No cabe duda que con la pandemia los progresos que el sistema educativo venía logrando en materia de escolarización y aprendizajes se estancaron o retrocedieron. Aunque no son estrictamente comparables, lo que muestran los informes de la evaluación censal de estudiantes aplicada en los años 2019 y 2022 es que la mayoría de los niños empiezan su proceso de aprendizaje en condiciones poco favorables. Ello explica por qué solo un tercio logra responder satisfactoriamente las preguntas de la prueba de lectura, mientras que en matemáticas apenas lo hace uno de cada diez. Recuperar los niveles de logro en etapas posteriores de la escolaridad es posible, siempre y cuando se den unas condiciones mínimas para el trabajo en las aulas y en los hogares. Ellas no solo tienen que ver con aspectos cognitivos, sino además con aspectos sociales y socioemocionales, con contenidos y metodologías atractivas al estudiante, con variados recursos que faciliten el aprender, con familias que apoyen firmemente la educación de sus hijos y con tener presente que mientras no se democraticen unas condiciones mínimas de funcionamiento en todas las instituciones educativas del país de acuerdo con el tipo de oferta, en el sistema convivirán modelos de gestión y pedagógicos distintos de prestación del servicio educativo, unos más tradicionales y otros con diferente nivel de modernización.

La sociedad en general, y especialmente las instituciones del Estado, tienen la responsabilidad de asegurar una educación pertinente y de mayor calidad para todos. Está claro que el país no puede perder el tren de una modernidad desconcertante por la rapidez con que evolucionan las tecnologías. Sería contraproducente condenar a gran parte de las nuevas generaciones a ser educadas con enfoques y metodologías divorciadas de los que viven fuera del entorno escolar caracterizado por la invasión de tecnologías. No se trata de reemplazar lo bueno de la educación que ahora se oferta; tampoco pensar en cambios radicales que a veces llegan al extremo de suponer que no habrá escuela y que el maestro será sustituido por robots. Los cambios tienen que ser cuidadosa y periódicamente meditados. Habrá que recordar la experiencia con tecnologías de mucho impacto en el pasado: el notable valor y supervivencia de las instituciones educativas y de los profesores, fue demostrada ante cualquier tecnología, por más revolucionaria que haya sido. Más bien se trata de aprovechar lo que ellas y otras innovaciones, como las relativas al desarrollo neuronal, pueden aportar para complementar o enriquecer las formas de enseñar, aprender, evaluar y acompañar para alcanzar mejores resultados educativos.

Las habilidades que se requieren para actuar en la sociedad futura están ya incorporadas en los planes de formación. Habrá que revisar la cantidad de contenidos, los énfasis en el aprendizaje, las metodologías y, por supuesto, la formación del docente, tanto del que se forma como del que está en servicio. Por ejemplo, razonar, pensar críticamente, resolver problemas, ser creativo, entre otros, son fundamentales para lidiar con las tecnologías que van emergiendo. Hoy en las redes se puede encontrar una variedad de herramientas para mejorar las prácticas y resultados educativos, brindar información al docente y al estudiante sobre sus fortalezas y puntos débiles en el desarrollo de cada bloque de contenidos, personalizar la atención en función de los ritmos de aprendizaje, así como desarrollar las habilidades blandas, las que ayudan a tomar decisiones y al emprendimiento, todo en el marco de una ciudadanía y valores plenos. El problema está en que los docentes necesitan estar dotados de mayores capacidades para saber elegir las herramientas que más convengan en medio de las limitaciones que podría enfrentar. Otro problema es que las aplicaciones más completas generalmente tienen un costo no siempre al alcance de las escuelas y padres de familia.

Siendo indispensable aprovechar las tecnologías para mejorar y no solo por el afán de modernización, habrá que eliminar drásticamente algunos factores que no ayudan a que el país ejecute políticas sostenibles de desarrollo educativo. Uno de ellos, de carácter interno es la gestión, la cual debe revertir sus estados de frecuente inestabilidad y de rol en demasía controlista de lo que hacen las instituciones educativas. Es verdad que en el país existen veinticinco regiones de educación, pero el nivel de detalle de la normatividad pedagógica es tal que las convierte en meras fiscalizadoras del cumplimiento de lo dispuesto en la instancia central. Ese rol controlista haría inviable aprovechar las posibilidades que da la inteligencia artificial de personalizar la educación y de multiplicar la cantidad de docentes con capacidad de crear e innovar en función de sus realidades y necesidades de sus estudiantes.

Otro factor perturbador es de carácter externo. Se sabe que las tecnologías seguirán evolucionando y que con mayor intensidad presionan a la transformación de los sistemas educativos; lo que no se sabe es en qué dirección y cómo seguirán impactando. En otras palabras, en medio de gran dosis de incertidumbre, hay que atender la coyuntura, pero sin descuidar la prospectiva. Si bien existe un Proyecto Educativo Nacional que establece una visión, propósitos, orientaciones estratégicas e impulsadores del cambio que marcan el camino para la educación en los próximos quince años, lo que falta es difundirlo ampliamente y consolidar su aceptación plena. De lo contrario, la comunidad educativa continuará siendo un campo de batalla del juego político cortoplacista y de excesiva injerencia ideológica como ha venido sucediendo con la contrarreforma universitaria, la participación de los padres en las decisiones sobre los textos escolares o la inclusión obligatoria de contenidos sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en las instituciones educativas del Perú. Las batallas políticas en torno a la educación terminan en cambios normativos no siempre pertinentes que hacen ineficaz la planificación y gestión en sus diferentes horizontes de tiempo. En el caso de los tres ejemplos citados, no se tienen evidencias de que hayan sido objeto de estudios previos de sus pro y contra.

Propuestas de prioridades de la ministra Márquez

En mayo se inició la formulación del presupuesto para el sector público 2024. Como anticipo, y teniendo una perspectiva de estrategia al 2026, la ministra de Educación ha venido definiendo de manera general siete estrategias de acción; ellas se relacionan con los campos siguientes: materiales educativos, formación docente, continuidad del servicio educativo frente a desastres, priorización de los procesos de licenciamiento, mejora de los aprendizajes, educación secundaria técnica en zonas rurales y creación de la unidad de tutoría y orientación. Es indudable que la educación peruana enfrenta tantas urgencias arrastradas desde hace varias décadas que resulta imposible atenderlas todas. No obstante, siendo meritorio el esfuerzo de la ministra Márquez, habría que complementarlo con la búsqueda de un mínimo de respaldo político y social de dichas estrategias y a una movilización y esfuerzos mancomunados en favor de ellas; asimismo, traducirlas en metas programadas en el tiempo, con especificación de cómo se asignarán las responsabilidades de su cumplimiento.

Lo que hay que evitar es introducir ingredientes que a veces rozan con lo demagógico o con ofrecimientos que carecen de viabilidad y eficacia. Un ejemplo que se ha dado más de una vez es la focalización de inversiones en tecnología en escuelas que atienden a escolares de sectores pobres o vulnerables. Los discursos de anuncio de estas medidas son bien recibidos, no así los resultados al ejecutarse. Muchas de las escuelas donde se asignan esas inversiones no cuentan con las condiciones para que esas inversiones funcionen adecuadamente al carecer de lo básico que son electricidad, capacitación docente, materiales ad hoc. Algunas carencias se tratan de cubrir con inversiones en antenas parabólicas, baterías para suplir la carencia de energía eléctrica, paneles solares... De lo que no hay prueba es si ese esfuerzo de inversión se compensa con los resultados esperados o si no hubiese sido mejor optar por otra alternativa de apoyo a esas escuelas.

De otro lado, no se trata solamente de entregar tabletas y otros componentes digitales. Se necesitan profesores y estudiantes entrenados en conocer la potencialidad pedagógica de la tecnología que se les entrega y de cómo lograr su uso óptimo y responsable; en especial, cómo podrían identificar los recursos y metodologías de aprendizaje que más les convengan de acuerdo con su proyecto educativo y las metas de logro esperadas.

Textos escolares, bibliotecas y otros recursos de aprendizaje  

El desarrollo tecnológico vivido en las recientes décadas ha obligado a un cambio sustantivo de los recursos de aprendizaje utilizados en las instituciones educativas. Internacionalmente lo que era el texto escolar a principios de siglo es muy diferente a lo que es ahora en calidad, amplitud, diversidad y pluralidad con el objetivo de facilitar la adquisición de competencias clave en diversos entornos, incluidos los inclusivos. Los recursos más evolucionados se adaptan al entorno social, a los cambios pedagógicos y a un profesorado más exigente que no quiere solo un conjunto ordenado de contenidos curriculares similar para cualquier estudiante de grado y área formativa sino un conjunto de soluciones con materiales y recursos educativos, múltiples e integrados que incluyen lecturas, materiales manipulables, juegos y otros recursos impresos y en línea que hacen factible elegir los enfoques y programaciones de área y de aula, escoger estrategias metodológicas, de seguimiento, evaluación y apoyo, personalizar el aprendizaje, etc. Hoy, muchos de los libros del alumno son híbridos e incluyen una licencia digital que da acceso a recursos de consulta, de ampliación de conocimientos y de refuerzo.

Igual transformación se da con las bibliotecas. Aumentan los centros de enseñanza que disponen de material de consulta impreso y de repositorios de recursos en línea que pueden consultarse las 24 horas del día. Bien organizadas las bibliotecas aportan en la formación de capacidades de aprender a aprender; búsqueda, selección, análisis y procesamiento de información; imaginación y sentido de responsabilidad; fomento del hábito de la lectura sea en material impreso o digital, entre otros.

En el Perú la industria editorial ha realizado esfuerzos para acompañar la transformación de los recursos educativos existiendo iniciativas que van más allá de un libro de texto renovado. No obstante, este proceso de transformación podría tener mayor dinamismo si existiera una clara normatividad para el desarrollo, adquisición e incentivos a la innovación y creación de recursos de enseñanza.  Ahora no existe; por el contrario, las inversiones públicas en adquisición de material educativo se han retraído desde antes de la pandemia, trayendo como consecuencia un aumento de la tasa de antigüedad de los libros y otros recursos didácticos.

Lo deseable sería que el sector educativo público cuente con una política y normatividad sobre material educativo como existe en Brasil, Chile, Colombia, México, por citar solo unos casos. La mejora de la calidad tiene que ser la suma de un esfuerzo estatal y otros actores involucrados con la educación, incluida la industria editorial. De otro lado, mantiene plena vigencia la recomendación que Unesco formuló en su Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2016: “los docentes necesitan los libros de texto como ayuda para orientarse respecto de lo que tienen que hacer en el aula, del mismo modo que los alumnos los necesitan como apoyo de la experiencia de aprendizaje en su totalidad. Igualmente, las personas encargadas de la formulación de políticas necesitan los libros de texto para transformar los objetivos generales en actividades concretas en el aula”. Portugal, convirtió el libro de texto en uno de los pilares esenciales en los que apoya su reforma curricular, estableciendo una normativa que, entre otras novedades, incluye el requisito de una acreditación oficial de los autores como medio de incrementar la calidad de los textos que habrán de manejar luego profesores y alumnos. Otra fuente, Tim Oates, de la Universidad de Cambridge, encontró que, en países como Singapur o Finlandia, con altos rendimientos en educación, el 70% y el 95% respectivamente de los alumnos tienen el libro de texto como base de la educación. “Los libros de texto de buena calidad no son enemigos de una pedagogía de calidad, sino que, al contrario, significan un apoyo eficaz para mejorar el rendimiento, facilitan la equidad y ayudan al disfrute en el aprendizaje. (Why textbooks count, A Policy Paper, Cambrige Assessment, Cambrige University, November 2014).

Habría que evaluar la decisión que se mantuvo en estos años de limitar la adquisición de material educativo. No solo eran necesarios durante la pandemia cuando muchos niños tenían grandes dificultades para acceder a los programas de Aprendo en Casa o a la presencia regular de un profesor, sino que ahora son un factor indispensable en las estrategias de recuperación de aprendizajes, sobre todo para las poblaciones escolares más pobres y vulnerables del país.