Un balance de lo sucedido en los dos años de pandemia no arroja un resultado favorable. Mas bien podría decirse que han sido dos años trágicos para la educación nacional, pues ponen en riesgo lo que se pudo avanzar a lo largo del siglo. Según un reciente reporte del Unicef publicado el 16/12/2021, basado en información de la propia organización y del Instituto de Estadística de la Unesco, en el Perú los estudiantes de la enseñanza básica beneficiados con la presencialidad llegaban a principios de diciembre al 10.5%, solo por encima, en América Latina, de Honduras y Jamaica. En tanto, doce países superan el 75% de estudiantes que ya asisten regularmente a sus escuelas y en tres países adicionales la educación presencial ya representa entre el 51% y 75%.

Porcentaje de estudiantes beneficiados con la presencialidad

Nota: el porcentaje ha sido calculado en base a la matrícula total de estudiantes de preprimaria a secundaria y el número de niños, niñas y adolescentes beneficiados por la presencialidad.

Fuentes de información: Datos obtenidos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Instituto de Estadística (Welcome to UIS.Stat), y la información proporcionada por las oficinas nacionales de UNICEF hasta inicios de diciembre de 2021.

Antes de que empiece la pandemia había consenso en afirmar que si bien la educación peruana enfrentaba muchos problemas, habían algunos indicadores que comenzaban a ser esperanzadores. Las tasas de escolarización de niños de 3-5 años habían aumentado significativamente; la eficiencia académica en primaria y secundaria al igual que los rendimientos de los estudiantes en las evaluaciones nacionales e internacionales había mejorado, como también la preocupación de los docentes por auto-capacitarse y participar de los beneficios de los concursos de la carrera pública magisterial. Una expresión reciente derivada de esas mejoras son los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo -ERCE, 2019- (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Enseñanza de la Unesco). En él se miden los logros de los estudiantes a partir del análisis de los aprendizajes básicos establecidos en los currículos de tercero y sexto grados de educación primaria de dieciseis países latinoamericanos. De acuerdo con sus resultados, Perú, alcanzó la mayor mejora de aprendizajes en lectura en el sexto grado, en matemática de 3º y 6º grados y en ciencias de 6º grado. Asimismo, el segundo lugar en lectura, luego de Brasil, en el 3º de primaria. Son resultados que muestran que, no obstante los frecuentes cambios del comando en educación, los progresos en los aprendizajes no dejaron de producirse.

Son resultados que alegran, sobre todo en un país que en las últimas décadas fue quedando a la zaga en el escenario educativo latinoamericano. Pero, el camino que  queda por recorrer es aún largo, pues si bien las desigualdades entre escuelas públicas y privadas y entre escuelas urbanas y rurales han disminuido comparadas con el 2013, todavía son muy significativas y muestran que hay que seguir trabajando más en el tipo de estrategias que requiere cada realidad y la forma de implementarlas. Igualmente, es fundamental entender las razones académicas, tecnológicas y de gestión por las que se produjo en unos casos mejora y en otros retrocesos en los aprendizajes, potenciando o corrigiendo su desarrollo. Por ejemplo, comprobar si en las escuelas con mejores resultados existe un liderazgo más fuerte por parte de directores y docentes; si los estudiantes han tenido un entrenamiento previo para la evaluación; si existe una correlación entre esos resultados y el tipo de capacitación recibida por los docentes; si se produce una comunicación fluida entre el profesor, los estudiantes y los padres de familia; si el uso mayor de las tecnologías hace diferentes los resultados; o si hay una preocupación presente entre los profesores por  utilizar metodologías que tengan como objetivo enganchar e involucrar al estudiante en sus aprendizajes.

Todo indica que el cierre de dos años de la mayoría de las escuelas peruanas afectó el progreso que se venía registrando en muchos indicadores educativos clave. Si bien no hay estudios específicos al respecto, los hay en otros países, en donde inclusive las escuelas fueron cerradas por menos tiempo. Allí los resultados han sido decepcionantes. En Sao Paulo, Brasil, una investigación concluye estimando que los estudiantes lograrán apenas 28% de lo aprendido en aulas presenciales y que el riesgo del abandono escolar se ha más que triplicado (Estado de la crisis mundial de la educación. Unesco, Unicef, Banco Mundial. 2021). Lo que hay en el Perú son estudios de seguimiento del estado socio-emocional de los estudiantes que definitivamente sugieren la urgencia del retorno a clases presenciales.

En la decisión gubernamental de acelerar el retorno a las escuelas está jugado un papel muy importante el valor que la sociedad ha dado a la educación, en especial, ejerciendo vigilancia sobre las políticas que las autoridades de turno y el Congreso de la República van diseñando. Los medios de comunicación y diversas organizaciones de la sociedad civil hacen presión para lograr que en el país se corrijan deficiencias y se adopten las medidas que más convienen en favor de la población estudiantil. A no dudarlo, las presiones que esos actores ejercen para el retorno a la educación presencial han sido decisivas para que, a partir de marzo del 2022, se abran todas las escuelas. Igual batalla libran diversos sectores de la sociedad para que no se den retrocesos en la marcha de la carrera pública magisterial ni en la reforma universitaria en donde se pretende neutralizar el valor del mérito en el desempeño docente, ampliar los plazos para que las universidades no licenciadas sigan funcionando y que la SUNEDU funcione, pero bajo un modelo que ya fracasó en el pasado, es decir, pretextando un recorte de la autonomía, que las universidades se conviertan en las únicas reguladoras y evaluadoras de su propio desempeño. Esta última batalla aún no se define, pero para bien del país se espera que la reforma universitaria siga ejecutándose bajo los principios que le dieron origen, lo que no significa que no haya espacio para perfeccionar el modelo.

Mayor estabilidad para la gestión

En tiempos de pandemia, cuanto más se necesitaba estabilidad y liderazgo en la conducción del sistema educativo es cuando menos la hubo. En el 2021 el despacho de educación fue ocupado por cuatro ministros; de ellos, tres desde el 28 de julio. Hasta antes de que el profesor Pedro Castillo asumiera la Presidencia de la República se observaba que si bien los ministros cambiaban, había una relativa estabilidad de cuadros técnicos, lo cual repercutía favorablemente en alguna medida en la defensa de una continuidad de las políticas más relevantes.

Con el actual gobierno los cambios de personal directivo y técnico de la Sede Central se han acelerado, obedeciendo las designaciones más a criterios políticos que técnicos. La situación se agrava al constatarse que los grupos interesados en frenar lo avanzado en la reforma universitaria siguen ejerciendo fuerte influencia en el Congreso de la República, al igual que representantes del Fenatep en decisiones que atañen al Ministerio de Educación, en especial, sobre la carrera docente. Las investigaciones sobre la filtración de la prueba de nombramiento docente avanzan lentamente sin saber, hasta el momento, qué sucedió con un proceso que en años anteriores había mostrado todas las garantías de seguridad y sin que existan responsables.

Urgencias para el nuevo Ministro Serna Román

El flamante nuevo ministro de Educación tendrá que hacer frente al desafío de atender las múltiples urgencias en el sistema educativo. Las tres que todos reclaman son:

1. Asegurar las mejores condiciones para iniciar en marzo del 2022 las actividades académicas en todos los niveles y modalidades del sistema educativo; en especial, el buen cumplimiento de los protocolos sanitarios, avanzar lo más que se pueda en la vacunación de menores de doce años de edad. Si eso se cumple, dar libertad a las escuelas para que puedan definir sus horarios y estrategias de trabajo académico y socio-emocional. La administración debe convencerse que es imposible normar, como lo ha venido haciendo, realidades tan diferentes como las que se viven en cada escuela y aula del país. Debería mas bien apoyar con capacitaciones y recursos de enseñanza eficaces y variados.   
2. Definir el futuro de la reforma universitaria en un entorno en el que aparecen nuevas ofertas competidoras y la necesidad de garantizar que los pilares en los que reposa se mantengan. Una nueva visión de la universidad deberá fortalecer los componentes de internacionalización, digitalización, identificación de nuevas profesiones y titulaciones estrechamente asociadas a estándares de calidad, empleabilidad y  planes curriculares con visión global y local que enfaticen las habilidades para el buen ejercicio ciudadano y laboral más que los conocimientos, nueva gobernanza y la articulación con otras ofertas de educación básica, superior y de educación a lo largo de la vida.
3. Dar solución a los problemas de evaluación para los nombramientos y contratos de docentes, incluido asegurar que los docentes contratados con buen desempeño tengan renovación automática de su vínculo laboral. Asimismo, oficializar la nulidad de la prueba de nombramiento dadas las evidencias que se tienen de las irregularidades en su aplicación.

No obstante, los desafíos que Rosendo Serna tiene van mas allá. La percepción es que los constantes cambios de Ministro han generado el descuido de otros asuntos que también requieren definición. La reglamentación de  la Ley Orgánica del Sector, en donde se establece la creación del Viceministerio de Educación Superior, parece haber sido olvidada, lo mismo que la reforma de la formación inicial y continua de los docentes. A los trabajos -intersectorial e intergubernamental- para establecer una política de desarrollo tecnológico en educación y para definir las prioridades futuras de los aprendizajes, actitudes y valores les falta persistencia y coordinación. Priorizar aprendizajes en los años siguientes y calificar a docentes y estudiantes para su logro es quizá la estrategia mas eficaz para recuperar por lo menos en parte lo que se dejó de aprender durante los dos años de educación en casa.

Un principio fundamental para el futuro del país como es la educación a lo largo de la vida tampoco está en las preocupaciones del Sector. Para tener mayor competitividad y productividad el Perú necesita contar con un talento humano que siga los cambios tecnológicos en los sectores productivo y de servicios. Requiere igualmente identificar el tipo de reformas que deben impulsarse para que ese principio sea llevado a la práctica. Demás está decir que con la actual estructura y concepción de las ofertas de educación para jóvenes y adultos no se llegará tan lejos en el objetivo de avanzar en una cobertura de calidad para una gran cantidad de demandantes estimada en 20 millones de personas adicionales a las que hoy se atienden. Todavía no hay respuestas a preguntas como las siguientes: ¿qué medidas adoptar para potenciar la contribución de las instituciones de formación profesional mas relevantes que funcionan en el país?, ¿cómo aprovechar la cooperación horizontal y lo bueno de la experiencia de otros países?, ¿qué papel deberían jugar la educación universitaria y las tecnologías?, ¿cómo sería la gobernanza de este sistema? La ejecución presupuestaria tendría que ser objeto de una atención especial.  En el 2021 se devolverá S/ 4 819 millones de soles al Tesoro Público. En valores absolutos, 60% mas de lo que fue el 2019. Todas las partidas presupuestales, incluida la de Personal y Obligaciones Sociales caen su ritmo de ejecución, siendo el problema mayor en la partida Activos no Financieros, donde el nivel de devolución es superior al 70%. Según programas presupuestarios, los niveles mas bajos de ejecución se dan en la gestión y en educación superior universitaria con menos del 80%. En la educación básica se devuelve el 10%.