A cuatro meses del cambio de gobierno es normal pensar que no queda mucho por hacer, solo preparar la transferencia a quienes asumen las riendas del país a fines de julio. Es una tarea indispensable, pero no excluye la posibilidad de ejecutar medidas que, sin implicar complejos procesos de formulación, tramitación o de mayor presupuesto serían de mucha utilidad para atender parte de los reclamos más frecuentes de la comunidad educativa y ganar en eficiencia.

La principal misión que tiene la ministra de Educación es que el sector no ingrese en un período de inercia. Una forma de lograrlo es enfocándose en la normatividad, donde directores y docentes reiteradamente han reprobado la complejidad de la legislación y la escasa flexibilidad de la regulación.  En cuatro meses, hasta fines de julio, no es posible racionalizar toda la legislación, pero sí seleccionar un grupo de normas que podrían agilizar y hacer más eficiente y efectiva la maquinaria de funcionamiento del sistema educativo público y privado. Recomendable sería que las normas seleccionadas no demanden un nivel mayor al de una resolución ministerial, es decir, que el Ministerio de Educación tenga toda la capacidad de aprobarlas. Asimismo, que no demanden presupuestos adicionales a los ya aprobados y que su implementación empiece de inmediato, o de ser el caso, progresivamente. A continuación se mencionan cuatro de ellas.

Ámbitos de agilización normativa

Para proponer las normas desarrolladas a continuación, INIDEN ha conversado con cuatro destacados especialistas conocedores de cerca del funcionamiento de las instituciones educativas. Ellos son: Jorge Yzusqui, Juanita Scarsi, León Trahtemberg y Susana Díaz.   

1º Simplificar la Matriz de Condiciones Básicas de Calidad (CBC) para la prestación de servicios en las instituciones educativas privadas de educación básica y hacerlas extensivas a las instituciones educativas estatales. La Resolución Ministerial 109-2022-Minedu organiza las CBC en seis componentes y un conjunto variable de indicadores cuyo cumplimiento debe demostrarse. Un problema es que la norma duplica en muchos casos la información solicitada a través de otros sistemas de gestión; otro problema es la generalidad de su descripción, lo que puede dar lugar a exigencias e interpretaciones de diversa naturaleza. En tercer lugar, la norma no es equitativa en cuanto a su cumplimiento por parte de las instituciones educativas públicas y privadas. Para Juanita Scarsi y Susana Díaz, hacer extensiva las CBC a las instituciones educativas públicas es adoptar un criterio de equidad y estándares homogéneos para todos, equilibrando las exigencias, estableciendo planes y plazos paulatinos de cumplimiento según el contexto. Un esfuerzo de simplificación de las CBC debería orientarse a demandar que el servicio educativo garantice servicios básicos, mobiliario adecuado para cada niño, documentos de gestión, evidencias que garanticen logros de aprendizaje de la lectura, comprensión de los fenómenos naturales y solución de problemas matemáticos en los primeros grados y la creación de condiciones de bienestar y salud mental, a través de la tutoría, servicio psicológico y convivencia armónica.

Sobre las CBC Jorge Yzusqui propone tres medidas:

• Eliminar situaciones en que la información solicitada se repite. Es el caso de los nombres de los docentes ya registrados en las plataformas del SIAGIE, el REGIEP, el Censo Local y por las UGEL. Otra duplicidad se da en los informes a la Ugel sobre la asistencia de los estudiantes a través del SIAGIE. Según el Código de Niños y Adolescentes, la obligación de las instituciones educativas es de informar a las autoridades sólo cuando un alumno falte sin justificación y de forma reiterada. Además, los registros de asistencia de las instituciones educativas no siempre coinciden con el exigido por el SIAGIE. Lo conveniente sería respetar la autonomía administrativa que dispone la Ley de Centros Educativos Privados, la que debería extenderse a las instituciones educativas públicas.
• Restringir la obligación de informar anualmente sobre la georeferenciación de la institución educativa. Se debería informar únicamente en el caso de cambio de local. La Ugel debería realizar supervisiones periódicas en casos de sospechas de información falseada.
• Remitir a los padres de familia el Reglamento Interno conforme a lo estipulado en las normas que regulan la relación con el consumidor. La norma establece que debe realizarse sesenta días antes del inicio de la matrícula y antes de la matrícula. Ahora se exige enviarlo por tercera vez conjuntamente con el Formulario Único de Matrícula (FUM), luego de finalizado el proceso de matrícula. Respecto del FUM, Yzusqui sugiere que en el SIAGIE se abra la opción que cada familia pueda bajarlo.

Aconsejable sería que, para evitar duplicidad, las plataformas se autoalimenten y que se respeten normas como las mencionadas al igual que la Ley de Procedimiento Administrativo General, la cual prohíbe a la administración solicitar información que ya dispone. También es importante mencionar que la información relacionada con la infraestructura y personal se incluyó en el expediente de autorización de funcionamiento y se actualiza cada vez que se produce algún cambio.

2º Establecer que las instituciones en capacidad de asumirlo, y en forma gradual, decidan hasta un 30% de libre disponibilidad de la programación curricular y hacer de la evaluación formativa el enfoque principal del proceso de evaluación. Para León Trahtemberg, la medida permitiría a las instituciones educativas irse sumando a una mayor autonomía académica. Podrían planificar, contextualizar, diversificar y priorizar los aprendizajes esenciales establecidos en el Currículo Nacional en función de las características y necesidades del entorno; igualmente, evitar la sobrecarga de contenidos, organizar el tiempo pedagógico para favorecer la innovación y el desarrollo de experiencias integradas de aprendizaje interdisciplinario y aprovechar diversos espacios educativos, incluyendo entornos virtuales y comunitarios. Susana Díaz sugiere concentrar los esfuerzos de capacitación de los docentes y de dotación de materiales de enseñanza en los dos primeros grados primaria asegurando que con didácticas apropiadas logren buenos resultados con sus alumnos en el aprender a leer y escribir, pues es la mejor garantía para adquirir las competencias que aseguren los aprendizajes en grados superiores.

Juanita Scarsi recomienda evaluar cómo se aplican las competencias y la evaluación formativa, su complejidad, el tiempo que demanda la evaluación de cada competencia y los registros que hay que trabajar. Para Trahtemberg la evaluación debe basarse en evidencias de desempeño vinculadas al desarrollo de competencias y los aprendizajes en cada área curricular deberían integrar la valoración progresiva de los desempeños y competencias desarrolladas durante el período lectivo generando, según corresponda, una única calificación final por área, en escala literal, la que figuraría en las actas oficiales. Habría que posibilitar que las instituciones educativas utilicen instrumentos diversos, tales como portafolios, proyectos, rúbricas y otras estrategias pertinentes. Asimismo, evitar que las evaluaciones de carácter memorístico sean el único criterio para la promoción del estudiante. No debería ser obligatorio el registro de calificaciones diferenciadas por cada competencia de manera independiente, sin perjuicio del uso pedagógico para el seguimiento del aprendizaje.

3º Replantear los alcances del SíseVe. Para Susana Díaz se han intentadonuevos protocolos pero no han funcionado; más bien sugiere emprender campañas que ayuden a su correcta implementación, por ejemplo, las dirigidas a que las comunidades comprendan que conflicto escolar no es violencia, que muchas de las desavenencias entre los estudiantes deben ser resueltas por ellos mismos como parte de su proceso de socialización y desarrollo personal, y que es necesario que los padres depongan actitudes sobre protectoras que no fortalecen la educación del carácter, la resistencia a la frustración, la cultura del esfuerzo, competencias necesarias para una vida plena.

Estando de acuerdo con las campañas, Trahtemberg advierte que no se han atacado suficientemente problemas clave del funcionamiento del SíseVe. Propone redefinir su rol como mecanismo escalonado y no como ventanilla de reporte indiscriminado. Dicho en otras palabras, losincidentes leves o de convivencia ordinaria se manejarían pedagógicamente al interior de la institución educativa con registro interno; en cambio los hechos graves, reiterados, verificados o con riesgo a la integridad se elevarían obligatoriamente al SíseVe. Apuesta asimismo por reducir la judicialización de conflictos pedagógicos; que exista una sola ruta, ficha y expediente. El ecosistema regulatorio existente mezcla convivencia escolar, libro de incidencias, SíseVe, eventuales denuncias ante Indecopi por incumplimientos de servicio, y en casos graves, posibles comunicaciones a Fiscalía o Policía. No se busca suprimir controles, sino crear una ventanilla única de actuación escolar: un formato único con casillas que definan si el asunto queda en el ámbito pedagógico, administrativo o penal. Se evitaría duplicidad documental y se reduciría el riesgo de que un mismo hecho menor active simultáneamente varias rutas. Tanto el reglamento de instituciones educativas privadas del 2021, que reconoce el marco que regula la supervisión, tipificación y sanciones, como la norma técnica anual vigente seguirían siendo aplicables a las escuelas públicas como privadas.

Los protocolos por edad y etapa evolutiva deberían diferenciar adecuadamente entre inicial, primaria y secundaria para que las conductas de niños muy pequeños no queden tratadas con el mismo lenguaje de “acoso”, “violencia” o “acoso sexual” que en adolescentes. La propuesta es aprobar matrices distintas: de convivencia y contención pedagógica para inicial y primeros grados; medidas restaurativas y correctivas para primaria; y activación obligatoria externa solo para secundaria o para hechos objetivamente graves en cualquier nivel.

4º Flexibilizar las exigencias para los mobiliarios de aula. La RVM 019-2023-MINEDU establece las dimensiones, cantidades y colores referenciales uniformes para los diversos tipos de mobiliario que se utilicen en las instituciones educativas (sillas, mesas, escritorios, muebles de guardado o exhibición, muebles) dependiendo del nivel educativo. Sin desconocer la importancia de muchas de las consideraciones ergonómicas, de formas, geometría, colores, años de estudio, Jorge Yzusqui recomienda que las medidas sean referenciales y que se permita a cada institución educativa privada elegir, con flexibilidad, el tamaño del mobiliario en función de su población estudiantil. Adicionalmente hay que reconocer que no todas las instituciones educativas estatales estarían en condición de cumplir con los estándares establecidos en la norma, por lo que lo deseable sería ajustar los estándares con un criterio suficientemente realista y proyectar en el futuro una gradual elevación de dichos estándares.

Reflexiones finales

Entre una y tres normas serían suficientes para hacer del funcionamiento de las instituciones educativas públicas y privadas una misión más llevadera y eficiente; sobre todo, para que directores y docentes dispongan de mayor tiempo para reflexionar sobre cómo conseguir mejores logros de aprendizaje. La desregulación propuesta no solo permitiría que las instituciones trabajen con normas menos rígidas, con menor temor a sanciones, que muchas veces carecen de la justificación debida, sino que estimularían las capacidades de innovación. De otro lado, el aparato administrativo saldría beneficiado. Muchos se preguntan ¿cuál es la utilidad de toda la información solicitada?, ¿cuánto de ella es procesada y analizada?, ¿en qué medida ayuda a la toma de decisiones?, ¿cuál es el feedback que las instituciones educativas reciben de este proceso?        

Quedan en el camino otras medidas que el Ministerio podría avanzar. Una de ellas, igualmente sencilla, es transferir a las instituciones educativas estatales la capacidad de decidir si se suspenden clases presenciales y cómo se recuperan en los días declarados no laborables. En el 2025 fueron varios los días perdidos. Hay que evitar que en el 2026 siga sucediendo lo mismo.