Desde los inicios de la República, nuestro país ha vivido momentos muy difíciles. Gobiernos militares, dictaduras, años de violencia subversiva. Que se recuerde, la actual crisis tiene rasgos muy particulares que generan desconciertos e incertidumbres conducentes al caos. Lo grave es que esta crisis comenzó a acrecentarse desde hace diez años y, entre otras, se caracteriza principalmente cuatro razones: (i) la confrontación del Ejecutivo, el Congreso de la República y las regiones; (ii) la facilidad con que se censura a las más altas autoridades del gobierno; (iii) el foco del interés de los políticos puesto en sus conveniencias personales o de grupo antes que las nacionales; y (iv) el aumento de la corrupción y la mayor injerencia en decisiones de gobierno de grupos que están fuera de la Ley, incluidos los asociados al narcotráfico, la delincuencia y poderosas empresas informales.       

Desde que en julio del 2016, Pedro Pablo Kuczinsky asumiera el cargo, hasta febrero del 2026, hemos tenido ocho presidentes de la República, 17 ministros de Economía y 18 ministros de Educación; es decir, que en promedio un presidente duró 14 meses, un ministro de Economía siete meses y un ministro de Educación seis. El récord se lo lleva el Ministerio del Interior que en ese período tuvo 28 ministros, a un promedio de duración de escasos cuatro meses. No es difícil imaginar las consecuencias negativas que esta inestabilidad ha traído en el desarrollo, productividad, competitividad, institucionalidad y sostenibilidad de las políticas públicas, en las esperanzas de ver un país que progresa y un sistema educativo que progresa.

El desprestigio de la política y de los políticos es elocuentemente descrito por diversos indicadores del "Informe del Latinobarómetro 2024". En general, cuando se analizan los resultados por países de la región se advierte que la práctica democrática en el Perú muestra un deterioro más marcado que el promedio de América Latina. Algunos ejemplos: entre los encuestados peruanos únicamente el 9% opina que los políticos gobiernan para todo el país; por el contrario, el 90% expresa que las decisiones y políticas están en manos de unos cuantos grupos poderosos que buscan sus propios beneficios. La confianza en las principales instituciones está por los suelos: no supera el 8% al referirse al Gobierno, Congreso y Partidos Políticos. Sólo el 11% piensa que el país progresa.   

La opinión de los jóvenes de 18 a 35 años en América Latina es recogida en el Informe “Juventudes, Asignatura pendiente 2024”, de la Fundación Ebert Stiftung. Sus opiniones revelan decepción y castigan con mayor dureza el comportamiento de los políticos y las instituciones del Estado. Mientras el Latinobarómetro encontró que al 30% de los peruanos les da lo mismo un gobierno autoritario que uno democrático, en el caso de los jóvenes se eleva al 45%. Para cuatro de cada diez jóvenes sería preferible un gobierno autoritario, iuno de cada dos opina que una opción podría ser un gobierno militar o que el país estaría mejor gobernado sin partidos políticos. Siete de cada diez se inclinan por un líder fuerte.

Migraciones y empleo: dos consecuencias del deterioro democrático

Son varias las consecuencias que conlleva un desarrollo democrático mal encaminado. Este informe sólo se centrará en dos: la migración internacional y el empleo. En cuanto a la migración, las estadísticas del INEI para el período 2016-2024 revelan que los peruanos que salieron del país y no han retornado en más de un año ascienden a 1,283.4 mil; de ellos, el 60% se fue entre los años 2022-2024. Entre los que dejaron el país hubo 554 mil profesionales -incluidos administradores, ingenieros, técnicos, docentes y estudiantes mil que migraron en los años 2020 a 2023. No se cuenta aún con los datos del 2025, pero estimaciones de Comex Perú proyectan que los que decidieron irse podrían haberse duplicado en el I semestre de 2025 respecto de su similar del 2024 cuando partieron 184 mil connacionales (https://forbes.pe/economia-y-finanzas/2025-02-11/el-numero-de-peruanos-que-dejarian-el-pais-podria-duplicarse-este-ano-advirtio-comexperu).

La encuesta sobre Juventudes de la Fundación Ebert destaca que, entre catorce países, en el Perú al igual que en la República Dominicana se da el mayor deseo de migrar de los jóvenes (62%). Son los jóvenes de las clases alta y media, así como los que tienen entre 18 y 26 años los que manifiestan la mayor disposición para irse. Para los que pertenecen a los estratos socioeconómicos A y B la razón principal es vivir y experimentar algo diferente; para los de clase media es la crisis económica. En términos generales, la migración tanto interna como fuera del país es otra clara expresión de las aspiraciones y frustraciones de las juventudes.

Casi siete de cada diez peruanos que se van fuera del país tienen entre 15 y 49 años, por lo tanto, están en su etapa de vida laboral activa. Según el INEI, Estados Unidos, España, Argentina, Italia y Chile concentran casi el 87% del total de peruanos migrantes. Además de irse en busca de mejores niveles de vida, de trabajo y de oportunidades de desarrollo profesional, también lo hacen debido a las crisis políticas y sociales, la inestabilidad económica, la inseguridad ciudadana y la percepción de pocas posibilidades de que la situación del país mejore en un futuro cercano.

Otra consecuencia del deterioro democrático se da en el empleo, en la desconfianza de invertir en el país, sobre todo en períodos de alta incertidumbre política. Sin inversiones suficientes no hay posibilidad de acompañar el ritmo de crecimiento de la población económicamente activa. De igual modo, no invertir suficiente ni pertinentemente en educación y formación profesional puede conducir a que exista abundante demanda por empleos, pero no la que necesitan las empresas. Esa distorsión es una de las razones por la que a los menores de 25 años es resulta muy difícil encontrar trabajo y mucho menos si es adecuado. Sus tasas de desempleo, que se elevan al 10,7%, son más del doble y del triple que las registradas por la fuerza de trabajo de 25 a 44 años y de 45 años y más. Si la desocupación es analizada por niveles educativos, lo que encuentra el INEI es que a menor nivel de educación menor tasa de desempleo: 2,6% entre los que tienen hasta primaria, 5,1% entre los que tienen secundaria y superior no universitaria y 6.3% entre los que poseen educación universitaria. Los que tienen empleo adecuado en el grupo entre 14 y 24 años son el 32,8%, casi la mitad de los que tienen entre 15 y 44 años (https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-empleo-nacional.pdf).

Manpower en su estudio en América Latina, sobre “Talento Joven y Empresas: Oportunidades y Desafíos 2024”, encontró que para el 63% de los jóvenes peruanos la principal dificultad para no encontrar empleo formal es la falta de experiencia; el 48% considera la falta de compatibilidad de horarios laborales y el 35% la edad como requisito. El alto nivel de desempleo de los egresados universitarios y la escasa experiencia hacen que cerca de la mitad de los jóvenes asuman puestos en áreas que no les interesa y la mtad lo haga por necesidades económicas urgentes.

Pero el problema mayor de la fuerza de trabajo en el mercado laboral es que si logra emplearse, la mayoría lo consigue en el sector informal donde no solo percibirá un ingreso menor sino que estará excluido de acceder a todos los beneficios que recibe un trabajador formal. Las estadísticas del INEI para el 2025 evidencian una situación dramática, en especial en las áreas rurales donde únicamente el 5,2% de la población ocupada tiene empleo formal, en tanto en las áreas urbanas lo tiene uno de cada tres. Sólo el 14,4% de los menores de 25 años tiene un empleo formal, menor en 14% del registran los que tienen 45 años y más. Además,  hay una estrecha correlación entre la informalidad laboral y el nivel de educación: el 94,5% de los trabajadores que tienen hasta educación primaria trabaja en empresas informales; asimismo, el 81,2% de los que poseen secundaria y el 55,4% de los que cuentan con educación superior no universitaria. La excepción se da entre quienes poseen educación universitaria: los que trabajan en empresas formales representan el 62,1%.

La misma fuente del INEI señala muestra que el ingreso salarial de los menores de 25 años es el 60% del que obtiene el grupo de 25-44 años. Asimismo,  contar con un mayor nivel de educación conlleva percibir ingresos más altos: la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) calcula en el 2025 un ingreso promedio de S/ 930 para los que tienen hasta primaria; S/ 1,481 para los que poseen secundaria, S/ 1,986 si se cuenta con educación superior no universitaria y S/ 3,311si se tiene educación universitaria.

Reflexiones finales

El país difícilmente saldrá de su crisis política sino consigue que sea gestionado por buenos gobernantes, que puedan cumplir con sus períodos de mandato para los que fueron elegidos. Los próximos comicios electorales son un momento decisivo para empezar a caminar por nuevos rumbos. Si no lo hacemos, el riesgo es quedarnos a la zaga del desarrollo que experimentan los países vecinos y mantener los altos niveles de pobreza, desigualdad y exclusión que hoy tristemente sufre la mayoría de la población. Además, y como se describe en este informe, la migración de peruanos, en especial de profesionales y del talento juvenil, seguirá incrementándose.

Acometer los desafíos del momento actual y del futuro demanda para quienes próximamente gobiernen el país replantear las estrategias del sector educación. El breve diagnóstico realizado muestra cómo los bajos niveles educativos son uno de los factores principales que explica la alta informalidad, los bajos niveles de ingreso de la mayoría de los trabajadores, su baja productividad... Es urgente evaluar lo que se enseña como educación cívica y ciudadana, diseñar e implementar programas de formación de capacidades técnicas, en especial para quienes tienen menores posibilidades de continuar estudios de educación superior. Esta política debería incluir una reforma de la educación secundaria, el desarrollo de una cultura de trabajo entre los centros de formación y las empresas, la expansión de los programas de becas a las modalidades de formación técnica y la puesta en marcha de iniciativas de actualización de competencias en el marco de la educación a lo largo de la vida.

No se deja de reconocer que acometer los desafíos que plantea desarrollar el talento y liderazgos necesarios demandará inversiones que el Estado no podrá hacerlo solo. Es clave que la burocracia entienda que no hay otra salida; que no puede continuar siendo una traba a iniciativas mixtas, que conjuntamente con la empresa privada y la sociedad hagan posible multiplicar esfuerzos. Esas iniciativas podrían hacer posible, por ejemplo, contenidos y materiales de formación mejor adecuados a las necesidades de los jóvenes y del mercado; poner el acento en las habilidades que demanda la inserción en el mercado laboral y en el funcionamiento de centros de formación mejor dotados en personal y tecnología. No hay tiempo que perder.