Educación y competitividad

Autor: Hugo Diaz

Estrechas relaciones entre la economía, el empleo y la educación siempre han sido reclamadas, pues en la práctica, su falta de sintonía fue evidente. Con el arribo de la pandemia, esta relación se vuelve más importante al haberse constatado la necesidad de reformar la educación ante la imperiosa urgencia de implementar nuevos perfiles, carreras, y metodologías de formación, de implantar nuevos estilos de gobernanza y modelos de financiación. Si la educación no se renueva, le hará un pobre favor a los retos que trae la globalización, el desarrollo tecnológico, la productividad y competitividad, así como del propio bienestar de los peruanos.

¿Hacia quiénes dirigir la cobertura de la educación en las sociedades modernas?

El Perú cuenta en el 2021 con una población estimada en 33 millones. Veinte años después, en el 2040, se espera que seamos 34,3 millones. Como en varios países latinoamericanos, la característica será un nítido crecimiento de los grupos poblacionales con mayor edad. En treinta años, a partir del 2010, quienes tienen sesenta años o más duplicarán su participación en el total de peruanos, principalmente debido a que se reduce la tasa de crecimiento de la población en edad escolar. Además, hay que tener en cuenta que los adelantos en salud hacen que la vida activa de las personas se extienda y que vivimos en un mercado laboral que recibe mayores y crecientes presiones de demanda por parte de los adultos mayores.

Una característica de la fuerza laboral peruana es el alto porcentaje de población que trabaja en el sector informal. Las estadísticas del INEI indican que el empleo informal es 2,6 veces mayor que el formal, que dentro del sector formal hay un 16,4% de la población económicamente activa que trabaja en condiciones de informalidad y que, en el período julio 2018 a junio 2021, el empleo informal se incrementó en 3.4%, mientras el formal cayó en 24%. En su composición por niveles de educación los datos disponibles indican que 22% de los trabajadores informales tiene solo primaria y 10% universidad; En cambio 62% de los trabajadores formales tiene educación superior.

También los datos muestran una fuerte diferencia entre el salario formal e informal. En el 2019, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el ingreso mensual de un trabajador de sector informal era, en promedio menor en 63,2% comparado con lo que percibe un trabajador con empleo formal. Un dato importante es que, con relación al año 2007, la brecha salarial se ha reducido en 11%, debido a que el salario de los trabajadores informales tuvo un mayor nivel de crecimiento que el de los trabajadores formales (5,3% vs 3%), además que lo fue en todas las ramas de actividad económica. Este indicador, si bien alentador para los que ganan menos, es a la vez un un desincentivo en el esfuerzo de reducir el trabajo informal (Esparta y Rivera, 2019).

Nudos críticos en el sistema educativo que afectan la estructura laboral

La población analfabeta se estima en 1,3 millones. De ellos, el 54% tiene una edad superior a los 60 años y una de cada cuatro mujeres del área rural es analfabeta. Un análisis pormenorizado muestra que este problema se concentra principalmente en las regiones como Apurímac, Huancavelica y otras de la sierra sur, asimismo, que se acentúa a partir de los 40 años de edad.

Los datos del Censo de Población y Vivienda del 2017 mostraban que, al momento de su realización, se atendían 2 millones de adultos de 20 y más años, lo que representaba alrededor del 10% de la población de ese grupo de peruanos (19,2 millones). La estadística censal muestra que a medida que se avanza en edades, la asistencia a un centro o programa educativo disminuía: 67% tenía 20-29 años, 18% entre 30-39 años, 14% entre 40 y 64 años y únicamente 0.5% tenía 65 y más años.

Sorprende que la oferta de oportunidades educativas para los adultos no responda a la atención de los grupos de mayor demanda educativa; en especial, para aquellos que no concluyeron oportunamente su educación básica. Según la ENAHO 2017, el 24,8%  la población en edad de trabajar solo estudió primaria o no tiene nivel educativo alguno; 45,6% logró estudiar algún año de educación secundaria, 13,1% cuenta con superior no universitaria y 16,4% con superior universitaria. En comparación con el año 2007 la estructura ha experimentado algunas mejoras: la población con primaria o menos disminuyó en 5,5%, mientras aumentó la que cuenta con secundaria en 1%, superior no universitaria 1,2% y superior universitaria en 3,2%.  

En parte la población con escuela primaria o menos no disminuye con mayor rapidez debido a que durante el período 2000-2020 la educación básica alternativa disminuyó en 79,3 mil estudiantes y la educación técnico-productiva en 4,6 miles. Pero tan grave como el descenso de la oferta es el de su calidad y pertinencia, la cual también es un factor poco estimulante para que los adultos quieran completar su educación básica.

Y es que quizá el dato más revelador de la adquisición de capacidades de los adultos la brinda el PIAAC de la OCDE, prueba aplicada a población de 15 a 65 años (2018). Sus resultados dramáticos, explican los bajos niveles de productividad y competitividad de los trabajadores peruanos. Siete de cada diez adultos evaluados no pudieron responder a las preguntas más elementales de competencia lectora; tampoco lo pudo hacer el 75% en el caso de la competencia numérica y un 44% no aprobó la prueba de resolución de problemas en contextos informáticos. Grave es que el nivel promedio de habilidades matemáticas básicas de los adultos con estudios universitarios completos fue equivalente al promedio de habilidades de técnicos chilenos y a la media de habilidades de adultos de países OCDE que no culminaron la educación secundaria (Yamada, 2020).

Sobre este último aspecto, si bien el licenciamiento de las universidades ha permitido avanzar el ordenamiento de la gestión de muchas de ellas, aún el recorrido para alcanzar calidad es todavía muy largo. Del total de universidades estatales licenciadas, hay todavía 44 que no han logrado cumplir plenamente con las condiciones básicas de calidad exigidas por el licenciamiento, que en realidad son las condiciones mínimas. Según la información del propio Ministerio de Educación, el financiamiento para que las universidades cumplan con estas condiciones es de S/ 1,042, de los cuales la previsión presupuestaria hasta el 2024 solo cubriría el 48%.

Además, las universidades y la educación técnico profesional enfrentan un problema agravado durante el desarrollo de la pandemia: los bajos resultados que obtenían los estudiantes de 15 años en la evaluación PISA a los que se suma que el cierre de las instituciones educativas durante dos años. Al no haberse logrado que a educación remota supla con eficiencia la educación presencial, se ha afectado el estándar de conocimientos y capacidades conque llegan los que ingresan a la educación superior. Es un problema que estará presente durante muchos años entre los ocho millones de estudiantes – desde la educación inicial hasta los que terminan la secundaria- que han sido afectados con el cierre de las instituciones educativas. El riesgo que se presenta a las instituciones de educación superior que esa menor base de aprendizajes con los que llegan quienes ingresan no termine reduciendo el estándar de calidad que deberían alcanzar quienes siguen ese nivel de enseñanza.

Propuestas para contribuir a las políticas de competitividad y productividad

La principal aspiración del Plan Nacional de Competitividad relacionada con la educación es que priorice el desarrollo de competencias en los jóvenes y adolescentes para lograr su mejor desempeño en la sociedad peruana. Argumenta que “la competitividad del país se verá fortalecida en la medida que se cuente con ciudadanos que tengan las competencias necesarias para hacerle frente a las exigencias productivas y sociales de la vida contemporánea”. Para ello, sostiene, que en el largo plazo la mejor forma de acumular capital humano para el desarrollo productivo pasa por invertir en la primera infancia y la educación básica. Asimismo, se requieren cambios institucionales para fortalecer la vinculación entre el sistema educativo y el aparato productivo.

Es verdad que el mejor seguro de vida que se puede ofrecer a un niño o adolescente es una buena educación básica, desafío que hay que asumir con la mayor responsabilidad. Pero el diagnóstico previamente presentado en este informe muestra que los objetivos que debe trazarse el país para hacer frente a la competitividad requieren ser más amplios mientras se forman a las nuevas generaciones. Por un lado, dados los bajos niveles de calificación de un buen sector de la población económicamente activa, será preciso desde ahora ir incrementando de forma sustancial las oportunidades educativas para la fuerza laboral a través de distintas modalidades. Sobre todo en. momentos en que la actualización de competencias de los trabajadores requiere hacerse cada cierto tiempo, de lo contrario no podrá seguir la velocidad de los cambios en la producción y los servicios.  

De lo que se trata, entonces, es de orientar al sistema educativo a expandir su cobertura y oferta de oportunidades de formación de manera de hacer efectivo el principio de educación a lo largo de la vida. Entender que la responsabilidad del sistema educativo no queda en la solo en la población en edad de estar escolarizada -alrededor de diez millones- sino en toda la población, lo que significa multiplicar esa responsabilidad por tres.

La meta ambiciosa pero imprescindible si se quiere que la competitividad y la productividad nacional nos permitan actuar con mayores posibilidades de éxito en el mercado global. No se trata de que todos los adultos que abandonaron prematuramente su educación básica la completen, o que las oportunidades de formación se limiten a los que tienen conciencia de la necesidad de estar actualizado. De lo que se trata es de organizar procesos de formación continua, principalmente mediante cursos cortos, que ayuden a todos los trabajadores al acceso a una actualización periódica o adquirir una competencia que les permita seguir los cambios de la producción y actuar en un mercado ocupacional muy dinámico.

Un objetivo de formación continua como el mencionado será imposible con métodos tradicionales de formación. La experiencia de países que llevan mayor adelanto en el enfrentamiento de este objetivo ilustra que las herramientas tecnológicas y la conectividad de banda ancha son claves para lograr la masividad que se requiere, ciertamente con calidad. Hay ejemplos interesantes, como los cursos MOOC ofrecidos gratuitamente por las mejores universidades del mundo o el programa Capacítate de la Fundación Slim que, con la Secretaría de Educación Pública de México, atienden más de 13 millones de personas. Una ventaja en el momento actual es que países como el Perú no necesitan partir de cero en la implementación de estos programas pues la cooperación horizontal puede convertirse en un gran facilitador.  

En el marco de la transformación que necesita experimentar el sistema educativo no se deja de mencionar la reinvención de la educación superior. Sino lo hace, terminará como muchas empresas que al no renovarse han terminado desapareciendo. Es un problema que debe superarse, ya que todavía son pocas las universidades e instituciones de formación técnico profesional que piensan en su futuro de largo plazo, en su reinvención, en la transformación de sus facultades y carreras asegurándoles el nivel de empleabilidad suficiente y en convertirse en instituciones fuertemente digitalizadas. Pero tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, la velocidad 5G y otras que irán surgiendo no solo deben contribuir a revolucionar los diseños y metodologías de formación, las prácticas docentes, los mecanismos de acceso a oportunidades de formación, entre otros, sino que deben también a facilitar la formación de buenos ciudadanos, con ética y valores, formación humana y principios como los de inclusión, la solidaridad. La autoformación y la certificación de competencias irán cobrando igualmente mayor protagonismo.

Tampoco las instituciones de educación superior podrán cumplir a cabalidad sus roles con la actual estructura de distribución de su oferta. No es posible pensar en un país más competitivo con un sistema que forma pocos técnicos, al igual que pocos posgrados; que no cuenta con una plantilla de docentes e investigadores que como mínimo esté integrada por un 50% o 60% de doctores. La estructura de formación tiene que cambiar, ayudada por la introducción en las organizaciones de una cultura de trabajo con el sector empleador y de rendición de cuentas.

La tarea que queda por delante no es sencilla. Será más fácil en la medida que las instituciones hayan avanzado más en el desarrollo de su transformación. En la mayoría de las instituciones ese proceso no ha sucedido o casi no se ha avanzado, lo que lo hace más difícil ya que implica cambios que a veces se enfrentarán con la resistencia de los actores, las limitaciones financieras, las trabas burocráticas o la conveniencia de reducir personal. Habrá gastos que antes que comience la pandemia eran necesarios pero que dejarán de serlos, apareciendo otras demandas de financiamiento; habrá personal que sino se adapta al enfoque multidisciplinar, de competencias y al uso de las nuevas tecnologías y didácticas de formación resultará prescindible, habrá docentes e investigadores que tendrán que competir sus puestos de trabajo con otros que trabajen en otros países, habrá un presupuesto de ingresos y gastos que demandará una reforma muy significativa. Será un proceso de aprendizaje en donde basarse en la evidencia de experiencias similares y en una buena gestión hará posible reducir al mínimo los errores. Variables como la voluntad de cambio, a perseverancia y el liderazgo son fundamentales para una inversión inicial para la transformación que será alta y que requiere el empleo de los recursos con altísima eficiencia.

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