No es la primera vez que se declara en emergencia la educación. La última vez que se hizo fue en el año 2004, durante la administración de Alejandro Toledo. Hay que reconocer, sin embargo, que este tipo de declaratorias no llegaron a impactar en la educación por diferentes razones; entre ellas, el querer incorporar en la emergencia todos los aspectos de la politica educativa, anunciarla y no asignar los recursos que implicaban sus costos, discontinuarla por cambio de gobierno o de ministro.
Se olvida que para efectos de lo que se vive emergencia significa llevar a cabo acciones que sirvan para salir de una situación de apuro o peligro; es decir, concreta, centrada en lo más urgente y crítico. En ese propósito, lo planteado en el reciente mensaje por el Presidente Pedro Castillo va en esa línea: la emergencia se declara para frenar los escasos resultados de aprendizaje que tienen los estudiantes en dos años de pandemia, sobre todo de aquellos que pertenecen a los hogares más pobres.
No lo mencionó, pero será importante definir si la emergencia se focalizará en la educación básica o también incluirá a la educación superior, que tambien ha visto retroceder en varios de sus indicadores de desarrollo.
Respecto de la duración del estado de emergencia se debe tener en cuenta los efectos que la pandemia ha tenido en el 2020 y los que tendrá el 2021. No se han aplicado pruebas diagnóstico en el país que midan el deterioro de los aprendizajes, pero sí en países como el nuestro, que en el 2020 tuvieron sus escuelas cerradas durante todo el año. Los datos indican que aprendieron entre un 20% y 30% de lo que debieron aprender. La pérdida de estas dimensiones durante dos años recomienda la necesidad que la emergencia tenga una vigencia mínima de cinco años; si es posible algo más de tiempo.
En la definición de las acciones que comprendería un programa de emergencia educativa será importante tomar como referencia lo que enseña la experiencia nacional y comparada: los aprendizajes perdidos difícilmente se recuperan; más bien por lo que hay que optar es por optimizar los tiempos y formas de adquisición de aprendizajes en el futuro.
Lo que implica la emergencia
Enfrentar el retorno a la educación presencial es un proceso complejo por todas las aristas que hay que atender. Entre las principales están las siguientes:
La realidad del pais impondrá la aplicación de diversas estrategias y modelos de retorno a la educacion presencial, adaptables según realidad de cada escuela. Habrán escuelas en donde se acuerde un pleno retorno a la educación presencial, otras en las que un grupo de estudiantes pueda alternar sus estudios en la escuela y en el hogar yendo la mayoría una o dos veces a la semana. Definir esas opciones depende en gran medida de las características de las escuelas: su población matriculada, el número de estudiantes por aula, las caracteristicas de las aulas, las condiciones de saludridad en las escuelas, etntre otras.
No es la primera vez que se declara en emergencia la educación. La última vez que se hizo fue en el año 2004, durante la administración de Alejandro Toledo. Hay que reconocer, sin embargo, que este tipo de declaratorias no llegaron a impactar en la educación por diferentes razones; entre ellas, el querer incorporar en la emergencia todos los aspectos de la politica educativa, anunciarla y no asignar los recursos que implicaban sus costos, discontinuarla por cambio de gobierno o de ministro.
Se olvida que para efectos de lo que se vive emergencia significa llevar a cabo acciones que sirvan para salir de una situación de apuro o peligro; es decir, concreta, centrada en lo más urgente y crítico. En ese propósito, lo planteado en el reciente mensaje por el Presidente Pedro Castillo va en esa línea: la emergencia se declara para frenar los escasos resultados de aprendizaje que tienen los estudiantes en dos años de pandemia, sobre todo de aquellos que pertenecen a los hogares más pobres.
No lo mencionó, pero será importante definir si la emergencia se focalizará en la educación básica o también incluirá a la educación superior, que tambien ha visto retroceder en varios de sus indicadores de desarrollo.
Respecto de la duración del estado de emergencia se debe tener en cuenta los efectos que la pandemia ha tenido en el 2020 y los que tendrá el 2021. No se han aplicado pruebas diagnóstico en el país que midan el deterioro de los aprendizajes, pero sí en países como el nuestro, que en el 2020 tuvieron sus escuelas cerradas durante todo el año. Los datos indican que aprendieron entre un 20% y 30% de lo que debieron aprender. La pérdida de estas dimensiones durante dos años recomienda la necesidad que la emergencia tenga una vigencia mínima de cinco años; si es posible algo más de tiempo.
En la definición de las acciones que comprendería un programa de emergencia educativa será importante tomar como referencia lo que enseña la experiencia nacional y comparada: los aprendizajes perdidos difícilmente se recuperan; más bien por lo que hay que optar es por optimizar los tiempos y formas de adquisición de aprendizajes en el futuro.
Lo que implica la emergencia
Enfrentar el retorno a la educación presencial es un proceso complejo por todas las aristas que hay que atender. Entre las principales están las siguientes:
La realidad del pais impondrá la aplicación de diversas estrategias y modelos de retorno a la educacion presencial, adaptables según realidad de cada escuela. Habrán escuelas en donde se acuerde un pleno retorno a la educación presencial, otras en las que un grupo de estudiantes pueda alternar sus estudios en la escuela y en el hogar yendo la mayoría una o dos veces a la semana. Definir esas opciones depende en gran medida de las características de las escuelas: su población matriculada, el número de estudiantes por aula, las caracteristicas de las aulas, las condiciones de saludridad en las escuelas, etntre otras.
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