Autonomía y Ley Orgánica de Educación

Hace algunas semanas el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, informó que el Ejecutivo había aprobado un proyecto de Ley que fue remitido al Congreso de la República, referido a una propuesta de reorganización del sector. Como se recuerda, Educación ha sido el único sector que no adecuó su organización a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

El proyecto de Ley deberá ser revisado y sancionado por las comisiones correspondientes y por el pleno del Congreso para su aprobación o no. Su alcance es el de una ley marco, que contiene únicamente los grades bloques en los que se organizará la estructura de gestión: las funciones del Despacho Ministerial, de los Viceministerios y la Secretaría General, así como los organismos autónomos que formarán parte. Será el reglamento el que detalle la estructura de organización. 

En el caso de aprobarse, y sobre todo para avanzar en una propuesta de organización más específica, sería importante evaluar la pertinencia de estructura en función del tipo de gestión que la educación requiere para el largo plazo y teniendo en cuenta problemas de estructura que se arrastran desde el pasado. Urge reorganizar el Sector, pues sus estructuras tienen las mismas características en las que reposaba desde hace seis décadas, aunque con algunos retoques que intentaban modernizarla. 

Podríamos decir que las reestructuraciones previas del Sector llevaban implícitos algunos propósitos que terminaron aumentando el poder y la burocracia en la sede central, neutralizando el poder de las regiones a pesar de las intencionalidades que llevaba la ley de descentralización, y debilitando grandemente la capacidad de decisiones de las instituciones educativas. El ejemplo más ilustrativo de ese debilitamiento ha sido no solo la imposibilidad actual de que los centros educativos estatales de educación secundaria generen y administren los recursos que puedan captar y manejen su presupuesto como lo era en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, sino que hayan tenido un recorte de su capacidad de gestionar la institución. Hace sesenta años, las diferencias de funciones entre instituciones educativas públicas y privadas eran casi inexistentes; ahora son diferentes en campos como la selección y contratación de docentes, la gestión de recursos materiales y presupuestarios, entre otros. Las instituciones educativas estatales tienen una autonomía muy recortada.

¿Cuándo y qué razones hubo para que las instituciones de enseñanza secundaria pierdan esas atribuciones? Una respuesta que comúnmente se encuentra es que la masificación de la enseñanza hacía más difícil distribuir el presupuesto entre un número creciente de instituciones. La otra respuesta fue la necesidad de tener un mayor control de caja. Lo que habría que evaluar es en qué medida esa decisión contribuyó al descenso de la calidad de la enseñanza pública. Recordemos que cuando las instituciones educativas públicas eran más fuertes en su capacidad de decidir tenían una imagen y prestigio muy alto, inclusive superior al de las escuelas privadas. Era tal su prestigio que en la evaluación de estudiantes de los colegios privados estaban presentes docentes de colegios públicos; es decir, los docentes de la enseñanza pública se convertían en un mecanismo de supervisión de los aprendizajes en las instituciones educativas privadas.

Hoy nos encontramos ante la oportunidad de reorganizar el sector y a la vez aprovechar que el sistema educativo enfrenta el desafío de asumir reformas importantes en su funcionamiento. La pandemia nos ha hecho ver que debemos revisar muchas cosas; entre ellas las siguientes: 

• Lo que se enseña.
• La forma como se ofrece el servicio (presencial, semipresencial, a distancia).
• Las metodologías de enseñanza y de evaluación. 
• La manera como se gestiona el sistema en un país de geografía muy compleja, con realidades muy heterogéneas que difícilmente pueden ser normadas y conducidas desde la sede central. 
• Interrogarnos si toda esa diversidad de funciones que han ido surgiendo como atribuciones de la gestión pueden ser asumidas casi totalmente por una sola organización; esto es la sede central del Ministerio de Educación.   

La interrogante quizá mayor es determinar en qué medida sería posible recoger algo de la experiencia de hace seis décadas en la intención de devolver a la enseñanza pública la prestancia y calidad que tenía. Países en donde se preservó más ese estilo de gestión siguen teniendo modelos muy exitosos, como los de escuela nueva en Colombia.