Sin previo debate en la Comisión de Educación, hace pocas semanas en el Congreso de la República se aprobó el Proyecto de Ley Nº 1587/2023-CR presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre y que tuvo la opinión favorable de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Este Proyecto establece el nombramiento automático, por única vez, para los docentes de educación básica regular que estén en una plaza presupuestada y tengan tres o más años de contrato. El nombramiento en una plaza orgánica se producirá luego que el docente sea evaluado por una comisión del Ministerio de Educación.

Una vez más el Congreso de la República invade los ámbitos de función del Ministerio de Educación a quien se le da sesenta días de plazo para iniciar la implementación de la Ley. La reacción de amplios sectores de la comunidad ha sido de crítica y protesta ante tal medida, la que será observada, según lo expresado por representantes del Poder Ejecutivo. Aún así, nada garantiza que el Congreso de la República no la apruebe por insistencia a pesar de que algunos de sus representantes han dicho que es posible reconsiderar la decisión.

Al país le costó mucho lograr que los docentes acepten la evaluación como requisito para el ingreso, ascenso, promoción y permanencia en la carrera pública magisterial. De aprobarse el nombramiento automático, sería una lamentable evidencia de que la Ley de Reforma Magisterial empezó a desactivarse. Hay que mejorarla sí, pero no debilitar sus principios. Se le puede cuestionar su enfoque y forma de implementación, sin embargo, los beneficios que trajo implantarla han sido significativos, tanto para el sistema educativo como para los docentes. Uno de ellos ha sido que, si bien el Estado invierte en capacitación, los docentes empezaron a preocuparse más por su autoformación al ver que les daba más oportunidades de progreso en la carrera. Según la Encuesta Nacional de Docentes 2021, uno de cada cinco del elevado número de docentes que está endeudado (67,5%), solicita un préstamo para capacitarse. La mayoría busca complementar su formación inicial o la capacitación, muchas veces insuficientemente práctica o que no le permite estar actualizado con las nuevas tendencias, que ofrecen el Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales de Educación o las Unidades de Gestión Educativa Local.

De otro lado, la experiencia es ilustrativa. Las instituciones que desarrollan e implementan adecuadamente la cultura de evaluación aumentan considerablemente sus posibilidades de éxito en cuanto a imagen, productividad, competitividad y resultados; motivan a sus profesores a mayores desafíos, sobre todo en épocas como las que se viven. Concretamente, para el sistema educativo la evaluación no solo sirve para asegurar una mejor selección de postulantes, sino que la información que brinda resulta valiosa para perfeccionar los programas de formación que ofrecen las escuelas superiores y facultades de educación, y para identificar aspectos que deben ser enfatizados en la capacitación y acompañamiento de aquellos que van incorporándose a la docencia. Por ejemplo, ayudarles a superar las debilidades que muestran en el dominio del área de especialidad, de la pedagogía, el manejo de metodologías activas, la programación y evaluación de competencias, el enfrentamiento de problemas socioemocionales o las relaciones con los padres de familia.

Es verdad que las diversas modalidades de evaluación aplicadas a los docentes son susceptibles de mejora en su concepción e implementación y a ello debería tenderse. En ocasiones se peca de hacer procesos excesivamente complejos y con excesivo grado de subjetividad; concebir instrumentos que valoran más los conocimientos académicos que las prácticas pedagógicas en contextos diversos; decidir el otorgamiento de una plaza en base a la prueba y otros procesos que no necesariamente son confiables para medir el futuro desempeño real del profesor.

Nombramiento automático no, pero revisar el proceso de evaluación

Valdría preguntarse si, para la evaluación del docente la escuela pública no debería tener las mismas atribuciones que la privada; es decir, teniendo como referente los requisitos establecidos en la Ley de Reforma Magisterial para el ingreso a la docencia pública, que sean las responsables de seleccionar a los profesores con los que trabajarán. Hay que superar el centralismo y mas bien delegar y confiar en que las escuelas cumplirán esa función. Muchos cuestionan esa posibilidad expresando que las escuelas no están preparadas. Frente a ello, se puede empezar con aquellas que están en mejor capacidad de hacerlo y progresivamente incorporar al resto. Además, la experiencia lo muestra: en algunos países centroamericanos es el director de escuela con miembros de la comunidad los que se encargan de esa responsabilidad. Cuando se han dado casos de decidir equivocadamente, es la comunidad de padres la que reclama.

Otra interrogante que plantea el Proyecto de Ley es si criterio elegido para nombrar masivamente docentes contratados es el más conveniente o existe otra alternativa mejor. Nombrar indistintamente a los docentes que tengan tres años o más y estén en una plaza presupuestada podría permitir que los docentes que no cubran jornadas de treinta horas gocen de ese beneficio. En secundaria, por ejemplo, se necesitan contratar docentes contratados que tienen jornadas menores a las treinta horas. Es el caso de docentes con una carga horaria de doce, por lo general en localidades aisladas y que enseñan en áreas como educación física y educación por el arte, donde es difícil completar las treinta horas. Si se los nombra habría que completarles su jornada asignándoles otros cursos, pero siendo conscientes que asumirían el dictado de clases para las cuales no fueron formados.

La tercera interrogante se relaciona con la exclusión en la medida de nombramiento automático excepcional de los docentes de educación básica alternativa y básica especial. Tienen problemáticas similares a las de los docentes de la educación básica regular.

Un argumento que plantea el Proyecto de Ley es que el nombramiento dará más estabilidad al docente. La preocupación no debería centrarse en la estabilidad sino en los logros de aprendizaje que debe alcanzar y rendir cuentas. Como lo es en muchos países de mayor desarrollo educativo, es nuevamente el principio de la confianza en la profesionalidad del docente lo que debe primar dándole solo unos lineamientos generales de lo que debe lograr y que defina cómo hacerlo en función de las particularidades de sus estudiantes.

La amenaza de creación de nuevas universidades

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República ha aprobado por mayoría proponer al Pleno del Congreso de la República se exonere del dictamen y se agende la aprobación de veinte iniciativas de proyectos de ley que proponen la creación de universidades públicas en los siguientes departamentos: siete en Lima, tres en Junín y tres en Puno, dos en cada caso en Ucayali, Ancash y Piura, y una en Amazonas. Once de las iniciativas vienen de congresistas de Perú Libre, tres de Fuerza Popular, dos del Bloque Magisterial y uno, en cada caso, de los grupos parlamentarios: Perú Bicentenario, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Acción Popular y Somos Perú. El pedido de exoneración del debate se produce a pesar de que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas han opinado que constituyen iniciativas no viables y que rompen el equilibrio presupuestal.

Consultada la SUNEDU, ha expresado que no le corresponde opinar sobre la creación de universidades. También, en comunicado público, la Asociación de Universidades Nacionales del Perú ha expresado que la creación de la Universidad Nacional de Jauja despoja a la Universidad Nacional Agraria de una de sus filiales, lo que representa una violación constitucional de la autonomía universitaria. 

Es difícil comprender cómo la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República insista en un procedimiento que ni siquiera recogió la opinión de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte y que tampoco cuenta con opiniones favorables de las instituciones rectoras de la educación y del manejo presupuestal. Se trata, además, de iniciativas de creación de universidades que carecen de una estimación de lo que costaría poner en funcionamiento cada universidad. Varias plantean ofrecer entre 8 y 17 carreras profesionales, como es el caso de la Universidad Nacional Tecnológica de Utcubamba, en Amazonas. De aprobarse estas iniciativas, se encargaría al Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, hacer esas estimaciones de inversión correspondientes y presupuestarlas.   

Aprobar la creación de veinte universidades sería un grave retroceso. Actualmente la universidad pública es deficitaria en cuanto a financiamiento si se toma en cuenta lo que representa el gasto en educación superior respecto del PBI. Comparada esta relación en siete países de Iberoamérica, el Perú muestra la participación más baja: 0,6%, la mitad de lo que invierten Argentina y Brasil y 4,5 veces menos de lo que invierte Chile. No sorprende, entonces, la escasa presencia de las universidades públicas peruanas en los rankings latinoamericanos. En el último QS World University Ranking, entre las 50 universidades mejor ubicadas, las únicas que figuran son la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En el ranking de las 100 se suman la Universidad Mayor de San Marcos y la Universidad del Pacífico.

Hay que destacar igualmente que al ser el PBI per cápita de esos países mayor que el de Perú, la inversión por estudiante resulta también mayor. La estadística de la sección Escale del Ministerio de Educación señala que el 2021 el costo promedio por estudiante fue S/ 9,413, aproximadamente U$ 2,415. Moquegua supera los U$ 6 mil (S/ 24,340), en cambio Ayacucho apenas se acerca a los U$ 1,500 (S/ 5,685). La mayoría tiene costos por estudiante que están más cerca, inclusive menores a lo que se invierte en educación básica en otros países.   

Mientras no haya una mejora sustantiva de los ingresos en las arcas del Estado, las universidades seguirán teniendo presupuestos insuficientes. En vez de incrementar el número de universidades, lo más aconsejable es fortalecer el financiamiento público de las universidades que han pasado por el licenciamiento e incentivarlas a que aumenten sus capacidades de generación de recursos propios; por ejemplo, mediante consultorías, investigaciones, desarrollo de patentes, etc., que contribuyan a mejorar la competitividad y productividad empresarial, así como la mejora de los servicios públicos. Otra opción en incrementar las inversiones en formación técnico profesional tan deficitaria en cobertura y calidad en la mayor parte del país y abandonada en cuanto a prioridad en la asignación de recursos. En momentos en que las tecnologías que van emergiendo aceleran la transformación de los procesos productivos, calificar a los trabajadores resulta indispensable.  

Ojalá prime la cordura y el criterio realista de no aprobar estas iniciativas que muy posiblemente carecerán del financiamiento adecuado y de las mínimas condiciones básicas de calidad. Las consecuencias de crear universidades como las propuestas son de diversa índole y algunas se vienen evidenciando: nacen con un presupuesto muy precario, tienen dificultades para conseguir profesores calificados y para contar con locales mínimamente equipados, además que, como ha sucedido en anteriores oportunidades, terminan empobreciendo el presupuesto de otras universidades y la imagen del sistema universitario en general. En síntesis, el gran riesgo es perder la oportunidad de invertir los limitados recursos públicos en proyectos que podrían generar un costo beneficio considerablemente mayor y no en universidades que, por su baja calidad, harán un pobre favor a los estudiantes que allí estudien, pues poco les aportarán en sus aspiraciones de movilidad social y de mejores oportunidades de empleo y desarrollo profesional.