Escuela pública y escuela privada: consecuencias de un actuar equivocado

Los impactos del COVID-19 en educación son innumerables. Afectan no solo lo que aprenden los estudiantes, el tiempo de aprendizaje, la estabilidad emocional de escolares, docentes y padres de familia, sino también el funcionamiento de las instituciones educativas. Ahora la formación solo puede darse mediante alguna de las modalidades de educación a distancia y lo que se prevé luego que se transite a una “nueva normalidad” es que la educación recurra con más intensidad al aprovechamiento de las tecnologías digitales. Además, el regreso a la educación presencial está suponiendo, en a experiencia de varios países, el reacondicionamiento de los locales escolares de manera tal que se reduzca el número de estudiantes por aula y se implementen todas las seguridades de carácter sanitario que eviten el contagio de alumnos y docentes.
Las inversiones que tanto para la escuela pública como privada demanden estas reformas de las estrategias pedagógicas y de la infraestructura de los locales escolares podrían ser considerables. El problema está, por el lado público, que el presupuesto del 2021 y posiblemente del 2022, tendrá que considerar una caída del PBI que se estima podría ser de 10% a 15% el presente año; asimismo, que la salud tendrá que ser el sector de inversión prioritaria seguida de las medidas para enfrentar el fuerte aumento de la pobreza y el desempleo consecuencia de la emergencia sanitaria.
Por el lado de la educación privada el panorama tampoco se presenta alentador. Datos oficiales indicaban que alrededor de 110 mil estudiantes de la escuela privada solicitaron traslado a la escuela pública, a los que hay que añadir la presión que sobre la matrícula había ejercido previamente la migración especialmente venezolana, que había revertido la situación de crecimiento negativo de la escuela pública. Se suma que muchas escuelas privadas tuvieron que reducir sus pensiones ante un mal manejo frente a la población de lo que representaba la educación a distancia. Se vendió la idea de que exige menor trabajo de profesores y estudiantes.
El desempleo que comenzó a afectar a millones de personas (6.5 millones según reciente encuesta del INEI), influyó en que la morosidad en el pago de pensiones se incremente. Según el Consorcio de Centros Educativos Católicos habría sido de 75% a junio.
A eso se añade que no siempre las normas y procedimientos para enfrentar la emergencia sanitaria ayudaron a facilitar la relación entre familias e instituciones educativas. Tanto el Ministerio de Educación, como la Comisión de Educación del Congreso, por su parte ha estado trabajando normas o dictámenes que hacen más difícil a la educación privada enfrentar la crisis derivada de la emergencia sanitaria. Los últimos datos de una organización privada denominada Asociación de Contribuyentes estima que a lo largo del año podrían cerrar 5 mil escuelas privadas quedando sin servicio educativo un cuarto de millón de estudiantes.
La pregunta que tenemos que hacernos es si en circunstancias de presupuesto austero y de necesidad de atender las principales urgencias del país es conveniente dictar normas que en vez de incentivar la buena educación privada se promueva su desaparición. Ciertamente que no se trata de extender ese incentivo a escuelas que no cumplen con un estándar básico de servicio La consecuencia podrá ser que el Estado tenga que atender muchos más alumnos con el mismo presupuesto, lo que pone en riesgo los avances que en calidad pueda haber logrado la escuela pública.
Debería entenderse que si bien la calidad de la educación privada es heterogénea, las medidas que se vienen adoptando terminarán afectando poco a las instituciones de menor estándar de servicio; más bien sí a las que buscan hacerlo con profesionalismo.
Es bueno recordar que en países como el nuestro, el esfuerzo privado en educación debe verse como un complemento al público, más aún cuando en este último el financiamiento es escaso y grandes las necesidades. Ojalá que tanto en las instituciones del Ejecutivo como en el Parlamento prime la cordura para bien del sistema educativo y del país en general. Consenso hay en que deben establecerse normas exigentes para aquellas instituciones educativas que no cumplen con una estándar de calidad, pero a las que lo hacen con seriedad hay que dejarlas trabajar. Muchas de ellas hacen esfuerzos silenciosos pero importantes, como facilitar la disponibilidad de tabletas para aquellos estudiantes que no las disponen en su hogar, sus estudiantes cubren una jornada similar a la de la educación presencial y sus docentes procuran de cumplir con las metas pedagógicas. Son esfuerzos que hay que reconocerlos y valorarlos, en vez de obstaculizarlos.

Ver link
Proyecto de Reglamento de Centros Educativos Privados
https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/218723-el-minedu-somete-a-consulta-publica-el-proyecto-de-reglamento-de-colegios-privados?fbclid=IwAR32JTNUltNtY1QQUNfHz-8ALpAkzmDG9Sb_5ImACoaL6TlmPM8LenNweds

Gonzalo Galdos. El virus populista arrasta a la educación
https://peru21.pe/opinion/el-virus-populista-arrasa-la-educacion-gonzalo-galdos-noticia/

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