El 28 de julio se cumplieron 200 años del Perú como República. Fecha muy significativa que nos hace reflexionar sobre los progresos económicos, conquistas sociales y dificultades de diversa naturaleza que ha tenido un desarrollo como el que ahora tiene. Se hubiese querido que la celebración haya sido como la de hace cien años, no obstante que se estaba saliendo de una pandemia tan atroz como la que ocasiona la COVID-19, pero lamentablemente encuentra a un país polarizado, con un sector de la población que espera se abra paso a un conjunto de cambios profundos que permitan mejorar su situación tradicionalmente postergada; mientras que a otro sector poblacional, tan grande como el primero, le preocupa que dichos cambios conduzcan a un futuro incierto, que ponga en riesgo a la democracia y los logros que principalmente a lo largo de este siglo se han venido alcanzando y que, a pesar de los enormes déficit que aún persisten, permitió la mejora de varios indicadores sociales, claro está, afectados por una situación excepcional como es el costo de enfrentar la pandemia. 

Pedro Castillo ha asumido el cargo de Presidente de la República hasta el 28 de julio de 2026. Su primer mensaje a la Nación trató, con algunos anuncios, de despejar ciertas dudas que principalmente desde los sectores de la economía se habían manifestado. Expresó que se respetarán la propiedad privada y los ahorros; que la salud física y mental, el retorno a la educación presencial y la aceleración de fuentes de empleo seguirán siendo una prioridad. Pero también mencionó medidas que han generado reacciones en cuanto a su pertinencia, como el insistir en la elaboración de una nueva Constitución. 

Lo que incrementó la alarma de muchos sectores de la población ha sido la conformación de su gabinete ministerial. Se cuestiona la designación del Presidente del Consejo de Ministros y de varios otros ministros cuyos antecedentes tendrían que haber sido mejor evaluados, además que en la composición del gabinete hay un desbalance de representatividad según género. Un segundo factor de alarma fue el retraso, durante 24 horas, de la designación de los ministros de Economía y Finanzas y Justicia, al parecer por cierto desacuedo con estas primeras decisiones. La consecuencia de todos estos acontecimientos fueron la subida inmediata del dólar, el desplome de la Bolsa de Valores de Lima y de los bonos peruanos, al igual que las advertencias de varios organismos internacionales como JP Morgan, Moody´s Investor Service y The Economist sobre las perspectivas económicas del país.

Juan Cadillo: ministro de Educación y sus primeros encargos

Se trata de un docente conocido por sus capacidades de innovación. A él le corresponderá explicar la política educativa que emprenderá el gobierno, las que inicialmente fueron descritas en el mensaje presidencial. Al respecto, el Presidente Castillo anunció medidas de política que podrían resumirse en cuatro grandes líneas de trabajo: (i) declarar en emergencia la educación pública; (ii) promover y valorar la función docente; (iii) incrementar las oportunidades de acceso a la educación universitaria y técnica; y (iv) dotar a la educación del presupuesto suficiente. Como parte de esas medidas hizo referencia a otras complementarias, como priorizar el retorno a la educación presencial, considerada una estrategia fundamental para mejorar la equidad y los niveles de aprendizaje, en especial de la población con mayor grado de vulnerabilidad. Para ello, garantiza que antes del inicio del año escolar 2022 estarán vacunados los maestros, promotores, auxiliares y personal de los servicios educativos, así como se habrán implementado las medidas de bioseguridad, alimentación escolar para todos los estudiantes de la educación básica regular estatal, el acceso a la conectividad como un derecho y el fomento de la innovación. Las medidas también incluyen priorizar la atención de la primera infancia.

Definir con precisión la emergencia educativa y lo que comprenderá es esencial para que tenga éxito. No es la primera vez que se declara en emergencia al sistema, pero tampoco es la primera vez que esa declaratoria quedó en buenas intenciones. La organización del retorno para el 2022 es un asunto que deberá atraer la atención del flamante ministro, pues hay que planificarla y crear las condiciones adecuadas desde hoy mismo. El anterior ministro Cuenca ha dejado un conjunto de normas para implementar ese retorno. Es razonable que las revise, evalúe y adopte lo que considera pertinente, sobre todo teniendo en cuenta que la pandemia será un problema que no solo nos acompañaría el 2022 sino posiblemente un tiempo más a tenor de los estudios que se hacen sobre su comportamiento. En anteriores informes Iniden ha identificado algunas medidas que convendría que la nueva administración vaya definiendo; entre ellas las siguientes: (i) el perfil de los modelos de escuela post COVID-19 que sería recomendable implementar con criterio territorial; (ii) los conocimientos y competencias que con prioritaridad deben impartirse para optimizar los aprendizajes, teniendo en cuenta que lo que se ha dejado de adquirir difícilmente se recuperará. Adicionalmente hay que aceptar que muchos estudiantes llegarán desentrenados, con déficit de aprendizajes, problemas socio-emocionales y baja autoestima, situaciones que los docentes y las escuelas deberán estar preparados para enfrentarlos; (iii) la reorientación de la capacitación y el acompañamiento docente dirigiéndolos hacia las necesidades que durante el retorno se tendrá para un trabajo más autónomo de las instituciones educativas, con uso más intensivo de las tecnologías digitales en las prácticas docentes; y (iv) el diseño de los módulos de equipamiento, materiales y servicios que deberían existir en las escuelas y en los hogares para el funcionamiento de modelos de educación híbrida.   

En cuanto a la política magisterial ha dicho que promoverá y revalorizará la carrera docente; que hasta fines de este año se destinarán mil millones de soles para el pago de la deuda social al magisterio, que la formación docente será pertinente a los entornos socio culturales y que en las zonas rurales se construirán viviendas y centros de recursos pedagógicos para docentes.

El énfasis que el Presidente dio durante la campaña de derogar la Ley de Reforma Magisterial fue reemplazado en el mensaje por la propuesta de promocionar y revalorar la carrera docente. Mejorar y no derogar la Ley de Reforma Magisterial sería una buena medida si se tiene en cuenta que aprobar una nueva ley de carrera puede demandar un proceso más largo y tan complejo como aprobar una ley general de educación. Requiere mucho diálogo y llegar a consensos en temas que pueden ser muy polémicos como el remunerativo y la estabilidad laboral vs la evaluación del desempeño docente. Lo recomendable sería hacer modificaciones en aspectos que no han funcionado; es el caso de los pagos por maestría, la implementación del área de investigación como línea de carrera, la designación de directores de Ugel teniendo como requisito ser parte de la carrera, la evaluación del desempeño considerando los resultados de la evaluación de los alumnos.

Sobre la educación superior y técnica, Pedro Castillo había anticipado durante la campaña presidencial que impulsaría gradualmente el ingreso libre a las universidades y a otras modalidades de educación superior; asimismo que habrá un mayor desarrollo de la educación técnica desde la educación básica. La propuesta de expandir la formación técnica es acertada si se tiene en cuenta su abandono en la educación básica y su escasa participación en la educación superior. Sin embargo, debería evaluarse si el ingreso libre a la educación superior; sobre todo a las universidades garantizaría por lo menos mantener o si es posible elevar la inversión anual por estudiante. En el 2019 esa inversión fue de S/ 10 761 y en la educación superior no universitaria de S/ 5 902. De otro lado, las estadìsticas de la OCDE-UIS (2015), son ilustrativas respecto a la inversión que realiza el Perú en ese nivel de enseñanza comparada con la de otros países: en US$ PPA se invertía 1 483 US$, frente a 2 943 US$ en Colombia, 4 913 US$ en Chile, 5 225 US$ en Brasil y 6 566 US$ en México. Debería evitarse la experiencia de la Seguridad Social en donde el acceso masivo, sin respaldo presupuestal, generó el deterioro de la calidad de los servicios. Donde se necesitan recursos es para transformar y modernizar sus estructuras; invertir en plataformas tecnológicas, capacitar docentes e invertir en materiales de enseñanza. Es urgente acelerar el uso de metodologías de formación que impliquen el aprovechamiento de tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, el 5G y la inteligencia artificial.

El Presidente Castillo se ha referido al aumento gradual del financiamiento. Es indispensable y clave que responda a criterios de eficiencia y de calidad de gasto, pues de lo contrario, será difícil cumplir con los ofrecimientos formulados en su mensaje. La perspectiva de crecimiento de los precios de los minerales abre la posibilidad de contar con más recursos, pero en contra está que educación debe competir con otras prioridades y, sobre todo, demostrar capacidad para gastar lo que se le asigna anualmente. Un primer reto que tiene Juan Cadillo es lograr el máximo nivel de ejecución del presupuesto 2021. Hasta fines de julio se había invertido un tercio del presupuesto institucional modificado (PIM) de las partidas de bienes y servicios y activos no financieros, lo que significa que para los cinco meses restantes queda por invertir S/ 8 140 millones; es decir, 62% más de lo que en promedio pudo gastarse en esos meses durante el período 2018-2020. Motivos para gastar existen; lo que generalmente falta son proyectos concretos y de impactos en qué invertir; en especial en la partida de activos no financieros, que es la mayor fuente de devolución de recursos al Tesoro Público. El 2020 se alcanzó el mayor porcentaje de gastos no ejecutados en esa partida: 44.7% respecto del PIM.

El retorno a la enseñanza presencial demandará importantes inversiones, no únicamente en seguridad sanitaria. Es necesario adecuar los locales, más tecnología, materiales de enseñanza, capacitación y recursos para enfrentar un problema agravado con la pandemia: atender la migración de estudiantes de la escuela privada a la pública. Según la estadística del Ministerio de Educación, el alumnado de la educación básica, técnico productiva y superior no universitaria estatal se incrementó en 336 mil estudiantes, mientras en la privada disminuía en 297 mil. No se tienen todavía los datos del 2021, pero es probable que la situación se haya mantenido o agravado. En términos presupuestarios, para el 2022 habrá que prever los recursos para atender esta demanda de matrícula.

Otras líneas de política que convendría impulsar

La pandemia ha desnudado muchos problemas de la educación peruana, pero al mismo tiempo abre la posibilidad de romper con estructuras y politicas que requieren cambios, sean graduales o acelerados. Dos desafíos inmediatos conciernen al presupuesto 2022 y comenzar a implementar la Ley de Organización y Funciones aprobada hace algunas semanas. Tan importante como reorganizar el Ministerio de Educación es diseñar una organización para las Ugel que permita que las instituciones educativas sean mejor supervisadas y acompañadas pedagógicamente. La actual organización de las Ugel no sirve para lo que necesitan directores y docentes.

El nuevo ministro debería impulsar amplios debates que conduzcan a abordar temas que permitan transformar la educación; entre ellos, el funcionamiento de una escuela más fuerte, autónoma y más libre e exceso de normas y papeleos; un cambio educativo que asuma al estudiante como el motor y al liderazgo del docente como sustento de dicho cambio; una implementación curricular que lleve a educación ciudadana eficaz, a competencias para actuar en la sociedad del futuro y no en una que está dejando de existir; extender la cobertura de oportunidades a toda la población y no solo a la población en edad escolar; asegurar la conectividad en todos los rincones del país y que el uso de la tecnología sea parte de la cultura de las prácticas de trabajo de los docentes y estudiantes. Difícil será esa transformación si el Ministerio de Educación pretende hacerlo solo como lo ha intentado varias veces. Se requiere mucha creatividad, innovación, trabajo en equipo y decisión para emprender y apoyar las iniciativas más prometedoras. Así como Colombia tiene una Escuela Nueva o Uruguay el Plan Ceibal, es deseable que Perú tenga qué mostrar y que deje de ser visto como un país de desarrollo educativo mediocre. Para ello es indispensable la participación de diversos actores públicos y privados, de todas las instancias de gestión, así como de las organizaciones del empresariado, la educación privada, el gremio magisterial, las universidades, los colegios profesionales, entre otros. 

Ver este informe en: https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/desafios/entre-la-celebracion-del-bicentenario-y-una-realidad-que-preocupa/