Hasta hace pocos meses, antes del cambio de gobierno, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, era objeto de muchos elogios por las reformas que comenzó a impulsar y que hicieron que la educación vuelva a estar en el primer plano de las preocupaciones nacionales. Prueba de ello fueron el histórico aumento que tuvo el presupuesto del sector en el 2015, de cuatro mil millones de soles, casi la cifra que tendrá el incremento del presupuesto para todo el sector público el año 2017. Una segunda prueba del éxito de la gestión del ministro Saavedra ha sido la alta aceptación de su gestión en los sondeos de opinión, aceptación que aún se mantiene. La tercera prueba es la apuesta que hizo el presidente Kuczynski de mantenerlo en el cargo.

Cierto es que entre las aproximadamente treinta reformas emprendidas por el ministro unas tuvieron mayor aceptación que otras, pero en el balance el panorama ha resultado positivo. Además, la llegada del nuevo gobierno representó, para el ministro Saavedra, la oportunidad de dar continuidad a las políticas que inició, lo cual debe valorarse en un país en donde la discontinuidad de políticas educativas ha sido una notoria característica.

Sin embargo, haber aceptado continuar en el cargo de ministro le ha significado actuar en un contexto en donde se presentan muchos factores adversos. En primer lugar, asumir los activos y pasivos del gobierno anterior y de escuchar, de algunas de las principales autoridades del actual gobierno, fuertes críticas a lo hecho en el quinquenio pasado. En segundo lugar, enfrentarse a un escenario político en el que la mayoría de oposición no necesitará hacer mayor esfuerzo para impedir la continuidad de algunas medidas que desde el punto de vista del ministro Saavedra y de un sector importante de la población son claves para el país. El ejemplo más visible es la decisión de incorporar en la agenda de la Comisión de Educación del Congreso, la declaratoria en emergencia del sector Educación. Otro frente en donde están en juego intereses de diversa índole es la Ley Universitaria y un proyecto de reglamento de educación privada, en actual revisión.

Estas iniciativas han conducido a que ciertos sectores, no mayoritarios, tilden al ministro Saavedra de estatista o de estar en contra de la educación privada. Por último, no hay que olvidar que el escenario económico no es el mismo que el del quinquenio pasado: se precisa controlar el déficit fiscal y, por lo tanto, establecer las mejores estrategias para continuar con las políticas ya iniciadas y a la vez empezar otras anunciadas por el presidente Kuczynski y el presidente del Consejo de Ministros en sus presentaciones ante el Congreso de la República. Todo un desafío pero con menos disponibilidad de recursos.

En lo que sigue de este informe se analizará, para los casos más conflictivos, la situación de algunas de las políticas sectoriales claves y sus perspectivas. Podría decirse que las batallas más duras que se están dando son las relacionadas con el currículo y la ley universitaria.

El currículo y su aplicación en el 2017

Casi al finalizar la gestión del anterior gobierno, se aprobó el Currículo Nacional (CN) en sus lineamientos generales. La resolución que sancionaba esta decisión establecía que el mismo entraría en vigencia a partir del 2017 en todos los niveles y modalidades de la educación básica. No fue una decisión sencilla de tomar pues durante todo el gobierno del presidente Humala se había tratado de poner en ejecución un currículo que reemplace el Diseño Curricular Nacional aprobado en el 2009. Es posible que la probabilidad de que el ministro Saavedra no continúe en el cargo después de julio pasado haya influido en la apresurada decisión de aprobarlo en los términos descritos ya que al momento de oficializarlo no se contaba con ninguno de los programas de estudio de los niveles y modalidades de la educación básica.

Extraoficialmente se conoció que los documentos relativos a los niveles de la educación básica regular estarían disponibles a fines de octubre pero no fueron colgados en la página web del Ministerio de Educación. El retraso en la aprobación de estas programaciones curriculares origina varios problemas. En primer lugar, muchos colegios, que inician la programación del año 2017 en el mes de noviembre, deben decidir, además de la distribución de contenidos, sobre la situación de personal docente que podría quedar fuera de dicha programación. A ese personal hay que anunciarle a tiempo esa decisión. En segundo lugar, los documentos curriculares que faltan aprobarse deben tener suficiente difusión, así como prever la capacitación de los docentes, los materiales y textos requeridos, los mecanismos de seguimiento y evaluación de su aplicación. ¿Noviembre hasta febrero es suficiente para todas esas tareas?

Se conoce que muy poco se ha avanzado en la formulación de los programas correspondientes a la educación básica alternativa y la educación básica especial. Por lo tanto, lo que se pueda hacer estaría focalizado únicamente en la educación básica regular.

Muchos maestros e instituciones han expresado su preocupación ante la falta de un mensaje claro y realista sobre la política curricular futura; en especial, para el año que viene. Una de ellas ha sido el Consejo Nacional del Educación que en una nota remitida el 10 de octubre al viceministro de Gestión Pedagógica le expresaba que “dados los escasos avances públicos a la fecha, pensamos que para el 2017 lo más conveniente sería buscar procedimientos para validar en la práctica el CN, ajustando el currículo en aspectos específicos según sea necesario y buscando su implementación a partir del año siguiente”.

Los responsables del currículo nacional piensan que la aplicación debe ser progresiva, lo cual resulta recomendable. Un argumento que esgrimen es que no se parte de cero; que la reestructuración del currículo empezó hace varios años.

No obstante ser cierto que herramientas como las rutas de aprendizaje y mapas de progreso se aplican desde hace tres o cuatro años, hay que reconocer que en el camino hubo cambio de definiciones de los conceptos básicos, también en el enfoque de desarrollo de algunas áreas de formación y en los contenidos de las mismas. En algunos casos los cambios fueron relevantes y fueron un progreso y ayuda en la ejecución curricular para los profesores, pero en otros casos, los maestros terminaron por desconcertarse. El caso más notorio fue la aprobación de la Resolución Ministerial Nº 199, en marzo del 2015, y luego derogada al momento de aprobarse el documento de Currículo Nacional. Además, no en todas las áreas la renovación de contenidos avanzó al mismo ritmo.

Oficialmente no se ha precisado con claridad, lo que se va a entender por progresividad de aplicación del currículo. Si se comienza con una muestra de instituciones educativas, en uno o más niveles, en algunas áreas de formación o en unos grados de enseñanza. La progresividad también puede entenderse en el sentido que se ponen a disposición de las instituciones las nuevas versiones de programas para los niveles y modalidades y cada quien la implementa en función de sus posibilidades.

Para seleccionar la mejor alternativa de inicio de aplicación del nuevo currículo el criterio fundamental que debe tomar en cuenta el Ministerio de Educación es el impacto que tendrá esta decisión en los estudiantes. Empezarlo sin contar con las condiciones mínimas podría tener repercusiones negativas en los aprendizajes. Grave sería que la decisión se base principalmente en defender y justificar un trabajo técnico, hecho con las mejores intenciones, pero que reposa en débiles estrategias de implementación.

Se espera que la decisión que adopte el Ministerio de Educación sea la más conveniente para docentes y alumnos, a la vez que sea comunicada a la brevedad posible al magisterio de la educación básica.

Ley Universitaria

A iniciativa del congresista Daniel Mora, que en la composición parlamentaria del período 2011-2016 llegó a ser presidente de la Comisión de Educación, se emprendió la formulación de una nueva Ley Universitaria que reemplazaba a la que estaba vigente hacía aproximadamente tres décadas. Una nueva ley era necesaria no solo porque la ley previa había nacido con serios cuestionamientos, sino también porque la educación universitaria había experimentado en el mundo grandes cambios producto de la globalización, las nuevas tecnologías, las transformaciones sociales y de las estructuras del empleo. Adicionalmente se cuestionaba fuertemente la baja calidad y pertinencia de los servicios ofrecidos por las universidades públicas y privadas; la masificación indiscriminada y principalmente los criterios rentables de varias de ellas creadas en las últimas décadas.

Los trabajos de diseño de un proyecto de nueva ley universitaria, liderados por el congresista Mora, fueron apoyados por el ministro Saavedra quién asumió una amplia defensa de sus contenidos que implicaban romper mucho del statu quo causante del precario desarrollo del nivel de educación superior. Entre otros aspectos, la ley, que luego se aprobó, dispuso la renovación de autoridades, la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), el licenciamiento –recertificación de autorización de funcionamiento- de todas las universidades, porcentajes mínimos de docentes a tiempo completo, obligatoriedad de estudios de maestría entre otras medidas.

Muchos de los anteriores promotores y autoridades de las universidades públicas y privadas comenzaron una fuerte oposición a la Ley Universitaria. El principal argumento ha sido la inconstitucionalidad de la creación de la SUNEDU bajo la excusa que atenta en contra del principio de la autonomía universitaria. Dicho argumento, fue rebatido en una sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró válida la creación de esta Superintendencia.

En las últimas semanas, una iniciativa del congresista Javier Velásquez Quesquén, ha puesto nuevamente a la Ley Universitaria en debate. Propone que el directorio de la SUNEDU esté integrado por seis docentes, tres de universidades públicas y tres de universidades privadas propuestos por los rectores, y que el presidente de este organismo sea elegido entre los miembros del directorio. Se retornaría a un esquema similar al que existía previo a la Ley Universitaria, en el que los rectores manejaban sin injerencia ninguna el desarrollo de la universidad peruana.

La mayoría parlamentaria, apoyada por la facción aprista, seguramente no tendrá problemas en aprobar esta iniciativa del congresista Velásquez. Sería un retroceso legal ya que la mayoría de universidades ha elaborado sus nuevos estatutos y ha elegido a sus nuevas autoridades. Todo este proceso se ha hecho con una amplia participación de los estamentos universitarios.

¿Qué sucederá en el caso de prosperar la iniciativa del congresista Velásquez? La reacción de amplios sectores de la universidad que habían comenzado a aceptar y adecuarse a los alcances de la nueva Ley es impredecible pero debería ser objeto de análisis para los que apoyan la iniciativa de la bancada aprista.

Reflexión final

Se ha descrito la situación de dos de los frentes más importantes que tiene el ministro Saavedra. Pero como se ha mencionado, hay otros más. Cierto es que algunas políticas requieren ser perfeccionadas pero debe ser un proceso que no debe darse sin previa evaluación de lo ejecutado. Bastantes lecciones negativas ha tenido la educación peruana como resultado de decisiones sobre el borrón y cuenta nueva. La mayoría del Congreso de la República tiene, en este caso, una enorme responsabilidad en las decisiones que adopte. Igualmente el Ministerio de Educación que está llamado a asegurar que las políticas educativas se den en las mejores condiciones y siempre pensando en el bien de los estudiantes y del futuro desarrollo del país.

Ver link: Informe de Educación de INIDEN

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