El año 2024 la educación peruana concluyó sin grandes cambios. Las autoridades del sector adoptan una rutina conservadora, con políticas que no cambian con el tiempo y con un Plan Operativo Anual 2024 que recién se oficializó en agosto; es decir, ocho meses después de haber empezado el año. Dice mucho de la escasa importancia dada a esta herramienta de gestión y de la falta de un norte por donde encaminar la política de corto y mediano alcance. Mientras tanto, la ciencia, la inteligencia artificial, la neurociencia y otras tecnologías emergentes marcan el rumbo del impresionante cambio de las estructuras sociales en el mundo.

Se trata de un descuido que tiene tiempo, pero acentuado en los últimos años y que ha ocasionado que la deuda del sistema educativo con la sociedad aumente al contribuir escasamente con la reducción de las desigualdades, la pobreza, la informalidad laboral y el fortalecimiento de la identidad nacional. Las evidencias que podrían respaldar esta crítica son múltiples. Basta con mencionar solo dos de ellas: según el INEI, el 90% de la población ocupada en el sector informal tiene educación primaria o un menor nivel educativo; ese porcentaje desciende hasta el 78,4% entre los informales con educación secundaria y al 46,5% para los que tienen educación superior. Una publicación del BID, muestra que entre los jóvenes en edad de asistir a la educación secundaria, Perú registra una tasa que no solo está debajo del promedio latinoamericano, sino que la escolarización en el quintil socioeconómico más bajo tiene una diferencia de más de 30 puntos si nos comparamos con Chile, el país Latinoamericano con los mejores indicadores (BID. Estado de la Educación en LAC 2024).

2025: educación en el escenario internacional

Una primera tendencia es que los países que más se preocupan por ofrecer un servicio de calidad, tratan de no agrandar sus brechas de transformación con relación al ritmo de la revolución científica y tecnológica. Están convencidos de que la inversión en capital humano sigue siendo un motor clave de desarrollo y que el bienestar a largo plazo reposa en actitudes para aprender a lo largo de la vida, lo que redundará en mejores oportunidades laborales e ingresos salariales, mejores estándares de salud, seguridad y justicia... También son conscientes de que llevar a la educación a un proceso sustantivo de cambio representa un desafío inmenso en cuanto a financiamiento, capital humano calificado, infraestructura y materiales. Sobre todo, en países como el nuestro, los recursos presupuestarios son limitados para la educación que además debe competir con muchas otras prioridades. Por ello, la urgencia de aumentar las fuentes de financiamiento, por ejemplo, identificar nuevas fuentes de ingresos fiscales o promover presupuestos multisectoriales para proyectos donde educación participe en iniciativas de salud, empleo, alimentación, cambio climático, seguridad ciudadana, entre otros.

De otro lado, se necesita optimizar el uso y calidad de la inversión. Realizar auditorías exhaustivas para identificar y eliminar ineficiencias en el gasto público, hacer evaluaciones previas de impacto antes de decidir el cambio de una política, fortalecer la rendición de cuentas y asegurarse de que cada dinero invertido se utilice con eficiencia. En tercer lugar, hay inversiones que bien ejecutadas pueden incidir en reducir costos; es el caso de emplear soluciones tecnológicas - plataformas de aprendizaje en línea y recursos digitales- que reduzcan costos operativos, permitan llegar a más estudiantes o mejoren los desempeños académicos o de la gestión. Una capacitación docente bien encauzada puede reducir la deserción y el abandono escolar; de igual modo, invertir en un buen sistema de tutoría puede ayudar a los estudiantes a decidir mejor las carreras profesionales a seguir. Finalmente, se pueden explorar nuevas formas de financiamiento, como emitir bonos educativos para captar inversión privada y apoyar proyectos innovadores específicos; alentar más alianzas público - privadas, e involucrar a la comunidad en la toma de decisiones sobre la inversión educativa y ejecución presupuestal. La experiencia del programa Educo en El Salvador fue un ejemplo de cómo la comunidad puede ser una vía para administrar mejor los recursos: que sirvan para la contratación de docentes, gastos de alimentación escolar, transporte y otras urgencias. La presión de la comunidad puede ser un motor poderoso para priorizar el presupuesto de educación. En la República Dominicana esa presión permitió aumentar la participación de la educación en el PBO de 1,8% al 4%.

Educación peruana: necesidad de objetivos más ambiciosos

En la escuela pública del Perú, todavía no se dan preocupaciones como las reseñadas y a medida que las autoridades del sector demoren las decisiones de transformación del sistema educativo será más difícil para la población pobre y con mayor grado de vulnerabilidad, estar preparada para los cambios que se vienen. Para el país las posibilidades de contar con mejores perspectivas de crecimiento se reducen. Inicialmente, lo recomendable sería emprender dos medidas: (i) flexibilizar la normatividad para que las instituciones públicas y privadas y docentes que quieran iniciar procesos de transformación tengan libertad suficiente e inicien un proceso de innovación a gran escala, monitoreado, apoyado y reconocido por el o los organismos que sean necesarios; y (ii) contar con un plan consensuado de largo alcance, que complemente y avance en el logro de los alcances del Proyecto Educativo Nacional y esté sustentado en evidencias para empezar y sostener la transformación.

Dado que un plan de esta naturaleza requiere convocatoria y capacidades de movilización social, se necesitaría identificar un líder del proceso. Por el lado de la esfera estatal, el Ministerio de Educación, la Comisión de Educación del Congreso de la República o alguna de las instituciones públicas relacionadas, como el Ceplan, difícilmente estarían en capacidad de hacerlo por su débil liderazgo y respaldo social. Una prueba es que el Pacto Social por la Educación, convocado por el ministro Quero, quedó como un acto protocolar, ya olvidado, difícil de convertirse en una herramienta movilizadora. Además, mientras no se incluyan compromisos financieros concretos y las fuentes de donde saldrán los recursos, cualquier pacto quedará como un instrumento sólo para ganar réditos políticos.

No es que no existieran iniciativas en el pasado, pero carecieron de visión, integralidad y realismo. No se trata sólo de comprar ordenadores y dar conectividad, tampoco de generalizar la transformación para todos a la vez sin tener las capacidades para hacerlo. El desafío es complejo pues involucra variables académicas, de acondicionamiento de locales, participación social, financiamiento compartido, cooperación horizontal e internacional, valorar lo rescatable de la educación actual, y muchos otras variables más. En este informe solo nos referiremos a las tecnologías, el profesorado y el currículo.

Un primer esfuerzo que habría que cristalizar es expandir y consolidar el aprendizaje hibrido; es decir, las diversas formas de combinación de aprendizaje presencial y en línea. Se trata de modelos híbridos, muy flexibles, inclusivos, personalizados, adaptados al ritmo de cada persona y destinados a preparar a las actuales y futuras generaciones para un entorno social y laboral en constante evolución. Los componentes de presencialidad y a distancia podrán variar dependiendo del nivel educativo, la naturaleza de los estudios, la infraestructura tecnológica que disponen las instituciones y los usuarios. No se olvida que la conectividad es imprescindible para que ningún estudiante se quede atrás y para integrar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la realidad aumentada y la realidad virtual en la enseñanza y el aprendizaje.

Aunque de diferente manera, las instituciones que mayormente van aprovechando la enseñanza híbrida son un grupo de las privadas de educación básica y superior por el financiamiento que demanda ejecutar la reconversión de profesores, adecuar los planes de estudio, la evaluación, los materiales de enseñanza e implementar la infraestructura tecnológica necesaria. Inclusive empiezan a crecer las ofertas en las universidades cien por ciento virtuales. Hasta finales del 2024, sumaban casi quinientos, entre programas de carrera pregrado, maestrías, doctorados, segundas especialidades y cursos para gente que trabaja. Con relación a diciembre del 2022 estos programas se han multiplicado por 14,5 veces según el seguimiento realizado por INIDEN en la plataforma Tuni y las páginas web de las universidades.  

Entre las condiciones para acelerar procesos de educación híbrida la más importante es empezar la reconversión del profesorado. A muchos les falta formación pedagógica sólida, en la especialidad y en nuevas tecnologías. Les es más cómodo trabajar con lo que ya conocen, tienen miedo a lo desconocido y preocupación por perder su relevancia como trasmisor de aprendizajes. Si no se adaptan están condenados a ser excluídos del sistema. Con la pandemia las capacidades del profesorado de manejo de las tecnologías aumentaron; sin embargo el alto promedio de edad del magisterio estatal puede ser una limitación: los que tienen más de 50 años de edad son el 41,6% mientras los que tienen entre 18 y 29 años son el 3,9% (Endo 2021). Entre los primeros hay una parte renuente al cambio y entre los de menor edad están los que nacieron con la Internet, el Google y otras tecnologías que tienen mayor facilidad de adaptarse al ritmo de los cambios, pero que durante su formación profesional la mayoría no adquirió capacidades de manejo pedagógico de las herramientas tecnológicas y cuando se incorporaron a la docencia tampoco tuvieron la capacitación que les permita integrar la tecnología de manera efectiva en el aprendizaje activo y significativo.

Es importante que las inversiones en formación y capacitación procuren que los docentes comprendan cómo integrar coherentemente la tecnología en el currículo; fortalecer las capacidades de diseño y ejecución de proyectos, presentaciones interactivas e investigaciones en línea; trabajar con metodologías donde la tecnología apoye el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje invertido, la gamificación y el aprendizaje colaborativo; enseñar al docente a usar la tecnología para la evaluación formativa y sumativa, aprovechar la data para monitorear el progreso del alumno y retroalimentarlo; utilizar recursos multimedia, plataformas accesibles y herramientas personalizadas para atender diversas necesidades, estilos de aprendizaje y promover la seguridad en línea, el respeto por los derechos de autor y la promoción de una ciudadanía digital responsable; crear contenido digital atractivo y accesible; gestionar la tecnología en el aula; así como promover el aprendizaje continuo brindando los recursos para mantenerse actualizados.

La sobrevivencia del docente dependerá en buena medida de su cambio de mentalidad y que cuente con el soporte emocional y profesional para adaptarse. Frente a la opción de cubrir el universo de docentes con metas de capacitación más interesadas en la cantidad que en la calidad, mejor será hacerlo gradualmente para lograr una reconversión más segura. Es difícil pero no imposible si se diseñan buenos programas híbridos. Los programas presenciales masivos han tenido pobre impacto en mejorar las prácticas de enseñanza.

Otra tendencia es la que se relaciona con el para qué, qué y cómo enseñar. La educación empezó a tener mayores componentes de globalización, con estándares de aprendizaje homogéneos para aprendizajes fundamentales, colaboraciones entre instituciones de diferentes países para compartir recursos y experiencias. Además hay consensos sobre la necesidad de que los diseños curriculares aborden, con una mirada inclusiva, intercultural y con equidad, los conocimientos técnicos y la adquisición de habilidades de pensamiento crítico, colaboración, comunicación, resiliencia, autogestión, entre otras, cruciales para preparar a los estudiantes para el cambiante panorama laboral. Asimismo temas que son preocupación mundial como ciudadanía, sostenibilidad, cambio climático y ética. Mejor aún si se hace desde currículos alineados a la enseñanza basada en competencias, con contenidos, metodologías y evaluaciones trabajadas por los docentes en conjunto para desarrollarlas. Hay un sector de especialistas que cuestiona las competencias, pero ellas pueden tener un potencial significativo si su aplicación promueve la inclusión, accesibilidad a todos, reduce la presión sobre los estudiantes y permite diferentes formas de aprendizaje y evaluación para que cada uno avance a su propio ritmo. Asimismo, si se adaptan a las realidades socioeconómicas y culturales y toman en cuenta la diversidad. Dos factores clave son, de un lado, disponer de docentes adecuadamente formados capaces de comprender lo que son las competencias y cómo integrarlas en su enseñanza; también tener conciencia que la evaluación de competencias es más compleja y requiere herramientas y metodologías adecuadas y efectivas y un compromiso institucional y político fuertes.

De otro lado, sin el apoyo de las autoridades educativas y de la comunidad, será difícil que el currículo por competencias sea una realidad y no solo una aspiración. A ellas les corresponde promover políticas proactivas que fomenten la innovación en educación. Allí donde lo consigan probablemente las transformaciones experimentadas serán más rápidas.