En su presentación ante el Congreso de la República la Presidenta Boluarte anunció el desarrollo del Concurso Nacional de Comprensión Lectora "El Perú Lee”. Contar con una población que desde temprana edad adquiere el hábito de la lectura trae para cualquier país enormes beneficios: (i) mejora las habilidades cognitivas, la cantidad de vocabulario, la capacidad de comunicación oral y escrita, la comprensión, tolerancia y pensamiento crítico; (ii) eleva el rendimiento académico y es una buena herramienta de inclusión; (iii) estimula la creatividad, imaginación, indagación e innovación; (iv) entretiene, fortalece la identidad y el conocimiento la historia y tradición cultural nacional y de otros contextos culturales; y (v) contribuye a una economía sostenible, a una sociedad más informada, enriquecida y capaz de expresarse de manera efectiva y a una industria editorial que difunde conocimientos y genera empleo.

Son razones por las que debe apoyarse la promoción de la lectura en toda población. Hacerlo con debilidad ha llevado a que el promedio anual de libros que lee la población alfabeta de 18 a 64 años sea de 1,9 libros. Este índice es bajo comparado con Argentina, Brasil, Chile y México, y con una estructura de fuentes de lectura no muy favorables: 82,7% lee contenidos digitales en redes sociales, correos electrónicos, páginas web, entre otros; 63,4% periódicos; 43,7% libros y 22,5% revistas, tanto en formato impreso como digital, según la Encuesta Nacional de Lectura 2022 del Ministerio de Cultura. De otro lado, la evaluación de estudiantes 2021 muestra que a medida que se avanza en escolaridad, cae la proporción de estudiantes con el nivel esperado de desarrollo de la competencia lectora: de 88,4% en segundo de primaria a 47,8% en segundo de secundaria.

Es verdad que la promoción de la lectura pasa por concursos como los promovidos por el Ministerio de Educación y por estrategias y metodologías más efectivas de enseñanza. Sin embargo, también pasa por facilitar el acceso del libro -impreso o digital- para toda la población sin exclusiones. En el Perú, contrariamente a lo que sucede en los países de mayor desarrollo en América Latina, las leyes de fomento del Libro cambian con mayor velocidad. En Chile la ley tiene más de 70 años de vigencia, en Colombia y Costa Rica casi 30 años, en México 25 años, en Uruguay 15 años y en Brasil 13 años. Nuestra Ley Nº 31053 está por cumplir tres años de vigencia y necesita ser actualizada o cambiada.

Los incentivos tributarios han sido la principal razón por la que esta ley se modifica periódicamente. A finales del siglo pasado se llegó al triste extremo de penalizar con el pago del Impuesto General a las Ventas a las donaciones de libros, situación que obligó en muchos casos a optar por donar libros pagando el impuesto o quemarlos. Además, el pago del IGV es un factor de encarecimiento del texto escolar, libros y revistas científicas, culturales y recreativas y un incentivo perverso al fomento de la lectura. Ahora, estando por concluir en octubre próximo el plazo de vigencia de los beneficios tributarios es urgente que el Poder Ejecutivo y el Congreso den solución a esta situación asumiendo la generación de una norma que evite estar cada cierto tiempo revisando la política de incentivos al libro.

La actual Ley N° 31053 representó un retroceso en materia de incentivos que habría que corregir si se quiere promover la lectura y el acceso al libro. Si se compara con la que reemplazó, la Ley Nº 28086 de octubre del 2003, se constata una disminución de los beneficios. Así por ejemplo, la exoneración del IGV y el crédito tributario por reinversión se recortaron de doce a tres años, se excluyeron consideraciones sobre el régimen de aranceles, exoneración del IGV, impuestos a las donaciones y concursos que promuevan las actividades culturales y de fomento de lectura, así como a las regalías por derechos de autor.  La tabla adjunta es ilustrativa con relación al recorte de esos incentivos.

Además, la Ley N° 31053 disponía que en un reglamento se establezcan normas complementarias para la mejor aplicación de los beneficios tributarios. La reglamentación se dio mediante el Decreto Supremo N° 018-2021-MC, pero su contenido sólo incluyó en su Primera Disposición Complementaria Transitoria que en tanto se aprueba la norma que reglamenta la exoneración del IGV y el reintegro tributario, la aplicación de los beneficios tributarios previstos en la Ley Nº 31053, seguirá rigiéndose por el Decreto Supremo Nº 008-2004-ED. La norma a que aludía esa Disposición Complementaria nunca se dio.

Mensaje presidencial a la Nación

Dina Boluarte dio su primer mensaje a la Nación como Presidenta de la República. Luego de un diagnóstico sobre el impacto que habían tenido acontecimientos como la COVID 19, el cambio climático, los conflictos sociales y la inestabilidad política, expuso las prioridades de su gobierno, siendo una de ellas el “Buen inicio del año escolar con recuperación de aprendizajes”. Para esta prioridad definió tres ejes de acción: la revaloración docente, la infraestructura educativa y la presencia del Ministerio de Educación en todo el país.

Un Mensaje a la Nación no puede entrar en alcances mayores de las medidas que se piensan emprender. Sin embargo, lo recomendable es que la Dra. Márquez, ministra de Educación, explique con suficiente detalle los alcances de cada política, lo que se espera de ellas, los plazos de ejecución y los costos que demandarían. A continuación, algunos alcances del Mensaje y interrogantes que se plantean.

Como lo destacan algunos especialistas, el Mensaje fue excesivamente extenso y carente de mejor ordenamiento. La previa revisión cuidadosa de su contenido habría permitido detectar párrafos repetidos y discrepancias de cifras entre lo que se señalaba en las secciones de compromisos asumidos y de propuestas. Las referencias sobre Educación se centraron en la educación básica, sin mención -o casi olvidando- la educación especial, de adultos, la formación técnico profesional, la reforma universitaria y la formación a lo largo de la vida.

La Presidenta señaló que se seguirá apostando por la meritocracia y la carrera magisterial. Destacó el aumento remunerativo a los docentes y auxiliares de educación básica, así como el financiamiento para pagar sentencias judiciales del sector Educación en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 2022 como parte de una antigua deuda social a miles de docentes. No quedó claro si la remuneración de los docentes de institutos y escuelas superiores se reajustan automáticamente de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 238-2022-EF. Tampoco, si el costo que representan estas acciones dentro de la asignación presupuestaria, que llevan varios años ejecutándose, limitan el desarrollo de otras reformas necesarias ya que pueden venirse tiempos de presupuestos más austeros. Por ejemplo, se refirió a la puesta en servicio o en construcción de 82 escuelas durante el presente año. Comparado con los 8,800 locales escolares que necesitan reparación total -de acuerdo con la estadística oficial-, ese ritmo de construcción resulta muy insuficiente. La actualización del Censo Nacional de Infraestructura es una medida adecuada siempre y cuando los resultados se obtengan con prontitud y se aprovechen en la priorización de obras.

Asimismo, hizo referencia a la adquisición de material bilingüe bicultural, pero queda la interrogante sobre la población que estudia en escuelas que no son de esa condición. Otro anuncio importante fue el inicio de un programa de inglés como lengua extranjera enfocada al desarrollo de la competencia de oralidad a partir de los tres años de edad. No cabe duda de su trascendencia, lo que se necesitaría conocer es cómo se pasará de un pequeño programa piloto a una cobertura mayor, los maestros que formarán parte de este programa en un país donde la enseñanza del inglés no ha sido su característica.

No habrá municipalización ni privatización de la educación dijo la Presidenta. Históricamente los intentos de municipalizar la educación fracasaron. Queda saber el futuro del proyecto de transferencia de la educación a la Región y a la vez Municipalidad de Lima Metropolitana. Por lo pronto, los plazos ofrecidos no se han cumplido. El alcalde López Aliaga y el entonces ministro de Educación Oscar Becerra, anunciaron que “el 28 de Julio la comuna limeña ya estaría a cargo de la DREL para promover acciones y mejorar las condiciones del servicio educativo, el deporte y recreación escolar”.

La gestión es un tema clave para los retos de la educación. En junio del 2021 se aprobó la Ley Nº 31224 de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, dándose 90 días para reglamentarla. Pasaron dos años y no se cuenta con el reglamento. Convendría definir si esa Ley se implementará o se diseñará una reforma integral que tome en cuenta los cambios que se vienen, con estructuras renovadas en la sede central y la administración intermedia y local. Los reclamos principales son la desburocratización, la simplificación y modernización de procesos, la transparencia y rendición de cuentas y una redefinición de los roles de las instancias de gestión que de lugar a una real autonomía y descentralización de decisiones en los niveles locales. Asimismo, urge un acuerdo con el Congreso de la República para que éste no invada sus campos de función.  

Otros anuncios efectuados por la Presidenta Boluarte que merecerían mayor explicación son la revisión del currículo nacional, la ampliación de los programas de becas. En cuanto a la transformación digital,se espera garantizar la conectividad en todo el país, ampliar la banda ancha, impulsar la economía digital, acelerar la transformación del Estado con servicios digitales sencillos para la ciudadanía, promover el talento digital, luchar contra la ciberdelincuencia y garantizar la innovación y las nuevas tecnologías.

Reflexiones finales

Las políticas educativas necesitan tener visión de futuro, factibles y financiamiento. Como los recursos son escasos, hay que priorizar lo que ofrezca mayor impacto a los aprendizajes. Por otro lado, la Ley Nº 31053 necesita ser realmente incentivadora y concebida con ese espíritu. El Ejecutivo, el Congreso y la Cámara Peruana del Libro deberían liderar una iniciativa orientada a disponer, cuanto antes, de una legislación pertinente sobre el libro que contemple la promoción de la libre competencia, la libre circulación del libro, la lucha contra la piratería, tratos tributarios más justos y la defensa de los derechos de autor. Se aseguraría el desarrollo de una industria editorial sólida y competitiva en calidad y costos, con capacidad para crecer internamente y exportar libros peruanos al exterior. Tal propósito plantea dictar medidas que eviten la competencia desleal y protejan e incentiven la constitución o expansión de industrias formalmente establecidas. Asimismo, otorgar la prioridad financiera necesaria a las inversiones públicas destinadas a modernizar y actualizar las bibliotecas municipales y de aula; así como ampliar la disponibilidad de texto escolares para los alumnos del sistema educativo. Deberían revisarse las escalas de aranceles para libros que vienen de países que no pertenecen al área andina.