A casi cinco meses de asumir la Presidencia de la República, Dina Boluarte recompuso su gabinete, esta vez efectuando cuatro cambios; uno de ellos en el sector Educación. La designada como nueva ministra, Magnet Márquez, no ha sido ajena a la gestión educativa. Es una profesional con experiencia y conocimiento de la administración sectorial pues durante el gobierno de Alan García fue Jefa de la Unidad de Personal y últimamente, con el ministro saliente Oscar Becerra, fue Viceministra de Gestión Institucional. Ocupó cargos en la Sunat y el Ministerio de Relaciones Exteriores; en el sector privado ejerció el cargo de Jefa de Planificación en la Universidad San Martín de Porres. Su primera y acertada medida ha sido derogar el Decreto Supremo que modificaba el Estatuto de la Derrama Magisterial restituyendo el contenido dispuesto en el Decreto Supremo 021-88-ED.

El cambio del ministro no obedecería al cuestionamiento de la política educativa que inició Oscar Becerra desde que fue nombrado, sino por sus polémicas declaraciones sobre algunos temas de especial relevancia social. Quizá lo más controvertido de su gestión fue desactivar el directorio de la SUNEDU, aceptar que solo cuatro y no los siete de sus miembros elijan al nuevo Superintendente que pocas semanas después era criticado por la forma cómo se eligió al rector de la Universidad Nacional de Piura. El tiempo irá mostrando los impactos de esa decisión para el futuro de las universidades, las cuales más que reorganizar la SUNEDU, requieren empezar la construcción de los futuros de la educación superior y los primeros pasos que habrá que dar. Es después de esa construcción que habrá que reflexionar sobre el rol y estructura que tendría el organismo que asegure la calidad de las universidades. Otra medida que emprendió fue reorganizar el Consejo Nacional de Educación al que definió como un órgano de Gobierno. Desde que empezó a funcionar a principios de siglo, fue concebido como órgano de Estado. Se espera que los nuevos consejeros aseguren el respeto de su autonomía y lideren, con sus propuestas, la orientación que tendrán las reformas estratégicas de la educación.

Primeros desafíos para la Ministra

a. Sacar el mejor partido al desarrollo del año académico en todos los niveles y modalidades de enseñanza. La educación no pasa por un buen momento y con el inicio del año académico 2023, se vio afectada por los cambios climáticos y paralizaciones en buena parte del país. Aún cuando los esfuerzos de muchos maestros fueron notables, cerrar dos años las instituciones educativas significó un retroceso en los rendimientos estudiantiles si se comparan las evaluaciones previas al inicio de la pandemia y la del 2022. Además, se pensaba que el retorno a las escuelas vendría acompañado de una mayor utilización de las tecnologías, pero estamos en el 2023 y, con pocas excepciones, se ha retornado a una presencialidad igual o muy parecida a la que había antes de la pandemia. En parte lo explica la decepción que fue creciendo respecto de la enseñanza en casa, que comenzó y continuó desarrollándose con improvisación, sin mayor preocupación por el desarrollo de modelos híbridos que combinen educación presencial y no presencial, la formal y no formal. La falta de esfuerzos relevantes para mejorar su funcionamiento se refleja en la evaluación de estudiantes del 2º grado de primaria 2022: en lectura, los que logran los aprendizajes evaluados son apenas 37.6%, comparable con lo sucedido el 2013; en matemáticas únicamente 11.8% de estudiantes logra los aprendizajes evaluados, lo que los sitúa en resultados obtenidos antes del 2009.

b. Asegurar por parte del Congreso de la República que se respete la función rectora del Ministerio de Educación. Es cierto que el Congreso tiene la función de dar leyes, pero hacerlo desde el interés puntual de un parlamentario o de un grupo de parlamentarios, y no desde la perspectiva de sistema, termina debilitando el papel que se le asigna al Ministerio de Educación. Según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los ministerios “diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas”. A título ilustrativo se  comentan dos iniciativas parlamentarias recientemente aprobadas. La primera elimina para las universidades públicas y privadas las exigencias del trabajo de investigación y dispone la gratuidad de las asesorías en la obtención del grado de bachiller y título profesional. Sin embargo, dice la norma, podrán existir universidades que, en ejercicio de su autonomía, pueden mantener la realización del trabajo de investigación para obtener el grado de bachiller. En tal caso, pueden incluirlo o no dentro de la malla curricular y adecuar el plan de estudios.

El segundo acuerdo del Congreso ha sido aprobar, por insistencia, la iniciativa de declarar de interés nacional la introducción de contenidos curriculares sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el Perú en las instituciones educativas. Se trata de una iniciativa que había sido objetada por el Poder Ejecutivo porque los contenidos planteados ya están incluidos en el Currículo Nacional. Si bien la presidenta de la Comisión de Educación de Congreso ha señalado que la norma tiene un carácter declaratorio y no normativo, el problema está en que abre la puerta para introducir en las instituciones que la adopten, un curso más, lo que redundaría atomizar más un currículo que ya es denso, tener más evaluaciones, más tareas para estudiantes y profesores, a la vez que existe el riesgo que en algunas aulas se distorsione la intención de la norma. Es sabido que el currículo nacional está sobrecargado de áreas y competencias; por lo que lo más aconsejable sería racionalizar su cantidad y fortalecer la integración de contenidos y áreas para lograr un aprendizaje más significativo y de mayor interés y utilidad para el estudiante.

Otro antecedente, durante la gestión del ex presidente Castillo fue la aprobación por el Congreso de la República, de una Ley que establece que los padres de familia participan en el proceso de elaboración de programas y el contenido de los materiales, textos y recursos educativos para la educación básica de manera institucional (mayo, 2022). Las consecuencias de tal ordenanza, que no fueron evaluadas previamente, y para la cual los padres de familia no están calificados, han sido los retrasos durante el inicio del año escolar de la entrega en muchas escuelas de los materiales didácticos que serán utilizados. Se ha observado que la demora de entrega de los materiales a los estudiantes, además de problemas climáticos y la interrupción de carreteras, ha sido por falta de aprobación oportuna de dichos materiales por parte de la Apafa, comisión o asociación civil, la que tenía que estar inscrita en los Registros Públicos antes de emitir su correspondiente opinión. Se debería suspender la aplicación de esta norma.

c. Acelerar los procesos de digitalización de las instituciones educativas. La tecnología digital se desarrolla a pasos más acelerados y, si bien no es posible seguir su velocidad de innovación, no puede ignorarse que su presencia en todo orden de nuestras vidas demanda que la educación forme en la adquisición de otras capacidades, complementarias a las fundamentales, socio-emocionales, técnicas y profesionales, indispensables para adaptarse a los cambios sociales y productivos. Adicionalmente hay que subrayar que posiblemente el reto más importante de la educación en los siguientes años será dotar a la población de las capacidades que eviten que las personas terminen gobernadas por herramientas como el ChatGPT, los robots y otras de inteligencia artificial. Las tecnologías son una pieza clave para el futuro del país y para la población en general, por el apoyo que brindarán como complemento a la educación presencial en la formación ciudadana, ética, los valores, la competitividad, la productividad laboral y muchos aspectos que tienen que ver con la vida y bienestar ciudadano; hay que aprovecharlos, pero también saber enfrentar sus riesgos y peligros.

Lo lamentable es el escaso éxito que tuvieron las iniciativas ejecutadas para expandir el acceso a estas herramientas; se olvidó que no se trata solo de conectividad, máquinas y software, sino de muchas otras reformas, que gradual, coordinada y simultáneamente debían ejecutarse en campos como el currículo, la alfabetización digital de la población en general, la formación inicial y en servicio del docente, la infraestructura, la gestión y el financiamiento. Todas esas reformas deben contribuir al uso responsable de la tecnología; a los valores; el fomento de la innovación y de las industrias tecnológicas que ayuden a contar con las plataformas, materiales, otros recursos que faciliten la combinación de modalidades presenciales y virtuales; el impulso de metodologías activas que faciliten el aprendizaje personalizado, colaborativo y el desarrollo del aprendizaje integrado y aplicado a situaciones de la vida cotidiana. Como ya sucede en otros países, uno de los aportes de la inteligencia artificial será contar con sistemas de información automática sobre el desempeño de los estudiantes, las prácticas docentes y la gestión de los centros de enseñanza que nunca antes estuvieron disponibles con tanto detalle y oportunidad. Esos sistemas harán posible el monitoreo cercano del proceso educativo, alertar sobre los riesgos de repetición y abandono estudiantil, poner en operación nuevas estrategias de evaluación, tutoría y acompañamiento, etc. No se trata de emprender reformas radicales ni dirigirse a una educación predominantemente tecnológica. El objetivo es, como se busca en países de mayor desarrollo, diseñar un servicio en el que convivan las tecnologías con las buenas prácticas y recursos -que como el texto escolar- ya se vienen utilizando y que la escuela y el docente sigan siendo fundamentales en el desarrollo de habilidades sociales y socio-emocionales. Es imprescindible organizar un mecanismo de apoyo a las comunidades educativas para que definan el modelo híbrido que más convenga a su contexto y características. Por ahora, dejar esa responsabilidad a la buena voluntad y capacidades de cada institución, impide avanzar en la definición de modelos de educación híbrida. Las escuelas siguen funcionando como si nada hubiese sucedido como resultado de la pandemia.

d. Alternativas a los déficit de infraestructura educativa. Es otro tema que no depende únicamente del sector Educación. Responsabilidades como la falta de servicios básicos, la conectividad y mal estado de las escuelas están diluídas en varias instituciones y mientras no haya coordinación poco se avanzará. Además, los avances tecnológicos, el contexto social y el nivel o modalidad de enseñanza impartido tendrán implicancias en los diseños constructivos y de equipamiento y en la definición de cuánto de educación presencial y educación virtual habrá en una institución de enseñanza. Un reciente estudio en Latinoamérica, que recogió la opinión de académicos, empresarios de la industria tecnológica y responsables del área de tecnología de los Ministerios de Educación señala que en el futuro la inteligencia artificial estará entre una presencia más relevante en la educación terciaria, principalmente los posgrados, y menos en la educación inicial (OEI-Profuturo, 2023). Lo recomendable es que estudios similares se desarrollen en el país para contar con elementos que ayuden a definir las estrategias de expansión de las modalidades presencial y en línea. Son definiciones que tendrán repercusión en la infraestructura y equipamiento en todos los niveles de enseñanza. Lo probable es que, en la alta secundaria y superior, no habrá necesidad de tantos espacios físicos como hoy en día y, por lo tanto, que las estimaciones de inversión sobre los déficit de infraestructura tengan que revisarse.

e. Modernizar y expandir oportunidades y calidad de la formación profesional y educación superior. Es un servicio que tampoco no depende exclusivamente del sector educación, pues participan otros ministerios, las empresas y otras organizaciones. La formación profesional está muy poco desarrollada en el país, no obstante que las actividades de la producción y servicios de todos los sectores han acelerado sus procesos de digitalización y que toda la población económicamente activa requiere entrar en un proceso de alfabetización digital y dominio de las habilidades necesarias para acceder o permanecer en el mercado ocupacional. Un estudio de Microsoft en el Perú “Impacto del COVID en las PYMES: aceleración digital y cambio de paradigmas” (2022), señala que el 95% de las PYMES aceleró su proceso de digitalización durante la pandemia, lo que sugiere que están demandando cambios en el perfil de sus trabajadores. INIDEN ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de fortalecer la formación profesional y la formación universitaria de pregrado y postgrado, así como organizar procesos de educación a lo largo de la vida. Si bien la matrícula universitaria aumentó, todavía no logra tener los niveles de escolarización de otros países de la región que compiten con nosotros. La meta debería ser que la toda población alcance la secundaria completa en el más breve plazo.

Entre otras políticas, no deberán faltar la internacionalización, movilidad internacional de estudiantes y profesores, actualizar el modelo de titulaciones con criterios de calidad y buenos niveles de empleabilidad, priorizar en los planes de formación las habilidades para ser buenos ciudadanos y menos los conocimientos, aumentar la calificación de excelencia de cuadros docentes en las universidades, desarrollar modelos de oferta para certificar y re-certificar a la población laboral y desempleados, definir sistemas de gobernanza y acreditación adecuados a estos retos.   

Reflexiones finales

Es difícil priorizar en un escenario de múltiples problemas arrastrados del pasado y de nuevas demandas. El informe no ha descrito todos; hay otros en marcha o en proceso de iniciarse. Uno de ellos es la posible transferencia de un tercio del alumnado peruano a la Municipalidad Metropolitana de Lima. A diferencia de otras regiones, la Municipalidad Metropolitana hace también las funciones de gobierno regional. Las dudas siempre quedarán respecto de si contará las capacidades de manejo de esta importante responsabilidad. Rogémos porque así sea. El segundo es que se tiene ad portas la formulación del presupuesto de educación 2024, el primero que estructure este gobierno. Habrá evaluar por qué reformas se apuesta, siendo ideal que los recursos asignados respondan a metas prioritarias, viables, explícitas, evaluables y no a buenas intenciones.