Se creía que después de dos años, la pandemia originada por la COVID-19 estaba vencida y no fue así. El 2022 concluyó con grandes rebrotes de contagios y decesos en varios países del mundo; el más reciente, en China, empieza a preocupar al mundo: 250 millones de contagios en los primeros 20 días de diciembre último. De otro lado, muchos gobiernos, incluido el Perú, adoptan medidas para asegurar, por lo menos para la población de mayor riesgo, una quinta dosis, esta vez de la vacuna bivalente. Todo hace pensar que el 2023 todavía seguiremos batallando contra este virus.

Se creía también que el ingreso a una nueva forma de normalidad en el sistema educativo empezaría el 2022 con el retorno a clases de millones de estudiantes, pero esta vez poniendo en marcha gradualmente modelos híbridos de enseñanza basados en un mayor uso de las tecnologías y atendiendo viejos y nuevos desafíos en la formación; entre ellos, una educación más pertinente e integral, de altos y equitativos estándares académicos para todos, que combine lo local con lo global y los contenidos con situaciones de la vida real. En la práctica, no todas las instituciones educativas retornaron a la enseñanza presencial al inicio del año escolar 2022 y la gran mayoría lo hizo con esquemas de funcionamiento y de contenidos muy similares a los que habían antes de la pandemia, con escasos avances en el trabajo basado en competencias y el uso de metodologías como la resolución de problemas. En tanto, varios países emprenden reformas innovadoras aprovechando las grandes revoluciones tecnológicas y pensando en preparar a su población para una sociedad en la que el cambio es la característica principal.

Si bien hay el convencimiento que las tecnologías digitales deben convivir con la educación presencial, no siempre fue evidente. Para el Perú el desarrollo digital no tiene la prioridad suficiente, persistiendo en las instituciones educativas y en los hogares, además de grandes brechas de acceso a la conectividad, equipamiento y recursos tecnológicos, un escaso desarrollo de capacidades para el uso adecuado y responsable de estas herramientas por parte de directivos, docentes y estudiantes.

Una nueva administración de gobierno se inició el 7 de diciembre. Desde julio del 2016 hasta fines del 2022 hemos tenido siete Presidentes de la República y trece Ministros de Educación. En el último año ejercieron el despacho de Educación tres Ministros y ocho si se suman dos años. ¿Es posible gestionar con éxito con tal cantidad de cambios ministeriales? La inestabilidad es la principal característica, lo que atenta en contra de la posibilidad de grandes cambios y reformas. Lo recomendable es priorizar dos o tres políticas y sentar las bases para que el siguiente gobierno inicie una verdadera transformación del sistema educativo. Si eso lo logra, el ministro de Educación podría sentirse satisfecho.

¿Es posible reformas exitosas con la estructura presupuestaria sectorial?

La inestabilidad y el prolongado cierre de instituciones educativas fueron acompañadas de insuficientes esfuerzos dirigidos a crear las condiciones para actuar en contextos de una crisis que no tenía precedentes. Para cumplir con sus funciones, la mayoría de los docentes y estudiantes enfrentaron grandes limitaciones desde el 2020, en parte, por la casi ausencia de políticas de equipamiento, e inversiones en lo necesario para capacitación y material didáctico. La estadística sobre el presupuesto asignado y ejecutado para estos factores debe preocuparnos. Al 30 de diciembre, el Presupuesto Institucional Modificado 2022 para Educación fue de S/ 39 058 millones, destinándose para la partida Personal del Magisterio el 39% y para Construcción de Edificios y Estructuras el 20%. Con relación al 2018, ambas partidas incrementaron su participación en el presupuesto sectorial en 8,7% y 3,6%; en cambio, los recursos para Capacitación y Perfeccionamiento y para Materiales y Útiles de Enseñanza solo representaron del 0,15% y 0,2%. Esos porcentajes eran ya bajos en el presupuesto 2018: en conjunto el 0,9%. Si la comparación se hiciese en valores constantes la disminución sería mayor. Además, por falta de proyectos y de capacidad de gestión, el avance en la ejecución del gasto fue disminuyendo: en el 2022, en Capacitación y Perfeccionamiento se dejó de ejecutar el 10,6% y en Materiales y Útiles de Enseñanza el 36,9%. La situación para el 2023 no ha variado; más bien persiste la preferencia a un crecimiento mayor de la partida Personal del Magisterio y a continuar la disminución de la partida Materiales y Útiles de Enseñanza.

Se trata de una situación lamentable en momentos en que estudiantes y docentes necesitaban de estos servicios, sobre todo los de sectores de mayor pobreza y más vulnerables. Si se quieren progresos sostenibles en la mejora de los resultados educativos, la inversión en factores de calidad tendría que replantearse. No es suficiente apostar solamente al aumento salarial y la construcción de edificios porque las soluciones a los problemas de aprendizaje son mucho más complejas y requieren atender de manera equilibrada a factores como los citados en los párrafos precedentes y otros más. Los ministerios de Economía y Finanzas y de Educación deberían sentar las bases de una reforma presupuestaria que responda mejor a las necesidades y prioridades del sistema educativo; todavía las asignaciones presupuestales responden principalmente a criterios inerciales y no a los que podrían repercutir en mejoras sustantivas en el funcionamiento y resultados educativos.

Educación superior que siga las tendencias globales

Reiteradamente, en varios informes previos, INIDEN ha insistido en que las políticas de educación superior no pueden centrarse casi exclusivamente en un tema que, si bien es importante, no es el único: la SUNEDU. Hay desafíos más cruciales que la educación superior requeriría atender, entre ellos, los que se detallan a continuación:

1º Ofrecer respuestas oportunas al cambio sustantivo de la demanda por educación superior. Hay una población demandante más heterogénea y que empieza a buscar formación adaptada a sus intereses, necesidades y posibilidades. Crecen aquellos que desearían estudiar si encuentran la modalidad para hacerlo, a costos asequibles y con horarios compatibles con su actividad laboral. Igualmente aumenta interés de empleadores, jóvenes y adultos por cursos de menor duración, con énfasis práctico, en valores y que les ayuden a actualizarse, explorar nuevos retos e ingresar en procesos de formación permanentemente para acompañar los cambios en lo social y ocupacional. La formación profesional, como componente de demanda, cobra fuerza debido al aumento de los niveles de empleo de sus egresados. En España, por ejemplo, se constata que la formación profesional es actualmente el segmento de oferta con mayor crecimiento y con la tasa de matricula más alta del mercado, 28%, mayor que otras opciones: los cursos 21%, las maestrías 24% y las oposiciones 19% (Diario El País, 20-12-2022).

2º  Frente al dinámico surgimiento de nuevas modalidades y actores en la oferta formativa, hay un nuevo escenario que requiere estrategias renovadas. Empresas y grandes corporaciones digitales empiezan a competir con las instituciones de educación superior ofreciendo programas especialmente virtuales en novedosos formatos; por ejemplo, cursos de corta duración con objetivos concretos, gratuitos o con costos a los que puede acceder todo estrato poblacional. Una muestra es la oferta de Google que lidera la lista de las certificaciones con mayor matrícula en el mundo. El resto de posiciones se divide entre ofertas de universidades y empresas. Voceros de Google expresan que por $ 300 y en seis meses se puede obtener un certificado equiparado al de una carrera universitaria. Será con mensajes y programas como el de Google que las instituciones de educación superior tendrán que competir (Sued, Gabriela. Coursera y la plataformización de la educación: operación de mercados, datificación y gobernanza. 2022).

3º De igual forma, la competición tendrá como referente una demanda que pasó a ser planetaria. Quienes van a estudiar en otros países aumentaron en el mundo de 2,2 millones en 1998 a 6 millones el 2019. Estados Unidos recibe la mayor cantidad (1,1 millones en el 2020), el doble de lo que acogen el Reino Unido y Canadá que ocupan el segundo y tercer lugar. China envía casi un millón de estudiantes a otras universidades del mundo, seguido de India. El concepto de movilidad internacional ha cambiado con el desarrollo de modalidades no presenciales de formación. Hoy en día se puede estudiar en cualquier institución del mundo desde la casa. Potentes plataformas como la hindú Byju´s, Unacademy, la China Yuanfudao, la británica FutureLearn y las norteamericanas Edx, Coursera y la organizada por el MIT tienen una cobertura de millones de estudiantes en todo el mundo, con cursos gratuitos o de todo precio, al alcance de cualquier ciudadano de cualquier condición económica.

Desafío para el Perú

Ningún país latinoamericano figura entre los diez que más estudiantes envían a formarse fuera. Sin embargo, la globalización de las relaciones y la necesidad de contar con un capital humano de alta preparación hace conveniente revisar el comportamiento del indicador relacionado con la movilidad internacional de estudiantes y docentes. El 2020, el Perú ocupaba el cuarto lugar entre los países latinoamericanos en cantidad de estudiantes que se formaban en el exterior, detrás de Brasil. Colombia y México. Eso está bien, pero lo que valdría revisar es adonde van. Los que lo hacen en norteamérica u otro continente son el 95% de mexicanos, el 80% de brasileños y argentinos y solo el 40% de peruanos. Una meta debería ser promover el incremento de estudiantes que van a calificarse en países de mayor desarrollo.

En el mundo, el nuevo escenario de oferta y demanda se desarrolla irreversiblemente y a gran velocidad; un indicador es que con mayor intensidad centros de formación de otros países ingresan a competir localmente, sea con programas presenciales, semi-presenciales o virtuales. Son todavía pocas las instituciones de educación superior peruanas, públicas y privadas, que están replanteando su visión y reflexionando ampliamente sobre su posicionamiento futuro. Ellas serán las que estén en mejores condiciones para competir. Cuentan con directivos líderes, capaces de generar compromisos y consensos, emprenden planes de largo plazo técnica y financieramente viables, promueven la internacionalización del currículo y de los perfiles formativos y de investigación de sus docentes, así como la obtención de acreditaciones reconocidas en el mundo. Muchas tienen oficinas de relaciones internacionales encargadas de administrar convenios de cooperación, coordinar la atención de estudiantes y docentes de otros países, organizar la asistencia a ferias y eventos internacionales, apoyar la participación en redes de intercambio para la formación y a ejecución de proyectos de investigación.

Lo que urge es ampliar el número de instituciones que asuman su transformación, lo cual tiene como uno de sus requisitos imprescindibles la existencia de un Estado que facilite, que no ponga trabas y que deje de crear universidades públicas que no cuenten con un proyecto de desarrollo institucional sólido y con suficiente respaldo financiero. Implica generar la normativa adecuada para una oferta y demanda que, como se ha mencionado, es más heterogénea, competitiva, global y abierta a la presencia de otros competidores. Para estos últimos es urgente precisar cuáles serán los mecanismos que los regulen y acrediten su calidad. Asimismo, establecer políticas de aliento y apoyo al mayor posicionamiento de las instituciones nacionales en el escenario internacional y para aumentar sus campos y cobertura de acción de manera que contribuyan al objetivo de educación a lo largo de la vida. Es cierto que los rankings internacionales son criticados por un sector de especialistas, sin embargo, hay que reconocer que la buena ubicación en los mismos aumenta la imagen de las instituciones bien ubicadas e implica esfuerzos generalmente significativos para alcanzar un estándar mínimo de funcionamiento y de calidad. Tecnologías como la inteligencia artificial ayudarían a lograr mejoras considerables en la gestión académica e institucional y deberían ser mejor aprovechadas.