Se fue el 2018. Lo que nos deja

Concluyó el 2018 con un sorprendente cambio de gobierno y con Daniel Alfaro como Ministro de Educación desde el 2 de abril. Es el cuarto Ministro desde que Pedro Pablo Kuczynski había asumido la presidencia de la República el 28 de julio del 2016.

Su gestión se ha caracterizado por enfrentar con claridad algunas situaciones, como las del género en el currículo nacional de la educación básica. Defender, con vehemencia, iniciativas en la Comisión de Educación del Congreso, que pretenden retroceder en la normatividad sobre la edad para el ingreso a la educación inicial y primer grado de primaria, reincorporar docentes y directores sin previa evaluación. El 2018 se han ejecutado varias evaluaciones en la carrera pública magisterial, se anunció el aumento salarial para el 2019 y se presentó un estudio que ha tenido el mérito de demostrar, ante la sociedad y el magisterio nacional, que elevar las remuneraciones del magisterio estatal hasta el nivel de una UIT a partir del 2021 es imposible; que más bien se seguirá con la política de mejoras progresivas en función de las disponibilidades de la caja fiscal. También el año terminó con 61 universidades licenciadas y el ofrecimiento que al término del 2019 el 100% de las universidades habrá pasado por ese proceso. Ha sido enfático en defender la rectoría que el Ministerio de Educación tiene en esos y otros temas de su competencia.

Estos logros no ocultan algunas debilidades de la gestión. Así como, con unas medidas se fortalece la carrera magisterial, con otras se la debilita. Es el caso de la contratación, solicitando temporalmente licencia, de docentes para los COAR y los programas de acompañamiento y maestros fortaleza. La formación docente sigue siendo un tema pendiente, al igual que una política explícita y viable de desarrollo de las tecnologías digitales. No basta que ellas hayan sido incluidas en el currículo como un área transversal. Se requiere un programa integral y de largo alcance.

Hay varias normas aprobadas y otras trabajándose. Entre las primeras están las referidas a la educación bilingüe intercultural y la educación para áreas rurales. La aplicación de normas sobre el acoso y violencia sexual se ha vuelto más severa habiéndose separado más de 700 docentes. Se discute un proyecto de reglamento sobre educación privada cuestionado por las asociaciones y un sector de especialistas. Mientras el Ministerio de Educación quiere normas más duras para combatir la informalidad y la mala educación ofrecida por un grupo de escuelas, las asociaciones de educación privada están de acuerdo, pero consideran que las normas no pueden basarse solo en la mala educación; que se requieren incentivos para alentar la buena educación privada. Además, con razón, señalan que un proyecto de reglamento, excesivamente sancionador e indiscriminado termina afectando más a los buenos promotores que a los informales o los que hacen de la educación privada casi exclusivamente un negocio. Recomiendan una norma específica para la mala educación privada.

Cambios reiterados de ministros conllevan cambios de otros funcionarios con la consecuente inestabilidad de las políticas. Es parte de la cultura de la gestión educativa que hay que cambiar con una norma que se ha venido reclamando hace varias décadas: una carrera administrativa meritocrática. Cuesta mucho desactivar programas y proyectos sin previa evaluación, desactivar la marcha de la gestión con personal que llega con una buena base académica, pero sin conocimiento de la realidad del sector.

Orientaciones para el año escolar 2019

El 21 de diciembre el Ministerio de Educación aprobó la Resolución Ministerial Nº 712-2018-Minedu, que orientará el desarrollo del año escolar 2019 en las instituciones de educación básica públicas y privadas. Es una norma más extensa que la del 2018 y que reposa en 71 dispositivos, entre leyes, decretos legislativos y supremos, resoluciones ministeriales, viceministeriales, de Secretaría General y directorales, así como de directivas.

En el pasado se ha discutido sobre la conveniencia de tener una norma anual para el desarrollo del año escolar o si debería revisarse cada cierto tiempo; por ejemplo, cada cinco años. Una norma anual incentiva el cambio de políticas y procesos, a que surjan nuevos conceptos, nuevas demandas de información.

Es por ello que a pesar de las buenas intenciones, ninguna administración de las que han pasado a lo largo de las recientes décadas logró simplificar el complejo mundo normativo que rige para la educación escolar. La iniciativa más reciente fue promover el slogan “Escritorio Limpio”, que buscaba reducir el papeleo en los centros educativos. La opinión de directores y docentes es que no solo hay más normas, también más solicitudes de información, más demandas de organización de comisiones y menos tiempo para que los docentes reflexionen como hacer para que sus alumnos salgan adelante con los aprendizajes que requieren.

La nueva norma cita doce tipos de comisiones que deben funcionar en los centros educativos públicos (de ellas dos en los privados), además de los comités de evaluación regulados por el reglamento de la Ley General de Educación. Si bien no todas las comisiones tienen que organizarse en cada una de las modalidades de educación básica, la mayoría sí. Al respecto, si bien es cierto que hay centros educativos en donde la cantidad de docentes podría facilitar la organización de las comisiones, también hay los unidocentes, multigrado y los que ofrecen un solo nivel de enseñanza.

Solo con carácter referencial, se presenta la estadística de promedio de docentes por centro educativo que hay en las escuelas urbanas y rurales. Salvo en los colegios integrados y de secundaria, organizar demasiadas comisiones es difícil por el bajo número promedio de docentes. Es el caso de los centros de educación inicial de zona urbana y de todos aquellos centros que no son integrados. La pregunta que surge es si para todos los temas en donde se demanda organizar comités o comisiones o, para algunos de ellos, podrían existir formas diferentes de cumplirlos; por ejemplo, incluirlas en las responsabilidades del CONEI o fusionar otras. Excesivas comisiones conllevan el riesgo de burocratizar la administración escolar.

Quizá la característica negativa más saltante de las orientaciones para el próximo año es la reducción de las horas de libre disponibilidad en las programaciones de educación primaria y secundaria regular para niños y adolescentes. Si bien los diseños curriculares tienden a ser bastante centralizados en la mayor parte de países del mundo, cabe preguntarse si en un país tan extenso y variado, social y culturalmente, no sería conveniente una mayor flexibilidad que, por ejemplo, haga posible, atender mejor lo que se consideran los nudos críticos de aprendizaje de los estudiantes.

Las visitas que se han podido hacer recientemente a las escuelas muestran que algunos de los planteamientos del Currículo Nacional serán difíciles de lograr. Cómo hacerlo para el área de inglés donde no hay suficientes profesores de especialidad o cómo cumplir con los estándares fijados para el área transversal de tecnologías digitales cuando el tiempo de acceso por sección de clases al equipamiento informático es tan reducido: si se atienden todos los grados, en promedio menos de cuarenta minutos de uso a la semana o cada quince días en las escuelas mejor dotadas, además, la mayoría de ellas con limitaciones de acceso a material pertinente y sin suficiente capacitación y acompañamiento docente.

Ejecución presupuestal al 31-12-2018

Según la web Consulta Amigable del MEF, la ejecución del presupuesto del Sector Educación finaliza el último día del 2018 en 90.8%, con un gasto devengado de S/ 27,258 millones. La ejecución del gasto educativo total mejoró en 0.6% comparado con el ejercicio 2017.

Como es de esperar, históricamente los niveles de ejecución más altos se dan en la partida genérica Personal y Obligaciones Sociales. El año 2018 concluyó con 98.6%. La eficiencia de ejecución disminuye al 89.3% en la partida Bienes y Servicios y al 70.4% en Activos no Financieros, porcentajes menores a los de la ejecución presupuestal 2017, posiblemente influenciados por los cambios de autoridades que conllevaron también cambios de funcionarios. Cabe indicar que, en valores absolutos, el presupuesto de esas dos partidas genéricas fue menor en 568 millones y 510 millones de soles, respectivamente, con relación al año previo. Si se revisa la estadística de menor gasto de recursos presupuestales durante el período 2013-2018 se observa que tuvo un acumulado de 2,794 millones de soles en Bienes y Servicios y 12,963 millones en Activos no Financieros.

La mejor ejecución del gasto en educación pasa por varias medidas, unas que dependen de la gestión sectorial y otras de otros actores e instituciones. Se conoce de los esfuerzos que se hacen por mejorar los niveles de gasto, pero también lo lento que puede resultar ese proceso. Se necesita regularizar títulos de propiedad, incentivar a las empresas para que trabajen en lugares que no siempre son atractivos o de fácil acceso, mejorar los procesos de licitación evitando impugnaciones, contar con expedientes técnicos suficientemente desarrollados antes de incluirlos en la programación, entre otras medidas.

Ver link: Informe de educación Diciembre 2018

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