El reciente mensaje a la Nación del Presidente Vizcarra ante el Congreso de la República abre la posibilidad de un adelanto, en un año, de las elecciones presidenciales, así como la conclusión de la representación de los Congresistas y los Representantes ante el Parlamento Andino. El proyecto de Ley de Reforma Constitucional elevado por el Ejecutivo al Legislativo impide igualmente la postulación inmediata a la Presidencia de la República del actual mandatario.
La propuesta del Presidente Vizcarra, con un cronograma de ejecución, ha ingresado para debate en el Congreso, de quien depende la viabilidad de tal iniciativa. Opiniones a favor y en contra muestran un alto nivel de polarización en esa institución. Lo que resulta mayoritario, a tenor de los sondeos públicos, es la simpatía de un alto porcentaje de población por la propuesta del Presidente Vizcarra y la muy alta desaprobación que asigna al desempeño del Congreso.
Sea cual fuere el destino de la iniciativa presidencial, lo cierto es que el interés por los aspectos desarrollados en el Mensaje han hecho que los temas relacionados con el desarrollo del país pasen a un segundo plano. Además, han comenzado a resentirse algunos de los indicadores de crecimiento económico que hasta no hace mucho andaban divorciados de los vaivenes de la política. Las previsiones de crecimiento del PBI para el 2019 disminuyen, el riesgo país aumenta y las negociaciones de los proyectos mineros más trascendentes empiezan a dificultarse.
El Presidente se refirió a la educación como una de las prioridades de gobierno. Para expresarla, una de las politicas que destacó fue la de infraestructura educativa. Expresó que hasta el 2021 se entregarán 2 800 nuevas escuelas las que beneficiarán a más de un millón de estudiantes.
Si bien las nuevas escuelas que se construyan tendrán capacidades de atención diferentes en función de las demandas proyectadas de matrícula, se trataría en parte de escuelas pequeñas, de menos de 350 alumnos y posiblemente localizadas en ciudades de baja densidad poblacional. Teniendo en cuenta las características de la actual red de locales escolares, sería importante que las decisiones sobre localización de estas escuelas responda a rigurosos criterios de planificación física y las posibilidades de ser implementadas con el personal y otros recursos indispensables para su adecuado funcionamiento. Una de las dificultades que enfrenta la red escolar pública es que la gran cantidad de locales pequeños impide su adecuada dotación con personal directivo y jerárquico, así como dificulta la asesoría, capacitación, distribución de materiales, etc.
Una segunda línea de prioridades mencionada en el Mensaje se relaciona con la educación superior. Entre otras medidas, el Presidente Vizcarra anunció el desarrollo de 26 Institutos Tecnológicos de Excelencia (IDEX), uno en cada región, al igual que inversiones por S/ 650 millones en las universidades públicas para financiar 10 proyectos de inversión en innovación e investigación y fondos concursables para mejorar la calidad del servicio en universidades públicas. También la convocatoria a más de 50 000 becas de pregrado entre 2019 y 2021 para estudiantes de alto rendimiento y escasos recursos. La Beca “Mi Vocación Técnica”, atenderá a instituciones educativas focalizadas por mayor deserción, y mayor violencia local (Barrio Seguro). Se continuarán los programas de licenciamiento de institutos superiores y de universidades.
Una tercera línea de prioridades se relaciona con el clima escolar. Respaldado en la Ley N° 29988, en el Sector Educación se ha separado definitivamente a más de mil servidores, entre docentes y administrativos, condenados por delitos de terrorismo, apología del terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas; en tanto, otros servidores han sido separados preventivamente mientras son procesados por esos mismos delitos. Para poner en práctica una política de convivencia escolar se ha contratado 250 especialistas, psicólogos y trabajadores sociales, en cada UGEL y región del país.
Por último, mencionó los esfuerzos de capacitación docente y el presupuesto destinado al pago de la deuda social.
Como en otras ocasiones, muchos encontrarán en el Mensaje Presidencial vacíos o recuentos incompletos. Siempre será así. Lo que no se puede dejar de reconocer es que haber tenido cinco Ministros de Educación en un período de tres años, ha terminado afectando la continuidad de las políticas y la eficacia de las mismas, así como una alta rotación de personal en la Sede Central.
A la Ministra de Educación, Flor Pablo, se le viene un período complicado. No obstante, el demostrado entusiasmo y conocimiento del Sector que ha demostrado en lo que va de su gestión, no cabe duda que la inestabilidad política que surge con un pedido de anticipar las elecciones presidenciales un año, afecta la marcha de todo el Ejecutivo y lo seguirá haciendo mientras dure la indefinición de viabilidad de tal propuesta. En tanto, ello repercute en el liderazgo ministerial y en la proyección y estabilidad de las medidas que se adopten. Definir cuanto antes si la propuesta del Presidente Vizcarra se acepta es indispensable para saber bajo qué condiciones se ejecutan las políticas sectoriales.
A esta definición se agregan tres situaciones no menos importantes. La primera es el giro que está tomando el informe de la Comisión de Textos Escolares con denuncias de parte de la Comisión de Educación del Congreso a los últimos seis Ministros de Educación. Es cierto que los procedimientos de diseño, producción y distribución de textos escolares merecen un replanteamiento significativo y articulado a la programación de las políticas curriculares y de formación inicial y contínua, pero también es verdad que esta necesidad se arrastra desde hace muchas décadas. Cambios en el Currículo aprobados tardíamente y/o licitaciones ejecutadas a destiempo han estado siempre entre las principales causas por las que los textos escolares circulen con algunos errores. El objetivo debe estar en la organización de un sistema eficiente y transparente de adquisición de textos escolares.
Una segunda situación que habría que regular es la incursión de miembros de la Comisión de Educación en temas que corresponden más a ámbito de la administración educativa. Modificar el criterio de edad de acceso a la educación inicial o el primer grado de primaria, restituir directores que fueron desaprobados en la evaluación o docentes que no se titularon a tiempo, plantear cobros de pensiones en los centros educativos privados en función de los días asistidos por los alumnos han sido parte de iniciativas parlamentarias con débil respaldo técnico que habría que evitar.
De otro lado, han sorprendido las declaraciones formuladas por el flamante Presidente del Congreso de la República en apoyo del movimiento “Con mis hijos no te metas”. Como es conocido, el Poder Judicial dio ya su fallo a favor de lo planteado por el Ministerio de Educación en el Currículo Nacional de la Educación Básica y la Ministra Flor Pablo está en una posición contraria a lo declarado por el Presidente del Congreso. Frente a esta diferencia de opiniones, lo aconsejable sería que las declaraciones del Presidente del Congreso se tomen como una opinión personal que no lleven a reactivar el debate sobre la igualdad de género.
A las tres situaciones descritas se suma que falta definir si el actual gobierno concluye su mandato en julio del 2020 o en julio del 2021. Sea cual fuere la alternativa que se opte, la percepción que se irá creando en la población es que se trata de un gobierno que está en situación de salida y que las iniciativas de políticas de mejora del sistema educativo y realización de nuevos programas estratégicos que proponga, corren el riesgo de no contar con la fuerza necesaria para sostenerse y lograr el impacto necesario. Lastimosamente esta situación ocurre en vísperas de una fecha muy trascendente para el país: la celebración del Bicentenario de la Independencia. Así, la posibilidad que el 2021 se convierta en una fecha especial de grandes cambios para la educación podría irse diluyendo.
A diferencia del pasado en que la preocupación del sistema educativo se centraba en la población en edad escolar, la dinámica de los cambios de la sociedad actual y futura obliga a que las personas ingresen a procesos de formación continua, indispensables para enfrentar una sociedad con varias características que todavía ni sabemos cómo evolucionarán. En especial, además de una justificada preocupación por la niñez y la adolescencia, será indispensable ampliar sustantivamente la atención educativa necesaria para jóvenes y adultos que no han concluido su educación básica, o habiendola concluido, carecen de las competencias necesarias para defenderse en un mercado laboral cada vez más competitivo. A ellos hay que asegurarles los beneficios de la inclusión social, el ejercicio de una ciudadanía plena y las oportunidades de acceder a trabajos decentes, que les permitan ascender económicamente.
Será un desafío que demandará una responsabilidad compartida entre el Estado y la Sociedad y que implica prácticamente triplicar la actual demanda de servicios de educación y formación. Además de aprovechar las ventajas que la tecnología ofrece como herramienta de aprendizaje, será muy necesario que desde muy temprana edad en el sistema educativo se desarrollen capacidades que permitan a las personas tomar decisiones sobre los aprendizajes que necesitan, seleccionar las estrategias para conseguirlos, desarrollar habilidades para acompañar e inclusive adelantarse a los cambios, y las necesarias para plantearse y desarrollar un proyecto de vida. En síntesis, convertir el aprender a aprender y hacerlos durante toda la vida es una meta educativa de la mayor trascendencia.
La excepción son los esfuerzos que lidera el Consejo Nacional de Educación para la formulación del nuevo Proyecto Educativo Nacional cuyo horizonte es el 2036. Se trata de una propuesta sustentada en una amplia consulta nacional que busca superar los problemas que se arrastran del pasado y plantear las orientaciones de política que coloquen a la educación peruana en situación de responder con pertinencia a las necesidades individuales y del país. En tal sentido, cobran importancia la efectiva aplicación, para todos, de principios como los del derecho a la educación, la educación a lo largo de la vida, la inclusión y atención de las personas con necesidades especiales, entre otros. Al igual que como sucedió con el Proyecto Educativo Nacional con horizonte al 2021, se espera que se convierta en una herramienta de Estado y aporte, en la continuidad debida, al desarrollo de las grandes líneas de política y estrategia que guiarán la educación en los siguientes tres quinquenios.
El reciente mensaje a la Nación del Presidente Vizcarra ante el Congreso de la República abre la posibilidad de un adelanto, en un año, de las elecciones presidenciales, así como la conclusión de la representación de los Congresistas y los Representantes ante el Parlamento Andino. El proyecto de Ley de Reforma Constitucional elevado por el Ejecutivo al Legislativo impide igualmente la postulación inmediata a la Presidencia de la República del actual mandatario.
La propuesta del Presidente Vizcarra, con un cronograma de ejecución, ha ingresado para debate en el Congreso, de quien depende la viabilidad de tal iniciativa. Opiniones a favor y en contra muestran un alto nivel de polarización en esa institución. Lo que resulta mayoritario, a tenor de los sondeos públicos, es la simpatía de un alto porcentaje de población por la propuesta del Presidente Vizcarra y la muy alta desaprobación que asigna al desempeño del Congreso.
Sea cual fuere el destino de la iniciativa presidencial, lo cierto es que el interés por los aspectos desarrollados en el Mensaje han hecho que los temas relacionados con el desarrollo del país pasen a un segundo plano. Además, han comenzado a resentirse algunos de los indicadores de crecimiento económico que hasta no hace mucho andaban divorciados de los vaivenes de la política. Las previsiones de crecimiento del PBI para el 2019 disminuyen, el riesgo país aumenta y las negociaciones de los proyectos mineros más trascendentes empiezan a dificultarse.
El Presidente se refirió a la educación como una de las prioridades de gobierno. Para expresarla, una de las politicas que destacó fue la de infraestructura educativa. Expresó que hasta el 2021 se entregarán 2 800 nuevas escuelas las que beneficiarán a más de un millón de estudiantes.
Si bien las nuevas escuelas que se construyan tendrán capacidades de atención diferentes en función de las demandas proyectadas de matrícula, se trataría en parte de escuelas pequeñas, de menos de 350 alumnos y posiblemente localizadas en ciudades de baja densidad poblacional. Teniendo en cuenta las características de la actual red de locales escolares, sería importante que las decisiones sobre localización de estas escuelas responda a rigurosos criterios de planificación física y las posibilidades de ser implementadas con el personal y otros recursos indispensables para su adecuado funcionamiento. Una de las dificultades que enfrenta la red escolar pública es que la gran cantidad de locales pequeños impide su adecuada dotación con personal directivo y jerárquico, así como dificulta la asesoría, capacitación, distribución de materiales, etc.
Una segunda línea de prioridades mencionada en el Mensaje se relaciona con la educación superior. Entre otras medidas, el Presidente Vizcarra anunció el desarrollo de 26 Institutos Tecnológicos de Excelencia (IDEX), uno en cada región, al igual que inversiones por S/ 650 millones en las universidades públicas para financiar 10 proyectos de inversión en innovación e investigación y fondos concursables para mejorar la calidad del servicio en universidades públicas. También la convocatoria a más de 50 000 becas de pregrado entre 2019 y 2021 para estudiantes de alto rendimiento y escasos recursos. La Beca “Mi Vocación Técnica”, atenderá a instituciones educativas focalizadas por mayor deserción, y mayor violencia local (Barrio Seguro). Se continuarán los programas de licenciamiento de institutos superiores y de universidades.
Una tercera línea de prioridades se relaciona con el clima escolar. Respaldado en la Ley N° 29988, en el Sector Educación se ha separado definitivamente a más de mil servidores, entre docentes y administrativos, condenados por delitos de terrorismo, apología del terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas; en tanto, otros servidores han sido separados preventivamente mientras son procesados por esos mismos delitos. Para poner en práctica una política de convivencia escolar se ha contratado 250 especialistas, psicólogos y trabajadores sociales, en cada UGEL y región del país.
Por último, mencionó los esfuerzos de capacitación docente y el presupuesto destinado al pago de la deuda social.
Como en otras ocasiones, muchos encontrarán en el Mensaje Presidencial vacíos o recuentos incompletos. Siempre será así. Lo que no se puede dejar de reconocer es que haber tenido cinco Ministros de Educación en un período de tres años, ha terminado afectando la continuidad de las políticas y la eficacia de las mismas, así como una alta rotación de personal en la Sede Central.
A la Ministra de Educación, Flor Pablo, se le viene un período complicado. No obstante, el demostrado entusiasmo y conocimiento del Sector que ha demostrado en lo que va de su gestión, no cabe duda que la inestabilidad política que surge con un pedido de anticipar las elecciones presidenciales un año, afecta la marcha de todo el Ejecutivo y lo seguirá haciendo mientras dure la indefinición de viabilidad de tal propuesta. En tanto, ello repercute en el liderazgo ministerial y en la proyección y estabilidad de las medidas que se adopten. Definir cuanto antes si la propuesta del Presidente Vizcarra se acepta es indispensable para saber bajo qué condiciones se ejecutan las políticas sectoriales.
A esta definición se agregan tres situaciones no menos importantes. La primera es el giro que está tomando el informe de la Comisión de Textos Escolares con denuncias de parte de la Comisión de Educación del Congreso a los últimos seis Ministros de Educación. Es cierto que los procedimientos de diseño, producción y distribución de textos escolares merecen un replanteamiento significativo y articulado a la programación de las políticas curriculares y de formación inicial y contínua, pero también es verdad que esta necesidad se arrastra desde hace muchas décadas. Cambios en el Currículo aprobados tardíamente y/o licitaciones ejecutadas a destiempo han estado siempre entre las principales causas por las que los textos escolares circulen con algunos errores. El objetivo debe estar en la organización de un sistema eficiente y transparente de adquisición de textos escolares.
Una segunda situación que habría que regular es la incursión de miembros de la Comisión de Educación en temas que corresponden más a ámbito de la administración educativa. Modificar el criterio de edad de acceso a la educación inicial o el primer grado de primaria, restituir directores que fueron desaprobados en la evaluación o docentes que no se titularon a tiempo, plantear cobros de pensiones en los centros educativos privados en función de los días asistidos por los alumnos han sido parte de iniciativas parlamentarias con débil respaldo técnico que habría que evitar.
De otro lado, han sorprendido las declaraciones formuladas por el flamante Presidente del Congreso de la República en apoyo del movimiento “Con mis hijos no te metas”. Como es conocido, el Poder Judicial dio ya su fallo a favor de lo planteado por el Ministerio de Educación en el Currículo Nacional de la Educación Básica y la Ministra Flor Pablo está en una posición contraria a lo declarado por el Presidente del Congreso. Frente a esta diferencia de opiniones, lo aconsejable sería que las declaraciones del Presidente del Congreso se tomen como una opinión personal que no lleven a reactivar el debate sobre la igualdad de género.
A las tres situaciones descritas se suma que falta definir si el actual gobierno concluye su mandato en julio del 2020 o en julio del 2021. Sea cual fuere la alternativa que se opte, la percepción que se irá creando en la población es que se trata de un gobierno que está en situación de salida y que las iniciativas de políticas de mejora del sistema educativo y realización de nuevos programas estratégicos que proponga, corren el riesgo de no contar con la fuerza necesaria para sostenerse y lograr el impacto necesario. Lastimosamente esta situación ocurre en vísperas de una fecha muy trascendente para el país: la celebración del Bicentenario de la Independencia. Así, la posibilidad que el 2021 se convierta en una fecha especial de grandes cambios para la educación podría irse diluyendo.
A diferencia del pasado en que la preocupación del sistema educativo se centraba en la población en edad escolar, la dinámica de los cambios de la sociedad actual y futura obliga a que las personas ingresen a procesos de formación continua, indispensables para enfrentar una sociedad con varias características que todavía ni sabemos cómo evolucionarán. En especial, además de una justificada preocupación por la niñez y la adolescencia, será indispensable ampliar sustantivamente la atención educativa necesaria para jóvenes y adultos que no han concluido su educación básica, o habiendola concluido, carecen de las competencias necesarias para defenderse en un mercado laboral cada vez más competitivo. A ellos hay que asegurarles los beneficios de la inclusión social, el ejercicio de una ciudadanía plena y las oportunidades de acceder a trabajos decentes, que les permitan ascender económicamente.
Será un desafío que demandará una responsabilidad compartida entre el Estado y la Sociedad y que implica prácticamente triplicar la actual demanda de servicios de educación y formación. Además de aprovechar las ventajas que la tecnología ofrece como herramienta de aprendizaje, será muy necesario que desde muy temprana edad en el sistema educativo se desarrollen capacidades que permitan a las personas tomar decisiones sobre los aprendizajes que necesitan, seleccionar las estrategias para conseguirlos, desarrollar habilidades para acompañar e inclusive adelantarse a los cambios, y las necesarias para plantearse y desarrollar un proyecto de vida. En síntesis, convertir el aprender a aprender y hacerlos durante toda la vida es una meta educativa de la mayor trascendencia.
La excepción son los esfuerzos que lidera el Consejo Nacional de Educación para la formulación del nuevo Proyecto Educativo Nacional cuyo horizonte es el 2036. Se trata de una propuesta sustentada en una amplia consulta nacional que busca superar los problemas que se arrastran del pasado y plantear las orientaciones de política que coloquen a la educación peruana en situación de responder con pertinencia a las necesidades individuales y del país. En tal sentido, cobran importancia la efectiva aplicación, para todos, de principios como los del derecho a la educación, la educación a lo largo de la vida, la inclusión y atención de las personas con necesidades especiales, entre otros. Al igual que como sucedió con el Proyecto Educativo Nacional con horizonte al 2021, se espera que se convierta en una herramienta de Estado y aporte, en la continuidad debida, al desarrollo de las grandes líneas de política y estrategia que guiarán la educación en los siguientes tres quinquenios.
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