El autor plantea que el Ministerio de Educación debe mostrar eficiencia en el gasto de su sector y que ello permitirá mejorar la capacidad negociadora con el sector economía. Para ello propone implementar algunas medidas como aplicación del sistema único de planillas, el sistema de control de plazas y la posterior racionalización y venta de activos, una mejor distribución de los recursos presupuestales a las regiones de tal manera que las más pobres reciban más fondos, entre otras medidas.