Resultado de una grave crisis gubernamental, el ingeniero Pedro Pablo Kuczynski, se vio obligado a renunciar al cargo de Presidente de la República. Le restaban cuarenta meses de mandato. Su reemplazante, hasta julio del 2021, el ingeniero Martín Vizcarra, era el Primer Vicepresidente.

Al ingeniero Vizcarra se le recuerda por su gestión en el Gobierno Regional de Moquegua; en especial, por los progresos alcanzados por el sistema educativo. Aumentó significativamente la participación del presupuesto público en educación y Moquegua consolidó un liderazgo que hasta hoy mantiene, conjuntamente con Tacna, en las evaluaciones censales que miden el desempeño académico de los estudiantes. En su mensaje inicial como Presidente, anunció un cambio total del equipo de ministros. Fue desde el punto de vista político una decisión comprensible, bien recibida por los diversos actores políticos. Sorprendió que varios de los ministros reemplazantes hayan ocupado el cargo de viceministros.

Asimismo, ha señalado que César Villanueva, Presidente del Consejo de Ministros, en su presentación ante el Congreso de la República, dará los detalles de la política para lo que resta del período de gobierno. En su primer mensaje, Vizcarra se limitó a fijar las cuatro grandes líneas prioritarias en su gestión: (i) lucha contra la corrupción, (ii) estabilidad institucional y recuperación de la gobernabilidad; (iii) crecimiento económico ordenado y sostenible; y (iv) mejora de la calidad de vida de los peruanos en cuanto a salud, empleo y seguridad ciudadana, siendo la educación un pilar central de su gestión.  Los énfasis respecto de lo planteado por el ex Presidente Kuczynski al inicio de su gobierno son, en parte, diferentes. Kuczynski planteó como prioridades: (i) agua y desagüe para todos, (ii) educación pública de calidad, (iii) salud pública sensible, oportuna y eficaz, (iv) formalización del país, (v) construcción de infraestructura para el desarrollo, y (vi) seguridad y lucha contra la corrupción. Habrá que esperar el discurso del Presidente del Consejo de Ministros para apreciar la magnitud de similitudes y diferencias de las políticas del actual gobierno respecto del que acaba de terminar.

Nuevo ministro de Educación

Idel Vexler deja el cargo luego de cinco meses de gestión. Será reemplazado por Daniel Alfaro, profesor de la Pontificia Universidad Católica, con amplia experiencia en políticas de desarrollo cultural y turístico, en especial, industrias culturales. En el Ministerio de Educación se desempeñó como Director General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística. Se le desea éxitos en la gestión que inicia.

El nuevo ministro deberá definir prontamente una política educativa para lo inmediato y para el 2019, pues el proceso presupuestario comienza en mayo. También es indispensable que precise cuáles son las metas educativas más trascendentes que debería aspirar el país con motivo de la celebración del bicentenario de la independencia. Asimismo, es urgente proyectar el sistema educativo, con visión de largo plazo, para responder y acompañar las transformaciones que necesita el país en lo social, científico, tecnológico y del empleo. El Consejo Nacional de Educación, que viene trabajando el tema, podría ser de gran ayuda en la definición de ese escenario de futuro.

Daniel Alfaro encuentra un sector Educación que, desde fines de julio del 2016, momento en que el ex Presidente Kuczynski asumiera el mando, había experimentado tres cambios de ministros. Si bien esas gestiones mostraron una cierta continuidad de política, también tuvieron estilos propios de gestión con visiones no siempre compartidas en algunos campos de la gestión. Los cambios de ministros vinieron acompañados de una inestabilidad de cuadros directivos y técnicos en la administración central. La inestabilidad se pudo apreciar también en la implementación de algunas políticas claves. Veamos algunas de las principales en las cuales el nuevo ministro tendrá que encontrar el camino que más convenga para no profundizar las discontinuidades.

Política curricular. La política curricular requiere definiciones que no pueden esperar. Al ministro se le plantea la opción de continuar los trabajos de reajuste del Currículo Nacional aprobado el 2016, que el ministro Vexler empezó desde el inicio de su gestión y que anunció que en mayo entraría a consulta pública. La otra opción que le queda es insistir en la versión aprobada por los ministros Saavedra y Martens. En cualquiera de las dos opciones, si se quieren textos escolares adecuados a la eventualidad de producirse cambios, la nueva versión del currículo nacional tendría que estar lista a más tardar en julio. En caso contrario no estaría asegurada la disponibilidad de ese material al inicio del año escolar 2019.

El currículo también estará condicionado a lo que decida la Corte Suprema sobre la demanda presentada por el señor Francisco Javier Pacheco Mengo y otros sobre el tratamiento del enfoque transversal sobre igualdad de género. Por lo pronto, habrá que prestar atención a una declaración del ministro César Villanueva en su cuenta Twitter, cuando al referirse a ese tema expresa: “somos respetuosos, pero no podemos concentrarnos en la imposición de términos”.

Política magisterial. Las bases sindicales lideradaspor Pedro Castillo acordaron en febrero una paralización del magisterio para el 5 de abril. Hacer más extensa la duración del paro dependerá de la atención de los acuerdos firmados el año pasado, de nuevas plataformas de lucha y de la capacidad de negociación de parte del Ministerio de Educación que los lideres sindicales vayan observando. Uno de los acuerdos firmados con el SUTEP dispone hacer los estudios necesarios para elevar el piso salarial de las remuneraciones docentes en el 2021 al equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Las posibilidades de cumplir con ese acuerdo son remotas y prácticamente imposibles ya que suponen paralelamente una indexación de los salarios, pues la UIT se actualiza cada año. Hay que recordar que el déficit fiscal, en niveles muy altos, debe reducirse y que las posibilidades de elevar el gasto corriente en educación son muy limitadas sino se produce una elevación de la carga impositiva y una reducción sustantiva de la evasión tributaria. Además, es imprescindible disminuir el exceso de docentes, arrastrado desde hace más de 20 años, lo que se evidencia en el bajo promedio de estudiantes por docente en las escuelas estatales (14 en primaria y 11 en secundaria), menor que en otros países latinoamericanos y en los países de la OCDE, donde el promedio es de 23 en primaria y 20 en secundaria.

Elevar la relación estudiantes por docente demanda reorganizar la red de escuelas existentes en el país. Hay departamentos donde el promedio de alumnos matriculados por escuela es muy pequeño: 39 en Huancavelica, 53 en Ayacucho, 56 en Apurímac y Huánuco, 63 en Puno. En las provincias de Castrovirreyna y Huaytarán esta relación es menor a 20 alumnos por escuela (Datos de Escale, 2017).

Mayores incrementos salariales para el profesorado pasan necesariamente por una racionalización del personal docente, las tendencias de participación de la oferta privada y políticas que tengan en cuenta que la matrícula de la educación primaria continuará disminuyendo y que la educación secundaria seguirá la misma tendencia. De allí que habrá que evaluar con cuidado las medidas que se propongan sobre creación de nuevas plazas docentes y disminución del número de contratados. No significa que los contratados no deban disminuir, sino que cualquier proyección que se haga de la oferta de educación básica conducirá a mostrar que el stock de docentes en los siguientes diez o quince años debería ser menor al que ahora tenemos.

La política magisterial también pasa por la reforma de la formación inicial y continua del docente y por revisar algunos de los alcances de la Ley de Reforma Magisterial: el número de escalas, las políticas de incentivos y la aplicación de efectivos criterios de desarrollo del mérito en los procesos de ingreso, ascenso, promoción y retiro de la carrera. La experiencia de aumento del piso salarial y de las remuneraciones del resto de escalas magisteriales sin evaluación de criterios de mérito no debería repetirse.

SUNEDU y Leyes de Educación Superior. Por ahora se cuenta con un Superintendente en condición de encargado y con procesos de licenciamiento en marcha, en parte criticados por su lentitud. Si bien muchos representantes de las universidades han cuestionado el exceso de información y poca flexibilidad de los procedimientos adoptados, hay también un sector importante de ellos que piensa que el licenciamiento les ha servido para ordenar la gestión y no descuidar aspectos que son fundamentales en el funcionamiento de las universidades. También valoran la renovación de autoridades. El futuro de la SUNEDU y el diseño e implementación de políticas de largo plazo de desarrollo de la educación superior seguirán siendo preocupaciones de primer orden, pero para hacerse realidad requieren más eficiencia de gestión, mayor financiamiento y de calidad de gasto.

Jornada escolar completa. Actualmente hay 2400 colegios secundarios en el programa, cantidad que no varió respecto del 2017. Si las presiones por aumentos salariales a los docentes aumentan y se traducen en mayor gasto, será difícil que el programa pueda no solo expandirse, sino hacerlo en las condiciones adecuadas. Hay costos inicialmente subestimados, como los de infraestructura, equipamiento. Otros, como alimentación, que requieren definirse en función de responsabilidades que los padres de familia también deberían de cumplir. Finalmente, revisar la estructura de costos de personal, al parecer excesiva en algunos rubros e insuficiente en otros. De otro lado, tanto este programa, como los de Colegios de Alto Rendimiento y los Colegios de Alternancia deberían desarrollarse teniendo como objetivo sus aportes a una reforma de la educación secundaria y no aisladamente como se viene haciendo actualmente.

Infraestructura escolar. Las últimas semanas fueron objeto de reiteradas denuncias sobre el lamentable estado de la infraestructura de los locales escolares. No es un tema nuevo, pero es tiempo de buscar soluciones que no signifiquen actuar en vísperas del inicio del año escolar; tampoco responsabilizar únicamente al Estado del enfrentamiento del problema. Si bien la economía ha mejorado, la sociedad peruana debe convencerse los recursos estatales no alcanzan para hacer realidad el principio de educación gratuita. La aplicación del principio de gratuidad plena funciona en países donde la carga tributaria es de 35% o 40%, como es en los países nórdicos, y no de 15% como es en Perú. En tanto, hay que buscar otras opciones que ayuden a que los estudiantes peruanos accedan a su derecho de una educación de calidad.

Hay muchas instituciones que intervienen en el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura educativa: el Ministerio de Educación, otros ministerios, las comunidades, los padres de familia, la cooperación internacional, las empresas, etc. Articular sus esfuerzos es indispensable para sacar el mejor provecho a las inversiones realizadas. Para lograrlo, emprender procesos de microplanificación es indispensable.

Educación rural, educación intercultural bilingüe. Son ámbitos de política siempre mencionados como prioritarios, pero en la práctica tal prioridad se queda solo en lo declarativo. Es verdad que desarrollar modelos masivos de mejoramiento de estas áreas de atención educativa demanda presupuestos considerables y no disponibles, pero la experiencia muestra que la gradualidad puede rendir grandes frutos. Revisar la experiencia colombiana de Escuela Nueva podría ser de gran utilidad.

Plan focalizado para Loreto. Además de tener los peores resultados en la evaluación censal de estudiantes, Loreto tiene las más altas tasas de desaprobación y en el segundo grado de la educación primaria entre el 21% y 23% de los estudiantes desaprueba o se retira de la escuela en Alto Amazonas, Ramón Castilla y Putumayo. Loreto y Maynas tienen los mejores resultados, pero en ese grado 17% de desaprueba o abandona. El país no debería permitir esos niveles de fracaso al inicio de la escolaridad.

Ver enlace: Informe de Educación Marzo 2018