Desde hace casi un año han venido sucediendo algunos acontecimientos que llevan a preocupación por parte de sectores importantes de la comunidad educativa y la ciudadanía en general. Si bien es cierto que la educación no iba bien desde antes que se iniciara la pandemia, había signos de lenta mejoría. El reclamo ahora es que deben hacerse correctivos de magnitud e impacto suficientes que permitan que la población reciba una educación pertinente y de calidad, y que la nación cuente con el capital humano necesario para elevar su competitividad y productividad, tanto en el plano local como internacional. De lo contrario, podrían acentuarse las brechas socioeconómicas comparadas con los países de mayor desarrollo y los países emergentes.

La preocupación va por la lenta y a veces despreocupada reacción que se ha tenido en cuanto al comportamiento de diversos indicadores cuya incidencia es importante en el éxito de las políticas educativas, a la vez que las tendencias de su evolución dependen también en parte de lo que pueda hacerse en educación. Así, por ejemplo, el retroceso en las tasas de escolarización en todos los niveles de enseñanza, y en especial, en la educación de adultos y la educación superior afectan planes como el de productividad y competitividad que no están logrando los resultados esperados, en parte porque la educación no provee graduados por carreras en las cantidades necesarias y porque del sistema egresan demandantes de empleo sin suficientes conocimientos y competencias que hagan posible aprovechar sus talentos y habilidades. Se suma a ello la percepción generalizada que ni el Ejecutivo ni el Congreso de la República están atacando los principales cuellos de botella que afectan el funcionamiento del sector. Es más, algunos temas cruciales siguen olvidados o descuidados; es el caso del reemplazo que debe producirse por el retiro -por edad- de más del 50% de docentes en los siguientes quince años. Otro tema es la necesidad de un replanteamiento de la educación superior que vaya más allá de reorganizar la SUNEDU, pues es urgente comenzar a abordar temas estratégicos de cara al futuro: la internacionalización, la perspectiva de la enseñanza virtual y de los modelos de educación híbrida, los posgrados, la redefinición de la oferta de carreras para fomentar mayores niveles de empleabilidad, la proyección social de sus instituciones, el valor de los títulos profesionales para las nuevas generaciones, el impulso de las micro credenciales y de cursos de corta duración como opciones de aprendizaje alternativas y para la formación en capacidades en el marco de una educación a lo largo de la vida, entre otros. Asimismo, son temas que deberían merecer mayor reflexión, la reforma del financiamiento de la educación, el fortalecimiento de las relaciones de la educación con el aparato productivo, el impulso a la innovación y la investigación para el desarrollo y la mayor valoración y oferta de formación técnica.

Pandemia y desarrollo de indicadores sociales

Es verdad que en los dos años recientes el retroceso de los indicadores del desarrollo socio-educativos ha sido general en el mundo y particularmente en América Latina. Sin embargo, en buena parte ese deterioro ha sido más acentuado en el Perú que en otros países de la región. Algunos datos que ofrece CEPAL en su informe “Impactos socio-demográficos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe” (2022) son muy reveladores:

• En el mundo, Perú tiene la mayor cantidad de defunciones informadas a causa de la COVID-19: 6,3 defunciones por cada 1.000 habitantes. Esta cifra es superior en 2,5 veces al promedio de América Latina. También registra en la región las tasas más altas de mortalidad entre los mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas pre-exisentes.
• La cantidad de defunciones fue de tal magnitud que por cada 1.000 niñas y niños peruanos hubo diez que perdieron a uno o a ambos padres a causa de la COVID-19. Somos en la región el país que registra la mayor tasa alta de orfandad causada por la pandemia. Esta situación llevó a crear un bono especial para estos niños y niñas y sus familias; asimismo explica en mucho el alto porcentaje de estudiantes con problemas socioemocionales y de salud mental.
• La mortandad se explica igualmente por las dificultades que tuvo la población para lograr consultas médicas. Hubo limitaciones en la disponibilidad de personal médico, escasez de citas o turnos y miedo al contagio. Además, descendió la atención en otros servicios como los de diálisis, cáncer, consejerías y atención en salud sexual, reproductiva y planificación familiar, así como en métodos anticonceptivos e interrupción del embarazo. Producto de la violencia, se incrementó el número de niñas madres de diez años a menos de edad. En el año 2020, se habían reportado 26 partos en este grupo de niñas según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo del MINSA. El año anterior el número de partos había sido nueve. El largo tiempo que durante el confinamiento vivieron las niñas junto a sus principales agresores, generalmente personas de su entorno familiar o cercanas a ellas ha sido uno de los factores de ese incremento de partos forzados.
• Según la data de los censos nacionales, en Perú el 35% de la población de 60 años y más tenía algún tipo de discapacidad; mas del doble que en Guatemala y Colombia. A los 80 años y más, la prevalencia de discapacidad llegaba al 58%. Uno de cada cuatro hogares tiene uno o más miembros con algún tipo de discapacidad. El acceso a servicios esenciales para esta población es deficitario: la proporción de los que no acceden a Internet, a un computador o a un celular en sus hogares, o que no asisten a una institución de enseñanza formal es mucho menor comparado con el que tiene la población sin discapacidad. Entre los niños y adolescentes que presentan alguna discapacidad, apenas el 55% están en el sistema educativo. No solo la oferta de centros de educación especial es reducida, sino que el servicio que reciben en las aulas inclusivas es mayoritariamente precario y a cargo de docentes sin la preparación suficiente.
• Durante la pandemia, el Perú fue uno de los pocos países que implementó programas de retorno a comunidades de origen; sin embargo, además de riesgoso, no significó una reinserción rápida y fluida para la mayoría de las personas. De otro lado, el abandono del medio rural por parte de la población indígena, al igual que en Chile y México, fue uno de los más elevados de América Latina y está repercutiendo en que los tamaños poblacionales de muchas de esas comunidades indígenas sean tan reducidos que corren el riesgo de desaparecer. Un factor que incide en la migración es el déficit de acceso a servicios de saneamiento dentro de la vivienda. En el Perú  ese déficit es más de tres veces el registrado en Colombia y México. Además, la precariedad de condiciones de vida en los hogares limita seriamente las posibilidades de aprendizaje bajo modalidades híbridas.
• Unicef en un boletín publicado en marzo del presente año, presenta algunas cifras que reflejan la gravedad de la crisis. América Latina fue una de las regiones del mundo en donde las escuelas estuvieron cerradas por más tiempo: en promedio, 37 semanas entre marzo del 2020 y febrero 2022. En el extremo está Honduras con 97 semanas de cierre. En el Perú, si se toma en cuenta que el calendario escolar anual es de 38 semanas, entonces podría decirse que en ese período el cierre fue de 76 semanas, a un promedio de 36 semanas por año escolar. Se excluye al 11% de escuelas que retornaron a la presencialidad antes de finalizar el año escolar 2021.
• El cierre agravó el desarrollo de las capacidades de lectura, matemáticas y ciencias, así como el desarrollo socio emocional y salud mental de los escolares. Antes de la pandemia, en promedio el porcentaje de estudiantes peruanos que respondía satisfactoriamente la prueba de lectura era de 40%, casi similar al promedio regional que era 39%. Son porcentajes muy insuficientes ya que se trata de comprender la lectura de textos sencillos. Para el Banco Mundial, luego de dos años de pandemia, la “pobreza de aprendizaje” habría aumentado en más del 20% al final de la educación primaria y poco más de las dos terceras partes de estudiantes de secundaria habría caído por debajo de los niveles mínimos de rendimiento esperados. Las pérdidas de aprendizaje fueron bastante mayores entre los más desfavorecidos. 
• El Informe de OIT sobre “Perspectivas sociales y del empleo, tendencias en el 2022” revela que muchos de los trabajadores que fueron despedidos o que trabajaron por cuenta propia durante los dos primeros años de pandemia han dejado de integrar la fuerza de trabajo. La perspectiva para el mercado laboral es pesimista para lo que va del 2022 y para el año siguiente. Para América Latina y el Caribe seguirá siendo difícil conseguir la recuperación total del empleo. Por la magnitud del problema, OIT recomienda priorizar la intensificación de la formalización y frenar el cierre y desaparición de millones de micro empresas y pymes, indispensables para recuperar el crecimiento económico. Debemos recordar que en el país existen más de 2 millones 800 mil mi-pymes lo que representa cerca del 95% del tejido empresarial y un 26% de la PEA. El problema está en que el 85% de estas empresas son informales y que el nivel educativo promedio de sus trabajadores apenas llega a la secundaria incompleta. De no potenciarse el desarrollo de ofertas de educación de adultos, técnica productiva y superior tecnológica que los beneficien, las posibilidades de que se desarrollen tecnológicamente y compitan en mejores condiciones serán muy limitadas.   

Respuestas que espera la sociedad de la educación

A los indicadores descritos se pueden añadir otros que reflejan la grave crisis que vive la educación peruana. Además, llevan a preguntarse sobre las posibilidades de mejorar la educación si no se parte de una mirada intersectorial en donde uno de los objetivos sea que las políticas educativas acompañen más de cerca las políticas de desarrollo y no como ha venido sucediendo en muchas ocasiones; es decir, que van divorciadas del escenario global nacional al cual deben responder.

Como hemos mencionado en este Informe, los problemas no han nacido con la pandemia, pero si se han agudizado y es el motivo por el cual importantes sectores de la sociedad expresan su deseo que la educación sea objeto de una acción sostenida y gradual de medidas que lleven a transformarlo. Las mejoras que se fueron viendo hasta antes de la pandemia son meritorias pero insuficientes. Una mejor educación podría potenciar -en beneficio del país- la innovación, el emprendimiento y el aumento de la productividad. Mejor aún si se produce un mayor desarrollo digital a la vez que una mejora sustancial de la dotación de servicios esenciales a lo largo y ancho del país. Sería más fácil democratizar la adquisición y buen uso de competencias digitales, introducir sustanciales mejoras en las metodologías de enseñanza e impulsar el desarrollo de industrias intensivas en tecnología y conocimiento.

Espacios de reflexión sobre los futuros de la educación han venido creciendo y ayudan a identificar algunas rutas importantes para iniciar el cambio. Una iniciativa reciente es la que plantean el Banco Mundial, Unesco y Unicef que califican la actual crisis de los sistemas educativos latinoamericanos como una de las más graves y mayores de la historia. Por ello formulan un llamado dirigido a promover que la educación sea objeto de un pacto educativo que dure décadas y que convoque la participación del Estado, familias, comunidades educativas, sector privado, colectivos de la sociedad civil, iglesias, organizaciones  no gubernamentales y políticas con el propósito común de convertir a cada institución educativa en el espacio en el que los estudiantes desarrollen todas las competencias necesarias para hacer realidad su proyecto de vida y contribuir al bienestar de sus familias y al desarrollo del país.

Frente a los casi permanentes momentos de inestabilidad que vive el país y la educación, el pacto es una opción a tener en cuenta para dar continuidad a las políticas educativas y tener una visión de largo plazo. El Proyecto Educativo Nacional es una herramienta clave para este proceso que podría ser priorizado y calendarizado, además de enriquecido producto de las lecciones que se derivan de lo vivido durante la pandemia. Pero el pacto debería ir más allá de ser un documento orientador de las políticas de Estado pues necesita estar articulado a los planes quinquenales, a los procesos presupuestarios y a los compromisos que en esta línea se adopten con otros actores de la sociedad.

No se olvida que la educación superior debe formar parte de este pacto. Hay que plantearse cuáles serán los ingredientes de su transformación, asegurarles el financiamiento de las fuertes inversiones que necesita para aprovechar herramientas como la inteligencia artificial, el metaverso, programas como Minerva, Khan Academy, Brillant, Nvidia y muchos otros más que ayudan a que nazcan nuevas necesidades y espacios de formación de profesionales los que deberán haber adquirido tres tipos de alfabetización: tecnológica, de la data y humana, además de capacidades como el pensamiento crítico y sistémico, el emprendimiento y la flexibilidad cultural. Como el costo de la transformación será considerable y muchas de las universidades no estarán en condiciones de asumirlos, son indispensables alianzas entre ellas para abaratar la implantación y realizar acuerdos con los grandes proveedores tecnológicos para la adquisición de los materiales necesarios. Además es imprescindible un cambio de cultura y mentalidad en instituciones por lo general bastante conservadoras.