Ante la renuncia de César Villanueva, Presidente del Consejo de Ministros, el Presidente Martín Vizcarra procedió a realizar ajustes en el gabinete ministerial. Uno de ellos fue designar a Flor Pablo como nueva Ministra de Educación en reemplazo de Daniel Alfaro, quien venía desempeñando dicho cargo. Una de sus primeras medidas ha sido recomponer su equipo de Viceministros, Secretario General y Secretario de Planificación Estratégica. A todos ellos, muchos éxitos en la misión que ejercerán.

La nueva Ministra es una educadora con amplia experiencia en gestión educativa pública. Ha sido Directora de Educación Primaria en la sede del Ministerio de Educación y Directora Regional de Educación de Lima Metropolitana. Recientemente se desempeñaba como encargada de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Educación y Coordinadora, en la parte también técnica, de la formulación del nuevo Proyecto Educativo Nacional, que actualmente elabora dicho Consejo.

Los desafíos

Continuidad de las políticas. Su amplia experiencia en la gestión educativa le facilita una rápida adecuación al cargo y enfrentar, con realismo una situación rodeada de enormes desafíos. No cabe discusión acerca de las mejoras de la educación estatal en las últimas décadas, pero la duda está en la magnitud de esa mejora cuando se la compara con el enorme crecimiento del presupuesto público observado desde principios de este siglo. Tampoco cabe discusión respecto a que, siendo el maestro el factor clave de elevación de la calidad educativa, todavía la reforma de su formación inicial y en servicio, así como la correcta aplicación de una carrera pública magisterial y del principio del mérito siguen a la espera. En tercer lugar, está continuar con la implementación de la Ley Universitaria y el diseño de una política de educación superior que eleve sustantivamente la calidad promedio de la oferta a los estándares deseables. Finalmente, frente a la acelerada transformación de los procesos sociales y productivos, la educación peruana está obligada a salir de su encierro esencialmente escolarizado y transitar por otros espacios que hagan posible, para todos, el derecho a la educación y el aprender a aprender durante toda la vida.

Ciertamente que los cinco cambios de Ministros de Educación producidos desde el 28 de julio del 2016 hasta el presente recomiendan mantener una continuidad para las políticas educativas eje, pues no es conveniente cambiar las prioridades en un promedio de cada siete meses.

La misma recomendación va para la renovación del personal encargado de tomar las decisiones. A los cambios de funcionarios en la Alta Dirección empiezan a añadirse otros, como la designación de la nueva Directora General de Educación Básica Regular y las nuevas Jefes de las áreas de Comunicación y de Recursos Humanos. Si bien en algunos casos se justifica la urgencia del cambio, lo aconsejable es hacerlo sin apresuramiento y tratando que los nuevos funcionarios sean conscientes de esa necesaria continuidad que requieren las políticas del sector.

Revisar la estrategia de generación de normas. Respetando las grandes prioridades de política educativa, sería importante que la gestión de la nueva ministra, y de todos los órganos de la administración central y regional, se caracterice por su preocupación por hacer más llevadera la vida en las escuelas, las que deberían potenciar sus fortalezas en favor de mejores aprendizajes para sus estudiantes. Es un asunto que aparentemente no debería llevar a mayor discusión, pero que en la práctica se restringe, en buena medida, debido al exceso de protagonismo que el Ministerio de Educación y los Gobiernos Regionales han adquirido en decisiones que atañen a las escuelas. Ese protagonismo tiene como unas de sus expresiones las poco planificadas políticas de generación de normas y de demandas de información a las instituciones educativas.

Los maestros están hastiados de tanto cambio normativo y desean más espacio de tiempo para reflexionar sobre la mejor manera de responder a la finalidad principal de su misión, la cual es formar adecuadamente a sus estudiantes. Tan agotados están del exceso de normas, que disminuye el interés por conocer el contenido de muchas nuevas que les atañen. Un ejemplo reciente, comprobado por INIDEN en las visitas que ha podido realizar a una decena de escuelas luego de tres semanas de iniciado el año escolar, es que son muy pocos los directivos y docentes que han leído y comprenden los alcances de las directivas sobre evaluación del estudiante. Han escuchado que se mantienen las escalas de calificación que van desde la C hasta el AD, pero pocos conocen que la definición de lo que significa cada escala ha sufrido algunos cambios que pueden ser relevantes para el docente, para el estudiante y para el padre de familia. Se quejan, además, de que la capacitación que recibieron para implementar el currículo antes de iniciarse el año escolar no respondió a sus expectativas pues los aspectos más importantes que caracterizan el cambio y, sobre todo, los de evaluación, se abordaron teóricamente y, en algunos casos, no se abordaron. Aún cuando son importantes las limitaciones que pueda tener, una decisión acertada que debería adoptar el Ministerio de Educación es no realizar más cambios en el contenido del Currículo Nacional de la Educación Básica; más bien debería trabajar guías y orientaciones que faciliten su aplicación.

La recomendación que INIDEN hiciera a Daniel Alfaro continúa teniendo plena vigencia. El magisterio publico y privado verían con agrado que la nueva administración dedique parte de sus esfuerzos a definir una estrategia de simplificación de la normatividad y de las demandas de información que afectan el cumplimiento de las responsabilidades de las instituciones educativas. No solo hay exceso de normas, también hay duplicidad, contradicción y obsolescencia de parte de ellas.

Gestión del personal docente. Un esfuerzo particular de racionalización y coherencia normativa hay que hacer en la gestión de personal docente. Son muchas las quejas con relación a como se ejecutan procesos de nombramiento, contrato, destaque, permisos, licencias, reasignaciones, permutas, por citar algunos de ellos, con cronogramas poco pertinentes, a veces operados con insuficiente transparencia y justicia por parte de algunos funcionarios de la administración regional o de Ugel.

De otro lado, habría que retomar el fortalecimiento de la carrera pública magisterial, ahora debilitada principalmente debido a dos razones: el mérito no se está aplicando en los aumentos generales de remuneraciones y el propio Ministerio de Educación se ha encargado de crear varios cargos que están fuera de carrera. Adicionalmente, la Ley de Reforma Magisterial ha tenido varias modificaciones desde su aprobación, varias poco efectivas. Dados los problemas que aún se mantienen, sería necesario una nueva revisión, esta vez cuidando que las modificaciones que se realicen permitan una mejor aplicación de los principios fundamentales de esa Ley. La cantidad de escalas remunerativas continúa siendo poco atractiva para el profesorado, además que es costosa en su administración. En segundo lugar, la experiencia de aplicación de las evaluaciones de desempeño estaría conduciendo a revisar su práctica. No solo son igualmente costosas, sino que hay cada vez más conciencia que no existe capacidad por parte de la administración para aprovechar los resultados de tal proceso, como tampoco se aprovechan suficientemente los resultados de las evaluaciones censales y muestrales de los estudiantes.

Gestión informatizada de la información. La creación de plataformas como el SIAGIE, el NEXUS, Identicole y otros para mejorar las bases de datos y el monitoreo de los sistemas de gestión es bienvenida. No obstante, muchas plataformas informáticas requieren mejorar y adaptar la cantidad y calidad de los datos que se quieren obtener; tener en cuenta que la Internet y la Banda Ancha son aún una aspiración no lograda por la mayoría de escuelas. En promedio la capacidad que tienen para satisfacer sus necesidades de uso de la Internet podría ubicarse, en el mejor de los casos, en un 10% de lo que requieren. Es una situación que sugiere que las mejoras que se hagan a las plataformas informáticas de apoyo a la gestión tengan en cuenta estas limitaciones. La información demandada podría irse complejizando a medida que la disponibilidad de acceso a la Internet mejore.

Desarrollo de capacidades digitales. Emprender un proyecto viable, a la vez que ambicioso, de impulso de las tecnologías en las escuelas y en la gestión es impostergable si no se quiere condenar a miles de estudiantes de la escuela pública a un desarrollo limitado de las capacidades digitales. Si bien es un acierto haber definido que la competencia digital es transversal a las áreas del currículo nacional, hay que reconocer que muchas escuelas no están mínimamente implementadas en equipamiento y docentes para trabajar tal competencia. No son pocas inversiones que el Estado ha realizado en las últimas dos décadas para impulsar el desarrollo digital en las escuelas, pero se han caracterizado por su pobre impacto. Se improvisaron compras, no se programaron proyectos integrales que vayan más allá de la entrega de equipamiento y una normatividad sobre el desarrollo digital, contenida en la Resolución Ministerial 505- 2016-Minedu, cayó en el olvido, con metas programadas para el período 2017-2021, que difícilmente se cumplirán. Tener éxito en un proyecto de envergadura para el desarrollo digital en las escuelas demanda una gestión muy eficaz, mucha coordinación intersectorial y fuertes alianzas con la academia y el sector privado de las comunicaciones digitales. Sin una base mínima de equipamiento tecnológico, sin capacitación de los maestros en competencias digitales y sin un esfuerzo no solo estatal sino de la sociedad en su conjunto, será imposible lograr que todos los estudiantes desarrollen los estándares y desempeños establecidos en el Currículo Nacional.

Mantenimiento de la infraestructura escolar. Uno de los temas que cada año suscita la atención de la prensa es el estado de los locales escolares. El 2019 no fue una excepción, lo cual se agravó cuando se constató el lento avance de las obras en las zonas de la reconstrucción. Es cierto que las demandas por infraestructura son considerables y difícilmente pueden satisfacerse en el corto plazo. Sin embargo, es errado acordarse del mantenimiento de las escuelas solo en vísperas de inicio del año escolar. Es una tarea que debe realizarse a lo largo de todo el año y con la flexibilidad suficiente para poder aplicar los presupuestos en función de las necesidades específicas de cada local escolar. En ese objetivo, las normas deberían tener en cuenta esa realidad y permitir un mayor margen de maniobra en el qué invertir con las partidas del mantenimiento preventivo.

Además, las políticas de infraestructura escolar deberían tomar en consideración dos criterios: la necesidad de nuevos diseños arquitectónicos para responder a las exigencias de metodologías y didácticas activas. No deberían construirse más escuelas que no respondan a esa necesidad. El segundo se refiere a la urgencia de un ejercicio de microplanificación de escuelas que racionalice su número. En el país existe una cantidad significativa de pequeñas escuelas cuyo sostenimiento es costoso e imposible de implementarse con el personal y los recursos mínimos indispensables. Hay experiencia en países vecinos de interesantes ejercicios de microplanificación escolar que han ayudado a contar con escuelas mejor dotadas. Adicionalmente, trabajar con menos escuelas tiene la ventaja de abaratar costos de acompañamiento, capacitación, distribución de materiales, entre otros.

Ver link: Mar19-r Informe de Evaluación de INIDEN