Como todos los años, por estos meses aumentan las expectativas de los padres de familia y la sociedad en general por las condiciones en que se dará inicio al año escolar 2023. Por un lado, hay las preocupaciones de siempre, como las referidas a las condiciones de la infraestructura, los precios de los materiales, uniformes y pensiones de enseñanza. Por otro lado, el momento político que se ha estado viviendo, quizá uno de los más difíciles que se recuerde en las últimas décadas, es una razón poderosa por la que existe una sensación de incertidumbre e inestabilidad. Las manifestaciones populares en parte del territorio han disminuído, pero a un alto costo social y económico, afectan los ingresos de miles de peruanos, el nivel de confianza del inversionista, las expectativas de crecimiento del empleo formal, de la economía y la reducción de las desigualdades sociales.

Las actividades educativas comienzan sin que haya acuerdo en cuanto a la fecha en que se convocará a nuevas elecciones presidenciales. Esta indefinición dificulta definir el camino que el Sector debe seguir en el corto plazo y en períodos de mayor alcance. Dependiendo de cuando serían las elecciones, el gobierno deberá optar por si ejecuta un programa de transición de un año o menos o si diseña un programa que se proyecte hasta julio del 2026. En tanto se espera esa definición, otros países avanzan en la recuperación de aprendizajes y, sobre todo, en dar los pasos necesarios para que sus sistemas educativos acompañen los impresionantes progresos en neurociencia y desarrollo digital, Hasta fines de febrero, el referente oficial sobre la política educativa era lo expresado por el ministro Otárola ante el Congreso de la República. Con el ministro de Educación, han coincidido en que la prioridad inmediata es el buen año escolar procurando asegurar servicios educativos en las mejores condiciones. El ministro Otárola planteó cinco medidas: (i) ejecutar un plan nacional de reposición de la infraestructura educativa; (ii) revisar el Currículo Nacional de la Educación Básica para el desarrollo de competencias y hacer explícitos los contenidos de valores y actitudes, fortalecer la comprensión lectora, matemática y temas de economía y filosofía en secundaria; (iii) ampliar el acceso a materiales educativos para la población con menos recursos; (iv) continuar con la mejora salarial del magisterio estatal; y (v) generar un fondo especial de S/ 200 millones para apoyar a las universidades públicas y centralizar en la Presidencia del Consejo de Ministros el propósito del Ejecutivo de mantener y mejorar la calidad de las universidades. En febrero comenzó a definirse, aunque de manera incompleta, la nueva composición del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU- y el Consejo Nacional de Educación. En el primer caso, faltan designar de tres de sus miembros y en el segundo cinco.

Infraestructura escolar: ¿solución con las actuales políticas? Como en años anteriores, en días previos al inicio del año escolar, varios medios de comunicación hacen referencia a los problemas de infraestructura. Según el ministro Oscar Becerra, solucionarlos demanda alrededor de S/ 150 mil millones. El Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (febrero, 2017) calculó que el costo de atender esta brecha de infraestructura pública en la educación básica, técnico productiva y superior no universitaria ascendía a S/ 100 499 millones, en valores reales del 2015. Cabe subrayar que la estimación excluye a las universidades. Para tener una mejor idea del costo actual del déficit y facilitar la priorización de necesidades de financiamiento, sería conveniente incluirlas y aclarar si los S/ 150 mil millones a los que se refiere el ministro son en valores constantes -comparables al cálculo del 2015- o en valores corrientes. Si la estimación es a valores corrientes equivaldría al presupuesto público inicial de apertura de las seis funciones con mayor asignación en el año 2023. Esta descomunal cifra estaría reflejando el descuido acumulado y la inviabilidad de continuar con la política de infraestructura educativa adoptada desde hace más de medio siglo. Sin embargo, se trata de un problema que va más allá de lo presupuestal y la gestión, ya que aún si se ejecutara con eficiencia el cien por ciento de lo asignado el 2023 para activos no financieros en la educación administrada por el Ministerio de Educación se tardaría 18 años en cubrir el déficit, sin contar el nuevo déficit que surgiría.

Medidas de enfrentamiento

Replantear la dimensión y organización de la red escolar. Las escuelas primarias se suelen clasificar en polidocentes completas, polidocentes multigrado y unidocentes. Estas dos últimas funcionan  generalmente en zonas rurales de baja densidad poblacional y constituyen el 40 por ciento y 33 por ciento del total de escuelas públicas. Su creación responde a la fuerte dispersión poblacional y el deseo de las comunidades de zonas rurales muy alejadas de contar con una escuela que brinde el acceso a la educación para sus hijos. No obstante, mal implementadas y con docentes sin preparación adecuada y suficiente son a su vez un factor de desigualdad. En algunos países esto se ha enfrentado iniciando la reconceptualización de los modelos de escuela y el progresivo reemplazo de un grupo de ellas con una escuela polidocente completa, con extensión de su oferta hasta la secundaria. En Ceará, Brasil, la fusión permitió que los estudiantes tengan un maestro por grado, mejor seleccionado y preparado; una escuela más autónoma; transporte escolar para que los niños lleguen al centro base y una propuesta curricular con metas temporales de logro. Por ejemplo, al concluir el 2º grado los estudiantes debían saber leer. El éxito del programa se reflejó pocos años después cuando las escuelas de ese programa lideraban los resultados de las pruebas de evaluación de los aprendizajes. Es verdad que se requiere tiempo, capacidad de diálogo y de convencimiento, pero muchas comunidades terminarán valorando las ventajas. De este modo Ceará enfrenta la dispersión en exceso de locales, reduce costos y aumenta la eficiencia de la inversión en mantenimiento de locales, equipamiento, capacitación, supervisión, acompañamiento, distribución de materiales, etc.

La educación evoluciona, la infraestructura educativa debe hacerlo. La concepción de las escuelas contemporáneas seguirá evolucionando intensamente en los siguientes años. El Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 tuvo en cuenta cuatro carcaterísticas indispensables en la creación y mantenimiento de los locales escolares: (i) seguridad al estar en una zona sísmica y funcionalidad para prestar facilidades a la población con alguna discapacidad: (ii) ampliar la capacidad de atención de las instituciones educativas; (iii) fortalecer la gestión y su marco normativo; y (iv) preservar la sostenibilidad mediante políticas de mantenimiento y actualización de necesidades.

A estas características habría que añadir otras y definir su prioridad de atención. La transformación que la educación experimenta en el mundo debe conducirnos a repensar sus diseños. Por ejemplo, habrá que preguntarse cómo influirán los modelos de educación híbrida en la capacidad de uso de las aulas; qué implica en infraestructura un currículo más inclusivo, diversificado y competencial; metodologías que favorezcan la personalización y el trabajo colaborativo; aulas y espacios comunes que incorporen herramientas tecnológicas digitales sin descuidar su carácter humano; escuelas más integradas y aprovechadoras de su entorno, con roles que van más allá de ser un lugar de aprendizaje para ser también espacios de vida, apoyo y educación social. Como lo hacen algunos países, las instituciones educativas se están convirtiendo en centros con horarios más extendidos de atención, más abiertos al trabajo comunitario y el desarrollo de actividades extracurriculares. En nuestro país es aún muy escaso, pero indispensable la reflexión que se produce sobre lo que serán las escuelas del futuro. De no hacerlo, seguiremos creando infraestructura desadaptada a las exigencias de las épocas y aumentando el déficit, convirtiéndolo en irresoluble.

Plantearse un plan realista de atención de necesidades. El Plan Nacional de Infraestructura Educativa propuso resolver los problemas de inversión el 2030, con un avance del 80 por ciento el 2025. Como se constata, fue una meta que quedó lejos de la realidad ya que el déficit de inversión lejos de reducirse aumentó.

Lo recomendable sería plantearse algunas interrogantes y adoptar políticas con realismo. ¿Será posible que solo el Estado asuma el costo del déficit acumulado y en cuánto tiempo? ¿Qué consecuencias para el futuro de la población que será afectada traería postergar largo tiempo la solución del problema? La evidencia señala que en las condiciones actuales el Estado no podrá hacerlo. Tendría que aumentarse la presión tributaria, pero sobre todo la cantidad y calidad de ejecución del gasto. En segundo lugar, ¿no sería más realista retomar experiencias como las que hubo hasta los años sesenta del siglo pasado de participación de las comunidades en la creación, mantenimiento y gestión de la infraestructura, así como simplificar los procedimientos de uso de modalidades como obras por impuesto y asociaciones publico-privadas propuestas en la gestión de Jaime Saavedra? En muchos casos, las comunidades han demostrado ser capaces de enfrentar las demandas de ampliación de la oferta educativa. En el país lo hicieron luego que se aprobara la Ley de Gratuidad de la Enseñanza en 1964. En zonas donde la empresa constructora no llega sería mejor descentralizar el gasto transfiriéndolo a las comunidades.

En tercer lugar, ¿por qué no aprovechar los sistemas de construcción y adaptarlos a las realidades de zonas muy frías o muy calurosas? Ya hay propuestas que por lo general son alternativas más económicas y con mejores condiciones para el aprendizaje. Asimismo, adoptar diseños que hagan de las aulas ambientes más amplios, agradables en color, ventilación y luminosidad, con mobiliario que permita interactuar, moverse y expresarse; trabajar colaborativamente y que pequeños grupos realicen tareas diferentes dentro del aula. Los objetivos de formación en competencias están muy asociados a esas condiciones. Se ganaría en comodidad para el trabajo docente y del estudiante; se incentivaría la motivación y gusto por aprender lo que repercutirá en los niveles de asistencia. En general, buenas instalaciones ayudarían a mejorar los hábitos de higiene y salud e incrementarían la sensación de seguridad. En suma, aportarían a reducir las tasas de deserción y repetición, a mejorar los rendimientos en las evaluaciones y optimizar las inversiones por estudiante. Convendría realizar estudios costo-beneficio que midan el impacto que tiene la buena y equilibrada inversión en factores de aprendizaje y la dotación de servicios básicos de agua, desagüe y electricidad en la optimización del gasto y la reducción del déficit de infraestructura.

Aprovechar las tecnologías que revolucionan las formas de enseñar y aprender. La influencia que van teniendo las tecnologías digitales en la nueva concepción de la escuela y los procesos de enseñanza obliga a revisar los criterios de estimación de inversiones en infraestructura y asegurar para todo el sistema educativo el acceso a la conectividad,  equipamiento y recursos tecnológicos. La educacion híbrida y on line, en especial, en formación profesional y superior universitaria ya no requiere de grandes campus como en el pasado, inclusive hay centros cien por ciento virtuales que no los poseen; más bien invierten en tecnología y otros recursos que les aumentan la calidad y los resultados. En la alta secundaria, a medida que se implementen modelos de educación híbrida también disminuirá la necesidad de horas presenciales y uso de las aulas.

La conclusión es que al invertir ahora debemos de tener en cuenta que la infraestructura tiene un impacto de largo plazo; por lo tanto, hay que asegurar que las inversiones tengan ese horizonte y consideren los cambios que la educación y los diseños de instituciones van teniendo.