Se acerca el inicio del año escolar y los padres de familia empiezan a presupuestar los pagos de la pensión escolar, uniformes, transporte y materiales de aprendizaje para sus hijos. Para muchos no es un asunto sencillo pues depende del tamaño de la lista de requerimientos solicitados por la institución educativa y los precios en el mercado. Además, es una época que coincide con las obligaciones del impuesto a la renta y el impuesto predial.

Si bien los padres de los estratos socioeconómicos A y B tienen menos problemas para satisfacer las demandas de educación de sus hijos, las dificultades se agudizan entre los padres del resto de estratos socioeconómicos y que tienen a sus hijos en un colegio privado. Algunos, para cumplir con la lista de materiales solicitada, recurren a prácticas no ceñidas al respeto de los derechos de autor; es decir, compran copias del material original. Pero también se da el caso de algunos docentes que, bajo la excusa de ayudar a la economía de las familias, preparan y venden un material que es la copia de otros que circulan formalmente en el mercado sin tener en cuenta las implicaciones legales. Es así como se genera un fenómeno conocido como piratería. Lo que se analiza a continuación son las implicancias que tiene en la producción, comercialización y mejora del material impreso o digital en la economía, en el sistema educativo y en las empresas que los producen.

Piratería en el mercado de recursos didácticos impresos y digitales

La Real Academia de la Lengua Española define la piratería como plagio. Una práctica ilegal de copia, distribución o utilización de contenido protegido por derechos de autor sin la autorización del titular de los derechos. En el Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) define el plagio en la industria editorial como: “... aquel acto por el cual una persona se atribuye, falsamente, la autoría de una obra literaria ajena. Un editor podrá ser solidariamente responsable de esta infracción al derecho de paternidad si edita un libro sabiendo o teniendo motivos razonables para saber que la obra no es del autor que se señala como tal en la edición correspondiente” (Guía de Derechos de Autor para Editores de Libros.. USAID-INDECOPI. Lima, 2013).

Según el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLAC), la piratería se manifiesta bajo diversas formas: fonográfica, editorial, audiovisual, de software y de distribución ilegal de señales de televisión. Con el desarrollo de las tecnologías digitales, lo que más crece como modalidades de piratería, por resultar más fácil de piratear, son las que utilizan la internet; sin embargo, la lectura en papel sigue siendo aún la más pirateada. Al ser una actividad ilegal y que evita la declaración tributaria, es difícil medir con precisión la magnitud de sus impactos.

Factores de crecimiento. Veamos dos de los más importantes. El primero son los costos de producción, comercialización y las dificultades de acceso al material didáctico impreso legal, sea por la imposibilidad económica de las personas de poder adquirirlo, porque en localidades alejadas no hay librerías o el acceso a plataformas digitales que faciliten la compra de materiales de manera legal. En las escuelas estas limitaciones pueden impulsar a las familias y docentes a buscar alternativas accesibles y aparentemente convenientes, como recurrir a copias no autorizadas en mercados de venta informal de materiales educativos piratas a precios bajos. Se añade que en algunos contextos puede haber presión por parte de compañeros o de colegas para utilizar materiales no autorizados o que prime una cultura de la copia de materiales percibida como algo normal y práctica aceptable.

Otro factor es la falta de regulación, control y sanciones. Leyes contra la piratería no faltan en el Perú y en América Latina, pero la mayoría adolecen de difusión, claridad suficiente y su aplicación no se refleja en sanciones ni en una defensa eficaz de los derechos de autor. La falta de información y comprensión sobre estos derechos y las consecuencias legales de la piratería pueden llevar a los usuarios a no considerarla como un problema, más aún si para los que negocian con material ilegal hay una sensación de impunidad, de escasa aplicación de medidas como la incautación o de cierre de centros de venta de ese material. Son actividades que operan a la vista de cualquier autoridad y ciudadano. El escaso éxito de las medidas contribuye a que los promotores de la piratería se sientan más fuertes y se conviertan en grupos de poder dispuestos a no perder mercado, sino más bien irlo incrementando.

Impactos de la piratería

La piratería de material didáctico impreso y digital afecta negativamente al desarrollo del país y a la educación de varias maneras. Una primer impacto tiene que ver con la pérdida de ingresos, tanto para el Estado, las empresas y los autores. En el Summit de Propiedad Intelectual organizado en Argentina por la Internacional Latin America Anti Piracy and Intellectual Property se denunció que la piratería de material audiovisual impide a los gobiernos recaudar alrededor de $ 1,800 millones al año en tributos y que comercializar sin autorización materiales didácticos es causa del estancamiento o reducción del volumen de ventas formales, afectando la capacidad para invertir en nuevos proyectos y recursos (https://www.primicias.ec/noticias/economia/america-latina-pirateria-television-pagada-internet/). Según las encuestas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el 41% del consumo de libros impresos y el 48% de material digital era de edición pirata en el año 2021 (https://www.eluniversal.com.mx/cultura/en-mexico-4-de-cada-10-libros-que-se-consumen-son-piratas/#). La Cámara Colombiana del Libro estima que del total de libros pirateados, 50% corresponden a libros de formación universitaria, 30% a libros de interés general y 20% a textos escolares (CCL, Piratería, un flagelo que deja pérdidas anuales de $198,000 millones al sector editorial en Colombia. 25-07-2019). En Chile se hizo una comparación de los precios de venta al público de un libro pirateado y uno legal concluyendo que la diferencia es de uno a tres (Diario La Tercera. Negocio redondo: la piratería en Chile. 20-05-2019). En el Perú, se ha estimado que por cada veinte soles en la venta de libros de texto, cinco van para las editoriales y quince para la piratería (https://andina.pe/agencia/noticia-pirateria-libros-como-afecta-a-las-editoriales-peruanas-y-hacen-para-enfrentarla-929448.aspx). Las ediciones pirata se “ahorran” lo que son inversiones en la producción del material legal: derechos de autor, licencias de uso de las direcciones web y de diversos aplicativos, los gastos en corrección de estilo, diseño y presentación atractiva y útil para los aprendizajes, etc.

Un segundo impacto de las prácticas de la piratería está en el estancamiento o incluso retroceso de las tasas de crecimiento de las industrias editorial, de producción de materiales digitales y de autores de contenidos. Este problema se agudiza en países donde el combate a la piratería es ineficaz y se refleja no solo en menores ventas y utilidades sino también en la creación de empleos, el acceso a contenidos de calidad y la innovación. En este último caso, se enfrenta el riesgo de que la inversión y el resultado de la innovación termine siendo fácilmente copiada, inclusive que entre el material original y la copia se produzca una fuerte competencia desleal. Las industrias formales encuentran dificultades para colocar sus productos frente a copias ilegales, que al ser de baja calidad y precio pueden incidir en crear una idea negativa de los autores y de los materiales didácticos originales. La falta de una política abierta y efectiva de combate a la piratería pueden terminar también afectando la sostenibilidad de los negocios formales al observarse que algunas empresas y autores optan por retirarse del mercado.

Un ejemplo de la debilidad de estrategias se aprecia en México. Frente a la evidencia de que casi la mitad del trabajo de los editores, de los diseñadores, de los libreros y de los autores mexicanos, se lo roba la delincuencia organizada, en marzo del 2022 los editores firmaron convenio con la plataforma Mercado Libre México, que tiene como uno de sus campos de comercialización los libros (https://www.milenio.com/cultura/mercado-libre-caniem-cempro-unen-pirateria-libros). Los directivos de esa plataforma, han mencionado que harán esfuerzos “comercialmente razonables” para adoptar diferentes medidas de protección que intenten disminuir, de acuerdo con sus posibilidades técnicas, el número de productos ofrecidos a través de su sitio de Internet que pudieran estar en infracción con algún derecho de autor, específicamente de los titulares que se encuentren en el catálogo del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (CeMPro).

Otro ejemplo se da en Perú. INDECOPI ha lanzado para el inicio del año escolar 2025 un comunicado exhortando a los colegios, docentes y padres de familia para evitar recurrir a prácticas ilegales como el fotocopiado de textos escolares o la descarga digital no autorizada de libros del plan lector; asimismo, que los padres de familia adquieran los materiales educativos únicamente a través de distribuidores autorizados y plataformas legales, contribuyendo así al fortalecimiento de la educación y al respeto por los derechos de autor. Advierte que las sanciones pueden llegar hasta las 180 UIT, equivalentes a S/ 963,000, además de las consecuencias administrativas, civiles y penales según las normas vigentes. No cabe duda que la intención es buena, pero lo deseable sería implementar una estrategia integral y permanente, pues en años anteriores se hicieron llamados similares a los colegios y padres de familia y los problemas de piratería continúan. Son muy eventuales las ocasiones en que se conoce de una acción de incautación o decomiso de materiales.

El tercer impacto es pedagógico. La piratería es un desincentivo a la motivación para desarrollar nuevos materiales o mejorar los existentes que mejoren la calidad, variedad y disponibildad de los recursos y las posibildades de lograr significativas experiencias de aprendizaje. De otro lado, aunque no faltan quienes piensan equivocadamente que la piratería puede facilitar el acceso a los materiales educativos, en realidad lo que hace es perpetuar desigualdades, ya que los recursos de calidad generalmente están disponibles solo para aquellos que pueden pagarlos. Es allí donde el rol compensatorio del Estado es clave si sostiene una politica de acceso gratuito de esos materiales a la población de menores recursos. Lamentablemente en Perú y en varios países de América Latina ese rol ha ido debilitándose.

Estrategias que podrían implementarse

La percepción de las industrias que operan legalmente en la producción y comercialización de material educativo legal es que las estrategias de combate a la piratería tradicionalmente empleadas no han funcionado como se esperaba al constatarse que el problema se mantiene e inclusive tiende a crecer. Quizá una de las más relevantes se dio en Brasil, que desde el año 2004 considera como un crimen la comercialización, exposición para la venta y distribución de material ilegal. Ha organizado un Consejo Nacional de Lucha contra la Piratería y Delitos contra la Propiedad Intelectual. El 2020, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública logró el bloqueo de 65 aplicaciones ilegales de emisión de contenido en línea (streaming) y 252 sitios web brasileños, así como 27 sitios web británicos y 3 estadounidenses. La piratería digital se está convirtiendo en una prioridad para los organismos de seguridad brasileños. Sin embargo, la evidencia de vínculos con el crimen organizado sigue siendo mínima, en particular en el caso del streaming en medios digitales.

La experiencia de estas décadas muestra que la clave está en una sólida y permanente alianza del trinomio Estado-Empresa-Sociedad, y sobre todo, una gran dosis de creatividad, investigación e innovación constante de los productos que las empresas y autores circulan en el mercado, no solo para ofrecer servicios de alta calidad sino también para defenderse de la piratería. Es así como las industrias editoriales y de producción de material educativo digital también tienden a proteger sus productos. Para evitar el plagio y la competencia desleal utilizan sistemas de gestión de derechos digitales, lo que incluye la codificación de archivos y la creación de marcas de agua digitales que dificultan la copia y distribución no autorizada. Por otro lado, fomentan la colaboración con plataformas en línea para monitorear y eliminar contenido pirata. Crean alternativas atractivas y accesibles para suscribirse a bibliotecas digitales y de esa manera acceder a una amplia gama de materiales a un costo menor que la compra de libros individuales. A ello se suman las posibilidades de iniciar acciones legales, organizar programas de recompensa para quienes informan sobre contenido pirata y continuar con insistencia el desarrollo de acciones de educación y sensibilización de consumidores, fomento de la ética en el buen uso de materiales. Finalmente, no olvidar el papel del Estado, que debe facilitar el acceso de la población escolar con menores recursos a los materiales didácticos, incentivar la creatividad e innovación y compartir esfuerzos que promuevan una mejor aplicación de los alcances de las leyes y regulaciones.