Educación es quizá uno de los sectores donde el conflicto es permanente. El sindicato de educadores es el más grande en número de asociados y muy poderoso en la movilización de maestros. ¿Cómo afectan los problemas de relaciones Estado – Trabajadores en la prestación del servicio educativo? ¿Qué significa el conflicto en términos de número de horas de aprendizaje que pierden los estudiantes? ¿Hay salidas?

Pablo Gentile y Daniel Suárez, en su artículo “Conflictividad  Educativa en América Latina”, plantean una sugestiva visión de los cambios sucedidos en la región latinoamericana en materia de reformas educativas y como éstas se relacionan con los niveles y formas de conflictividad en el sector Educación.

Perú no escapa de las características descritas en el documento de los actores citados. En efecto, los niveles de conflictividad mayor se presentan entre el gobierno y el sindicato principal de educadores que representa al magisterio estatal -el SUTEP- y por una causa principal: los bajos salarios. El SUTEP, por la población que congrega, ha ido creciendo en importancia en la lucha social de los trabajadores. Actualmente uno de sus representantes es el segundo en el mando de la Central General de Trabajadores del Perú -CGTP-.

No obstante, no dejan de existir otros frentes: el Sindicato Único de Trabajadores de Centros Educativos (SUTACE), el Sindicato de Docentes de Institutos Superiores Tecnológicos (SIDEST), la CITE que representa a los trabajadores administrativos del sector. Todos ellos luchan también por reclamos de remuneraciones. Por el lado de la educación superior universitaria, los representantes de la Asamblea de Rectores, conjuntamente con profesores y estudiantes universitarios presionan por mayor financiamiento estatal. Otro frente son los representantes de la educación privada, que constantemente claman por normas que den mayor libertad de trabajo y menos injerencia por parte de la burocracia administrativa. Están también los miles de estudiantes de la carrera docente que terminan sus estudios y no encuentran trabajo. Se calcula que el sistema educativo está produciendo entre ocho y diez mil egresados de la carrera docente más de lo que necesita el crecimiento de la matrícula y el reemplazo de profesores que se retiran del servicio.

No deja de tenerse en cuenta también el permanente conflicto al interior de los centros educativos entre las Asociaciones de Padres de Familia y los directores; en parte generado por una deficiente legislación sobre la materia y que reduce la autoridad del director en la gestión general de la escuela.

Contrariamente a lo que podría expresar una situación de conflicto manifiesto, parte del sector del profesorado privado, percibe salarios menores a los del sector público o no registra mejoras en sus ingresos desde hace siete u ocho años. Además no tiene estabilidad laboral pues es objeto de contratos a plazo fijo y sin ningún beneficio social. En este caso, son las leyes laborales -que favorecen mucho al empleador- y un decrecimiento de la oferta de trabajo para profesores en ese sector los que influyen en que cada maestro tenga como objetivo fundamental el preservar su puesto, antes que pensar en consideraciones de carácter reivindicativo. Si en algunos momentos hubieron colegios que tenían sindicatos de profesores, éstos han terminado por desaparecer.

Una característica destacada de la historia de conflictividad en la década pasada y lo que va de esta década tiene que ver con la relación actuación sindical y estilos de gobierno. Gobiernos autoritarios y en su momento con respaldo popular, muestran una actuación sindical más pasiva que cuando se da el ejercicio de gobiernos de mayor respeto a las reglas de juego democrática pero débiles en su imagen popular.

Así por ejemplo, durante la dictadura de Alberto Fujimori no se dio una paralización relevante. Sólo antes que dispusiera la disolución del Congreso de la República, en 1990, una huelga magisterial redujo el año escolar efectivo a las 2/3 partes de lo que establece la ley. En 1991, una nueva la huelga duró 109 días, lo que sumado a la postergación del inicio de las actividades lectivas, a causa de la epidemia del cólera, hizo que en la mayoría de escuelas públicas el año escolar se reduzca al 44% de semanas de clase. En el mejor de los casos la mayoría de estudiantes tuvieron un semestre como año escolar al prorrogarse las clases un mes. No sólo los alumnos fueron afectados por esta situación. El magisterio sufrió un desgaste notable en su imagen social, muchos alumnos de escuelas públicas migraron a la escuela privada, además que el sindicato no logró sus objetivos de incremento salarial y a los profesores huelguistas se les descontó los días no trabajados.

Esa experiencia de huelga, aunada al estilo de gobierno autoritario del régimen, contribuyó a que el sindicato magisterial muestre un perfil bajo a lo largo de los siguientes años, realizando sólo paralizaciones de 24 a 48 horas. Si bien los maestros tuvieron varios aumentos de remuneraciones, ellos fueron absorbidos por la inflación y el poder adquisitivo de sus salarios continuaba cuesta abajo. En gran parte, esto reflejaba el hecho que los fluctuantes recursos públicos asignados al sector no crecieron en términos reales, mientras que tanto la matrícula como el número de docentes crecían de manera sostenida. Así, se observó el paulatino deterioro del gasto por alumno y del ingreso real de los cada vez más numerosos maestros. Sólo a finales de la década de los noventa, los salarios de los maestros comenzaron a recuperarse; sin embargo, eran todavía la mitad de lo que fueron a comienzos de los setenta.

Esta situación sólo empezó a cambiar con el retorno de los gobiernos democráticos a fines del 2000. El SUTEP recobra presencia y dinamismo en su actividad sindical. El Ministro de Educación del entonces gobierno transitorio presidido por Valentín Paniagua, se encargó de reestablecer las relaciones con el sindicato, que empieza a participar de diversos procesos de carrera magisterial; por ejemplo, como representantes que eran miembros de las comisiones evaluadoras en los concursos de nombramiento de profesores. Además, el secretario general del SUTEP es designado miembro de la Comisión para un Acuerdo Nacional por la Educación. Todo un progreso al cual la dirigencia sindicalista había dejado de acostumbrarse.

Pero este naciente proceso de diálogo entre el gobierno y el sindicato no ha sido fácil. Por un lado, la administración ha perdido la costumbre de alternar y negociar con representantes del sindicato mucho más entrenados y acostumbrados a la actuación en conflictos. Además, el gobierno por lo general actúa con improvisación frente al nacimiento de un nuevo conflicto, pues no prevé medidas que podrían evitarlo. Es sólo cuando las paralizaciones o declaratorias de huelga son inminentes que se piensa en cómo enfrentarlas, lo que se convierte en una desventaja. A ello hay que agregar que varios de los derechos de los maestros establecidos en la Ley del Profesorado constituyen letra muerta, pues nunca se aplicaron; es el caso de los ascensos de nivel en la carrera o los pagos por concepto de preparación de clases.

En el 2003, con un gobierno que empezaba a mostrar fuertes caídas en los índices de aceptación popular, el SUTEP emprendió la huelga más larga desde 1991. A ella se sumaron otros sindicatos de educación, los padres de familia e incluso presidentes de gobiernos regionales y directores regionales de educación, en su mayoría afines a grupos políticos de oposición. No obstante, a medida que un conflicto se prolonga, el apoyo popular comienza a disminuir, como también las expectativas por parte de los maestros. Como en otras ocasiones, la peor parte la llevaron los niños de las áreas rurales y zonas de frontera donde el año escolar comienza tarde y el ausentismo docente tiene niveles muy altos.

A tenor de la experiencia pasada, habrá que esperar contar con estadísticas que muestren si, como a inicios de los noventa, esa huelga trajo repercusiones notables en el aumento de la deserción escolar, el número de alumnos con tres o más asignaturas desaprobadas, la repetición de grado, además de un descenso en el nivel de formación de los egresados de secundaria. Hay que aceptarlo, las huelgas del magisterio público tienen, a la larga, un impacto mayor en el empobrecimiento de la clase más necesitada y más pobre del país, en tanto que los colegios privados siguen funcionando. Cada día de paralización de los maestros significa millones de horas de clase perdidas que por lo general no llegan a recuperarse.

En la solución de conflictos con el sindicato, el Ministerio de Educación presenta dos desventajas adicionales. Una primera es el compromiso política asumido por el Presidente de la República durante su campaña presidencial que difícilmente cumplirá: la duplicación de las remuneraciones del magisterio estatal en el año 2006 comparadas con las que se tenían en julio del 2001. A tres años de ejecución, restando sólo dos años para cumplirse el plazo, el nivel de avance de la meta es sólo del 35%.

La segunda es la crítica que se le hace a la ineficiencia en la ejecución del presupuesto de educación. No parece haber discrepancia, entre quienes asignan recursos, respecto de que en el sector educación no sólo no se gasta todo el presupuesto asignado, sino que lo que invierte se hace de manera ineficiente. Existe el convencimiento que el 84% que representa el pago de planillas y de pensiones dentro del presupuesto total podría ser reducido si el Ministerio de Educación acometiera una profunda racionalización de la carga docente, un mejor control de los pagos al profesorado en función de sus niveles de asistencia y puntualidad, y mejor, aún, si las mejoras salariales se articularan a los resultados educativos que obtienen los maestros con sus alumnos. La resistencia de los responsables de la economía a otorgar aumentos indiscriminados a los maestros comienza a crecer. Igual comienza a crecer el apoyo a esas tesis de un sector importante de los medios de comunicación y de sectores importantes del pensamiento educativo en el país.

Por el lado sindical, la escasa renovación de sus líderes comenzó a afectar la unidad lograda desde inicios de los setenta. Y es que si bien en la dirigencia sindical existen profesores de distinta ideología política, las riendas del poder han estado en un solo grupo -Patria Roja- en donde algunos de los dirigentes de los años setenta siguen orientando las cauces de la lucha sindical. Otros grupos son solo “una pantalla” en una dirigencia sindical que pretende mostrarse plural. Para las nuevas generaciones el acceso a cargos de dirigencia es posible, pero muy limitadamente por la presencia de los “líderes históricos”. De allí que no sorprenda que al interior del sindicato se hayan presentado signos evidentes de fraccionamiento. Han aparecido dos facciones, todavía minoritarias pero que podrían ser una amenaza para la dirigencia tradicional sino cambia de estrategia de actuación.

Quizá ello explique los pocos cambios en la estrategia general de actuación del sindicato. Era de esperar que luego de un período de presencia pasiva, a lo largo de los noventa, haya madurado y que actúe con flexibilidad y realismo en sus reclamos reivindicatorios con el fin de tener mayores posibilidades de éxito. La opinión de muchos especialistas en el tema magisterial, es que en este campo, los progresos de la dirigencia sindical han sido escasos. En el campo económico, por ejemplo, es cada vez más deseable que la dirigencia sindical cuente entre sus miembros, con personas que tengan amplios conocimientos sobre economía para dejar de lado exigencias a menudo inalcanzables o demagógicas que a lo único que conducen es a dificultar el diálogo con el gobierno y que éste no tome en serio los reclamos que vienen de del sindicato.

Pero el aspecto en donde más preocupa la renovación de la actitud sindical es en el apoyo a la modernización de los enfoques de gestión del sistema educativo y las iniciativas de mejora de la calidad. Hay aún clara renuencia a adecuarse a esquemas que modernicen la carrera docente, que fortalezcan la autoridad de los directores de centros educativos y que atiendan las crecientes demandas de evaluación y rendición de cuentas, así como de tratamiento diferenciado de las remuneraciones en función del desempeño laboral. Como es de suponer, no convienen a los intereses sindicales. Por el contrario, la dirigencia sindical quiere, y de hecho avanza en asumir roles que van más allá de su finalidad al exigir en su pliego de reclamos demandas que lindan con el cogobierno en muchos aspectos de la gestión educativa. Se oponen a la excedencia de maestros cuando la carga docente es baja; solicitan que el Ministerio de Educación recomiende a la administración regional hacer convenios con el SUTEP para realizar la capacitación de profesores; demandan participar en la revisión de los alcances del Decreto Legislativo 882, Ley de Promoción de la Inversión Privada en Educación; cuestionan incluso del funcionamiento de escuelas como las de la red Fe y Alegría.

Preocupa que el ámbito de la conflictividad entre el sindicato y el gobierno vaya a campos que salen de los propios intereses de los maestros. La defensa de los productores de coca, demandar el acortamiento del período presidencial o el agotado argumento de que los males del país son culpa del FMI y de los organismos internacionales, son parte de un mensaje que muestra a una dirigencia sindical que pretende dar más fuerza a lo político que a lo gremial.

En medio de esta pugna de poder, hay otro elemento de conflicto al interior del sindicato que no puede subestimarse. La dirigencia del SUTEP tiene una fuerte presencia en la definición de políticas y orientación de las actividades de la Derrama Magisterial, una organización que sustenta sus actividades con aportes del magisterio estatal, que ha experimentado un fuerte crecimiento de sus activos, habiéndose convertido en una poderosa entidad financiera. Incluso, en algunos momentos, la Derrama magisterial ha sido objeto de un deseo de intervenirla por parte de autoridades del gobierno, buscando, de esa forma, debilitar la fuerza de la dirigencia magisterial.

A título de conclusión, podría expresarse que los niveles de conflictividad en el sector educación no tienen visos de reducirse. Frente a esa situación, una fórmula podría ser que el gobierno y el sindicato entren a una práctica de conciliación en donde participen un grupo de personalidades que acuerden las condiciones de negociación de una plataforma mínima de compromisos que cada parte debe asumir en el futuro. En ese propósito, resulta clave el perfil de los conciliadores: personas imparciales, objetivas, realistas, justas, que no ven en esta situación una oportunidad de ganar réditos políticos, aceptadas por ambas partes…

Con este mecanismo habría mayores posibilidades de dar pasos en firme para establecer un cronograma que permita la mejora de los sueldos de los maestros en el marco de las reales posibilidades del país y no necesariamente del ofrecimiento presidencial de duplicar los sueldos de los maestros durante su mandato. Pero lo más importante sería que de esta conciliación emerjan compromisos de parte del magisterio en relación con su contribución a la mejora de la calidad de la educación peruana.

Es tiempo que la dirigencia del SUTEP empiece a cambiar de actitud y de lugar a líderes renovados, a tono con los tiempos, tal como lo han hecho, desde hace varios años, otros sindicatos de educadores en América Latina. Si bien a jugado un rol importante en las luchas reivindicativas del magisterio público, también se ha convertido en un obstáculo en el encuentro de soluciones. Defender la estabilidad laboral irrestricta de los maestros, impedir la aplicación de medidas de mejor uso del recurso docente, exigir nombramientos de docentes más allá de las necesidades del sistema o defender la causa de muchos profesores que no tienen las condiciones para ejercer la docencia, no hacen sino dificultar una salida más rápida y exitosa a los bajos sueldos del profesorado.