El ministro de Educación, especialmente en coordinación con el ministro de Salud y apoyado por una Comisión Multisectorial, acelera las medidas para que el año escolar se realice por lo menos con las condiciones mínimas de seguridad sanitaria, además de las académicas propiamente dichas. Cabe señalar que, aunque con características diferentes, este año las clases se iniciarán posiblemente con una tercera ola de pandemia en pleno auge. En febrero del año pasado los datos señalaban que los peruanos contagiados superaban el millón trescientos mil y los decesos más de cincuenta mil. A fines de enero de este año el escenario es diferente: hay un alto porcentaje de población vacunada, incluyendo los mayores de cinco años de edad y casi ocho millones con tres dosis recibidas. Sin embargo, el factor que perturba es la variante Omicron de la COVID-19: mucho menos letal para los vacunados con las tres dosis, pero sus altos niveles de contagio generan entre un sector de padres y docentes el aumento del temor y resistencia ante la necesidad de enviar a sus hijos a las escuelas. Está sucediendo lo mismo en el norte de América y el continente europeo. Y es que en países como España, el retorno a clases luego de las fiestas de fin de año, se ha producido con un ausentismo equivalente al 4% del total de atendidos, lo que en valores absolutos suma 24,742 profesores y 262,452 estudiantes que no fueron a los primeros días de clases (Fuente:  Atres Player Noticias. 21-01-2021). En Francia las medidas impuestas por el gobierno para el retorno a clases llevaron a sendas manifestaciones en contra de la forma cómo se produce el retorno. La situación es similar en otros países de ese continente.

En el Perú se está a menos de dos meses del inicio oficial de las clases en las escuelas públicas. El incremento de contagios diarios podría derivar en que se vivan situaciones similares o más difíciles que las descritas. Por un lado, juega en contra la inestabilidad de cambios, no solo de tres ministros en el Sector en los pocos meses de gestión de este gobierno, sino también de una cantidad importante de funcionarios con responsabilidades directivas y no siempre con la experiencia suficiente. La pregunta es si en vísperas de iniciarse las clases esos cambios sean una medida conveniente.

Actualmente, la preocupación principal del ministro es la infraestructura, tema que por estas épocas es monitoreado por la prensa y fuente de crítica a las autoridades educativas. Sin embargo, el descuido viene de varias décadas y lo poco que se hizo durante la pandemia para atender los locales más críticos ha sido evidente. El problema es insoluble en el corto plazo además que existe alta ineficiencia en la ejecución de la partida presupuestal Activos no Financieros. De un total acumulado de 15,973 millones de soles en la partida Activos no Financieros, el sector Educación devolvió entre los años 2020 y 2021 5,660 millones; es decir, dejó de gastar el 35% del de esa partida. Con lo que hay disponible para el 2022, lo recomendable sería dar prioridad a implementar los protocolos sanitarios; en otras palabras, mascarillas, distanciamiento, ventilación y, donde se requiera, servicios básicos de agua y desagüe.

Año escolar con más complejidades que los protocolos sanitarios y la infraestructura escolar

Las condiciones favorables para el retorno empiezan a modificarse, en parte por los contagios de la Omicron y por el contexto que fue generando los dos años de cierre de las escuelas. Hay docentes que se resisten a volver a clases presenciales debido a que se acostumbraron a trabajar en sus hogares, lo que le da ciertas ventajas como realizar otro trabajo simultáneo y ahorrar gastos de movilidad. Muchos de ellos, al ser mayores de 50 años recurrirán, mientras las normas no cambien, a la posibilidad de seguir trabajando en sus casas.

Un segundo tema que muchas veces se descuida en las decisiones académicas son las condiciones de salud de miles de niños. Para todos es sabido que los problemas de salud mental se han agravado. Un reciente informe publicado por Save the Children en España revela que los transtornos mentales entre los niños de cuatro a catorce años se han casi multiplicado por cuatro y que los transtornos de comportamiento casi por tres respecto del 2017. Los suicidios comienzan a convertirse en un problema serio. Son los menores que residen en los hogares más pobres los más afectados (Diario El País, 26-01-2022). Convendría que los diagnósticos en el Perú busquen conocer en detalle esa situación, a la que se suman los elevados índices de anemia infantil, al igual que el de niños que sufren de caries y pérdida de los niveles de audición por falta de higiene de los oídos. El Centro Peruano de Audición y Lenguaje (CPAL) identificó en Puno también la existencia de adolescentes de 14 o 15 años con niveles de vocabulario de niños de cinco o seis años. Si esos problemas no son atacados es difícil pensar en recuperaciones significativas del aprendizaje.

Como parte del cumplimiento de los protocolos sanitarios, en especial, el distanciamiento entre estudiantes, el ministro Serna deberá tener respuestas para que directores y docentes de escuelas con una relación estudiantes/docente superior a lo que se puede acoger en una sección puedan brindar el servicio educativo. Recordemos que en la escuela pública urbana esa relación se acerca o es superior en muchos casos a treinta. Para esos casos, ¿el desdoblamiento de clases demandará más profesores? ¿cuenta el Ministerio de Educación con un estudio sobre cuántos y en qué escuelas se necesitarían más profesores? ¿hay financiamiento disponible? La experiencia de dos años ha demostrado que suponer que los estudiantes que estudian en sus hogares lograrán los aprendizajes esperados es difícil por las precarias condiciones que existen en la mayoría de hogares pobres. Por el contrario, seguramente aprenderán menos de lo que necesitan y las brechas aumentarán. Por ello, el objetivo en todas las escuelas debería ser el retorno a la presencialidad plena y en la jornada escolar diaria que se dio en épocas de pre-pandemia. 

Tres cuestiones adicionales en relación al retorno a clases presenciales se describen a continuación:

Tres cuestiones adicionales en relación al retorno a clases presenciales se describen a continuación:

1º La necesidad de difundir con amplitud orientaciones que ayuden a profesores, padres de familia y estudiantes a conocer en detalle cómo se organizará el año escolar y las responsabilidades de cada actor. Muchos docentes están desconcertados al no tener información suficiente de lo que se espera en cuanto al desarrollo de un plan de acogida, de recuperación de aprendizajes y los procedimientos de evaluación estudiantil. Si bien el ministro ha dicho que las escuelas tendrán más autonomía, se precisa explicar sus alcances, los campos que cubrirá, los soportes de asistencia que existirán para las escuelas que la necesiten. Pensar en grandes cambios inmediatos no es lo aconsejable; es preferible trabajarlos con tiempo el 2022 para su aplicación en el segundo semestre, o mejor aún, el 2023. 

2º Atender el reclamo generalizado de limitar la generación de normas y pedidos de información a las escuelas. Los desafíos que ellas tienen, tanto las públicas como las privadas, son enormes y lo más conveniente es que tanto el Ministerio de Educación, el Congreso de la República e instituciones como Indecopi, INDECI y municipios las dejen trabajar. Un proyecto de Ley como el declarar la obligatoriedad de opinión de los padres de familia sobre los materiales que se emplean en la escuela carece de lógica. Es posible que no se apruebe, pero termina distrayendo los esfuerzos que se necesitan realizar. 3º Es cierto que el apoyo de los otros sectores es indispensable y en momentos como los actuales mucho más. Lo recomendable es que la Comisión Multisectorial de apoyo al retorno a clases presenciales que se ha formado tome en cuenta que la coordinación, en toda instancia de la gestión, es uno de los graves problemas de la administración pública. Por ello, sus recomendaciones no deben limitarse al plano nacional sino definir estrategias que se concreten sobre todo en el ámbito local. 

Nueva estadística educativa: un dato a verificar

En la sección Escale del Ministerio de Educación han aparecido recientemente los datos de la estadística educativa del año 2021. El análisis de las cifras sobre la educación básica regular revela datos importantes sobre el impacto de la pandemia, como la disminución del alumnado de educación privada e inicial. A la vez plantea algunas interrogantes sobre la confiabilidad del dato sobre los resultados de la matrícula pública rural.

En general, resulta comprensible, que los impactos mayores de la pandemia se reflejan en la estadística del 2021. Según la información oficial, respecto del 2020, la matrícula total nacional se incrementó en 23,210 estudiantes; el 15% de lo que había crecido entre el 2019-2020. El resultado lo explica el contexto que se vivía en marzo del año pasado: la vacunación recién había empezado, las UCI colapsadas, la cantidad de contagios y muertes en niveles muy altos. El gobierno dispuso que no habría retorno a la enseñanza presencial.

Una de las principales consecuencias de la pandemia estuvo en el aumento del desempleo, subempleo e informalidad; al igual que en una caída de los ingresos promedio de muchas familias. Ello se reflejó en la composición de la matrícula según gestión pública y privada. La estadística muestra que en el período 2019-2021 la primera creció en 468,750 estudiantes mientras la matrícula privada disminuyó en 340,684 estudiantes. Sin embargo, en el incremento de la matrícula pública surge una interrogante. Según los resultados oficiales en los años previos al inicio de la pandemia -2016 a 2019-, la matrícula rural tuvo un crecimiento negativo de 43 mil estudiantes. Lo que sorprende es que para el 2020 el incremento respecto del 2019 pasó de negativo a ser de 764 mil estudiantes y el 2021 de 54 mil; es decir, de 818 mil estudiantes más en los dos años de pandemia. Siendo dos años muy atípicos en la experiencia educativa y dadas las tendencias de comportamiento de dicha oferta influenciada por la creciente urbanización, el dato merecería una revisión y explicación por parte de los responsables de esta información.

Otro dato que llama la atención es el crecimiento promedio anual de la educación secundaria que en los años previos a la pandemia fue de 24,553 estudiantes y entre los años 2019-2021 más que se duplicó llegando a casi 60 mil.

La disminución en 690 mil estudiantes de la educación básica urbana entre los años 2019 y 2021 es un indicador del impacto que tuvieron los dos años de cierre de las escuelas; asimismo, del agravamiento que pueden haber tenido variables como la deserción estudiantil. No se disponen de esos datos para el 2021, pero el deterioro de algunos índices educativos entre el 2019 y 2020 fue dramático: el índice de asistencia en la población de 3-5 años de edad cayó en 11.9%; entre los de 6-11 años en 2.7% y entre los de 12-16 años en 3.5%. Siendo una necesidad, no se habrían producido mejoras en el porcentaje de escuelas primarias y secundarias con acceso a Internet, además de las sabidas dificultades de conectividad en todo el país; inclusive en muchas zonas de la capital. La atención de este y otros temas como los descritos sobre la situación de salud de los niños requieren ser definidos urgentemente. La Comisión Multisectorial formada para contribuir al retorno debería formular las recomendaciones correspondientes.

En su distribución por género los resultados revelan que las mujeres participan del 52% del incremento de matrícula, aunque debe señalarse que en el 2021 la matrícula femenina decreció en 11,931 estudiantes, mientras que la de varones en 11,279. Finalmente, el departamento más afectado fue Lima. Si bien el 2020 había aumentado su oferta en poco más de 29 mil estudiantes, el 2021 tuvo un caída de más de 58 mil.