Con la designación de Marilú Martens, como nueva ministra de Educación, se inicia una etapa en la que el gobierno podrá consolidar varias de las reformas ejecutadas durante la gestión del ministro Saavedra, a la vez que hacer los ajustes necesarios y emprender nuevas medidas indispensables, no solamente para dar continuidad a la política educativa sino, sobre todo, para acelerar el ritmo de mejoras que se reclaman al sector educación.

De inmediato, la ministra Martens tiene que resolver varios temas pendientes. Veamos los principales:

Completar cuanto antes la designación de su equipo de colaboradores. Recientemente se conoció de la designación como Viceministra de Gestión Pedagógica, de Liliana Miranda Molina, y como Secretario General, de José Carlos Chávez Cuentas. Falta oficializar el nombramiento del Viceministro de Gestión Institucional y de cargos clave, como los de la Dirección General de Educación Básica Regular, la Oficina General de Administración y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Ratificar o designar nuevos funcionarios para el área pedagógica y de la Secretaría General es urgente si se tiene en cuenta que en sesenta días comienza el año escolar y que la marcha administrativa no puede parar. Por último, falta definir la situación del proyecto de organización de los Juegos Panamericanos, una de las razones que costó la salida del ministro Saavedra. Lo más saludable sería crear una entidad autónoma, fuera del Sector, responsable de esta tarea.

Asegurar el buen inicio de las actividades escolares 2017. Se ha vuelto casi una costumbre, todos los años, percatarse que las acciones previas al inicio del año escolar empiezan a implementarse con un cierto margen de tardanza. El año que empieza no es la excepción. En los últimos días del 2016 se aprobaron las normas de desarrollo de las actividades educativas, de estructuración del cuadro de horas en la educación secundaria, la de admisión a los colegios de alto rendimiento, así como los programas curriculares de educación básica regular para la educación inicial, primaria y secundaria.

Es cierto que la versión aprobada del Currículo Nacional no parte de cero, al ser la suma de cambios que se vienen haciendo desde el año 2012. Sin embargo, lo recientemente oficializado incluye tal cantidad de cambios, menores o de cierta magnitud, que es imprescindible sean conocidos y apropiados por los docentes que participarán de la experiencia inicial de aplicación del nuevo currículo. Solo así podrán reflexionar acerca del tipo de prácticas docentes que necesitan para lograr su adecuada implementación. Por ejemplo, se han hecho modificaciones al perfil del egresado, a la forma como se programan y se van consolidando las competencias desde el inicio hasta el fin de la escolaridad básica. Los criterios y finalidad de la evaluación han sido también revisados y se busca poner mayor énfasis en las actividades transversales, el autoaprendizaje, el empleo de las TIC, el inglés desde la educación primaria, la educación física, el arte, la cultura y la tutoría.

No todo podrá empezar desde el 2017. No hay ni recursos ni capacidades suficientes para hacerlo. Se ha decidido que el 2017 se aplicará sólo el programa curricular de educación primaria en un grupo de escuelas urbanas focalizadas que representan alrededor de la cuarta parte del total de escuelas primarias urbanas de todo el país. Para evitar confusiones será recomendable corregir lo que lo que aparece en la página web del Ministerio de Educación como cronograma de implementación del currículo donde, para el 2018, solo se menciona a las escuelas primarias rurales y no al resto de escuelas primarias urbanas. Recortar la cobertura de aplicación del currículo nacional a un grupo de escuelas primarias es otra decisión acertada de la ministra Martens frente a los atrasos de aprobación de los programas curriculares. Aún así, hubiese sido deseable comenzar con un menor número de escuelas pues lo que hay que hacer para preparar la implementación del currículo en el muy corto plazo es considerable y demandará el máximo de eficiencia de todas las instancias de la administración, lo que aún no se consigue.

Poner en marcha el proceso de contratación de los docentes. Hasta el 4 de enero, la directiva de contratos docentes no había sido difundida. Si se considera que los docentes contratados suman más de 130 mil, es urgente asegurar que los que se convoquen estén disponibles en las aulas a partir del primer día de marzo. Definir la cantidad de docentes necesarios puede ser un asunto complicado en la educación secundaria. Previamente debe culminarse el proceso de racionalización de personal y tener aprobado el Proyecto Curricular Institucional que especifica la distribución de las horas de libre disponibilidad. En segundo lugar, en enero y febrero los profesores están de vacaciones lo que dificulta ponerse de acuerdo en la distribución de cargas de trabajo. Además, la jornada laboral de los profesores se incrementó en el segundo semestre del 2016 a 30 horas.

A fin de superar los problemas que cada año se producen durante esos meses sería conveniente normar un procedimiento que establezca el cronograma de aprobación de normas y desarrollo de procesos que aseguren el buen inicio del año escolar. El Ministerio de Educación y el resto de instancias de la administración deberían obligarse a cumplir con ese procedimiento. No hacerlo es un factor de improvisación, de falta de planificación y de desconcierto en el magisterio público y privado que no solo desea avanzar en decisiones de desarrollo del año escolar siguiente antes que finalice el año escolar previo, sino que también desea que se respeten sus derechos de vacaciones sin los sobresaltos y preocupaciones que generan estos atrasos.

Resolver el impase surgido ante la propuesta de modificación de las fechas de ingreso a la educación inicial y al primer grado de primaria. En las últimas semanas de diciembre el pleno del Congreso de la República aprobó una norma que fija el 31 de julio como fecha máxima de ingreso a la educación inicial, en las edades de 3 a 5 años, y al primer grado de educación primaria. Si bien es potestad del Congreso de la República dar leyes, ha sorprendido que lo haga en un tema muy específico, especializado y sin consulta al Ministerio de Educación y/o instituciones especializadas en el tema. Al parecer, la decisión se sustentó casi exclusivamente en la presión de un grupo de padres de familia que desean que sus hijos aceleren el desarrollo de su escolaridad ingresando antes de lo que el Ministerio de Educación ha establecido como criterio que es el 31 de marzo. Se tiene conocimiento a través de la página web, que la posición del Ministerio de Educación es observar el proyecto de Ley aprobado por el Congreso. Lo que no se sabe es si éste insistirá en aprobarlo. Frente a lo inminente del proceso de matrícula, ambos poderes del Estado deben resolver prontamente este conflicto ya que las instituciones educativas y los padres de familia requieren saber cuál es el criterio que adoptarán.

Ajustes a la normatividad de la Ley de Carrera Magisterial. La modificatoria de la Ley ha sido elevada por el Ejecutivo al Congreso de la República. Para la Ley de Reforma Magisterial se propone mantener las ocho escalas magisteriales pero reducir el tiempo mínimo de permanencia en cada escala y la diferencia de remuneraciones entre la primera y octava escala. Asimismo, aumentar la jornada laboral del docente, inicialmente a 32 horas y después hasta 35 horas a la semana. Ampliar el plazo de evaluación del desempeño docente y de cargos directivos a cinco y cuatro años, respectivamente.

Recortar el plazo en el que los docentes lleguen a las máximas escalas seguramente será bien recibido, aun cuando fuese a costa de más evaluaciones, las cuales deberían definirse en función de las capacidades del sector de poder implementarlas adecuadamente y del costo que representan. El problema está en la relación entre el aumento de la jornada laboral y el costo de la hora pedagógica, que no serían tan atractivas para el magisterio. El proyecto que evalúa el Congreso podría estudiar opciones que permitan racionalizar las evaluaciones de quienes postulan a nombramientos, contratos, ascensos y promociones de cargo, así como simplificar todo lo que es presentación de expedientes. ¿Sería posible instaurar procesos de certificación y recertificación de competencias para el ejercicio de la docencia como lo hay para otras profesiones como la médica?, ¿Se puede evitar que para cada concurso de contrato o nombramiento los docentes tengan que presentar todo su legajo de títulos, diplomas, certificados de experiencia? El reajuste de la Ley debería ser la ocasión para mejorar e informatizar la gestión docente y, de paso, eliminar una de las fuentes de corrupción que suelen presentarse al momento de asignar las plazas.

Reglamento de educación privada. Hace pocos meses un borrador de nuevo reglamento de educación privada fue motivo de amplia polémica entre quienes defienden la necesidad de un mayor control de la calidad de los servicios ofrecidos por las instituciones educativas y los que están a favor de normas más liberales. Los que cuestionaban ese borrador le atribuían un carácter excesivamente sancionador, que a fin de cuentas casi no cambiaría la situación de muchos centros educativos informales o que no responden a un estándar mínimo de calidad; más bien daría lugar a que la burocracia estatal termine instigando más a los centros que buscan trabajar bien. Otro factor de cuestionamiento fue que ese borrador de reglamento no estimulaba la inversión privada en educación ni tampoco el fortalecimiento de los lazos de cooperación con la escuela pública.

El proyecto de nuevo reglamento se ofreció para octubre pasado, pero no llegó a publicarse. Un problema urgente a resolver se focaliza en un grupo de centros que funcionan informalmente, sin autorización de funcionamiento y que para certificar estudios se prestan la autorización de funcionamiento de otras instituciones. Debería generarse una norma que ataque prontamente este problema. La otra preocupación va en torno a las sanciones a los centros educativos privados. Por un lado, los motivos de sanción podrían racionalizarse, pero por otro lado hay que revisar el monto de las multas, en muchos casos imposibles de poderse cumplir.

Implementación de la Ley de Institutos y Escuelas Superiores. La Ley está aprobada y en la propuesta de modificación de la Ley de Reforma Magisterial se propone un artículo destinado a evitar que los profesores de los institutos y escuelas superiores no se queden rezagados respecto de los aumentos que tendrán los docentes de la educación básica. De otro lado, la asignación presupuestal para el 2017 considera un financiamiento para la mejora de las remuneraciones de estos profesores. No obstante, es necesario avanzar en la formulación de la Ley de Carrera para este personal que no necesariamente debe contar con título pedagógico, así como en la definición de una escala de remuneraciones suficientemente atractiva.

Ajustes a la Ley Universitaria. Luego de dos años y medio de implementación el Ejecutivo trabaja un proyecto de modificación de la Ley Universitaria para ser presentado al Congreso de la República. Previamente fue el congresista Velásquez Quesquén quien presentó una iniciativa de modificación de la norma. En buena medida, lo que está detrás, además de mejorar algunos de sus alcances, es dar viabilidad política al funcionamiento de la SUNEDU, lo cual está principalmente condicionado a formular reajustes en la composición de los miembros del directorio y adoptar la fórmula que genere mayor aceptación respecto de la elección del presidente del directorio de ese organismo.

Más allá de mejorar el contenido de la Ley Universitaria, el Consejo Nacional de Educación considera que debería aprovecharse la ocasión para desarrollar una propuesta más amplia que permita “una política universitaria” de mediano plazo, para que las buenas intenciones de la ley universitaria puedan ser cumplidas. Dicha política tendría que contar con el respaldo necesario –político, económico y técnico- que haga posible elevar el estándar de calidad de funcionamiento de la universidad peruana, tanto pública como privada.