Influencers: Educación cívica y medios

Como contrapunto a las noticias políticas de las últimas semanas, ocurrió una curiosa intersección entre la educación cívica y los nuevos medios. Hace algunos días la SUNAT anunció que había citado a varios personajes muy conocidos del Internet peruano. El motivo de la cita era para capacitar a estos influencers sobre sus deberes de tributación al Estado, y de paso, informar a la ciudadanía general sobre su labor como entidad recaudadora necesaria para el desarrollo del país.

¿Cómo se define un influencer y por qué son sujetos de tributo?

Básicamente se trata de personas naturales que se dedican a crear contenido y mantener interesada a una audiencia con características determinadas, y de esta manera, promocionar –directa o indirectamente– productos o servicios propios o de terceros. Es algo muy similar a lo que hacen las marcas en televisión o cine, relacionando un producto a un personaje y así conseguir publicidad dirigida a mercados específicos.

Los influencers perciben ingresos por publicidad que, en muchas ocasiones, no son declarados de manera correcta. Debido a que es una actividad relativamente nueva, el tipo de tributo no ha sido aún reglamentado. Según la SUNAT, el tipo de actividad debería ser declarada como una de tercera categoría, es decir una renta empresarial, por servicios prestados a terceros. Por el contrario, algunos influencers consideraban que se trataba de una renta de primera categoría, ya que interpretaban que solo estaban cediendo pasivamente su espacio en la web a empresas. Efectivamente, este tipo de renta es de tercera categoría, ya que involucra labor remunerada.

No obstante, otro argumento para realizar este tipo de capacitación y difundirla en las redes sociales de SUNAT y la prensa, involucra directamente a la educación mediática, nuestro interés inmediato en este blog. En esta época en que los medios tradicionales y digitales están entrelazados y los códigos mediáticos se difuminan entre sí, ¿cómo podemos identificar un aviso publicitario contratado de la ficción o realidad aparentes?

Ver también: “Es preocupante la falta de recursos de los niños para entender la publicidad de forma crítica”: Entrevista a Mònika Jiménez

Una manera de orientar a las audiencias, que en muchas ocasiones no están del todo capacitadas para discernir contenidos o navegar de manera informada en Internet, es hacerlo desde los organismos estatales. Algo que también fue planteado en las capacitaciones a los influencers fue la inclusión de una declaración explícita en su contenido, para definir si se trata o no de un aviso contratado. De esta manera, estamos ante una práctica mediática más ética y con miras a educar al público en general en medios.

Más información sobre el plano legal y económico: 

Internet como derecho constitucional en el Perú: sentido y desafío

Por: Julio César Mateus.

A inicios de este mes, el congresista Alberto de Belaunde presentó el Proyecto de Ley Nº 3607 que busca modificar dos artículos de nuestra Constitución. Esta reforma pretende, por un lado, garantizar “el derecho de acceso a un internet libre y abierto” y, por el otro, “promover el acceso a internet y la formación en las tecnologías de la información y la comunicación”. Como explicó el parlamentario en una columna del diario Correo, esta iniciativa “no implica de ninguna manera obligación alguna para la gratuidad del servicio” sino exigir al Estado garantías para recibirlo de forma adecuada. ¿Por qué es importante esta iniciativa y cómo se vincula con la educación mediática?

Fuente: Oficina de Prensa del Congresista A. de Belaunde
Infografía que resume los motivos expuestos en la iniciativa de reforma constitucional.        Fuente: Oficina de Prensa del Congresista A. de Belaunde

Es claro que internet ha transformado nuestra cultura cuando gran parte de nuestras interacciones cotidianas ocurren en ese entorno. A decir de la teoría ecológica de los medios, las tecnologías de la comunicación –desde la escritura hasta los medios digitales– generan ambientes que afectan a los sujetos que las utilizan (Scolari, 2015: 29). Es así que el papel de internet se vuelve relevante en casi todas las instancias de la vida social y su impacto económico es cada vez más tangible gracias a la digitalización de innumerables bienes y servicios.

También a nivel político, internet se ha convertido en un espacio del que depende el ejercicio de derechos fundamentales. Como señala Manuel Castells (2018), uno de sus mayores estudiosos, “en los países democráticos, Internet se consolida como instrumento esencial de expresión, información y comunicación horizontal entre los ciudadanos y recibe la protección constitucional y judicial de las libertades”.

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas emitió una Resolución que

“reconoce la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas, incluido el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”; y también “exhorta a todos los Estados a que consideren la posibilidad de formular, mediante procesos transparentes e inclusivos con la participación de todos los interesados, y adoptar políticas públicas nacionales relativas a Internet que tengan como objetivo básico el acceso y disfrute universal de los derechos humanos”.

Si bien países europeos como Suiza, Finlandia o Francia, o latinoamericanos como Costa Rica y México ya cuentan hace unos años con marcos legales que consagran este derecho; otros tantos, como Irán, China o Venezuela, han establecido marcos de restricción y vigilancia altamente preocupantes, que van desde la filtración y censura de contenido o la prohibición de uso de plataformas como Twitter o Facebook, hasta la penalización de la libre expresión por este medio, como señala el informe Freedom on the Net 2018.

Mapa de censura de Internet en el mundo elaborado por DataGuru314 a partir de datos disponibles en https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship_and_surveillance_by_country#Country_classifications
Mapa de censura de Internet en el mundo (en rojo los países con niveles invasivos de censura y vigilancia, en anarajnado los de niveles sustanciales, en amarillo los de niveles selectivos y en verde los de poca o ninguna censura) Elaborado por DataGuru314 a partir de datos disponibles en https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship_and_surveillance_by_country#Country_classifications

Los desafíos del internet libre

La mirada optimista sobre internet no debe privarnos de ver los enormes desafíos para el ejercicio de un derecho como el que esta iniciativa propone. En tiempos de sobreabundancia informativa, imágenes manipuladas y noticias falsas, la mayoría de usuarios no contamos con capacidades suficientes para interactuar con contenidos y medios de forma crítica. No basta, como venimos explicando en este blog, con aprender a dominar las TIC como instrumentos –saber manipularlas y explorar sus funciones– sino, sobre todo, con desarrollar una competencia mediática que nos facilite una interacción responsable y provechosa con ellas. De lo contrario, la promesa del internet liberador se acercaría más a la pesadilla de una sociedad narcotizada, anarquizada e invadida por necios, como lamentó el filósofo italiano Umberto Eco (2015).

Para evitar ser pesimistas, el profesor José Manuel Pérez Tornero (2018) insiste en que esta competencia mediática es, en escencia, una competencia cívica de la cual depende la democracia, la creatividad económica y la innovación. En ese sentido,

la educación mediática debe ser tan dinámica como el paisaje tecnológico y debe introducir necesidades contemporáneas: enfrentarse a una globalización salvaje, al crecimiento del populismo, al auge de las ‘fake news’. […] tiene que dar respuesta a las nuevas condiciones que crean las redes sociales: a fenómenos como el ciberbullying o las adicciones que crean las tecnologías.

Por lo anterior, esta iniciativa de reforma presentada es un esfuerzo valioso porque incorpora este aspecto educativo: reafirma que la brecha digital no se agota en el acceso material al internet, sino que también “requiere reforzar condiciones educativas de la ciudadanía”. Estas condiciones deben expresarse de manera concreta en la integración curricular de la educación mediática –no en la perspectiva de educar con tecnologías, sino educar sobre ellas– (Mateus & Suárez-Guerrero, 2017). También debe atender de forma prioritaria la formación docente en esta materia, sobre la que seguiremos insistiendo en este espacio.

La aprobación de este proyecto debería suponer un mayor compromiso del Estado peruano por desarrollar una infraestructura digital adecuada, velar porque no existan barreras arbitrarias para su uso y asegurar la neutralidad de la red. Pero estas reformas constitucionales sólo servirán si se complementan con un marco legal mayor que nos permita, por un lado, proteger nuestros datos personales y aumentar la transparencia en la gestión de los mismos, y, por el otro, incorporar de forma explícita la educación mediática para lidiar adecuadamente con los contenidos que consumimos y producimos. Sin atender el desarrollo real de estas capacidades, este derecho será, como otros tantos que aparecen en nuestra Constitución, lirismo impracticable.

Referencias

  • Castells, M. (2018). Internet, libertad y sociedad: una perspectiva analítica. Polis, 4. [Enlace]
  • Eco, U. (2015) “Con i social parola a legioni di imbecilli”. La Stampa. [Enlace]
  • Mateus, J.C. & Suárez-Guerrero, C. (2017). La competencia TIC en el nuevo currículo peruano desde la perspectiva de la educación mediática. EDMETIC, 6(2), 129-147. [Enlace]
  • Pérez Tornero, J.M. (2018) “La democracia depende de la educación mediática” Educared. [Enlace]
  • Scolari, C. (ed.) (2015) Ecología de los medios. Entornos, evoluciones e interpretaciones. Barcelona: Gedisa. [Enlace]

Entrevista a Miriam Larco: “En los medios sociales se violentan nuestros derechos a diario”

El Consejo Consultivo de Radio y Televisión (ConcorTV) es un organismo que busca promover las buenas prácticas en la radio y televisión peruana. Está adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y fue creado a partir de la Ley de Radio y Televisión promulgada el 2004. Conversamos con su secretaria técnica, Miriam Larco, sobre las dificultades que enfrenta la escuela para educar mediáticamente y las dificultades que encuentra el ciudadano -desde niño- para consumir contenidos de calidad en un país donde no todos los medios cumplen con “autorregularse”.

¿Por qué es importante educar en medios?
Estamos hablando de chicos que conviven con medios de comunicación. Cuando les preguntas por las actividades que más realizan, dicen: ver televisión, usar internet y escuchar música. Los medios están en primer lugar; en cuarto está el colegio; y en el quinto, jugar. Hablamos de medios como la radio, la televisión o internet, pero también los videojuegos. El colegio no los incorpora en la currícula escolar. Se usan los medios para distraer a los chicos cuando el profesor o está cansado o está ausente. Se pasan películas o programas para niños cuando los profesores no están, pero no es que se trabaje la educación para los medios.

¿Cuál es el aspecto más crítico para educar mediáticamente?
El temor o la resistencia del profesor a capacitarse en estas nuevas tecnologías. Hace años, cuando trabajamos con Foro Educativo y hacíamos talleres para profesores, muchos se resistían a ser identificados como personas que no dominaban las nuevas tecnologías: se sentían avergonzados de no saber más que los chicos. Temían no poder rendir. Uno de los problemas del Ministerio de Educación es que los profesores no tienen tiempo para seguir capacitándose, de modo que todo queda en la buena voluntad de los profesores.

¿Cómo enfrentar este reto?
Se debería despertar la autoformación: esa necesidad de formarnos permanentemente. Estamos acostumbrados a que nos den la información en la mano. Por otro lado, tenemos colegios militarizados o muy religiosos, pero no de librepensadores. El desarrollo de las tecnologías nos da a los profesores el reto de formar individuos que busquen información, que la creen y que hagan uso de su libertad de información y expresión. Tenemos tantas materias inútiles que nos han llenado el tiempo por un tema de mercado, y que actualmente podríamos orientarlas a preparar un individuo que se autoeduque.

Sobre la libertad de información y expresión: hoy los medios sociales como el Facebook son un sistema judicial paralelo…
No se conocen las reglas del juego. Existe el derecho a la imagen: nadie puede tomarte una foto ni reproducir ni dfifundirla. Tampoco puede grabar tu voz. Te puedo prestar mi celular para tomarme una foto, pero eso no significa que te autorizo a ponerla en la red porque esa fotografía podría tener consecuencias que atenten contra el derecho al honor, la buena reputación y la privacidad de una persona. Se ha priorizado el tema de la libertad de información por sobre todas las cosas pero, en igual medida, está el derecho de los otros.

Ya es usual exponer en los medios sociales presuntos delincuentes y someterlos al juicio popular.
Por un lado, los medios sociales a los que autorizamos a utilizar toda nuestra información están violentando muchos derechos y lo hacen todos los días. Por el otro, nadie explica a los alumnos cuáles son los límites. Se naturalizan comportamientos ilegales. Por ejemplo, creemos que los medios son jueces y fiscales. Es cierto que deben supervisar las funciones públicas, pero no presentar determinadas imágenes o discursos que pueden atentar contra los derechos de los otros. Corremos el riesgo de que una persona se equivoque y acuse a alguien que no es o invente historias, y el medio ya la juzgó.

Si veo un acto de acoso en un bus, por ejemplo, lo fotografío y lo subo a la web, luego alguien busca el nombre del presunto agresor y los publica. ¿Qué debería hacer una persona en una situación así?
Hay que tener mucho cuidado: los medios y el Poder Judicial son diferentes. Para hacer justicia hay que seguir el debido proceso, que implica el derecho de defensa. En muchos casos, los medios son un obstáculo para el ejercicio de la justicia porque nos induce la capacidad de juzgar. Cuando veo un delito in fraganti o esto en una situación de riesgo puedo grabar sin ningún problema (ahora valen como prueba los videos, las imágenes y los audios). Lo que no se puede hacer es difundir ese material. Eso sirve como un indicio de prueba para que el fiscal inicie una investigación.

Una de las funciones de Concortv es emitir opinión sobre las infracciones de los medios. ¿De qué se queja la gente?
Hemos informado a más de un gobierno que debería haber un cambio de regulación. Para comenzar, el peso de la defensa frente a los contenidos no lo puede tener el consumidor. En el mundo no sucede eso. El nuestro es un Estado observador, que no quiere meterse en el contenido, por la historia [de uso político de los medios] que hemos vivido. Pero bajo el cuento de la autorregulación es la gente la responsable de denunciar al medio ante sí mismo…

¿Y qué pasa si el medio no responde?
Si el medio no responde o lo que responde no es correcto, recién ahí el consumidor puede interponer otra denuncia ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En estos 10 años, ¿cuántas denuncias han llegado? Solo siete, de las cuales cuatro se resolvieron. Tampoco tenemos registro de quién denuncia, porque toda esa información se queda en el primer paso y la controlan los propios medios. He conversado con los medios. Algunos me cuentan que les llegan 200 llamadas al día, pero no hay registro. La ley no obliga. Es un sistema perverso de autorregulación que funciona mínimamente. Tenemos miles de medios a nivel nacional que no están cumpliendo con la autorregulación y el Estado no se quiere meterse en problemas.

¿Qué buenas prácticas conocemos en la región?
Argentina y Colombia son ejemplos interesantes. Ellos tienen un defensor del usuario: una institución independiente intermediaria entre el usuario y el estado. Chile tiene un Consejo Nacional de Televisión de Chile, una entidad estatal. En Perú, el defensor del pueblo podría asumir la defensa del usuario frente a determinados contenidos. De modo que, si el medio no quiere resolver la denuncia, la puede pasar directamente al Estado y no es una carga para el consumidor.

¿Se ha avanzado en la producción de contenidos de calidad para niños y adolescentes? 

Producir es muy caro. En un tiempo se podía hacer más porque llegaba publicidad, ahora el rating ha condenado a que las agencias de medios seleccionen solo a algunos y el los demás no entran en el mercado. Esto ha provocado que se debiliten totalmente los radiodifusores locales y que exista una concentración fáctica en las grandes cadenas locales. Ese debilitamiento no permite nuevas producciones y promueve la piratería. Además, desde el Estado hay una falta de conexión entre las acciones que se hacen. Por ejemplo: TV Perú ha sacado un nuevo canal para niños y adolescentes, IPE, cuyo contenido es súper interesante y podría ser digitalizado y distribuido entre los canales que quieran retransmitirlos, en lugar de piratear. Otro ejemplo: el Ministerio de Cultura tiene un maletín de cultura con programación del primer nivel y guías dirigidas a profesores, que se han repartido en 300 colegios. Estas iniciativas podrían ser coordinadas por distintos sectores estatales a favor de la educación pública. También se podría pensar en acuerdos con radiodifusores, pero cada ministerio se mira a sí mismo y no hay sostenibilidad en los proyectos, ni personal que se mantenga en el tiempo.

¿Despreciamos el poder educativo de los medios?
Reducimos la educación a un tema de colegios. Si abriéramos fondos —como el de cine, que promueve el Ministerio de Cultura— a favor del resto de la industria cultural peruana (como la radio o la TV) en alianza con universidades, podría sería espectacular, como pasa en otros países. Aquí las grandes cadenas nacionales tienen mucho dinero, pero no apuestan por lo educativo o cultural, por más que la ley les exige un porcentaje de programación. Hay una trampa desde la propia legislación de la definición de lo que es educativo en los medios, que solo se remite a la Ley General de Educación. Pero entonces, ¿qué es un programa educativo? Tenemos más de 10 años en esa discusión.

El problema conceptual podría radicar en limitar lo educativo a aquellos contenidos con objetivos explícitamente curriculares. No somos conscientes de que cualquier programa tiene una consecuencia educativa.
En el Estado hay indicadores de calidad o de éxito que son cuantificables y a corto plazo (usualmente sirven solo para un gobierno), pero las experiencias educativas implican mediciones que implican un seguimiento en el tiempo y eso las hace poco atractivas: Es más fácil medir cuántos puentes construyes a medir si la educación está sirviendo o no a cambiar prácticas discriminatorias, racistas o sexistas. Hay una falta de compromiso del Estado por estas cuestiones de derechos humanos que no son medibles y que no representan éxito.

Entrevista realizada por: Julio César Mateus (Foto: Andina)

Los Derechos de Autor en el aula

Por: Miguel Morachimo (*)

Estamos acostumbrados a pensar en los Derechos de Autor como ese aviso que viene en las primeras páginas de los libros y está lleno de prohibiciones: no copiar, no prestar. Sin embargo, los Derechos de Autor son parte de una política pública nacional más amplia sustentada en nuestro derecho fundamental de acceso a la cultura y el conocimiento.

Gracias a las leyes de Derechos de Autor existen bibliotecas, podemos estudiar con fotocopias o podemos usar citas de otros textos en una investigación. Desde esta perspectiva, los profesores y estudiantes somos los usuarios más frecuentes de este sistema y los más llamados a defender su verdadera esencia.

Es un error creer que los Derechos de Autor son una forma de propiedad diseñada para recompensar ilimitadamente al quien escribe un libro o compone una canción. En su esencia, son un sistema de permisos que buscan equilibrar el derecho que tiene todo creador a beneficiarse de su trabajo con el que tiene el público en general para acceder a la cultura y el conocimiento. Si los creadores tuviesen todos los derechos posibles para excluir al resto de usar sus obras, no existirían bibliotecas ni obras bajo el dominio público. Por el contrario, si los usuarios tuviésemos la libertad de usar todas las obras existentes como se nos ocurra sin compensar a los creadores, no existirían mercados culturales ni tantas obras como hoy existen y disfrutamos. El problema es que muchas leyes y propuestas contemporáneas para modificar el sistema de Derechos de Autor han terminado relativizando este equilibrio para privilegiar los derechos de unos pocos, como las empresas discográficas o editoriales, por encima de las del resto.

Así como los creadores tienen sus derechos exclusivos, el público en general tiene de su lado a los derechos de los usuarios representados en las excepciones y limitaciones al Derecho de Autor. Estos derechos son una lista definida de casos en los cuales es posible usar un libro, una película o una obra musical sin autorización del autor o pago de remuneración alguna. En el ámbito de la enseñanza, los principales derechos de los usuarios son:

  • Derecho de Cita: Que nos permite usar porciones de otras obras protegidas siempre que se haga en la medida justificada por el fin que se persiga. Por ejemplo, es lícito reproducir unos párrafos de Jorge Basadre en un nuevo texto sobre Historia de la República pero sería desproporcionado copiar capítulos enteros.
  • Derecho al uso de fotocopias: Que nos permite usar para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas fotocopias de artículos enteros o de breves extractos de obras siempre que no sea objeto de venta o con fines de lucro. De esta manera, una columna aparecida en un periódico puede fotocopiarse y repartirse a los alumnos siempre que no se les cobre más de lo que costó la copia.
  • Derecho a usar obras con fines didácticos: Que nos permite usar películas o canciones con la finalidad de ayudar a la enseñanza, siempre que el público esté compuesto por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas. Gracias a este derecho, podemos usar una película antigua en una clase de historia o una película peruana reciente para hablar de los conflictos sociales en Perú.
  • Derecho a las Bibliotecas: Pocos espacios pueden transformar tanto la experiencia del aprendizaje como una biblioteca bien llevada y desarrollada. Gracias a este derecho, una biblioteca o archivo sin fines de lucro pueden prestar al público ejemplares de cualquier tipo de obra, escrita o audiovisual, sin autorización del autor. Se ejerce este derecho cuando un alumno presta un libro de una biblioteca municipal o escolar para hacer sus tareas o leer en vacaciones.

Los Derechos de Autor son un sistema vivo que debe siempre acomodarse a su tiempo. No debemos de pensar en ellos como una tradición escrita en mármol, sino como una herramienta que las sociedades tienen para promover la creatividad y el acceso a la cultura de sus ciudadanos. Como súper usuarios de estos derechos, profesores y alumnos tenemos el deber de entenderlos su funcionamiento y apreciarlos críticamente. Así mismo, estamos llamados a demostrar sus posibles limitaciones y solicitar su modificación a nuestras autoridades como lo hacen otras partes interesadas.

Morachimo

* Colaborador del blog. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Director de Hiperderecho, una asociación civil dedicada a defender el potencial liberador de la tecnología en las políticas públicas. ¡Mira su charla en MayéuTICa sobre ciudadanía digital!

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