, las universidades líderes en el mundo desarrollado y en desarrollo avanzan. Algunas de sus innovaciones no son un descubrimiento reciente sino prácticas que se vienen aconsejando desde hace muchos años o décadas en ciertos casos, pero que empiezan a tener éxito producto de una cuidadosa planificación e implementación.
La preocupación de quienes toman decisiones sobre las universidades está centrada en cuestiones poco trascendentes para su futuro y el futuro del país. Cabría preguntarse si experiencias como las descritas en este informe habrían sido posibles con niveles de fiscalización e intervención en la autonomía como las que se dan y sin mayor sustento en la evidencia comparada. Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo deberían evaluar la conveniencia de cambiar el rumbo y finalidad de las normas y decisiones que se adoptan. A las universidades que trabajan con honestidad y profesionalismo para lograr una mayor democratización y relevancia de su oferta les están cortando una indispensable dosis de creatividad y de innovación, además de restarles competitividad en un mundo en el que el servicio de formación dejó de ser local. Más bien deberían ser objeto de permanente estímulo y apoyo. En el reverso, a las universidades que no cumplen con las condiciones básicas de calidad no se les debería permitir la creación de nueva matrícula hasta que logren los estándares establecidos. Era una situación ya contemplada en la Ley Universitaria pero ahora con retrocesos inexplicables.
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