El déficit fiscal se ha disparado en el país en los últimos años -2,8% en el 2023 y 3,6% en el 2024- y el gasto público enfrenta la gradual retracción de los ingresos fiscales. En tanto, entre el 2018 y 2025, el presupuesto de educación se incrementó en 76% en un contexto en el que la inflación anual en promedio no superó el 4%. Para el futuro próximo la interrogante es: ¿podrán mantenerse el alto déficit fiscal y el crecimiento del presupuesto de educación?. No será fácil. El desafío es complejo por las múltiples prioridades que compiten por financiamiento estatal y porque el Perú por ser un país de ingreso medio, ha reducido su posibilidad para recibir cooperación internacional. Ella, que en algún momento fue fuente relevante para algunos programas, se ha reorientado hacia poblaciones que sufren guerras, pandemias, crisis migratorias o desastres.

Las dificultades de financiamiento podrían crecer en momentos en que la educación más lo necesita para enfrentar las desigualdades de acceso, de infraestructura y de calidad, así como para multiplicar las oportunidades de educación permanente y preparar el capital humano para responder a los cambios sociales, tecnológicos y de la producción.

Caminos para mayor financiamiento

El escenario actual obliga a fortalecer la capacidad de autofinanciamiento para canalizar más recursos a la educación pública cuya participación en el valor bruto de producción sectorial representa, a lo largo de este siglo, alrededor del 40% (INEI, Compendio Estadístico 2024). Un primer camino es realizando una reforma fiscal que mejore la recaudación tributaria y genere más ingresos públicos. Implicaría medidas como las siguientes: (i) simplificar el sistema tributario, eliminar vacíos legales y aumentar la fiscalización para reducir los incentivos a la evasión y elusión fiscal; (ii) fortalecer el uso de las tecnologías para rastrear transacciones como la facturación electrónica y sistemas de pago digitales; (iii) combatir la alta informalidad laboral y empresarial para aumentar la base de personas que tributan; (iv) aprovechar mejor los ingresos por la comercialización de recursos naturales y los canón; (v) ofertar bonos de impacto social para financiar proyectos sociales intersectoriales que luego de lograr ciertos resultados ofrecen un retorno; (vi) organizar plataformas digitales destinadas a recaudar fondos de comunidades locales e internacionales para proyectos solidarios; y (vii) replantear tratados internacionales que faciliten la fuga de capitales. El objetivo sería incrementar los recursos disponibles para no depender exclusivamente de una mayor presión tributaria.

Al autofinanciamiento contribuye también a repriorizar el presupuesto, redirigiendo recursos desde otros sectores hacia la educación, la salud y la vivienda. No se trata de frenar la inversión en otros sectores, sino más bien reinvertir aquellos presupuestos que por ahora se destinan a áreas que no generan mayor impacto socioeconómico o que en vez de generar los ingresos esperados arrojan pérdidas. Ilustran el ineficiente uso de los recursos, la mala gestión empresarial de Petroperú y la pérdida del 40% de los potenciales beneficios de la inversión pública debido a ineficiencias en la administración de proyectos -27% el promedio latinoamericano- (Instituto Peruano de Economía, 2019). Redistribuir recursos mal utilizados hacia los sectores sociales sería una estrategia viable si existe voluntad política, se promueve la innovación, si se compromete la participación activa de las comunidades y si opera una planificación y gestión eficiente y realista que reduzca desperdicios, combata a la corrupción y evite subsidios indiscriminados que terminan beneficiando a grupos que los requieren pero también a los que no.

Un tercera vía de autofinanciamiento está en el presupuesto de educación, donde es posible sacar mejor provecho a los recursos disponibles. Una estrategia es reformar su distribución. Existe un alto porcentaje destinado a salarios y poca inversión en factores fundamentales de calidad. Para el 2025, la partida Personal y Obligaciones Sociales representa el 62% y las de Inversiones el 20% del total. Otros factores esenciales, determinantes en la mejora de las condiciones de aprendizaje, como los materiales educativos, la tecnología, el mantenimiento de locales escolares y la formación y capacitación docente, solo representan menos del 8% del presupuesto. Recordemos que por cada dólar no invertido en mantenimiento preventivo, en el futuro hay que gastar entre cuatro y cinco en reparaciones mayores (Banco Mundial, 2019). Asimismo, que la inversión en textos escolares ayudaría a los profesores con menos preparación o experiencia, inclusive a los más calificados y a los padres de familia a lograr mejores resultados de aprendizaje (Crato, N. Los manuales son fundamentales para una buena educación, 2024).

En segundo lugar, habría que evitar la desviación de fondos destinados hacia proyectos de dudosa viabilidad e impacto que terminan generando inequidad y el mayor rezago de las poblaciones rurales y marginadas. Por el contrario, deberían tonificarse las inversiones que aprovechen modelos movilizadores de recursos adicionales, de mejor calidad de gestión, supervisión y transparencia en el uso de los presupuestos; es el caso de las alianzas público-privadas y las contribuciones locales en donaciones en efectivo, materiales o mano de obra. Son modelos que han demostrado su utilidad para complementar el financiamiento sin depender completamente del presupuesto público. Lo importante es garantizar que funcionen con transparencia y no generen costos excesivos a largo plazo. Como lo enseña la experiencia internacional, las empresas privadas pueden financiar la construcción y/o administrar escuelas, centros de formación profesional y universidades a cambio de contratos de gestión o concesiones, o desarrollar programas de uso intensivo de las tecnologías emergentes en formación técnica, profesional y vocacional y promover investigaciones que respondan a las necesidades del mercado laboral y productivo.

Factores que justifican el mayor financiamiento

El aumento de los recursos invertidos no ha sido suficiente para que los progresos en calidad y equidad en educación fueran más lentos que lo esperado. Las dudas crecen sobre la conveniencia de seguir con el actual modelo de gestión que no logra impactos reales y positivos en indicadores estratégicos. Continúa alto el porcentaje de estudiantes que no adquiere las competencias básicas fundamentales ni las habilidades digitales y blandas; se mantienen las grandes brechas de logro entre grupos socioeconómicos y áreas urbanas y rurales; son pocos los centros de formación que trabajan codo a codo con los agentes generadores de empleo. Una gestión remozada debería enfocarse en abrir las puertas a innovaciones que persigan la pertinencia y efectividad de la capacitación del docente, modernizar el currículo y planes de estudio, implementar sistemas no sofisticados de evaluación y de rendición de cuentas que garanticen el óptimo uso de los recursos.

La digitalización y las tecnologías pueden reducir costos operativos y ampliar las oportunidades de educación. Su democratización tiene un costo inicial alto, pero más económico en el largo plazo y es la herramienta llamada a reducir desigualdades por el enorme potencial que tienen como factor transformador a través de las plataformas de aprendizaje virtual, el acceso para los estudiantes y docentes a una inmensa y variada gama de recursos que facilitan el aprendizaje y la enseñanza de conocimientos y habilidades, así como a la evaluación y retroalimentación en tiempo real. La data que ofrece la inteligencia artificial ayudaría a mejorar el vínculo entre los procesos de asignación de recursos y los resultados de aprendizaje. En Uruguay, el Plan Ceibal no solo distribuyó equipamiento y aplicativos tecnológicos a los estudiantes, también creó plataformas para monitorear indicadores como asistencia, desempeño y uso de recursos en tiempo real.

A la vez, las tecnologías pueden mejorar la formación de competencias; facilitar el uso de metodologías activas, híbridas, a distancia, personalizadas y de trabajo en grupo; fomentar el STEM, el pensamiento crítico, la creatividad y el aprender a aprender para enfrentar las demandas de la sociedad global y digital. En algunos países, los centros de enseñanza y las regiones que logran mejoras en indicadores clave reciben incentivos, pero cuidando que éstos no generen desigualdades adicionales; para lo cual apoyan y supervisian a las instituciones que más lo requieran.

Las escuelas deberían manejar un presupuesto básico de operación para atender urgencias. Las tecnologías digitales, accesibles para la ciudadanía, podrían contribuir a monitorear su empleo, a realizar auditorías regulares del gasto e identificar sanciones en casos de corrupción o de uso indebido de los recursos. En Brasil, mediante el programa "Dinero Directo en la Escuela", los centros deciden cómo gastar en función de sus necesidades de infraestructura, materiales, etc.Claro está, apoyados con redes de supervisión, capacitación y asesoramiento técnico para que directores y gestores educativos cuenten con formación en liderazgo, administración educativa y rendición de cuentas; asimismo, para que los docentes sean competentes en el diseño y adaptación de estrategias pedagógicas. La ley chilena de Subvención Escolar Preferencial (SEP) es otro referente: otorga recursos adicionales a las escuelas que atienden a poblaciones vulnerables, pero exige que rindan cuentas sobre el uso de los fondos. En India, los "Comités de Gestión Escolar" permiten que las comunidades participen en la supervisión del presupuesto y las decisiones escolares.

De otro lado, al mismo tiempo de cumplir con sus finalidades esenciales, los centros de secundaria, formación profesional y superior, deberían tener la posibilidad de realizar actividades de emprendimiento y generación de recursos adicionales en campos como el productivo, digital y científico. A le vez, se iría preparando a los estudiantes para su acceso al mercado laboral. Muchos centros de Fe y Alegría y de la Congregación Salesiana son ejemplos de esa política.

Enfrentar los desafíos del futuro laboral, obliga a redoblar las inversiones en la formación inicial, la actualización de competencias y la orientación de vocaciones para preparar a los jóvenes y adultos en trabajos específicos y brindarles la capacitación continua para acompañar los cambios de los procesos productivos. Actualmente los empleadores están optando por un enfoque más flexible de contratación al dar más preferencia a las micro-credenciales y cursos cortos que a las carreras largas. Si bien las carreras largas seguirán siendo importantes, un enfoque preferente de adquisición de habilidades prácticas y resultados inmediatos parece orientar la educación del futurosi se quiere responder a la rápida dinámica de renovación de los perfiles ocupacionales. Esta tendencia está haciendo que las universidades tradicionales empiecen a ofrecer programas más cortos, flexibles y orientados al mercado laboral para competir con las plataformas de oferta masiva y sin fronteras de aprendizaje en línea; algunas adoptando el modelo de credenciales acumulables donde los estudiantes pueden combinarlas y sumarlas para obtener títulos más avanzados. Dentro de estas tendencias, es indispensable que el Estado diseñe normas reguladoras que, que buscando la equidad, agilicen el trabajo con empresas, en especial las tecnológicas, para establecer los modelos de desarrollo que más convengan a las realidades nacionales, que sean financiables y sostenibles en el tiempo. Se fortalecería el potencial democratizador de la formación y se reducirían las barreras de acceso al mercado laboral.

Replantear la gestión, la forma de planificar y tomar decisiones es esencial para aprovechar nuevas fuentes de financiación.Las últimas décadas son un ejemplo de que no funciona como debe hacerlo, convirtiéndose en un problema recurrente. Muchos se preguntan si el Ministerio de Educación debe reexaminar su tamaño, poder, roles y evitar la duplicación y desperdicio de esfuerzos y recursos. Hacer realidad un trabajo intersectorial e interregional, sobre todo en el nivel local, haría posible trabajar con protocolos comunes, romper las barreras para la atención interdisciplinaria y tener mayores posibilidades de éxito en el abordaje de los problemas sociales. No se olvida el ansiado reclamo a la mayor transferencia de atribuciones para que los centros de enseñanza puedan adaptar el currículo, organizar horarios y formas no convencionales de agrupamiento de alumnos, gestionar personal, etc.. Un tema polémico pero a sincerar es el derecho al posgrado gratuito en las universidades públicas en un contexto de creciente demanda pero con presupuestos de las universidades no crecen al mismo ritmo. Ellas se han obligado a buscar alternativas complementarias de financiación, una es que los posgrados dejen de ser gratuitos. En algunos países el posgrado suele ser visto como una inversión personal que genera altos retornos económicos para el individuo y permite concentrar los recursos públicos en la educación básica y el pregrado que tienen mayor impacto social.Habría que asegurar que el cobro no entre en contradicción con la equidad y el acceso para los sectores más vulnerables. Transparentar la aplicación de la gratuidad en el posgrado podría ser una estrategia viable si se hace de forma cuidadosa, que los ingresos generados no comprometan la misión de la universidad de asegurar que la población los de bajos ingresos y buen rendimiento no sea excluida; por ejemplo, organizando mecanismos de equidad como la gratuidad focalizada, las becas y los créditos educativos.