Fue sorpresivo el cambio de Flor Pablo que en opinión de un importante sector de la opinión pública desarrollaba una buena gestión como Ministra de Educación. Afortunadamente quien la reemplaza tiene méritos suficientes respaldados en su gestión como Superintendente de la SUNEDU para asumir el cargo. Durante el tiempo que ejerció como Superintendente demostró su capacidad de gestor, buscó soluciones creativas a los problemas que se arrastraban de la gestión previa y logró que el licenciamiento de universidades no solo avance considerablemente y sea prácticamente un proceso concluido, sino que también se hizo con mucha transparencia. No se conocen denuncias de favoritismos o de actos irregulares de corrupción. Otra de sus ventajas el conocer también el mundo de la educación básica, centro de su interés antes de formar parte de la SUNEDU.

Martín Benavides es el sexto ministro que ocupa el cargo de educación desde julio del 2016. No obstante que en términos generales las grandes líneas de política se trataron de mantener, no cabe duda que cambios constantes de ministros terminaron afectando principalmente el énfasis de continuidad de las políticas y la estabilidad de los cuadros de funcionarios responsables de las diferentes áreas de la gestión. Era esperable que cada ministro trate de dar a su gestión un estilo propio.

Desde de marzo del presente año hasta julio del 2021, al actual gobierno le quedan 16 meses de mandato. Una buena decisión del Presidente Vizcarra debería ser mantener al actual ministro hasta el 28 de julio del 2021. Si bien la continuidad de un ministro en el cargo no asegura que en un país se desarrollen las políticas que se necesiten y su calidad, sí está comprobado que demasiados cambios retrasan la identificación y el inicio de los verdaderos cambios que se requieren.

El nuevo ministro encuentra un sector cuyo presupuesto para el 2020 está definido. Podrá tener algún grado de flexibilidad para hacer algunos reajustes, pero con las limitaciones que significa cumplir con los procedimientos presupuestarios respectivos. Adicionalmente uno de sus desafíos es demostrar que el sector Educación puede mejorar su capacidad de gasto ya que el año 2019 tuvo una menor ejecución presupuestal de casi S/ 3 mil millones respecto de un presupuesto institucional modificado de S/ 31 8 millones. Las posibilidades de ejecutar reformas que no se hayan definido previamente, casi están excluidas, no tanto así lo que se puede hacer con los recursos existentes y que puedan influir en un cambio sustantivo.

Así, por ejemplo, existen campos en los que la gestión del ministro Benavides puede hacer la diferencia. En sus declaraciones iniciales ha dicho una gran verdad: la escuela y aprendizajes de calidad deberían ser una aspiración y preocupación permanentes. Varios de los ministros que asumieron el despacho de educación lo han mencionado en los últimos años. Dos de los principales problemas han sido el no haber identificado un abanico de acciones que permita acercarse a ese objetivo y en lograr que todos los componentes que influyen en la calidad se articulen en todas las instancias de gestión.

Las visitas que INIDEN realiza constantemente a escuelas en los años recientes muestran escasos avances en un nivel de autonomía razonable para que las instituciones educativas avancen en mejorar los logros de aprendizaje de sus estudiantes. Reclaman un mayor tiempo de la jornada de trabajo para reflexionar en conjunto sobre cómo enfrentar los desafíos de inclusión, la atención de la diversidad y la personalización de la enseñanza. Expresan que ello no es posible con la cantidad de normas que permanentemente se van emitiendo, en su mayoría concebidas para una realidad diferente a la de la mayoría de escuelas. Por ejemplo, se les pide conformar el consejo educativo institucional y once comisiones cuando el promedio de docentes por local escolar es de siete y si la comparación es con el número de instituciones educativas ese promedio se reduce a 4.4 docentes. Por otro lado, muchas de las nuevas normas que se van emitiendo implican cambiar definiciones, formas de trabajo y exigencia de una cantidad de requerimientos de información cuyo aprovechamiento se desconoce. Este informe lo ha señalado varias veces: es indispensable e impostergable contar con una estrategia de racionalización y de generación de nuevas normas.

Existe consenso en que las tecnologías son una herramienta que deben ser aprovechadas intensamente en la gestión y el Ministerio de Educación trata de hacerlo. Ha automatizado varios procesos pero hay sistemas de información que requieren ser evaluados y repotenciados. Uno de ellos es el SIAGIE. Desde que empezó a funcionar se observó que la capacidad de la plataforma para responder a las demandas de envío de información por parte de las instituciones educativas era insuficiente. El problema se ha venido agravando, a punto tal que prácticamente el sistema colapsó a fines del 2019 cuando se tenía que informar sobre la finalización del año escolar. Tampoco se tiene en cuenta que son generalmente solo ciudades más desarrolladas del país donde existe una adecuada calidad de banda ancha de navegación a través de Internet. En el resto, la comunicación es lenta y a veces inexistente. En tercer lugar, tal como está diseñado el SIAGIE es para las instituciones de educación básica regular, no tanto así para la educación básica especial y la educación básica alternativa que tienen algunas características propias. Ojalá que el ministro Benavides encuentre una alternativa de solución a estos problemas.

En cuanto a la articulación que debe darse al interior del sistema educativo para facilitar progresos en la mejora de la calidad de los aprendizajes, las normas educativas para el 2020 ponen énfasis en la articulación entre instancias de gestión, lo cual está bien pero no es suficiente. Tan importante como ello es asegurar que el ministro Benavides promueva la articulación de los factores de calidad al interior de todas las instancias. No sucede en las escuelas, en los órganos intermedios ni en el Ministerio de Educación. Se necesitan diálogos más estrechos entre los responsables del currículo, la capacitación, el acompañamiento, los que producen materiales, los que evalúan a profesores y estudiantes, los responsables de la gestión institucional. Si eso sucediera quizá quienes tienen que ver con el desarrollo institucional de las escuelas reclamarían sobre la carga pedagógica que demandan los procesos pedagógicos. Lo mismo sucede en las escuelas. Un ejemplo es que las donaciones de equipamiento que llegan de diversa fuente no se articulan unas y otras; los criterios que adoptan las instituciones que cooperan con la educación tampoco se coordinan, existiendo unas escuelas que reciben exceso de cooperación mientras otras no reciben nada. Tener más proyectos en una escuela n o significa necesariamente que logren mejores resultados académicos. Los docentes pueden sentir esos apoyos como una demanda adicional de trabajo a la ya recargada carga de trabajo que tienen.

Este informe no desea hacer una larga lista de prioridades que debe emprender el Ministerio de Educación en lo que resta del gobierno. Pero a las dos mencionadas si quisiera añadir una tercera. Los años siguientes serán de un desarrollo tecnológico imparable que terminará afectando el funcionamiento de las escuelas. El docente seguirá siendo el factor principal de logro de aprendizaje de los estudiantes y las tecnologías cumplirán un rol complementario a su función. Lo que no puede dejar de hacer es aprovecharlas y para ello es preciso definir su rol el desarrollo de contenidos y capacidades que requieren las personas para actuar en una sociedad en constante cambio.

Los proyectos que ha ejecutado el gobierno para favorecer la democratización y uso de las tecnologías en la escuela pública han respondido a esa necesidad, pero han carecido de integralidad. Los proyectos Huascarán y OLPC consistieron básicamente en la entrega de equipamiento descuidando la adecuación del currículo a su uso, la capacitación y acompañamiento docente, cuestiones tan básicas como el cuidado, conservación, mantenimiento y reposición de lo que se entregaba. Hay una comisión que trabaja una propuesta de desarrollo digital en las escuelas, pero aún no se traduce en un producto concreto. Es indispensable contar con un plan de desarrollo digital en educación y alentar el desarrollo de planes similares en las regiones. Sería una forma de movilizar a toda la población en una iniciativa como la descrita que no puede ser el esfuerzo único y exclusivo del Estado.

Ver link: Informe de educación Febrero 2020

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