Como sucede cada año, las normas acerca del desarrollo de las actividades escolares establecen la calendarización que las instituciones de educación básica deben cumplir. Una calendarización bien planificada ayuda a organizar el trabajo de las instituciones educativas y los hogares y a los estudiantes a establecer sus rutinas, estén al tanto de los días festivos, celebraciones cívicas y períodos vacacionales.

La norma para el 2026 establece que el año escolar debe cubrir 36 semanas lectivas  -160 días de clase- y 8 semanas de gestión. Es una calendarización de duración similar al 2025, pero comparada con lo establecido hasta el 2024 se han reducido en tres las semanas lectivas, en cambio aumentaron en cuatro las semanas de gestión.

Frente a esta medida, el Consejo Nacional de Educación en su pronunciamiento del 27/01/2025 alertó que el recorte traerá implícito la reducción de horas de clases por lo que habría que compensar esa pérdida con medidas oportunas y adecuadas que no afecten la ejecución de los planes de estudio previstos en el Currículo Nacional de Educación Básica. La norma recomienda que las instituciones educativas procuren una mayor cantidad de días lectivos con el propósito de incrementar las oportunidades de aprendizaje y que en los días destinados a las actividades de gestión se atiendan necesidades de refuerzo pedagógico para los estudiantes, el trabajo colegiado para mejorar las prácticas pedagógicas, se capacite a los docentes, se organicen círculos de interaprendizaje, se atienda a las familias y se rindan cuentas sobre lo avanzado.

La decisión de disminuir las horas lectivas en el calendario escolar se produjo en el momento menos conveniente. Muy rápido se olvidó el impacto que tuvo el Coronavirus 19 en los aprendizajes, los estados emocionales y el futuro de la niñez y juventud. Según la Unesco, en el Perú las instituciones educativas se cerraron totalmente en promedio 34 semanas, frente a 10 semanas en Uruguay, 14 en Chile, 22 en Argentina y 23 en Colombia. Si al cierre total se añaden las interrupciones y aperturas parciales se llegó a perder 742 días en Perú, 520 en Uruguay, 630 en Chile, 716 en Argentina y 666 en Colombia. (https://ojo-publico.com/latinoamerica/el-cierre-aulas-devasto-el-aprendizaje-america-latina). El Banco Mundial destaca que en el Perú la pérdida de años de escolaridad ajustados en función del aprendizaje debido a la pandemia fue de 1,7 años por alumno, mientras que la estimada para América Latina fue de 1,5 años. El desarrollo del capital humano se vio afectado y consecuentemente el futuro crecimiento del país en el largo plazo (https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/66d702a8-b700-4ef0-ab3c-75d920e3612b/content).

Con la reapertura de las escuelas, las promesas de recuperar tiempo de aprendizaje no se cumplieron; por el contrario, se continuó como si nada hubiese ocurrido. Además, claro está que no bastaba con recuperar horas de clase; había que acompañar esta medida con otras que aseguren la mejora de los aprendizajes. En ese propósito se extrañaron decisiones más explícitas de priorización de aprendizajes, refuerzo tutorial y emocional, de dotación de materiales impresos abandonada desde el 2018, mejorar la conectividad para las escuelas, capacitar a los docentes para enfrentar el nuevo escenario... No puede decirse que faltó financiamiento ya que presupuesto institucional modificado pasó de S/ 31,804 millones en el 2019 a S/ 50,191 en valores nominales; es decir, aumentó en 61%; lo que faltó fueron iniciativas para distribuirlo mejor.    

Entre la norma y la realidad...

Entre lo dispuesto en la norma de desarrollo del año escolar y su aplicación en la realidad existe una brecha considerable. Directores y docentes enfrentan múltiples dificultades para cumplir con las metas de días lectivos programados: por un lado, en las escuelas públicas la jornada laboral es muy reducida y por otro, los feriados nacionales han aumentado hasta dieciséis existiendo doce que se celebran durante la programación de las semanas lectivas. Argumentando favorecer el turismo, para los trabajadores del sector público el gobierno ha extendido muchos de los feriados un día más calificándolos como no laborables. La recuperación posterior del tiempo de trabajo de los días no laborables, que debe ser acordada entre el empleador y el trabajador, es una norma que no se cumple en las escuelas. Para consolidar esta cuestionable práctica, la Comisión de Trabajo del Congreso de la República tiene aprobado un proyecto en espera de debate en el Pleno para oficializar que un grupo de feriados que caen fin de semana se extiendan permanentemente al lunes siguiente. A estos feriados y días no laborables hay que sumar las festividades regionales.

Si la intención de recortar las semanas lectivas del calendario escolar era acercarse al cumplimiento de las horas anuales de dictado de clases, para la gran mayoría de las escuelas ello no es posible; las únicas que logran completarlas son las que tienen una jornada de trabajo extendida en dos o tres horas adicionales a la jornada regular de las escuelas públicas. Lo triste de este escenario es que quienes resultan más afectados son siempre las poblaciones pobres y vulnerables, las que con una formación menguada ven limitadas sus posibilidades de ascenso social, acceso a un empleo formal y seguir creciendo profesionalmente.  

Una segunda preocupación es la manera cómo se busca recuperar el tiempo de los días en que se suspenden las clases presenciales. Como se recuerda, también los estudiantes pueden dejar de ir a las escuelas cuando se presentan problemas graves producidos por inundaciones y otros fenómenos de la naturaleza o cuando se prevén disturbios y paralizaciones gremiales y sindicales que ponen en riesgo la seguridad de estudiantes y profesores. Las clases también se han suspendido uno o más días cuando se ha realizado un evento especial internacional o, como sucederá el 2026, con motivo de las elecciones presidenciales en abril próximo y, si hay segunda vuelta, posiblemente uno o dos días más.

Ante estas situaciones, la salida que han tenido el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales es el dictado de clases remotamente. En la ciudad de Lima durante el año escolar 2025, además de los días no laborables, tampoco fue posible tener clases presenciales por menos siete días a causa de los paros del transporte público. Un problema que sucede con este tipo de paros es que las decisiones de suspender clases presenciales se producen muy pocas horas antes de entrar en vigor (en unos casos a la medianoche previa), lo que no da tiempo a los profesores para replantear sus objetivos, metodologías de trabajo y recursos a utilizar, ni a los padres de familia para facilitar el trabajo de sus hijos en casa.

Los resultados en cuanto a efectividad de los aprendizajes ofrecidos remotamente no son difíciles de imaginar y son razones que aumentan el convencimiento de que la modalidad remota en la educación básica regular no es una alternativa supletoria a la presencial y que su uso, especialmente en hogares donde no se dispone de las condiciones mínimas para aprovechar toda la potencialidad que las tecnologías digitales ofrecen resulta hasta contraproducente y factor de aumento de las desigualdades. Lo mismo puede decirse para el pregrado universitario donde no es extraño encontrar falta de condiciones adecuadas para que estudiantes y profesores puedan tener un servicio comparable en efectividad a la educación presencial.

Reflexiones finales

La sensación que dejan las medidas adoptadas sobre el calendario escolar es que la educación y un futuro más promisorio para la generación actual de estudiantes todavía no importan lo suficiente. Para que tengamos un talento humano sólido capaz de enfrentar los enormes desafíos del conocimiento, la tecnología, la productividad y la competitividad se necesita que directores, docentes, padres de familia y estudiantes sean apoyados en el cumplimiento del papel crucial que le corresponde.

Por diversos estudios se conocen bien que las consecuencias que trae interrumpir las clases presenciales van más allá de lo cognitivo. En las escuelas el clima y el cumplimiento de las normas de convivencia social se han debilitado al igual que la autoridad y el liderazgo de los profesores, los niveles de desconcentración en clase aumentan, la anemia afecta al 43,7% de los menores de tres años y la desnutrición crónica muestra una tendencia al alza llegando al 12,1% en el 2024 en menores de 5 años en esa situación (Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDES-2024). Se podrían citar muchos indicadores más. Lamentablemente, hay consciencia acerca de la gravedad de estos problemas, pero no tanto de las medidas que sería necesario implementar para enfrentarlos.

Siendo que la solución no está en la modalidad de enseñanza remota como alternativa generalizable en situaciones como las descritas lo aconsejable sería no abusar de su uso, que se controle y asegure la efectiva recuperación de las clases no dictadas presencialmente, que la suspensión de actividades sea una medida focalizada en escuelas donde los indicios aconsejan hacerlo y que quien decida suspender actividades no sea el Ministerio de Educación o el Gobierno Regional sino la institución educativa que está más cerca de los problemas y las soluciones. En los casos en que no existan estrategias alternativas y se tenga que recurrir a la educación remota, la administración central y regional deberían adoptar medidas que ayuden a mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes más vulnerables; por ejemplo, dotar a las escuelas que atienden a dicha población escolar del material impreso adicional que pueda utilizarse en esas circunstancias, capacitar especialmente a los profesores en metodologías de educación a distancia y a las familias en apoyar el trabajo del profesor en sus hogares.     

Sería conveniente que el Ministerio de Educación evalúe si los cambios realizados desde el 2025 en cuanto a la calendarización de actividades deben mantenerse. Teniendo en cuenta la magnitud de lo que se dejó de avanzar durante la pandemia, lo aconsejable hubiese sido no reducir el número de semanas lectivas y no sacrificarlas para duplicar las de gestión que pasaron de cuatro a ocho. Al respecto, las tareas que demandan la gestión de la programación del inicio de clases podrían irse adelantando antes que concluya el año escolar previo; igualmente, sería conveniente conocer cuántos días de esas semanas de gestión realmente se trabajan y son productivas.

De no aumentar las semanas lectivas, a las instituciones educativas estatales se les seguirá pidiendo un imposible. Dictar anualmente 1,100 horas en primaria a 30 horas por semana demanda 36,7 semanas al año; en secundaria dictar 1,200 a 35 horas por semana requiere de 34,3 semanas. A estas semanas hay que descontar los días del año en que no hay dictado de clases o que tengan que hacerse remotamente por razones como las previstas en párrafos previos. El 2025 tratándose de los estudiantes limeños fueron no menos de tres semanas.

Otra medida que debería evaluarse es la extensión de la jornada laboral diaria en las escuelas públicas. A causa del bono demográfico, muchas escuelas están perdiendo matrícula, inclusive algunas que antes funcionaban en dos turnos han pasado a atender en un solo turno. La jornada de trabajo en esas escuelas que han reducido sus turnos de funcionamiento podría aumentar si se añade al trabajo diario dos o tres horas. La implementación de esta medida sería de aplicación gradual. Finalmente, según el Banco Mundial, el Perú requeriría emprender reformas audaces que permitan acelerar el crecimiento económico y convertirse en un país del primer mundo. La limitación para ser un país rico es que debemos producir mucho más capital y capital humano que los países de la OCDE. Difícil pero posible. Disponemos del potencial para lograrlo: grandes reservas de minerales (cobre, oro, plata, zinc, plomo y hierro); todos minerales críticos para la transición energética mundial; somos el segundo mayor exportador de cobre, el tercer mayor productor de pescado del mundo y un importante exportador de frutas y hortalizas. Estamos entre los 10 países con mayor biodiversidad del mundo y uno de los principales destinos turísticos de América del Sur. De mantenerse las condiciones actuales de crecimiento económico tardaremos 64 años en alcanzar la categoría de país de ingreso alto y si se ejecutan con éxito reformas clave podría lograrse el 2045. Urge que la velocidad de crecimiento sea tres veces mayor que la actual y en ello la educación debe ser un factor clave , indispensable (https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/66d702a8-b700-4ef0-ab3c-75d920e3612b/content) .