El Perú vive desde hace un tiempo momentos difíciles, ahora agravados con la decisión del Congreso de la República de declarar la vacancia en el cargo de Presidente de la República del profesor Pedro Castillo. Como corresponde, de acuerdo con la Constitución, asume el cargo la Vicepresidenta, la señora Dina Boluarte.

Se cuenta con un nuevo Gabinete en el cual la profesora Patricia Correa asume el cargo de Ministra de Educación. Se trata de una profesional con experiencia y que ha desempeñado distintos cargos en el Consejo Nacional de Educación, el Ministerio de Educación y recientemente en Unesco como consultora del Proyecto Horizontes.

Cabe reconocer que la profesora Correa asume el cargo en momentos muy difíciles. El cambio de gobierno no ha venido acompañado de la tranquilidad necesaria; por el contrario, han surgido en varias regiones del país varios grupos de manifestantes que reclaman el cierre del Congreso de la República y la convocatoria en el más breve plazo de elecciones generales. Frente a la complicada situación, la flamante Presidenta de la República ha remitido al Congreso un proyecto de Ley que propone la convocatoria a elecciones generales en abril del 2024.

De aprobarse esa propuesta de convocatoria a nuevas elecciones, el plazo que habría para encaminar las políticas educativas por un mejor cauce se reducirían a prácticamente 14 meses. Ello sin contar que la actual crisis política que se vive se alargue o recrudezca. De allí que lo aconsejable para la nueva ministra de Educación sea realizar una buena priorización de lo que podría hacer en el tiempo disponible.

Los desafíos son varios. Al hacerse cargo del despacho de Educación, la profesora Correa ha expresado dos prioridades que sin duda tendrá que atender: para el 2023, el buen retorno y recuperación de aprendizajes perdidos durante la pandemia, y atender las necesidades del magisterio como una política integral, que cubra no solo sus remuneraciones, sino además su bienestar social y salud mental.

Ciertamente son prioridades impostergables. Sin embargo, hay algunas acciones de política que convendría no postergar. Una de ellas tiene que ver con la implementación de la ley orgánica de educación cuyo reglamento está casi listo y requeriría solo una rápida revisión para implementar la nueva estructura en donde el Viceministerio de Gestión Institucional desaparece y se crea el Viceministerio de Educación Superior. La reestructuración ministerial debería servir para evaluar el personal que ingreso en el último año y definir su continuidad. Por otro lado, la nueva ministra tendrá que decidir lo que hace con el proceso de revisión curricular que el ministro Serna dejó en camino. Para muchos especialistas, se trata de una reestructuración muy cuestionada, además que no habría tiempo para implementar un piloto que demanda no solo cambios de contenidos, también recursos didácticos, capacitación, organización del acompañamiento, entre otros.

El futuro de la SUNEDU es otro tema que no podrá desatender. No será un tema fácil, pues la mayoría del Congreso de la República votó por replantear la estructura de este organismo. Hay que recordar que la mayoría de países del mundo tienen organizaciones similares a la SUNEDU.

La misma política magisterial no es un asunto sencillo de encaminar. Tiene complejidad grande y demanda muchos recursos en momentos en que la economía se ha visto desacelerada y sus perspectivas no son del todo optimistas. ¿En la perspectiva de futuro es viable la propuesta del ministro Serna de nombrar al 100% de los contratados? ¿Se necesita hacerlo para todos los maestros en esa condición? Son preguntas que debería responderse.

Quedan todavía muchos otros temas que abordar. La política de materiales didácticos, tan descuidada en los últimos años, pero clave para la recuperación de los aprendizajes merecería tener un espacio de mayor reflexión.