Congresista Tamar Arimborgo. Foto: El Comercio.

¿Elecciones Julio 2020 o Julio 2021? Impactos en Educación:

La propuesta que hizo el Presidente Martín Vizcarra de adelantar las elecciones presidenciales y de congresistas, no concluyendo el período de gobierno el 28 de julio del 2021 sino un año antes, ha agudizado el enfrentamiento entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, del cual aún no se sabe cual podría ser una salida que no afecte el desarrollo del país. Dicha salida se complica al observarse posiciones de difícil conciliación, no solo entre los representantes de ambos poderes, sino también desde el punto de vista constitucional.

En medio de este debate, el Congreso eligió los representantes de sus diversas comisiones, así como a quienes las dirigirán. Para la Comisión de Educación, Juventud y Deporte se designó como Presidenta a la profesora Tamar Arimborgo Guerra. Le acompañan 16 miembros titulares y 42 accesitarios. De los miembros titulares, incluida la Presidenta, nueve pertenecen al partido Fuerza Popular.

En sus primeras declaraciones, la señora Arimborgo ha manifestado que buscará consensos y acuerdos; que no asumirá creencias ni convicciones personales que polaricen. Igual actitud solicita la tenga la Ministra de Educación, Flor Pablo. Asimismo, ha iniciado un conjunto de reuniones con algunos actores destacados del mundo educativo para fijar el plan de trabajo que planteará desarrollar a los miembros de su Comisión.

No será una gestión fácil para la señora Arimborgo ni para la Ministra de Educación. Así como hay posiciones encontradas en torno al adelanto de elecciones también las hay en el sector Educación en cuanto a temas como a quién le corresponde decidir qué enseñar y la injerencia del Poder Legislativo en roles que según el Ministerio de Educación están en su sector. Un primer tema que ha salido a discusión es un proyecto de ley que plantea la participación de los padres de familia en las decisiones del contenido de los textos escolares. ¿Cómo conciliar la opinión de padres de más de siete millones de estudiantes? ¿Están los padres en capacidad hacerlo? ¿Es funcional y práctica una opción como la planteada para tener textos escolares consensuados y a tiempo? Al parecer es una propuesta de ley que no ha reflexionado suficientemente en preguntas como las que se plantean.

El otro tema cuyo debate posiblemente se reviva y acreciente es el enfoque de género en el currículo de la educación básica. A las declaraciones que hizo el Presidente del Congreso a inicios de su mandato, se suma las que hizo casi al finalizar agosto en un desayuno masivo con líderes religiosos, directores de centros educativos y periodistas en donde destacaba que la lucha de las familias para mantener los derechos en la educación y formación de sus hijos frente a los del Estado era también la lucha para salvar la actual experiencia republicana de los arrestos plebiscitarios que pretenden adelantar las elecciones –reformando la Carta Política- y en base a criterios que invocan al pueblo y mayorías circunstanciales (El Montonero, 20-08-2019). Nuevamente encontramos dos posiciones antagónicas entre el Ejecutivo y el Congreso en donde no parecen encontrarse vías intermedias de solución.

Se espera que la prudencia y el buen tino primen en las relaciones entre el Ministerio de Educación y la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso. El ideal es que los planes de ambos organismos se complementen y apoyen; que se eviten los conflictos de función y que más bien, entre las actividades que programe la Comisión de Educación surjan iniciativas que aborden aspectos insuficientemente atendidos pero que resultan claves en la ejecución de futuras políticas de educación. Es el caso de poner más énfasis en las reflexiones sobre la conformación de un sistema de educación a lo largo de la vida, planes consensuados de desarrollo digital y de la enseñanza del inglés para la escuela pública, la promoción de grupos o redes regionales en las regiones donde se dan los más bajos resultados educativos para emprender políticas focalizadas de acción intensiva que ayuden a salir de esa situación.

No llegar a un acuerdo entre ambas instituciones conlleva el riesgo, por un lado, de haber desperdiciado las oportunidades que ofrecía este quinquenio en donde se han presentado condiciones muy favorables para mostrar mayores progresos que los observados. Por otro lado, desaprovechar el significado que tiene celebrar el Bicentenario sin una propuesta de programa educativo capaz de movilizar a la población peruana en torno a objetivos ambiciosos pero posibles de lograr. Como lo señalara INIDEN en su Informe de Educación de julio de este año, la formulación del Proyecto Educativo Nacional al 2036 puede ser la iniciativa que tanto el Ministerio de Educación como la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso deberían apoyar.

Evaluación de estudiantes:

Hace unos días apareció en un diario de circulación nacional un artículo de Janice Seinfeld titulado “Educación en guerra”. Ponía el acento en el retroceso que se tuvo en la evaluación de estudiantes 2018. Señalaba que: “Comparados sus resultados con los del 2016, vemos que en segundo de primaria el número de alumnos con aprendizaje satisfactorio en Matemática bajó de 34,1% a 14,7%; es decir, registró una caída de casi 20 puntos porcentuales. En cuanto a Lectura, la baja fue de 8,6 puntos porcentuales en el mismo período”.

Se han dado algunas explicaciones relacionadas con la caída de los promedios de aprendizaje de los estudiantes principalmente relacionadas con la preparación previa para la prueba, la aplicación de un cuestionario de preguntas basada en lo que deben saber los estudiantes de un grado, pero que no necesariamente  lo han desarrollado en clase. Igualmente, lo cuestionable que puede ser establecer un incentivo como el Bono Escuela que, de acuerdo a la experiencia de otros países ha servido para dirigir la preocupación de los profesores hacia las áreas curriculares y grados evaluados descuidando el resto.

Si bien el artículo llamaba la atención en la pobreza de los resultados de aprendizaje, lo que habría que rescatar es la oportunidad de aprovechar esta situación para reflexionar sobre las medidas que podrían revertir esta situación en los plazos más breves. En ese propósito hay que reconocer que en cualquier área de formación persistirán los magros resultados si no se producen cambios que la hagan más atractiva en términos de contenidos, didácticas y recursos didácticos empleados por profesores y alumnos. La transición a una enseñanza que asocie los aprendizajes conceptuales a hechos de la vida cotidiana y que a la vez desarrolle las capacidades, actitudes y valores que se necesitan para actuar en la sociedad es una exigencia obvia pero que no está resultando fácil de llevarse a la práctica, en gran medida, por las debilidades que desde hace décadas viene mostrando la formación docente que no está preparada para desarrollar ese estilo de aprendizaje. En segundo lugar, porque mucho de la terminología empleada, así como la descripción de estándares y desempeños en el Currículo Nacional está definida principalmente desde la óptica de los especialistas que lo diseñan y no tanto desde la mirada de un docente. Finalmente, hay un divorcio entre la necesidad de que los docentes cuenten con mayores espacios y tiempos para reflexionar como implementar el currículo y la presión que la administración ejerce por demandas de información a las escuelas.

El enfoque de competencias asumido por el Currículo Nacional es la apuesta de la mayoría de países del mundo. Lo que algunos se están replanteando es si el proceso de definición de las competencias es el correcto o si debe replantearsre. Concretamente, si las competencias deben definirse para una etapa educativa como es la educación básica o si deben responder a un concepto de educación a lo largo de la vida y, en segundo lugar, si la definición de las competencias es principalmente una tarea que involucra solo a los educadores o si deberían estar presentes otros actores como el sector de la producción, la sociedad, la cultura, la política, entre otros. Hay que recordar que si el criterio adoptado es el de educación a lo largo de la vida, existen muchas capacidades que los adultos requieren para incorporarse al mundo laboral, ejercer su ciudadanía y hacer frente a una sociedad de cambios muy dinámicos que deben irse adquiriendo desde muy temprana edad. INIDEN opina que si bien no debe haber por un tiempo más cambios curiculares, ello no tendría que ser excusa para ir pensando en cómo debe ser un próximo proceso de renovación del currículo.

La otra condición para mejorar con mayor rapidez los aprendizajes es la capacidad de los docentes de manejo de las didácticas, en especial, allí donde es posible, aprovechando las oportunidades que brindan las tecnologías digitales. Cierto es que aun no hay suficiente investigación que muestre que las tecnologías digitales son un factor de elevación de los aprendizajes; no obstante, lo que se aprecia en la experiencia de proyectos como “Aula Digital” de la Fundación Telefónica, es que su empleo cambia de manera sustantiva el desarrollo de una clase. En especial, los alumnos de los sectores más desfavorecidos de la población, muestran una motivación mayor por aprender, elevan su índice de asistencia, acceden a más recursos de aprendizaje que no son exclusivamente el texto escolar y la palabra del profesor, desarrollan habilidades como el trabajo colaborativo, además que ingresan al uso de tecnologías que la ven en casi todo ámbito de sus vidas fuera de la escuela. Las tecnologías digitales facilitan el empleo de metodologías activas que implican un mayor protagonismo del estudiante en sus aprendizajes, tales como el aprendizaje basado en proyectos, la resolución de estudios de casos, el aula invertida, el desarrollo de actividades que integren las áreas de ciencias, matemática, tecnología y arte; entre otras.

Metodologías que faciliten la integración de contenidos y áreas curriculares resultarán claves si se tiene en cuenta que las personas necesitan acceder a aprendizajes de mayor complejidad que en el pasado, que les permitan desarrollar capacidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad no solo de adaptación a un mundo incierto sino también de anticipación al cambio, y el aprender a aprender.

Asimismo, las metodologías deberían responder a las características de las aulas con las que se trabaja. No es lo mismo trabajar con aulas de 15 o 20 estudiantes que con aulas de 30 a 40. Tampoco es lo mismo trabajar en entornos donde los problemas socioemocionales de los estudiantes son mayores que en otros entornos. O en ámbitos geográficos donde los recursos digitales son más o menos accesibles. Son variabes que los profesores deberían saber ampliamente como tratarlas al momento de decidir las estrategias de enseñanza que utilizarán.

Es ese quizá el principal desafío que tendrá la educación peruana en los siguientes años: una combinación exitosamente integrada y articulada de un currículo que oriente la finalidad de los aprendizajes (para qué), los contenidos (qué enseñar) y cómo enseñar (las didácticas y los recursos en diferentes contextos socio culturales). Ciertamente que un pre-requisito que no puede esperar más es la formación docente -inicial y contínua- que debería acompañar, e inclusive, anticiparse a estos cambios que se necesitan. El otro es revisar los límites del centralismo de las políticas curriculares. Se habla mucho de la necesidad de diversificar, contextualizar, alentar la innovación y las buenas prácticas pero esas intenciones chocan con una apabullante cantidad de normas que rigidizan la implementación del currículo nacional. Lo más aconsejable sería confiar más en la potencialidad de los docentes de enfrentar las particulares necesidades de sus estudiantes y no someterlos demasiado a camisas de fuerza que recortan su capacidad de crear e innovar.