Desde hace varias semanas otro tema que concita la atención de algunos miembros del Congreso de la República y de los medios de comunicación fue el de la enseñanza de la historia reciente; en especial, lo que ocurrió en las últimas décadas del siglo pasado cuando grupos terroristas pusieron en jaque a la sociedad peruana. Al respecto, la Defensoría del Pueblo, en un reciente comunicado ha señalado: “Los textos referidos a la violencia terrorista y a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en las décadas del ochenta y noventa, tienen vacíos y distorsiones presentando la historia incompleta a los estudiantes, privándolos de una aproximación sincera y crítica a una de las etapas más cruentas de nuestra historia. Como sociedad debemos tener siempre presente que la memoria del horror es el arma más eficaz para prevenir el resurgimiento de fenómenos de violencia extrema”.

Frente a plazos que se acortan para aprobar el Currículo Nacional que estará vigente en el 2019, el Ministerio de Educación ha anunciado que para los contenidos sobre sexualidad se reemplazará el cuaderno de trabajo de Comprensión Lectora 5 por el de Antología Literaria, a la vez que habrá un nuevo instructivo para docentes. Es una decisión acertada, pero que no da completa solución a todos los problemas que deben superarse. Además del fallo de la Corte Suprema, hay observaciones a los contenidos del material para otros grados de la secundaria; en segundo lugar, el tratamiento de los hechos de la historia reciente vivida debido a los movimientos terroristas no está aún resuelto; en tercer lugar, las cuestiones relativas al enfoque de igualdad de género seguirán siendo un dolor de cabeza para el Ministro de Educación.

Para la Defensoría del Pueblo, las denuncias recientes sobre los cuadernos de trabajo y manuales para el docente generan serias dudas sobre la calidad de sus contenidos y demanda la ejecución de las siguientes medidas: (i) transparentar dichos contenidos de modo que los estudiantes, profesores, padres de familia y entidades estatales estén seguros del valor de la enseñanza que se imparte en el país; (ii) crear comisiones independientes integradas por expertos en las distintas materias que, en coordinación con el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de la Educación, auditen los materiales educativos e identifiquen los contenidos que claramente afectan el sentido de una formación moderna, libre, igualitaria y respetuosa de los derechos de todos; (iii) retirar el material cuestionado tomándose las previsiones para no afectar el dictado de las correspondientes materias. Además, amparándose en su rol constitucional como supervisores del cumplimiento de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo se compromete a investigar los procedimientos vigentes que se siguen en el Ministerio de Educación para crear, discutir y aprobar los materiales educativos que se distribuyen año a año, a fin de verificar si cuentan con los controles que garanticen la elaboración de productos de calidad.

Posibles caminos a seguir

El compromiso asumido por la Defensoría del Pueblo adquiere gran importancia si se toma en cuenta que los problemas relacionados con el contenido de los textos escolares y otros materiales impresos no son algo nuevo. Desde hace décadas el país es testigo de múltiples denuncias sobre errores o la inclusión de contenidos poco apropiados en los textos escolares, sea en los distribuidos gratuitamente por el Estado o los comercializados por la industria editora de textos.

El Ministerio de Educación tiene ahora la oportunidad para formular una política y procedimientos claros sobre producción, adquisición y distribuciónde material educativo integrada a otras políticas pedagógicas y a una visión del perfil de estudiante que se desea formar para el futuro. Especialistas del Ministerio podrán argumentar que el perfil y los estándares están establecidos en el Currículo Nacional, tienen legitimidad legal pero no suficiente legitimidad real. La brecha entre el Currículo prescrito y el ejecutado es grande y los especialistas responsables continúan sin reconocerlo y sin siquiera adoptar medidas para corregir las fallas existentes.

Siendo Educación un sector en donde la carga ideológica es fuerte, los contratos de especialistas deberían responder a términos de referencia y protocolos de presentación de resultados que den orientaciones precisas no solo sobre la rigurosidad técnica de la estructura formal del material producido, sino también sobre la forma como seleccionar y tratar los contenidos que se incluyan. Muchas veces los especialistas caen en la tentación de expresar en el material su particular opinión respecto de lo que hay que enseñar sin necesariamente tener en cuenta a quienes serán los usuarios ni la variedad de contextos y de visiones que se tienen sobre complejos ángulos de la vida diaria. Los materiales se elaboran con un sesgo ideológico no siempre compatible con lo que se busca y con una visión más adaptada a la ciudad y a sectores específicos de población que habitan en ellas. No obstante, la diversidad socio cultural y de creencias en el país es considerable.

Otra situación que habría que corregir es lo señalado por la ex Ministra Martens: la revisión de los trabajos realizados por los consultores. Los técnicos del Ministerio de Educación, responsables de los materiales impresos están obligados a verificar que los cientos de miles de ejemplares que van a impresión tengan asegurados los estándares de contenido y calidad suficientes. Ante tantas denuncias conocidas en los últimos años cabe preguntarse si la lectura de los productos que presentan los consultores contratados antes de su impresión se realiza con la rigurosidad, detalle y criterios de pertinencia suficientes. En los años que INIDEN ha monitoreado el diseño, adquisición y distribución de materiales impresos no ha conocido de ninguna sanción para los responsables. Este informe mensual de INIDEN informóen algún momento la intención de publicar libros de poco más de 200 páginas para el área de educación física para niños del área rural. Afortunadamente la licitación, que estaba en marcha, fue suspendida por ser un gasto a todas luces injustificado. En otra ocasión, argumentando la necesidad de comparar fuentes y desarrollar un juicio propio, se identificó un libro de ciencias sociales que al tratar la guerra con Chile estaba plagado de referencias de la Marina de ese país. Antes de distribuirse se tuvo que eliminar esas referencias colocando stickers a todas las páginas en las que aparecían.

Una tercera medida concierne al seguimiento de la importante inversión realizada en textos escolares y otros materiales impresos. Es indispensable conocer los niveles y formas de empleo de los mismos, los impactos en los aprendizajes y la conveniencia de incluir contenidos sobre el uso de este material en los programas de capacitación docente. Adicionalmente, el seguimiento debería permitir evaluar la conveniencia de diversificar los textos en función de realidades regionales. Las políticas educativas insisten mucho en la personalización de los aprendizajes como uno de los referentes de la educación del futuro, pero los textos que distribuye el Ministerio de Educación continúan siendo los mismos para todo el país. Respetando el criterio de unidad de país, la atención de la diversidad en el contenido de los materiales parece ser una necesidad.

La cuarta recomendación sugerida muchas veces por INIDEN es la urgencia de establecer un sistema de adquisición de textostransparente, concertado, oportuno, justo y cuidadoso de la calidad asociada al precio de los textos escolares.Hay distintos modelos adoptados por países latinoamericanos que convendría evaluar y optar por el que mejor se adapte a nuestra realidad. Se podrían evaluar sistemas como el brasileño, chileno, colombiano y mexicano. Lo importante es buscar respuestas a exigencias como las siguientes: (i) comprar textos de calidad que a partir de sondeos previos de su empleo entre profesores, sean valorados por su calidad; (ii) priorizar en la decisión de compra el criterio pedagógico antes que el precio; (iii) eliminar cualquier posibilidad de soborno; (iv) hacer participes de las decisiones de compra de textos a los docentes de los centros educativos y a profesionales en evaluación de textos con probada conducta moral; y (v) privilegiar la participación de empresas prestigiadas, con imagen y que están al día en los pagos de sus tributos.

Se solucionarían muchos problemas que son parte de la cotidianeidad anual. Se evitaría, como vino sucediendo, empezar las licitaciones tarde y sin la evaluación de la experiencia previa o empezar la convocatoria a licitación sin haber concluido los ajustes al Currículo Nacional. En el objetivo que los materiales impresos lleguen a tiempo a los centros educativos se necesita contar con fechas límites de reajustes de la programación curricular y definir quien será el responsable de que el material esté en manos del docente y estudiantes al iniciar el año escolar. ¿Debe ser el Ministerio de Educación o el organismo intermedio correspondiente el que debe hacer esa tarea o la editorial? Lo cierto es que la administración educativa no cuenta con una organización adecuada a ese propósito.

Por último, es indispensable que el Ministerio de Educación acelere la solución de temas pendientes como los mencionados en este informe, decidir lo que hará con el material cuestionado que aún no se había distribuído y, sobre todo, insistir en el pronunciamiento de la Corte Suprema en cuanto al enfoque de igualdad de género en el Currículo Nacional. Cuanto más se retrasen estas decisiones será más difícil organizar las acciones de implementación del próximo año escolar.

Ver link: Informe de educación de INIDEN. Junio 2018