El Consejo Consultivo de Radio y Televisión (ConcorTV) es un organismo que busca promover las buenas prácticas en la radio y televisión peruana. Está adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y fue creado a partir de la Ley de Radio y Televisión promulgada el 2004. Conversamos con su secretaria técnica, Miriam Larco, sobre las dificultades que enfrenta la escuela para educar mediáticamente y las dificultades que encuentra el ciudadano -desde niño- para consumir contenidos de calidad en un país donde no todos los medios cumplen con “autorregularse”.

¿Por qué es importante educar en medios?
Estamos hablando de chicos que conviven con medios de comunicación. Cuando les preguntas por las actividades que más realizan, dicen: ver televisión, usar internet y escuchar música. Los medios están en primer lugar; en cuarto está el colegio; y en el quinto, jugar. Hablamos de medios como la radio, la televisión o internet, pero también los videojuegos. El colegio no los incorpora en la currícula escolar. Se usan los medios para distraer a los chicos cuando el profesor o está cansado o está ausente. Se pasan películas o programas para niños cuando los profesores no están, pero no es que se trabaje la educación para los medios.

¿Cuál es el aspecto más crítico para educar mediáticamente?
El temor o la resistencia del profesor a capacitarse en estas nuevas tecnologías. Hace años, cuando trabajamos con Foro Educativo y hacíamos talleres para profesores, muchos se resistían a ser identificados como personas que no dominaban las nuevas tecnologías: se sentían avergonzados de no saber más que los chicos. Temían no poder rendir. Uno de los problemas del Ministerio de Educación es que los profesores no tienen tiempo para seguir capacitándose, de modo que todo queda en la buena voluntad de los profesores.

¿Cómo enfrentar este reto?
Se debería despertar la autoformación: esa necesidad de formarnos permanentemente. Estamos acostumbrados a que nos den la información en la mano. Por otro lado, tenemos colegios militarizados o muy religiosos, pero no de librepensadores. El desarrollo de las tecnologías nos da a los profesores el reto de formar individuos que busquen información, que la creen y que hagan uso de su libertad de información y expresión. Tenemos tantas materias inútiles que nos han llenado el tiempo por un tema de mercado, y que actualmente podríamos orientarlas a preparar un individuo que se autoeduque.

Sobre la libertad de información y expresión: hoy los medios sociales como el Facebook son un sistema judicial paralelo…
No se conocen las reglas del juego. Existe el derecho a la imagen: nadie puede tomarte una foto ni reproducir ni dfifundirla. Tampoco puede grabar tu voz. Te puedo prestar mi celular para tomarme una foto, pero eso no significa que te autorizo a ponerla en la red porque esa fotografía podría tener consecuencias que atenten contra el derecho al honor, la buena reputación y la privacidad de una persona. Se ha priorizado el tema de la libertad de información por sobre todas las cosas pero, en igual medida, está el derecho de los otros.

Ya es usual exponer en los medios sociales presuntos delincuentes y someterlos al juicio popular.
Por un lado, los medios sociales a los que autorizamos a utilizar toda nuestra información están violentando muchos derechos y lo hacen todos los días. Por el otro, nadie explica a los alumnos cuáles son los límites. Se naturalizan comportamientos ilegales. Por ejemplo, creemos que los medios son jueces y fiscales. Es cierto que deben supervisar las funciones públicas, pero no presentar determinadas imágenes o discursos que pueden atentar contra los derechos de los otros. Corremos el riesgo de que una persona se equivoque y acuse a alguien que no es o invente historias, y el medio ya la juzgó.

Si veo un acto de acoso en un bus, por ejemplo, lo fotografío y lo subo a la web, luego alguien busca el nombre del presunto agresor y los publica. ¿Qué debería hacer una persona en una situación así?
Hay que tener mucho cuidado: los medios y el Poder Judicial son diferentes. Para hacer justicia hay que seguir el debido proceso, que implica el derecho de defensa. En muchos casos, los medios son un obstáculo para el ejercicio de la justicia porque nos induce la capacidad de juzgar. Cuando veo un delito in fraganti o esto en una situación de riesgo puedo grabar sin ningún problema (ahora valen como prueba los videos, las imágenes y los audios). Lo que no se puede hacer es difundir ese material. Eso sirve como un indicio de prueba para que el fiscal inicie una investigación.

Una de las funciones de Concortv es emitir opinión sobre las infracciones de los medios. ¿De qué se queja la gente?
Hemos informado a más de un gobierno que debería haber un cambio de regulación. Para comenzar, el peso de la defensa frente a los contenidos no lo puede tener el consumidor. En el mundo no sucede eso. El nuestro es un Estado observador, que no quiere meterse en el contenido, por la historia [de uso político de los medios] que hemos vivido. Pero bajo el cuento de la autorregulación es la gente la responsable de denunciar al medio ante sí mismo…

¿Y qué pasa si el medio no responde?
Si el medio no responde o lo que responde no es correcto, recién ahí el consumidor puede interponer otra denuncia ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En estos 10 años, ¿cuántas denuncias han llegado? Solo siete, de las cuales cuatro se resolvieron. Tampoco tenemos registro de quién denuncia, porque toda esa información se queda en el primer paso y la controlan los propios medios. He conversado con los medios. Algunos me cuentan que les llegan 200 llamadas al día, pero no hay registro. La ley no obliga. Es un sistema perverso de autorregulación que funciona mínimamente. Tenemos miles de medios a nivel nacional que no están cumpliendo con la autorregulación y el Estado no se quiere meterse en problemas.

¿Qué buenas prácticas conocemos en la región?
Argentina y Colombia son ejemplos interesantes. Ellos tienen un defensor del usuario: una institución independiente intermediaria entre el usuario y el estado. Chile tiene un Consejo Nacional de Televisión de Chile, una entidad estatal. En Perú, el defensor del pueblo podría asumir la defensa del usuario frente a determinados contenidos. De modo que, si el medio no quiere resolver la denuncia, la puede pasar directamente al Estado y no es una carga para el consumidor.

¿Se ha avanzado en la producción de contenidos de calidad para niños y adolescentes? 

Producir es muy caro. En un tiempo se podía hacer más porque llegaba publicidad, ahora el rating ha condenado a que las agencias de medios seleccionen solo a algunos y el los demás no entran en el mercado. Esto ha provocado que se debiliten totalmente los radiodifusores locales y que exista una concentración fáctica en las grandes cadenas locales. Ese debilitamiento no permite nuevas producciones y promueve la piratería. Además, desde el Estado hay una falta de conexión entre las acciones que se hacen. Por ejemplo: TV Perú ha sacado un nuevo canal para niños y adolescentes, IPE, cuyo contenido es súper interesante y podría ser digitalizado y distribuido entre los canales que quieran retransmitirlos, en lugar de piratear. Otro ejemplo: el Ministerio de Cultura tiene un maletín de cultura con programación del primer nivel y guías dirigidas a profesores, que se han repartido en 300 colegios. Estas iniciativas podrían ser coordinadas por distintos sectores estatales a favor de la educación pública. También se podría pensar en acuerdos con radiodifusores, pero cada ministerio se mira a sí mismo y no hay sostenibilidad en los proyectos, ni personal que se mantenga en el tiempo.

¿Despreciamos el poder educativo de los medios?
Reducimos la educación a un tema de colegios. Si abriéramos fondos —como el de cine, que promueve el Ministerio de Cultura— a favor del resto de la industria cultural peruana (como la radio o la TV) en alianza con universidades, podría sería espectacular, como pasa en otros países. Aquí las grandes cadenas nacionales tienen mucho dinero, pero no apuestan por lo educativo o cultural, por más que la ley les exige un porcentaje de programación. Hay una trampa desde la propia legislación de la definición de lo que es educativo en los medios, que solo se remite a la Ley General de Educación. Pero entonces, ¿qué es un programa educativo? Tenemos más de 10 años en esa discusión.

El problema conceptual podría radicar en limitar lo educativo a aquellos contenidos con objetivos explícitamente curriculares. No somos conscientes de que cualquier programa tiene una consecuencia educativa.
En el Estado hay indicadores de calidad o de éxito que son cuantificables y a corto plazo (usualmente sirven solo para un gobierno), pero las experiencias educativas implican mediciones que implican un seguimiento en el tiempo y eso las hace poco atractivas: Es más fácil medir cuántos puentes construyes a medir si la educación está sirviendo o no a cambiar prácticas discriminatorias, racistas o sexistas. Hay una falta de compromiso del Estado por estas cuestiones de derechos humanos que no son medibles y que no representan éxito.

Entrevista realizada por: Julio César Mateus (Foto: Andina)