Primero fue la Ley Nº 31745 que declaró de interés nacional la introducción, en el currículo de historia y educación cívica, de contenidos sobre la subversión y el terrorismo en el Perú. La Ley fue aprobada por insistencia en mayo del presente año por el Congreso de la República argumentando que existe una visión parcializada del período de violencia vivido entre los años 1980 y 2000. Hay que señalar que dichos contenidos ya estaban incluidos en los textos escolares de quinto de secundaria que circulan en el mercado.
Meses más tarde, el 28 de setiembre, el Congreso de la República aprobó la Ley Nº 31900 que declara de interés nacional la incorporación, en el Currículo Nacional de la Educación Básica, de contenidos curriculares sobre educación financiera y tributaria, contabilidad, economía y derechos del consumidor. El objetivo es fortalecer el desarrollo de capacidades y habilidades del estudiante para aprovecharlos en su futuro ámbito laboral.
No se discute la importancia de esos contenidos. Sin embargo, la aprobación de estas dos leyes merece cuatro comentarios.
Con buen criterio, la ministra de Educación Miriam Ponce ha expresado que ya no se puede hablar de cursos como antes cuando se hacía referencia a los cursos de economía, psicología, geografía... Ahora el currículo se estructura en áreas, por competencias; las áreas no son equivalentes al curso, pues lo que se busca es un desarrollo integral. Añade que ello implica que en las diferentes áreas se trabajen un conjunto de contenidos. Puso como ejemplo, que la educación financiera puede trabajarse en Personal Social, o el ahorro, las compras, las tasas de interés en otras áreas como Matemáticas o Comunicación. Por lo tanto, no se trata de crear nuevos cursos sino considerar los contenidos aprobados dentro de las áreas que ya existen.
En lo que se refiere a la enseñanza de la época vivida con el terrorismo expresó la necesidad de evitar "que se deforme el pensamiento de los niños y adolescentes contra los derechos humanos y los valores constitucionales de una sociedad democrática y abierta y el Estado Constitucional". Será importante que el Ministerio de Educación capacite a los docentes en el uso de metodologías que faciliten la integración de contenidos y ponga a disposición materiales que hagan posible la trasmisión de esos contenidos. Asimismo, deberìa evaluar su política de materiales educativos. Desde hace varios años se dejó de adquirir textos escolares priorizando la distribución de cuadernos de trabajo. Cabe preguntarse se un cuaderno de trabajo es más efectivo para enfrentar un desafío como el que plantean estos contenidos; inclusive si la política es no comprar textos escolares, debería demostrar que los cuadernos de trabajo tienen un mayor impacto en los aprendizajes.
Primero fue la Ley Nº 31745 que declaró de interés nacional la introducción, en el currículo de historia y educación cívica, de contenidos sobre la subversión y el terrorismo en el Perú. La Ley fue aprobada por insistencia en mayo del presente año por el Congreso de la República argumentando que existe una visión parcializada del período de violencia vivido entre los años 1980 y 2000. Hay que señalar que dichos contenidos ya estaban incluidos en los textos escolares de quinto de secundaria que circulan en el mercado.
Meses más tarde, el 28 de setiembre, el Congreso de la República aprobó la Ley Nº 31900 que declara de interés nacional la incorporación, en el Currículo Nacional de la Educación Básica, de contenidos curriculares sobre educación financiera y tributaria, contabilidad, economía y derechos del consumidor. El objetivo es fortalecer el desarrollo de capacidades y habilidades del estudiante para aprovecharlos en su futuro ámbito laboral.
No se discute la importancia de esos contenidos. Sin embargo, la aprobación de estas dos leyes merece cuatro comentarios.
Con buen criterio, la ministra de Educación Miriam Ponce ha expresado que ya no se puede hablar de cursos como antes cuando se hacía referencia a los cursos de economía, psicología, geografía… Ahora el currículo se estructura en áreas, por competencias; las áreas no son equivalentes al curso, pues lo que se busca es un desarrollo integral. Añade que ello implica que en las diferentes áreas se trabajen un conjunto de contenidos. Puso como ejemplo, que la educación financiera puede trabajarse en Personal Social, o el ahorro, las compras, las tasas de interés en otras áreas como Matemáticas o Comunicación. Por lo tanto, no se trata de crear nuevos cursos sino considerar los contenidos aprobados dentro de las áreas que ya existen.
En lo que se refiere a la enseñanza de la época vivida con el terrorismo expresó la necesidad de evitar “que se deforme el pensamiento de los niños y adolescentes contra los derechos humanos y los valores constitucionales de una sociedad democrática y abierta y el Estado Constitucional”. Será importante que el Ministerio de Educación capacite a los docentes en el uso de metodologías que faciliten la integración de contenidos y ponga a disposición materiales que hagan posible la trasmisión de esos contenidos. Asimismo, deberìa evaluar su política de materiales educativos. Desde hace varios años se dejó de adquirir textos escolares priorizando la distribución de cuadernos de trabajo. Cabe preguntarse se un cuaderno de trabajo es más efectivo para enfrentar un desafío como el que plantean estos contenidos; inclusive si la política es no comprar textos escolares, debería demostrar que los cuadernos de trabajo tienen un mayor impacto en los aprendizajes.
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