Desde sus inicios, la administración del Presidente Sagasti apostó por el retorno gradual de los estudiantes a las instituciones educativas. La experiencia vivida el 2020, y la que va del 2021, ha demostrado que el cierre de las instituciones educativas, que ya se acerca a los 300 días, siendo una medida obligada, no es deseable mantenerla por mucho tiempo pues afecta a todos los estudiantes, pero con mucha intensidad a los de familias más pobres y los que están en la educación obligatoria, etapa donde las relaciones interpersonales entre el docente y los estudiantes y entre los mismos estudiantes son indispensables. 

Muchas referencias de la situación vivida en los últimos 18 meses justifican la decisión de retornar a las escuelas. Entre las más importantes están la interrupción del aprendizaje real y genuino, la falta de alimentación en un gran sector de la población peruana, la gran cantidad familias sin preparación para enseñar y guiar la educación, la enorme desigualdad en el acceso a las clases virtuales, el aumento del abandono escolar con difícil retorno y la violencia doméstica y embarazos precoces. Era previsible que una educación exclusivamente no presencial, organizada rápidamente y sin reunir estándares de calidad necesarios, no haya cubierto las expectativas que la administración educativa y la sociedad en general se plantearon, inclusive en contextos en los que se daban las mejores condiciones para implementarla. Por otro lado, y en especial en épocas de emergencia como las que se viven, el éxito de las políticas educativas depende de las medidas que ejecute el sector Educación, pero también de lo que sucede en otros campos de la actividad económica y social. Un ejemplo de esa interdependencia se observa en el comportamiento de la matrícula. La estadística 2019-2020 muestra las caídas del número de estudiantes en varias ofertas: 49 140 en educación inicial, 17 200 en básica alternativa; 2 394 en técnico-productiva y 93 165 en modalidades de educación superior no universitaria.

El descenso de la matrícula privada y la migración de muchos de sus estudiantes a la escuela pública no se ha dejado sentir en el 2021 porque todos siguen la modalidad no presencial. Las dificultades de atención surgirán el 2022 cuando se regrese a la educación presencial pues se podrían necesitar más docentes, secciones e inversiones en materiales de enseñanza, entre otros. Para estimar la magnitud del financiamiento adicional requerido será importante hacer un seguimiento cercano de las migraciones a la escuela estatal. Es posible que superadas sus dificultades de desempleo o reducción de los ingresos familiares, haya padres que decidan volver a matricular a sus hijos en la educación privada, aunque ese proceso podría ser lento. Si bien la reactivación va a un ritmo dinámico, las proyecciones indican que la recuperación del empleo irá a un menor ritmo y que el ingreso percápita que había antes de la pandemia se recuperaría no antes del 2023.  

Las demandas de retorno a la educación presencial provienen también y, crecientemente, de otros actores. Muchos padres de familia consideran que la posibilidad de convertir a los hogares en ambientes de aprendizajes tiene sus límites; sobre todo en donde no existen siquiera las condiciones mínimas para estudiar. Otros opinan que la escuela es el lugar más idóneo y seguro para que niños y adolescentes estudien durante el tiempo de la jornada escolar. Por su parte, los estudiantes sienten la necesidad de reencontrarse con sus maestros y compañeros de clase, salir del confinamiento del hogar y adquirir otras experiencias en el entorno. A muchos niños el encierro y el temor de los padres al contagio les ha impedido aprovechar y valorar lo que les rodea: no han gozado de la relación presencial con otros niños de su edad o con familiares cercanos que viven fuera de su casa, inclusive los que se matricularon por primera vez no han tenido ocasión de conocer a los compañeros del resto de la clase. Pero hay otros niños que en sus hogares la pasaron peor, al vivir situaciones que los afectaron emocionalmente, como las de violencia o separación de sus padres. Todavía no hay suficiente seguimiento de las consecuencias que puede haber traído esta larga etapa de pandemia en el futuro desarrollo educativo, emocional, de socialización, entre otros, pero se proyecta que sean muy desfavorables. 

Entre los docentes, la opinión mayoritaria es que el retorno debe acelerarse; en especial, porque las circunstancias en que se implementa la educación no presencial no permiten lograr que los estudiantes aprendan lo necesario, que alcancen niveles suficientes de concentración, motivación y de horas efectivas de dedicación al aprendizaje. Establecer una jornada diaria de horas de clase, no necesariamente significa que los estudiantes las cumplan en casa. Los distractores que hay en el hogar pueden ser varios e inciden en la dedicación al estudio, sobre todo en los casos en que el apoyo y seguimiento de un miembro de la familia al trabajo del niño es débil o inexistente y cuando la estrategia metodológica que usa el docente es poco efectiva. Los docentes reclaman la necesidad de ordenar las rutinas de vida tanto de estudiantes como de ellos mismos. La educación no presencial ha demostrado que los horarios formales de trabajo para un sector mayoritario de docentes no se cumplen ya que reciben llamadas de sus estudiantes o sus padres de familia a cualquier hora y día de la semana. 

Para organizar el proceso de educación no presencial el Ministerio de Educación ha emitido varias disposiciones que principalmente atienden los aspectos de bioseguridad sanitaria. A ellas se suman recientes anuncios de los ministros de Educación y de Salud que se refieren a la decisión del gobierno de iniciar la vacunación de alrededor de 200 mil maestros, directores y trabajadores administrativos de escuelas rurales, principalmente de las que han retornado a alguna forma de educación presencial. A esta cifra se añaden los docentes que ya fueron vacunados al haberse encontrado en las edades dispuestas por el MINSA. 

El escenario próximo se vislumbra alentador en cuanto al proceso de vacunación si se tiene en cuenta la forma como se avanzó en los  meses recientes. El ministro de Salud ha declarado que es altamente probable que la gran mayoría de docentes, sino el cien por ciento, estén vacunados en el transcurso del año, al igual que  los menores comprendidos entre 12 y 17 años. Ese proceso abriría la posibilidad de acelerar el retorno a clases en las áreas rurales y urbanas, claro está, dependiendo de las condiciones sanitarias locales y de la infraestructura escolar que existan y que las condiciones en que evoluciona la COVID-19 no se agraven. No alcanzar la llamada “inmunidad de rebaño” genera el peligro de que surjan nuevas variantes del virus, como la delta de la India, y las amenazas de una tercera ola. Mientras tanto, hay directores y docentes que sugieren que el Ministerio de Educación autorice lo que se practica en otros países, en donde los parques y otros espacios comunales libres son utilizados por las instituciones educativas para realizar sesiones de clase. Para muchos docentes, si las condiciones de seguridad son bien organizadas, esos ambientes son una alternativa pedagógicamente mejor que seguir manteniendo a los estudiantes en sus casas en donde ya se van encontrando casos en los que el nivel de atención de las clases es casi nulo.    

Es verdad que el retorno a alguna forma de educación presencial en las áreas urbanas podrá ser un problema tanto o más complejo que en las áreas rurales, no solo porque los problemas de salud se multiplican, sino por la cantidad y heterogeneidad de las instituciones educativas, muchas mal acondicionadas. Al cumplimiento de las condiciones básicas de bioseguridad como condición indispensable, hay que sumar aquellas medidas que tienen que ver con el funcionamiento mismo del servicio educativo. Debe tenerse en cuenta que el tamaño promedio de las instituciones y de las secciones de clase son mayores en el área urbana, que en las ciudades de mayor densidad poblacional hay locales escolares que funcionan en doble y hasta en triple turno, que convendría definir con mayor claridad aquellas condiciones mínimas que en lo académico deben cumplirse y que entre profesores, estudiantes y padres de familia deberá existir claridad sobre lo que se entenderá como modelo de enseñanza híbrida, sus alcances, potencialidades y limitaciones. No lograr esa claridad en cuanto al modelo que se instauraría podría ser un factor de conflicto al interior de las comunidades escolares.  

Modelo híbrido durante la pandemia. Los modelos híbridos de la educación combinan las clases presenciales con clases por televisión, recursos online y contenidos impresos. Las clases por televisión son una buena opción si van acompañadas de material impreso, tutorías por teléfono y algún tipo de seguimiento a los alumnos. Las clases por televisión sin ningún otro complemento, no generan buenos resultados.

Las alianzas entre gobierno, empresas y organismos internacionales son caminos utilizados para aumentar la conectividad. También, crear una aplicación para celulares negociada con operadores telefónicos para ofrecer internet gratuito a los estudiantes más pobres y transmitir clases en varios canales de televisión. A escala más pequeña, repartir chips, celulares, paquetes con gigas y minutos de conexión, computadores y cualquier herramienta que ayude a mejorar el acceso a internet. Mientras se la sigue propagándo, hay ocasiones en que la única alternativa es la ayuda de los vecinos.

Importancia de un buen diagnóstico de partida

Facilitará el diseño de las estrategias de retorno a las instituciones educativas contar con un diagnóstico de los factores clave de los procesos de enseñanza-aprendizaje antes y durante los años 2020-2021. El diagnóstico debe servir para que el Ministerio de Educación y los órganos intermedios generen las normativas y estrategias pertinentes, así como para que las instituciones educativas adopten una educacion híbrida adaptada a sus contextos y posibilidades. El Ministerio de Educación debe evitar caer en el error de normar excesivamente, sobre todo en campos en los que las regiones y las instituciones educativas podrían encontrar mejores alternativas de trabajo. Más bien su preocupación debe enfatizar aspectos en los que no se avanzó lo suficiente durante el proceso de pandemia; en especial, las estrategias pedagógicas que lleven al estudiante al urgente objetivo de engancharlo con su aprendizaje y corregir las actitudes de desmotivación que fueron creando en muchos de ellos. Implica priorizar lo que realmente importa que aprendan, ser asertivo en lo que necesita el docente como capacitación y acompañamiento, dotarlo de capacidades metodológicas y didácticas adaptadas a una educación híbrida, incrementar el material de enseñanza de calidad disponible para implementar lo que se priorice y mejorar los mecanismos y prácticas de evaluación del estudiante. Además, todavía el 2022 el sistema educativo estará aún en una fase transitoria de lo que será la escuela que surgirá en la post-pandemia.    

Un aspecto a tener en cuenta es que avanzar en el desarrollo tecnológico en las escuelas es importante pero no es todo el problema ni la solución. Ciertamente que se necesita crecer en conectividad y en implementación tecnológica en las instituciones educativas y en los hogares, pero también, y sobre todo, en el buen uso de la tecnología que se utilice. No basta capacitar en competencias tecnológicas sino en el abanico de estrategias pedagógicas que se abren con su aprovechamiento; en el adecuado empleo de las plataformas y mayores usos que se puedan dar al celular, el WhatsApp, el Zoom, el Google Meet y programas como el Oráculo Matemágico, Villa Planet y los recursos de la Khan Academy. Siendo que todavía la mayor parte de los estudiantes tiene como principal medio de aprendizaje la televisión, sus emisiones requieren mantener una mejora sustantiva, así como ser complementados con el uso de otras herramientas a las que el estudiante pueda acceder en casa los días que no le toque ir a la escuela. 

La recuperación de estudiantes que por alguna circunstancia dejaron de estudiar durante el 2020 o 2021 es un objetivo prioritario. Hay que promover que cada escuela conozca el perfil de los mismos y las razones que llevaron a esa situación. No es lo mismo dejar de estudiar por tener que trabajar, que hacerlo para dedicarse a tareas del hogar, o superar un largo período de duelo por la pérdida de un familiar. Tampoco, es lo mismo dejar de estudiar porque es muy difícil acceder a los programas de Aprendo en Casa o porque el docente tiene dificultades de manejo de las tecnologías o para hacer sus clases más atractivas y motivadoras para sus estudiantes. Cada situación demanda una estrategia distinta y por ello la necesidad de que las instituciones educativas tengan mayor capacidad de decisiones para la adecuación del modelo híbrido. 

Educación privada en la perspectiva del 2022

En el informe del mes de mayo del presente año INIDEN describía muchas de las características del fuerte impacto que habían tenido, por un lado, la COVID-19 y, por otro, las medidas dictadas por el Ministerio de Educación y el Congreso de la República en la oferta de educación privada entre los años 2019 y 2020. Fueron factores que influyeron en una caída de su alumnado en alrededor de 171 mil estudiantes, mientras la matrícula pública se incrementaba en 323 mil. A la aprobación de un reglamento que pone mucho énfasis en las sanciones, se sumó la aprobación de una Ley en el Congreso de la República que establece varias medidas de control de precios y que conduciría a profundizar la crisis de este sector de actividad a la vez que trasladar a la carga estatal las consecuencias del cierre de muchas instituciones educativas privadas. Si bien la ley fue aprobada en el Pleno del Congreso, tenía que ser ratificada u observada por el Poder Ejecutivo.

La reacción de gremios empresariales como la CONFIEP e instituciones como IPAE y asociaciones que agrupan la educación privada no se hicieron esperar. Consideraban anticonsitucional el alcance de muchos artículos de la Ley y reclamaban el pronunciamiento del Ejecutivo, el cual finalmente se dio observando la Ley. Sin embargo, el problema continua en tanto el Congreso persista en insistir en su vigencia. Se espera que ello no suceda. Si bien en América Latina se han dado medidas que buscan apoyar a padres de familia para que sigan manteniendo a sus hijos en la educación privada, en ninguno de ellos se ha dado un trato tan agresivo en contra de esta actividad que, para el caso de países como el nuestro, resulta un complemento necesario a lo que realiza el Estado para democratizar la educación y responder a unos estándares de calidad mínimos.