A menos de un mes de que se inicie oficialmente el año escolar se aceleran las acciones para lograr que una mayor cantidad de instituciones educativas públicas y privadas estén preparadas para recibir a sus estudiantes luego de dos años de cierre de los locales escolares. En este propósito interesa contar con locales escolares que respondan a condiciones mínimas de oferta del servicio, sino sobre todo, que sus ambientes aporten al logro de mejores  aprendizajes. Hay evidencia que demuestra que mejores resultados  escolares se logran cuando el estudiante asiste a una escuela con suficientes y adecuados espacios físicos, que están dotados de agua potable, baños, electricidad, teléfono, biblioteca, algún espacio para el deporte o reuniones colectivas de los estudiantes y con aulas que cuentan con los materiales básicos. Son factores que estimulan la concentración y la motivación por aprender (BID. Suficiencia, equidad y efectividad de la infraestructura escolar en América Latina según el TERCE).

En el Perú las condiciones de los locales escolares son en su mayoría deficitarias. De la estadística oficial se desprende que mejorar la infraestructura escolar representa una tarea titánica y muy compleja, no solo porque de los 53 276 locales escolares públicos, 16% requieren reemplazo total, 10% necesitan reemplazo parcial, 21% carecen de acceso a una red de electricidad, 65% no tienen conexión a una red de agua potable y 36% tampoco están conectados a una red de desagüe. El 18% de los locales escolares carece de suficientes carpetas y 60% de las escuelas primarias no cuenta con conectividad a internet al igual que el 29% de los colegios secundarios (Ver Escale, Minedu). Por otro lado, la pandemia originada por la COVID-19 ha adicionado un factor que agrava la disponibilidad de infraestructura escolar: entre los años 2019 y 2021, la matrícula estatal de educación básica se incrementó en 469 mil estudiantes, siendo el 73% producto de la migración de niños y adolescentes de la educación privada a la pública.

En lo inmediato, la magnitud del déficit de infraestructura y equipamiento, así como la imposibilidad de reducirlo sustancialmente, inevitablemente conducirá a que muchos estudiantes reciban clases en locales sin las mínimas condiciones. Lamentable es decirlo, pero no es una situación nueva, pues es una historia que se repite todos los años y que encuentra explicaciones en razones como las siguientes: (i) el desinterés crónico de las autoridades para atender el déficit de infraestructura, que solo se recuerda en vísperas de iniciar un nuevo año escolar, (ii) la ineficiente ejecución del presupuesto de inversiones que en promedio devuelve alrededor de tres mil millones de soles cada año; (iii), la ausencia de una visión de largo plazo para  enfrentar el problema y no con medidas de corto plazo.

No se cuenta con alternativas que establezcan por dónde empezar la solución de este problema. Cómo priorizar la inversión de los casos más críticos e ir reformando el diseño de los locales escolares tomando en cuenta el imparable desarrollo tecnológico y metodológico que se acentuará en los siguientes años. Tampoco se estudian las posibles salidas financieras para el enfrentar el déficit en las décadas siguientes que, hay que reconocerlo, será imposible cubrirlo solo con recursos estatales. Poer ejemplo, sería importante conocer cómo influyó en la calidad del desarrollo y mantenimiento de los locales escolares el reemplazo del modelo de participación comunal -que había sido característico hasta la década de los sesenta del siglo pasado- por otro en donde el Estado empezó a proveerlo todo. Es cierto que se buscaba que el Estado cumpla con el principio de la gratuidad de la enseñanza, pero se hizo a costa de desalentar la contribución comunal, que era reconocida como una de las más importantes en América Latina. Se olvidó que somos un país de recursos limitados y que, para asegurar el derecho a una educación de calidad para todos, los recursos del presupuesto público no alcanzan.

La lista de razones por las que la infraestructura escolar debe ser una preocupación permanente es amplia y podría continuarse listándo. Sin embargo, hay una que no debe dejarse de mencionar: la gestión,  en especial, la naturaleza y estructura de organización que debería existir. En la creación y desarrollo de la infraestructura intervienen varias instituciones, cada una definiendo sus planes de acción de acuerdo a sus propios pareceres. Al no haber coordinación institucional se produce la duplicidad de esfuerzos y el ineficiente uso de los recursos. En ocasiones se ha evaluado la posibilidad de dar más autonomía y capacidad de gestión a un organismo cuyas atribuciones deberían ir mas allá del sector educación al estar comprometidos otros sectores, municipios y otras organizaciones públicas y privadas. También es una función que, al igual que otras, requiere de mayor continuidad de gestión     

Después de dos años, el regreso a la enseñanza presencial 

Luego de dos años las escuelas abrirán nuevamente sus puertas a los estudiantes. Como ha declarado el ex ministro de Educación, Jaime Saavedra, más que abrir las puertas, el desafío que tienen docentes y directores es lograr que el 100% de estudiantes retome sus aprendizajes y que, considerando una estrategia que puede demandar unos años, se inicie un proceso de recuperación de aprendizajes no adquiridos en tiempos de pandemia. No es un asunto sencillo ya que, sumado a las limitaciones en cuanto a infraestructura y el cumplimiento de los protocolos sanitarios, hay que enfrentar otras como las relacionadas con el proceso de vacunación de niños cuyo ritmo disminuyó en las últimas semanas; la resistencia de un sector del magisterio de regresar a las aulas sin todas las condiciones de salud aseguradas; su falta de preparación para el trabajo con modelos híbridos y la disponibilidad de plataformas y otros recursos de enseñanza para facilitar la implementación de las diversas opciones de educación presencial que podrían darse. Por otro lado, si bien se actúa en un contexto de incertidumbre y en donde las normas de retorno tienen que tener la flexibilidad suficiente, preocupa que para ciertas decisiones no exista una visión clara del camino a seguir. Hace pocos días el ministro de Educación comentaba que Colombia ha permitido el aforo del 100% en las escuelas y que, siguiendo ese ejemplo, se evalúa aplicarlo en el Perú. Sin embargo, las normas más recientes refieren que el distanciamento será de un metro y que para los refrigerios hay que aplicar dos metros. Siendo inminente el inicio del año escolar ese tipo de contradicciones acaban confundiendo a maestros y padres de familia. Hay que evitar desorientarlos; más bien facilitarles el cumplimiento de  las difíciles tareas que tienen entre manos.

El Congreso de la República tampoco quiso quedarse atrás, aunque por momentos sobrepasando los límites de sus atribuciones. Expidió una ley que declara de urgente interés a la educación. Es una norma que en otras ocasiones se presentó como una declaratoria de emergencia de la educación. La experiencia ha demostrado que este tipo de normas insuficientemente trabajadas no pasan de quedar en buenas intenciones. Un proyecto en debate es el que dispone que los padres de familia participen en la revisión de los contenidos de los materiales educativos que utilizarán los estudiantes en las escuelas. Se olvida que las decsiones sobre contenidos y producción de materiales es una tarea muy especializada para la cual los padres de familia no están preparados y que además conlleva el peligro de distorsionar las finalidades del currículo nacional. Se espera que esta iniciativa no siga adelante. El currículo y sus contenidos es por el momento un campo en donde no deberían producirse mayores cambios. Mas bien el esfuerzo habría que centrarlo en orientar al profesorado para que atienda tres tipos de urgencia: (i) un plan de acogida que incluya el diagnóstico de cómo llegan los estudiantes y medidas para enfrentar problemas socio-emocionales, (ii) orientaciones para que en las escuelas se aplique una estrategia de priorización y recuperación paulatina de aprendizajes, y (iii) orientaciones para sacar el máximo beneficio a las horas que durante el año se ofrezcan como clases presenciales.

En momentos tan difíciles como los que se atraviesan, una exigencia para el gobierno es que la gestión tenga suficiente estabilidad y que las áreas que tienen la responsabilidad de liderar y ofrecer el servicio educativo en todos los niveles administrativos estén a cargo de profesionales competentes. La aspiración es que tengamos una administración mas estable y calificada. Sin ello, difícilmente la educación mejorará. En ese propósito, preocupan las repercusiones que podrán tener cambios como los del ministro de Salud y la renuncia de los principales funcionarios que en ese sector dirigían la estrategia de lucha contra la pandemia, así como las designaciones de funcionarios en donde lo que prima es el criterio político y no la excelencia profesional.

Consultorías y contratos por servicios profesionales

Una de las medidas recientes anunciadas por el ministro Serna ha sido limitar el gasto en consultorías y hacer una evaluación de sus productos. Según declaraciones del ministro Serna, en los últimos diez años se gastaron más de 400 millones de soles en ese rubro sin que se tenga claro la validez y pertinencia de esta inversión.

La medida adoptada por el ministro Serna tiene una base justificada de fundamento. Si bien muchas de las consultorías han cumplido su finalidad de contribuir a mejores decisiones, no siempre pudo haber sucedido así. Lo mismo, las contrataciones temporales por servicios profesionales se convirtieron muchas veces en fuentes de trabajo permanente, distorsionando el concepto que les dio origen.  

Frente al aumento considerable de las consultorías, lo deseable hubiese sido que ello se produzca a costa de una reducción del personal permanente, especialmente de los interminables contratos por servicios profesionales, lo que no sucedió. Más bien se llegó, según datos del Ministerio de Educación, a que de la sede central dependan siete mil trabajadores.

En algunos momentos de la historia de las últimas décadas se hicieron esfuerzos importantes de reducción de la burocracia ministerial. Un ejemplo fue durante la gestión del ministro Dante Córdova que con la reorganización administrativa que emprendió redujo la burocracia ministerial en 50% (a 850 trabajadores). Con el tiempo y la llegada de otras autoridades el personal empezó nuevamente a crecer, no solo en la Sede Central sino también destacando personal en los Gobiernos Regionales. 

El crecimiento no planificado del gasto en consultorías y contratos de personal muestra lo equivocada que fue la política de desarrollo burocrático. Hay países como Colombia que en su momento reorganizaron su Ministerio de Educación bajo un modelo que implicaba la reducción drástica de su burocracia en la sede central y, a la vez, el fortalecimiento de la terciarización de servicios. En el Perú las reorganizaciones emprendidas no tomaron en cuenta ese criterio: se aumentó la burocracia y al igual que los gastos en consultorías. No debió suceder que ambas variables crezcan de manera sustantiva.

Sería importante que la medida impulsada por el ministro Serna genere los filtros suficientes que impidan su distorsión. Por ejemplo, el Memorandum refiere a que pueden darse casos excepcionales en los que se autoricen consultorías. Está bien, siempre y cuando existen claros y rigurosos criterios que sustenten dichos casos y que sean aplicados por quienes definan las situaciones de excepcionalidad. En ese sentido, no deberían encargarse consultorías para temas en los que el personal del Ministerio de Educación esté en capacidad de realizarla.

Los gastos en consultorías  contratación de servicios profesionales son uno de los varios ejemplos de posibles caminos de racionalización del gasto en educación. A no dudarlo otro en el que deberían revisarse los criterios de asignación son los de realización de seminarios, talleres y otras formas de capacitación. Se gasta mucho en esos rubros pero la forma como se miden sus impactos generalmente no utiliza indicadores que evidencien la medida en que los beneficiados aumentan sus destrezas en la mejora de sus prácticas de trabajo, tampoco si se trata de una inversión que aporta mejores resultados de aprendizaje o de la gestión.