Hace pocos días el Ministro de Educación Morgan Quero declaró que en Lima Metropolitana existen 85 profesores involucrados en sentencias procesos y sentencias por diversos delitos de violación sexual, terrorismo, drogas y hasta homicidios que continúan trabajando en las escuelas; que pocos son los que habían sido destituidos. La estadística para todo el país no se conoce pero sería importante saberla.

De otro lado, la UGEL 06 ha separado a 80 auxiliares de educación por falsificar documentos y constancias para ser contratados.

En los últimos años se han dado algunos avances en materia normativa destinados a atacar este problema que con el tiempo ha crecido. Los reglamentos de la Ley de Reforma Magisterial incorporan normas más severas, al igual que las Leyes Nº 29988 y Nº 30901 y la reglamentación correspondiente. La intención ha sido evitar que los profesores con sentencia judicial sean nombrados o contratados en los niveles y modalidades de educación.

El problema está en que las normas no han sido suficientes para frenar el alto índice de denuncias de profesores acusados por los delitos que el Ministro de Educación ha denunciado; por el contrario esas denuncias aumentaron mientras las medidas tomadas para retirar a los malos profesores han disminuido de 651 en el año 2018 a únicamente 27 en 2022. Datos recientes señalan que en los dos primeros meses del año 2024 se han denunciado 95 casos de violación pero solo se han destituido a 30 docentes.

Si el problema no son las normas, entonces habrá que buscar la manera de combatir con más eficiencia este problema que preocupa a toda la sociedad. A continuación algunas recomendaciones que podrían contribuir a enfrentarlo:

1. Habría que contar con un diagnóstico más aproximado de la magnitud y causas del problema. Se ha comprobado que la legislación es insuficiente. Hay que entender que las soluciones no dependen de un solo sector sino de una gestión multisectorial y territorial coordinadas.
2. El Poder Judicial debería acelerar las sentencias. Parece una utopía pero es parte indispensable de la solución. La cantidad de sentencias resultan desalentadoras y desaniman a muchos afectados a realizar las denuncias.
3. También el Poder Judicial en una acción coordinada con el Ministerio de Educación deberían hacer esfuerzos por difundir la plataforma que contiene el registro de los sentenciados por delitos como los que son objeto de esta reflexión. Asimismo, sería conveniente que produzcan una guía que explique la forma de encontrar los datos que se necesiten. Hay directores que tienen dificultades para aprovecharla y para informar de casos que podrían estar sucediendo en sus instituciones.
4. Una pregunta que surge respecto de la plataforma que registra los sentenciados es si está permanentemente actualizada. La actualización debería ser diaria.
5. El Ministerio de Educación solicita anualmente a las instituciones educativas informen sobre la relación de profesores que allí trabajan. Es una medida acertada, pero las direcciones regionales de educación y las ugeles deberían apoyar a centros educativos que no tienen siempre las facilidades informar. Cuando se producen denuncias periodísticas muchas veces la cuerda termina rompiéndose por el lado más débil. El riesgo es castigar o destituir injustamente a directores sin investigaciones bien sustentadas.
6. Una estrategia integral no debería limitarse a ver cómo descienden las denuncias y destituciones -lo que ahora no sucede-. Debería adoptarse una estrategia más integral que entre otras aristas debería tener en cuenta:
   • Hay que tener filtros desde que se inicia la carrera docente. A los postulantes a estudios de pedagogía deberían aplicarse test psicológicos rigurosos. Asimismo, cuando los profesores postulan a un nombramiento o contrato.
   • Las escuelas deben actualizar los reglamentos internos si no lo han hecho. Considerar como manejar los procedimientos de denuncia, de comportamientos. 
   • En los concursos de contrato o nombramiento, los docentes que no están sujetos a ninguna denuncia podrían tener una bonificación en el puntaje.
   • Hay que fortalecer la alianza con docentes probos y padres de familia.

Es urgente adoptar medidas para que el problema no siga creciendo. Como se ha descrito, llos nudos críticos más importantes están en la gestión. Ministerios como los de Educación, Justicia, el Interior, Trabajo y Promoción del Empleo, Desarrollo e Inclusión Social, que deberían actuar más coordinadamente tienen la palabra.