Estado de la Salud y Coronavirus 19

El Coronavirus 19, o COVID 19, se ha extendido por todo el mundo y en Perú las cifras oficiales de infectados al 30 de marzo sumaban 950 y los fallecidos 24. Las proyecciones que cada día se realizan sobre la expansión del virus, llevaron al gobierno a extender el plazo inicial del distanciamiento y confinamiento social preventivo para toda la población de dos a cuatro semanas, hasta el 12 de abril.

El mundo no ha estado preparado para esta pandemia, inclusive aquellos países que más invierten en sanidad. Si bien es relativamente baja la tasa de mortalidad de este virus, es alta la tasa de contagios y la precariedad de muchos sistemas de salud. Ese es precisamente el caso de los países latinoamericanos. Los estudios sobre los impactos que podría tener el COVID 19 son poco alentadores en la perspectiva de enfrentar una crisis mayor de infectados y fallecidos como la que ahora registran los Estados Unidos o Europa. En US$ corrientes PPT, las estadísticas de la OMS revelan que, en el año 2017, la región tenía un gasto per cápita en salud de US$ 1 076 anuales, cifra que representa la tercera parte de lo que destinaron los países de la Unión Europea, que en promedio fue de US$ 3 364. En Perú el gasto per cápita apenas alcanza los US$ 681, es decir, 63% del promedio de América Latina.

Estas estadísticas explican el escaso promedio de camas hospitalarias, laboratorios y respiradores. Solo tres países -Cuba, Argentina y Uruguay- superan el promedio global de camas hospitalarias de 27 por cada 10 000 habitantes. En Perú ese promedio desciende a 16. Más dramático resulta el indicador camas hospitalarias en salas de cuidados intensivos. Aunque el dato es algo antiguo, es lo que se dispone. El estudio publicado por la revista Critical Care Clinics en el 2006, estimaba que el número de esas camas por cada 10 000 habitantes era 10 para México, 2,9 en Argentina, 2,3 en Uruguay, 2,2 en Venezuela, 0,8 en Brasil, 0,3 para Chile, Colombia y Ecuador y 0,2 para Perú. Denuncias recientes, en Ancash y San Martín terminaban por desnudar esta triste realidad: las camas de las salas de cuidados intensivos no funcionan o varias están inservibles.

Económicamente el país se encuentra en mejor situación que otros para enfrentar la pandemia. El costo es difícil de calcularlo y lo más probable es que no se tenga crecimiento económico este año o que sea negativo y que los indicadores de desempleo y subempleo alcancen niveles no conocidos hasta ahora. Dependerá mucho de cuanto dure la lucha contra este virus.

Se espera que las medidas adoptadas por el gobierno tengan éxito para que la pandemia no llegue a niveles incontrolables. Sería muy difícil atender adecuadamente a un número mayor de infectados que requieren atención médica y/o hospitalización con la actual infraestructura sanitaria disponible, a lo que se suma el déficit de personal médico y asistencial especializado. La crisis debe ser la oportunidad para mejorar otros factores que condicionan la salud, en especial, la dotación de servicios básicos de saneamiento para la población más pobre.

Hospitales y laboratorios privados, así como algunas universidades se vienen sumando a los esfuerzos del Estado. Se hacen investigaciones, que podrían ser más apoyadas, y se aplican pruebas para detectar casos de contagio. La BBC de Londres ha recabado información en base a reportes de prensa que da cuenta de lo costoso que resulta para una persona, recurrir a las clínicas privadas. Según esa fuente, los precios de las pruebas van desde 250 US$ en Ecuador, 400 US$ en México o 475 US$ en Perú.

La manera como evolucione la curva de infectados y fallecidos en las siguientes semanas depende de las medidas que el gobierno dicte, pero principalmente, del confinamiento de la población, que es la más efectiva estrategia de combate.

Coronavirus y manejo del año escolar 2020

El confinamiento social empezó un día antes de iniciarse el año escolar en las escuelas públicas. Las escuelas privadas, en su mayoría, había empezado clases una o dos semanas antes. Durante las semanas que los estudiantes no podrán ir a escuelas, institutos o universidades, se organizan clases a distancia usando las tecnologías que estén más cercanas a los estudiantes. Tratándose de la educación básica el Ministerio de Educación pondrá en ejecución el programa “# Yo Aprendo en casa”, para lo cual se ha coordinado con Radio Nacional y RTV Perú la difusión de contenidos de aprendizaje. También se utilizarán plataformas digitales. Cada herramienta de comunicación tiene fortalezas que aprovechar y limitaciones a tener en cuenta.  Además, siendo evidente ese encomiable esfuerzo, habrá que encontrar rápidas soluciones al hecho que en muchos hogares no existen las condiciones adecuadas para aprovechar el programa, ni las escuelas y personal docente están suficientemente preparados para administrarlo.

En relación a las tecnologías digitales, la ventaja es su atractivo como herramienta de aprendizaje para los estudiantes. La desventaja es que no todos los que asisten a una escuela pública viven en hogares donde existe una PC, laptop o tableta, además que al 2017, no tenía conexión a Internet el 72% de los hogares. Lo más difundido y que puede aprovecharse es el celular. Una alternativa es que el Estado agilice el aporte de varias inversiones que ha realizado en tecnologías. Una de ellas es la Red Dorsal, a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Comenzó a diseñarse desde el 2008 pero no tiene cuando terminar de implementarse. Según Edwin Santos, ex viceministro de comunicaciones, existen 21 proyectos de redes regionales que debieron estar listos para el 2019 conectando a 7 100 colegios. De ellos, informa Pronatel (ex Fitel), que por ahora habría cinco en capacidad enlazar a 2 065 escuelas públicas de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Lambayeque y Cusco. Hay 433 490 tabletas, en parte ya distribuidas, a las que se podría empezar a sacar provecho si se complementa con la facilidad de acceso al internet, lo que también se venía trabajando.

En tanto, el Ministerio de Educación ha venido sosteniendo reuniones para lograr la colaboración de actores privados que trabajan en el desarrollo de las tecnologías digitales en educación. Se desconoce el éxito que hayan tenido estas coordinaciones, pero si las autoridades del Ministerio quieren sumar esfuerzos, la sugerencia es asegurar una cierta flexibilidad de colaboración. Hay que considerar que la situación generada por la pandemia fue sorpresiva y nadie estaba preparado para trabajar en un contexto de confinamiento obligatorio. Los materiales para uso de las tecnologías digitales disponibles en su gran mayoría han sido diseñados para un trabajo en donde el profesor y el estudiante están juntos en el salón de clase, no así para que cada alumno trabaje en su hogar. Son materiales que no se improvisan y que toman tiempo para ser bien producidos. Lo que hay que evitar es publicar contenidos sin explicación alguna, tareas sin seguimiento ni retroalimentación, así como evaluación de aprendizajes dudosos. Habría que promover la realización de actividades lúdicas que desarrollen habilidades.

En ese objetivo, el Ministerio de Educación debería alentar la buena disposición de iniciativas como las de Fundación Telefónica, Khan Academy, Microsoft, Google, Cisco, Fundación Slim, editoriales que producen textos escolares, entre otras, que han logrado importantes avances en plataformas y/o producción de material de aprendizaje interactivo y ludico muy valioso para estas circunstancias. Como cada iniciativa tiene su propia lógica y la dotación de equipos es muy dispar, otra vez resultan claves los criterios de flexibilidad en la aplicación de las mismas y de mayor autonomía a las escuelas.

De otro lado, si bien hay la intención de que la población reinicie paulatinamente sus actividades a partir de la segunda quincena de abril, en el caso de las escuelas y universidades ello podría y debería tardar más; inclusive dependiendo de la evolución de la pandemia, el confinamiento podría llegar a ser periódico; es decir, unas semanas se podría asistir a la escuela y otras, si los infectados aumentan, estudiar en el hogar. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dicho: "Lo último que necesita un país es reabrir las escuelas y los negocios, solo para cerrarlos de nuevo porque el virus resurge". Es verdad, la concentración de estudiantes en un local escolar puede ser causa de un rebrote de contagios.

Además, debe considerarse que los locales escolares y universidades han estado cerrados varias semanas y necesitan limpiarse e implementarse con los utensilios de aseo esenciales; su personal directivo y docente necesita disponer de orientaciones para saber cómo actuar ante distintas situaciones que se les puedan presentar. En la eventualidad que las clases se regularicen semanas después, debe tenerse en cuenta que será una época de cambio de clima, posiblemente con una mayor incidencia de resfríos y problemas bronquiales entre estudiantes y profesores. ¿Cómo reaccionar frente a esos casos?, ¿cómo organizar una clase guardando los estudiantes cierta distancia? ¿al ir a la escuela deben usar necesariamente mascarillas y guantes? Si es así, ¿habrá la cantidad suficiente?, ¿a qué costo?, ¿quién las proveerá?

Igualmente, la interrupción de clases presenciales implica que muchos de los alcances de la Resolución Viceministerial 220-2019-Minedu, sobre orientaciones para el año escolar 2020, tengan más flexibilidad y los docentes más libertad para establecer la mejor manera de trabajar con sus estudiantes. Serán los contextos específicos de actuación los que definan las horas de duración del calendario escolar, los objetivos y metas de la programación curricular, las estrategias de evaluación del estudiante. Tendrían que eliminarse este año los simulacros, los concursos, los desfiles, los torneos deportivos; simplificar los agobiantes informes, trámites y comisiones para que el director y los docentes dediquen todos sus esfuerzos a sacar el mejor provecho a las horas de clase disponibles. El Ministerio debe igualmente decidir si realizará o no de la evaluación censal de estudiantes y las evaluaciones docentes previstas para este año. Las prioridades de trabajo que surjan como consecuencia del enfrentamiento del COVID 19 son otras y es la oportunidad para avanzar en un mayor nivel razonado de descentralización en favor de las instituciones educativas.

COVID 19 y educación privada

De acuerdo a la Ley 29571, Código de Defensa del Consumidor, corresponde a INDECOPI verificar que las instituciones educativas privadas cobren a los padres de familia la contraprestación económica correspondiente al servicio efectivamente prestado por el proveedor de servicios educativos. Ante la suspensión de clases el Ministerio de Educación emitió la Resolución Viceministerial 079-2020-Minedu en la cual dispone que las instituciones educativas privadas están obligadas a reprogramar las horas lectivas del año escolar e informar por escrito de tal reprogramación a la UGEL respectiva. Según la norma, la reprogramación debe asegurar que se cumplan las horas previstas del calendario escolar. Además, que la suspensión y/o reprogramación del inicio del servicio educativo no debe afectar las obligaciones contraídas por los usuarios del servicio, siempre que la institución educativa apruebe y cumpla su plan de recuperación de clases. La reprogramación de horas lectivas no implica para el usuario del servicio nuevos pagos, sino cumplir con el pago de las pensiones a que se había comprometido en el contrato educativo al inicio del año. Los colegios tienen un costo fijo anual para su funcionamiento: sueldos, seguros, CTS, alquileres, bienes y servicios, material didáctico, equipos tecnológicos, licencias de los programas, arbitrios, impuestos, etc.

Las buenas intenciones que puede tener la resolución viceministerial del Ministerio de Educación tienen dos limitaciones. Por un lado, se trata de una norma de menor rango que una Ley y podría ser objetada en su cumplimiento. En segundo lugar, se establece una vigencia al 29 de marzo, pero dado que hay confinamiento hasta por lo menos el 12 de abril, y probablemente por más tiempo, habría que ampliar la validez de su contenido, mejor si es con una norma de mayor rango.

Para la educación privada el COVID 19 trae dos problemas adicionales. El inmediato es tener caja para pagar a su personal docente y los gastos fijos de la institución. A un plazo mayor, esta pandemia nos está llevando a una recesión económica, a una reducción de la actividad de muchas empresas y a un inminente aumento de las tasas de desempleo y subempleo. Se verán mermados los ingresos de muchos trabajadores independientes mientras que otros dependientes podrían quedarse sin trabajo. La pregunta es ¿cuánto afectará este panorama en la morosidad en el pago de pensiones o en la posibilidad de que parte de los centros educativos privados no puedan sostenerse? Para el sector empresarial se adoptan medidas de apoyo temporal para que puedan enfrentar la crisis; ¿no cabría esa posibilidad para las instituciones de educación privada, bajo el aseguramiento de determinadas condiciones básicas de calidad, puedan acceder a algún tipo de facilidad crediticia? El Ministro de Educación tiene la palabra.