Las personas con discapacidad podrán ejercer plenamente sus derechos de manera autónoma y en igualdad de condiciones, sin necesidad de que alguien los represente, según decreto legislativo publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano.

La Iniciativa 1384, elaborada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJSDH), reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y promueve su inclusión modificando el Código Civil y reemplazando la clasificación de “incapacidad absoluta y relativa” por “capacidad plena y restringida”.

Es así que a partir de ahora las personas con discapacidad no necesitarán a alguien que los represente para poder votar, comprar, vender, casarse, ejercer la patria potestad de sus hijos e hijas, entre otros; sino que lo podrán hacer ellas mismas.

La norma aclara que solo en caso de que así lo requieran, las personas con discapacidad podrán contar con la ayuda de una persona de apoyo.

Esto será posible porque el decreto legislativo elimina la figura del “curador”, que era una persona nombrada por un juez para que tome las decisiones en lugar de la persona con discapacidad.

En lugar del “curador” se crean las figuras de “apoyos y salvaguardias”.

Los apoyos son personas que brindarán asistencia y serán elegidos por las personas con discapacidad; mientras que las salvaguardias son medidas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que recibe el apoyo.

Asimismo, la norma establece que se elimina el internamiento involuntario de las personas con discapacidad, ya que antes eran internados sin su consentimiento.

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En esa línea, el decreto legislativo señala que cualquier persona puede solicitar la reversión de la interdicción de personas con discapacidad, dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta norma, para la designación de apoyos y salvaguardias.

Por último, es importante mencionar que se cambia el paradigma sobre discapacidad pasando a un modelo social por el cual se combate la discriminación.

Con la promulgación de este decreto legislativo, el Perú adecuará su ordenamiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Nota publicada originalmente en Andina.pe