Concluye el año 2019 con un clima favorable de trabajo luego de algunas situaciones tensas en los primeros meses del año originadas principalmente por cuestiones como las relacionadas al tratamiento del género en el Currículo Nacional, los contenidos de los textos escolares relativos a la historia reciente del Perú, la reincorporación al servicio educativo de docentes interinos y de directores que en una evaluación excepcional no aprobaron la evaluación correspondiente. La mayoría de estas tensiones fueron debilitándose en los debates públicos al disolverse el Congreso de la República.

Avances destacados

Si hubiera que destacar la ejecución de una política educativa durante el 2019, a no dudarlo es el licenciamiento de las universidades públicas y privadas realizado por la SUNEDU. Al 26 de diciembre, 86 universidades habían aprobado el licenciamiento, 24 siguen en evaluación y a 34 se les había denegado. Entre éstas últimas figura una universidad estatal, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Asimismo, casi al terminar el año, se denegaba la autorización de funcionamiento de la Universidad Alas Peruanas, que según la estadística de la SUNEDU era, al 2016, la universidad con mayor población estudiantil en el país: 116 034 alumnos. Ciertamente que resolver la situación de los miles de estudiantes de universidades que no lograron el licenciamiento es el mayor desafío de la SUNEDU al existir necesidad de considerar factores de existencia de ofertas de especialidad, de mallas curriculares y de costos similares y que respondan a las expectativas de los estudiantes que no siempre estarán residiendo en la ciudad o departamento donde podría reubicarse su nueva casa de estudios. Para el caso de las universidades estatales, se han dado dos normas: el Decreto de Urgencia Nº 034-019 que fortalece el rol del Ministerio de Educación en universidades cuyo licenciamiento fue denegado, y el Decreto de Urgencia Nº 042-2019, que autoriza al Ministerio de Educación a financiar mecanismos de incorporación de estudiantes de universidades con licencia institucional denegada a universidades públicas licenciadas.

Martín Benavides, Superintendente de la SUNEDU, ha manifestado que el licenciamiento concluirá en febrero del 2020. Hay que reconocer que todo el proceso se ha realizado con gran transparencia y profesionalismo, lo que permitió revertir las iniciales muestras de rechazo a la SUNEDU y al licenciamiento en un apoyo mayoritario a la gestión de esta organización. Sus decisiones han ganado credibilidad y muchos directivos de universidades, que en un momento se oponían, valoran ahora lo positivo que ha sido establecer condiciones mínimas de funcionamiento para todas las universidades del país.

Las políticas docentes continúan ocupando un lugar preferente en las prioridades educativas. La mayor preocupación en los años recientes ha sido aumentar las remuneraciones del profesorado, en especial de la educación básica, llevando su RIM, a diciembre del 2019, a 2 200 soles para una jornada laboral de 30 horas pedagógicas y a 2 933 soles para la jornada de 40 horas cronológicas. Este esfuerzo, excepcional en la historia de la educación no ha concluido, pues se anuncia otro aumento de 200 soles para el 2020. Se logra que el magisterio estatal recobre mucho el poder adquisitivo de sus salarios perdido en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado; así como colocar sus salarios promedio en un nivel superior al existente en las escuelas privadas y comparativamente respecto del promedio en otras carreras profesionales.

La interrogante está en el plazo que el gobierno se ha impuesto para el desarrollo de una política de aumentos generales. Será difícil -e imposible- acostumbrar a los docentes a tener aumentos todos los años. Se requiere una elevación de la carga tributaria, optimizar la relación estudiantes por profesor y la relación estudiantes por centro educativo. Como se observa en la estadística siguiente, entre los años 2000 y 2019 la matrícula estatal primaria escolarizada disminuye en casi un millón de estudiantes, pero los docentes aumentan en más de 20 mil. En secundaria, si bien la matrícula escolarizada aumenta en casi 60 mil estudiantes, la velocidad con que aumentan los docentes hace que la carga docente disminuya de 19.9 a 13.1 estudiantes por profesor. La tendencia a una disminución del número de estudiantes por centro educativo está igualmente presente, en parte por una disminución del crecimiento de la población en edad escolar y porque se construyen escuelas de menor tamaño.

Uno de los principios fundamentales de la carrera pública magisterial fue el mérito en la promoción, los ascensos y la permanencia en el sistema educativo. No está en cuestión que los docentes deban mejorar sus ingresos. Lo importante es que sepan valorar el mérito como parte de su cultura de trabajo y cómo puede contribuir notablemente en la mejora de la eficiencia y resultados de aprendizaje. Pero la realidad nos muestra que el mérito en la carrera se ve debilitado por sucesivos aumentos generales y porque no se implementan todas las áreas de gestión docente previstas en la Ley de Reforma Magisterial. Muchos docentes para actuar como capacitadores o acompañantes deben solicitar licencia y retirarse temporalmente de la carrera porque el área de formación no está aún implementada, lo que termina perjudicándolos en sus posibilidades de promoción y ascenso de escala magisterial. Los alcances de la Ley de Reforma Magisterial en este aspecto deberían revisarse y plantear una alternativa que sea viable en su aplicación.

Con excepción de las normas referidas a la evaluación de estudiantes en toda la educación básica, la política curricular no ha sufrido mayor variación en el 2019 ni la tendrá el 2020. Ha sido una buena decisión que se espera reforzar en el siguiente año escolar con algunas medidas que faciliten la aplicación del Currículo Nacional en todas las escuelas. La primera concierne a fortalecer la coordinación entre todos los componentes pedagógicos que confluyen en el proceso de aprendizaje. Así, por ejemplo, los docentes en las escuelas sienten que las capacitaciones no responden a las exigencias del currículo, que son muy teóricas y están muy débilmente articuladas a las funciones que realizan los acompañantes. Estos últimos solo están en parte de las escuelas, no obstante ser una condición para que la capacitación tenga éxito. Hay que hacer un esfuerzo para ampliar el número de acompañantes y formarlos para que cuenten con suficientes capacidades de asesoría en asuntos como la diversificación e integración de contenidos, el uso de metodologías que faciliten el desarrollo de las habilidades socioemocionales y blandas, la atención personalizada, la inclusión y enfrentamiento de situaciones con estudiantes que sufren algún tipo de discapacidad y el trabajo con las familias.

Las tecnologías digitales, como contenido transversal dentro del currículo, requieren mayor atención por parte del Ministerio de Educación y los Gobiernos Regionales. El equipamiento es insuficiente en muchas escuelas y muy heterogéneo en cuanto a antigüedad. En escuelas donde existen equipos de diversa fuente de donación, generalmente no están articulados en cuanto a su uso, no al empleo de sus plataformas. Tampoco hay capacitación sobre su tratamiento como área transversal. Se suma que cuando hay la visita de un acompañante, ingresan a las aulas donde se trabajan áreas curriculares que no implican el uso de las tecnologías.

Una decisión acertada de la Ministra de Educación ha sido formar una comisión especial que defina una estrategia de desarrollo de las tecnologías digitales en la educación básica. Se espera que no sea un esfuerzo más. La experiencia muestra que carecen de impacto los proyectos de desarrollo digital en las escuelas que no tengan un carácter integral; es decir, que además del equipamiento requieren gestión, capacitación, tratamiento curricular y una alianza colaborativa muy intensa entre el estado, la empresa privada y la academia.

La evaluación del estudiante será el principal desafío que tendrá la política curricular en la educación secundaria. Se está a la espera de la norma que definirá su aplicación. Son varios los aspectos que deberían considerarse en esa decisión. El informe solo mencionará tres. En primer lugar, procurar que primen criterios de racionalidad del esfuerzo de evaluación del estudiante en términos de tiempo y procedimiento para el docente. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de un docente que enseña en primaria, el que está en secundaria tiene a su cargo generalmente varias secciones, con lo que su carga de trabajo se multiplica. En segundo lugar, convendría precisar cuál será el eje de la calificación del estudiante: las áreas curriculares o las competencias cuya cantidad es diferente. Si son las primeras, cómo se evaluarán las competencias transversales y si tienen un valor en las escalas de calificación. En tercer lugar, si debe mantenerse el acostumbrado ranking de la promoción de estudiantes que sirve a las universidades a facilitar el ingreso de los que ocuparon los primeros lugares. Hay quienes piensan, con razón, que es un asunto que las universidades deben resolver, creando sus propios mecanismos de evaluación.

INIDEN no cesará de insistir en que es urgente que en las escuelas reine una carga de trabajo que permita que su personal dedique el tiempo suficiente a la reflexión sobre cómo mejorar las prácticas docentes y los resultados de aprendizaje que alcanzan sus estudiantes. La queja de los docentes es unánime y no es aún escuchada por la administración de la sede central ni regional. En el Informe del mes de setiembre de este año, se comentaba que la nueva directiva del año escolar tiene una base legal compuesta por 112 normas, entre leyes, decretos supremos, resoluciones, directivas, etc., de distinta cobertura, que las instituciones educativas deben respetar. A ellas hay que añadir posiblemente la innumerable cantidad de modificaciones de muchas de esas normas. También hay que sumar la cantidad de requerimientos de informes y estadísticas que se solicitan, muchas veces duplicando las mismas. La política de “escritorio limpio” no funciona ni funcionará mientras no haya una firme voluntad de la burocracia de proceder a revisar la estrategia de generación de normas y simplificar los pedidos de información que en su mayoría no son siquiera aprovechados por quienes la solicitan. Las visitas que periódicamente realiza INIDEN a escuelas en todo el país permiten comprobar un cierto grado de saturación y hartazgo con relación a la normativa y demandas de información: luego de iniciado el año escolar pudo comprobar que la mayoría de directivos y docentes no había leído la norma de evaluación del estudiante; tampoco en octubre y noviembre la mayoría había leído las orientaciones para el desarrollo del año escolar 2020. La administración debe comprender que su finalidad principal es que en las escuelas se generen las condiciones para lograr buenos resultados y no que la finalidad principal de éstas sea estar al servicio de una burocracia más interesada en contar con una amplia cantidad de información que puede serle útil pero no necesariamente a las escuelas.

Ver link: Informe de INIDEN. Diciembre 2019