Casi al terminar setiembre la sociedad peruana fue sorprendida con la creación de 20 universidades públicas que se añadirán a las 49 universidades públicas autorizadas. No cabe duda que en épocas pre-electorales el afán por crear nuevas universidades no ha parado y podría continuar pues hasta mediados del 2024 existían dos centenas de proyectos de creación de nuevas universidades o de conversión de actuales instituciones de educación superior en tales. Su dinámica creación desde inicios de este siglo no ha sido suficiente para aumentar la matrícula en el Pregrado público: creció 29% en tanto que la del privado se multiplicó por siete veces.

No solo las universidades públicas creadas desde el 2000 aportan poco a la ampliación de oportunidades sino que, como bien lo anota CAPPES, el gasto anual que el Estado ha debido realizar por estudiante en las universidades que fueron creadas entre el 2007 y 2011 es considerablemente mayor  que el de las universidades regionales tradicionales. Un ejemplo se da en Junín, donde el costo por estudiante en el año 2023 en las universidades creadas en el 2010 duplicaba o triplicaba el de la Universidad Nacional del Centro del Perú (https://drive.google.com/file/d/1NrrLePQO9kxisCAeIg4hNBNUkRyVOG2x/view).  

Adicionalmente, son conocidas las dificultades que han tenido las nuevas universidades para empezar a operar con un estándar mínimo de condiciones de infraestructura, equipamiento, materiales y docentes calificados. Muchos especialistas se preguntan si antes de decidir crear nuevas universidades no sería preferible consultar a las comunidades su preferencia en función del futuro profesional de sus hijos: ¿qué les convendría, un título de una de estas nuevas universidades o de una universidad licenciada, que opere con una filial y tenga prestigio en el mercado laboral?. No cabe duda que la segunda opción resultaría, a la luz de la experiencia reciente, lo aconsejable.

Mientras que las dificultades que enfrentaron las universidades creadas a lo largo de este siglo para iniciar sus actividades no se han superado y posiblemente muchas nunca lo harán, el déficit estimado de profesionales técnicos requeridos por las empresas es de 200 mil, superando ampliamente su demanda respecto de los profesionales universitarios. De la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) 2025 se desprende que el sector formal privado proyecta contratar 470 mil nuevos trabajadores, 48.1% más que en 2024, en especial de demandas provenientes de la minería, manufactura, metalmecánica, comercio y tecnologías digitales. Si la presión del mercado ocupacional es mayor por formación técnica y profesional que por formación universitaria, debemos interrogarnos si en lugar de crear nuevas universidades no sería mejor para los jóvenes potenciar institutos como SENATI y otros centros públicos y privados de formación técnico profesional de reconocida calidad,. No hacerlo pondrá siempre en situación de desventaja cognitiva, tecnológica y laboral a quienes egresen de universidades de precario funcionamiento.

Actual oferta de educación universitaria  

Según la información de la SUNEDU, en los centros de educación universitaria se están atendiendo 1 622 904 estudiantes lo que representa 2/3 de la matrícula total de educación superior. En el Pregrado asiste el 93,5% del alumnado. La universidad privada asume el 78% de la matrícula y el 75% del Posgrado. Comparadas estas cifras con el año 2021-II Semestre, se observa un progresivo descenso del Pregrado y Posgrado público, más acentuado en el Posgrado.

Los grupos de carreras con mayor matrícula son Ciencias Administrativas y Derecho y las de Ingeniería e Industrias de la Construcción, aunque comparadas con el 2021 experimentan una caída en su participación en el total de la matrícula. En el Pregrado se destaca el incremento que tienen las carreras de Salud y Bienestar y, en el posgrado las de Educación; en este caso, debido a que la Maestría un requisito para la promoción en las categorías superiores de la Carrera Pública Magisterial.

Oferta según modalidades de atención. Al 30/06/2023 las universidades ofrecían 8 100 programas, cifra que se ha incrementado 35,6% en el 2025. En su composición se aprecian lo siguiente:

• Los programas a cargo de las universidades privadas crecieron en 60%, lo que incrementa su participación en el total del 55% al 65%.
• Los programas presenciales descienden en 5%. En el Pregrado está el 50% y las Maestrías experimentan el crecimiento más acelerado desde el 2023: 73%.
• En las universidades públicas el 76% de la formación es presencial, el doble que en las privadas.
• Los 513 programas que el 2023 tenían algún componente de educación a distancia se han incrementado a 2 430 y los que tenían algún componente semipresencial se han duplicado, siendo actualmente 3 589.
• Aquellos exclusivamente a distancia se han multiplicado por 15,5 veces, ofreciéndose las dos terceras partes a través de Maestrías. Están impulsados casi exclusivamente por iniciativa privada pues solo una de las 23 universidades que los brindan es pública. La Universidad Continental y la Escuela de Posgrado Newman concentran el 43% de la oferta en esa modalidad.

Mirando al futuro

No cabe duda que después de la pandemia la Universidad mantiene un acelerado su crecimiento, aunque lo deseable habría sido que paralelo a su desarrollo se ejecute una política de expansión de la educación técnica y profesional, relegada en su expansión. Deberían recordarse sus ventajas que también se observan en otros países: las carreras técnicas son más predecibles, en su mayoría con mejores sueldos y con mayor demanda en el mercado laboral (https://educacionalfuturo.com/articulos/las-carreras-con-mayor-demanda-laboral/).

Las estadísticas analizadas a lo largo de este informe muestran cómo la educación presencial va cediendo creciente paso en la Universidad a otras modalidades de atención que introducen algún ingrediente semipresencial o a distancia, lo que denota el interés por aprovechar las tecnologías digitales. Sin embargo, habría que evaluar si las nuevas modalidades que se desarrollan responden a una cuidadosa implementación de infraestructura, equipamiento, materiales y capacitación de profesores. No se duda que haya instituciones preocupadas por estos factores, lo deseable será que exista una normativa sobre estándares para modalidades no presenciales.

Hay evaluaciones que señalan que se obtienen resultados académicos similares cuando la combinación de componentes presenciales y en línea o la educación solo en línea responden a una buena estructura de programación curricular, con objetivos precisos, actividades alineadas a los objetivos, rúbricas claras, evaluaciones formativas y sumativas bien definidas. Otra condición es que los docentes estén capacitados para trabajar con metodologías activas, organizar contenidos modulares de preferencia cortos, foros activos, trabajo colaborativo y retroalimentación frecuente que ayude a mejorar la atención y retención; optimizar y flexibilizar horarios y cargas de trabajo para evitar la sobrecarga y garantizar la adecuada distribución de tareas.

El aprovechamiento de la información que proporcionen las plataformas debe ayudar a personalizar itinerarios y detectar señales de deserción, frecuentemente alta en el primer año en los programas presenciales u otra modalidad no bien monitoreada. No se olvidan las capacidades que tanto docentes como estudiantes deben poseer en alfabetización digital y mediática, habilidades de aprendizaje autónomo, uso eficaz de plataformas, seguridad y ética en línea, así como al acceso sin dificultad a la conectividad, un ambiente de estudio adecuado y al apoyo emocional, social y académico suficiente. En el Perú habría que evaluar cuántos programas reúnen condiciones como las descritas.

Una interrogante que se deriva del análisis de la estadística es respecto de la autorización de programas exclusivamente a distancia en el Pregrado. Es verdad que entre los argumentos para implementarlos está el permitir el acceso a estudios universitarios de estudiantes que viven en zonas muy alejadas, que por sus condiciones económicas no podrían financiar una educación presencial o que teniendo cerca una universidad ella no ofrece la carrera que se desea estudiar. Son justificaciones razonables pero que deben implicar la obligación de la universidad de ofrecer un servicio altamente eficiente, con una interacción con el estudiante dentro de aceptables condiciones de conectividad y apoyo académico y tutorial socioemocional permanente. El Pregrado es, para un país como el Perú, que todavía tiene un déficit de calidad ostensible, una etapa que los jóvenes deberían realizarla preferentemente de forma presencial, lo que no excluye la posibilidad de que algunos cursos y actividades, cuyos contenidos lo permiten, se ofrezcan en forma semipresencial o a distancia.

Una tercera reflexión es sobre los pendientes que tiene el Estado para los años siguientes. Es urgente: (i) un marco regulatorio estable para las modalidades de formación semipresencial y a distancia que facilite la planificación de instituciones y de la matrícula; (ii) incentivar la acreditación realizada por instituciones con respaldo profesional e internacional suficiente, que utilizan criterios pertinentes de calidad específicos para la educación semipresencial y a distancia; (iii) invertir en infraestructura digital y servicios de apoyo como laboratorios, bibliotecas, tutorías, atención psicológica en la universidad pública, sino será difícil que las nuevas modalidades se ofrezcan con éxito; (iv) incentivar a los programas de alta calidad y fijar plazos para superar las prácticas deficientes; y (v) promover la transparencia con datos abiertos sobre desempeño, costos y resultados de egreso de profesionales.