El siempre complejo inicio del año escolar

El 11 de marzo se inician las clases en las escuelas públicas. Los temas de debate previos a ese inicio suelen generalmente ser muy similares de un año a otro: las condiciones de los locales escolares, las pensiones de los colegios privados, los nombramientos y contratos docentes, las normas de gestión del currículo e institucional, la llegada oportuna del equipamiento y material educativo a las escuelas, la matrícula oportuna…

Los atrasos en la atención de algunos de estos problemas se han venido corrigiendo en los últimos años. Por ejemplo, se han adoptado medidas para que los docentes estén nombrados o contratados a tiempo, las normas de desarrollo del año escolar y del cuadro de horas en secundaria para el 2019 se aprueban con más anticipación. Un tema al parecer superado, por lo menos para el inicio del presente año escolar es el de la edad de ingreso a la educación inicial y el primer grado de primaria.

 

Exceso normativo

No obstante, todavía hay varios problemas por superar. Uno primero es que, si bien las normas para el nuevo año escolar están ya aprobadas, en las últimas semanas se han difundido a través del diario El Peruano otras normas relacionadas con el mantenimiento preventivo, la regulación de instrumentos de gestión en las instituciones educativas, la contratación de docentes y el funcionamiento del portal web Identicole que generan nuevas obligaciones a los centros educativos. Hubo además el adelanto de anuncio de un cambio en los criterios de evaluación de los alumnos de secundaria cuya norma todavía no ha sido difundida pero que ha generado gran polémica por tres razones: el pase del criterio de calificación vigesimal al de letras, el uso de abreviaturas literales diferentes a las utilizadas en la educación primaria (lo que podría confundir a los padres de familia) y, lo tardío del anuncio. Dado el inminente inicio del año escolar, y siendo la evaluación el aspecto más delicado de la implementación del currículo, debería evaluarse la posibilidad de postergar su aplicación hasta el año siguiente.

En el balance, podría decirse que todavía no hay una filosofía y estrategia de generación de normas educativas que permita saber cuándo darlas e ir racionalizando y dando coherencia al conjunto. Tampoco pareciera haber el conocimiento suficiente de parte de quienes producen las normas sobre la complejidad de la gestión escolar. Solo hay una preocupación por generarlas sin mucho importar los niveles de fatiga por la carga administrativa que se produce en las escuelas. Se cambian denominaciones, siglas y conceptos como si ello no va a afectar la vida de las escuelas, docentes, alumnos y padres de familia.

Aceptando que la administración requiere una base de información para apoyar su toma de decisiones y establecer las líneas de política, no debería hacerse a costa de limitar el cumplimiento de la finalidad principal de los centros educativos, que es prestar un servicio educativo en las mejores condiciones. La queja de los directores y docentes es que se han convertido, en exceso, en proveedores de información y documentos, muchos de los cuales se ignora la utilidad que tengan para quienes los demandan.

El año pasado la preocupación era como reducir la preparación de informes y documentos por parte de los centros educativos; este año se produce un retroceso al triplicarse los documentos que deben disponerse, además que se retoma la práctica de remitir uno o más de uno a la Ugel. Si queremos exigir mejores resultados de aprendizaje a directores y docentes, hay que darles las facilidades. Quizá sería recomendable que el Ministro Daniel Alfaro forme una comisión que le ofrezca un planteamiento de simplificación normativa y la estrategia para llevarlo adelante. El Magisterio le estaría muy agradecido.

Lo mismo sucede con la cantidad de comisiones que hay que formar en cada centro educativo. Como se verá a continuación, muchas veces su número supera largamente la cantidad de profesores que trabajan en la escuela polidocente. Los comentarios sobran tratándose de escuelas unidocentes y multigrado.

 

Uso de locales escolares

Hace pocas semanas, en la sección Escale de la web del Ministerio de Educación, se publicó la estadística educativa correspondiente al 2018. Apoyados por el uso de las tecnologías, es ahora posible obtener indicadores más finos sobre la cobertura, funcionamiento y desempeño del sistema.

Para efectos del informe se ha efectuado un análisis de la estadística de centros de educación primaria escolarizada estatal, que figuran como activos, de cinco departamentos: Cajamarca, La Libertad, Lima, Pasco y Tacna. En cada caso se ha observado la distribución de los centros educativos según el tamaño de su matrícula y la relación alumnos por profesor.

La primera observación que se destaca es el reducido porcentaje de estudiantes por centro educativo. En todas las regiones hay muchas escuelas con uno, dos o tres alumnos.

  • En Cajamarca, las escuelas primarias con hasta cuatro alumnos son 129; el 17.2% tiene hasta 10 alumnos y el 56.2% hasta 30 alumnos. Solo el 5.3% tiene más de 200 alumnos. La distribución tiene como una de sus causas el que únicamente el 13.6% de las escuelas primarias sea polidocente.
  • En Pasco, hay 90 escuelas primarias con hasta 4 alumnos; has que tienen hasta 10 alumnos llegan al 36.1% y el 70.4% tiene hasta 30 alumnos. Solo el 3.7% de las escuelas tiene una matrícula superior a 200 alumnos. En Pasco tres de cada 10 escuelas es polidocente con un promedio de 277.5 alumnos por escuela.
  • Sorprende el caso de Tacna por ser un departamento eminentemente urbano. En la muestra es el que tiene mayor porcentaje de escuelas con hasta 10 alumnos: 40.3%. En tanto, el 23.4% tiene más de 200 alumnos y ello se debe a que una de cada dos escuela primarias es polidocente.
  • También sorprende el caso de Lima en donde hay 69 escuelas con hasta cuatro alumnos; el 11.9% de las escuelas tiene una matrícula de hasta 10 alumnos y la cuarta parte menos de 30. Poco más de la mitad de sus escuelas llega a tener más de 200 alumnos. En el departamento siete de cada diez escuelas son polidocentes.

 

Distribución de alumnos por centro educativo en escuelas primarias estatales en una muestra de departamentos. Año: 2018

(en porcentaje)

Alumnos/escuela Cajamarca La Libertad Lima Pasco Tacna
1-10 alumnos 17.2 11.0 11.9 36.1 41.3
11-20 alumnos 19.6 14.5 7.5 22.8 9.0
21-30 alumnos 19.4 11.9 5.5 11.5 5.4
31-50 alumnos 19.2 18.6 5.9 12.7 4.2
51-100 alumnos 14.6 20.7 5.3 8.1 6.6
101-200 alumnos 4.7 10.4 12.6 5.1 10.2
201-500 alumnos 2.3 8.5 29.7 2.8 12.6
+ 500 alumnos 3.0 4.3 21.5 0.9 10.8
Fuente. Escale. Minedu

El porcentaje de escuelas multigrado y unidocente es alto especialmente en departamentos con áreas geográficas de sierra y selva. Alcanza el 71.1% en La Libertad y el 86.4% en Cajamarca. Entre las multigrado, una relación de 42 alumnos por profesor, la más alta, se da en La Libertad y, la más baja, en Tacna con 26.8. Tratándose de escuelas unidocentes esta relación es más alta en La Libertad (12.3) y la más baja en Tacna (3.9).

Sorprende igualmente que el número de alumnos por centro de educación secundaria sea menor que en las escuelas polidocentes de primaria en los cinco departamentos seleccionados.

Si bien la realidad geográfica del país y la necesidad de hacer realidad el derecho a la educación hace que se cree oferta con características como las descritas. La equidad surge como un principio que justifica crear centros con muy pocos alumnos, pero allí donde existe una gran cantidad de escuelas pequeñas se crea la dificultad de llevar a la práctica la equidad con estándares mínimos de calidad: la capacitación y acompañamiento son escasos, los docentes tienen limitaciones importantes para trabajar con metodologías de enseñanza multigrado, si la esencia del enfoque por competencias es el trabajo en equipo de los docentes, cómo hacerlo en las unidocentes.

Hay opciones que deberían evaluarse en el enfrentamiento de esta situación. Un aspecto para tener en cuenta es que un porcentaje importante de población que reside en zona rural trabaja en zona urbana. Muchos de ellos viven muy cerca de un centro poblado urbano. Para esos casos, es importante revisar la experiencia de Ceará, en Brasil, en donde se crea un conjunto de escuelas en los límites urbano-rural que tienen servicios de movilidad para recoger a alumnos que residen en una red satélite de centros poblados rurales. La jornada escolar es mas extensa y con mucho énfasis en la aplicación práctica de los conocimientos. Se trata de un proyecto con diseños arquitectónicos muy modernos, con alto ingrediente de participación intersectorial, sobre todo municipal, y con resultados académicos mejores que los promedios que alcanza la escuela pública en las áreas urbanas.

 

Matrícula, centros educativos y alumnos por centro educativo estatal en una muestra de departamentos. Año 2018

Cajamarca La Libertad Lima Pasco Tacna
Matrícula
Polidocente 90846 132352 501375 19667 26161
Multigrado 67789 33161 10456 7372 1097
Unidocente 13453 4084 2054 3704 200
Secundaria 118698 117120 419690 20504 22126
Centros Educativos
Polidocente 478 477 1190 109 91
Multigrado 1909 789 276 212 41
Unidocente 1137 331 237 362 51
Secundaria 886 596 1006 192 90
Alumnos por Centro Educativo
Polidocente 190.1 277.5 421.3 180.4 287.5
Multigrado 35.5 42.0 37.9 34.8 26.8
Unidocente 11.8 12.3 8.7 10.2 3.9
Secundaria 134.0 196.5 417.2 106.8 245.8
Fuente. Escale. Minedu

Pensiones escolares

Es otro aspecto que preocupa. El IPC promedio para Lima Metropolitana durante el período febrero 2018-enero 2019 fue de 2.36. Pero cuando se observa el IPC para los servicios de educación se constata, en el mismo período, un crecimiento de 3.42 en la enseñanza terciaria, 6.42 en secundaria y 7.43 en pre escolar y primaria. La tendencia a crecer más que el índice general se repite cada año y merecería ser evaluada por los propios promotores de la educación privada. Hay un sector que reinvierte en factores de mejora del servicio y en que sus docentes tengan capacitación y un salario adecuado. Sin embargo, hay otro sector de colegios que hace lo contrario, lo que conlleva un deterioro de la imagen de este sector de enseñanza. Los padres de familia la ven como una opción necesaria mientras mejora al escuela pública y funcionarios del Ministerio de Educación ven esta situación como un argumento para endurecer las condiciones de su aplicación de la normativa correspondiente.

 

IPC de Lima Metropolitana. Febrero 2018-Enero 2019
IPC General 2.36
Servicios de enseñanza-        Inicial y primaria-        Secundaria-        Terciaria 7.436.423.42
Fuente. INEI. Informe Técnico Nº 2. Variación de Precios de la Economía

Ver link: MANTENIMIENTO 20019

Ver link: IDENTICOLE

Ver link: CONTRATO DOCENTE 2019DS_N__003-2019-MINEDU__NL___DL_

 

Balance 2018 y desafios 2019

Se fue el 2018. Lo que nos deja

Concluyó el 2018 con un sorprendente cambio de gobierno y con Daniel Alfaro como Ministro de Educación desde el 2 de abril. Es el cuarto Ministro desde que Pedro Pablo Kuczynski había asumido la presidencia de la República el 28 de julio del 2016.

Su gestión se ha caracterizado por enfrentar con claridad algunas situaciones, como las del género en el currículo nacional de la educación básica. Defender, con vehemencia, iniciativas en la Comisión de Educación del Congreso, que pretenden retroceder en la normatividad sobre la edad para el ingreso a la educación inicial y primer grado de primaria, reincorporar docentes y directores sin previa evaluación. El 2018 se han ejecutado varias evaluaciones en la carrera pública magisterial, se anunció el aumento salarial para el 2019 y se presentó un estudio que ha tenido el mérito de demostrar, ante la sociedad y el magisterio nacional, que elevar las remuneraciones del magisterio estatal hasta el nivel de una UIT a partir del 2021 es imposible; que más bien se seguirá con la política de mejoras progresivas en función de las disponibilidades de la caja fiscal. También el año terminó con 61 universidades licenciadas y el ofrecimiento que al término del 2019 el 100% de las universidades habrá pasado por ese proceso. Ha sido enfático en defender la rectoría que el Ministerio de Educación tiene en esos y otros temas de su competencia.

Estos logros no ocultan algunas debilidades de la gestión. Así como, con unas medidas se fortalece la carrera magisterial, con otras se la debilita. Es el caso de la contratación, solicitando temporalmente licencia, de docentes para los COAR y los programas de acompañamiento y maestros fortaleza. La formación docente sigue siendo un tema pendiente, al igual que una política explícita y viable de desarrollo de las tecnologías digitales. No basta que ellas hayan sido incluidas en el currículo como un área transversal. Se requiere un programa integral y de largo alcance.

Hay varias normas aprobadas y otras trabajándose. Entre las primeras están las referidas a la educación bilingüe intercultural y la educación para áreas rurales. La aplicación de normas sobre el acoso y violencia sexual se ha vuelto más severa habiéndose separado más de 700 docentes. Se discute un proyecto de reglamento sobre educación privada cuestionado por las asociaciones y un sector de especialistas. Mientras el Ministerio de Educación quiere normas más duras para combatir la informalidad y la mala educación ofrecida por un grupo de escuelas, las asociaciones de educación privada están de acuerdo, pero consideran que las normas no pueden basarse solo en la mala educación; que se requieren incentivos para alentar la buena educación privada. Además, con razón, señalan que un proyecto de reglamento, excesivamente sancionador e indiscriminado termina afectando más a los buenos promotores que a los informales o los que hacen de la educación privada casi exclusivamente un negocio. Recomiendan una norma específica para la mala educación privada.

Cambios reiterados de ministros conllevan cambios de otros funcionarios con la consecuente inestabilidad de las políticas. Es parte de la cultura de la gestión educativa que hay que cambiar con una norma que se ha venido reclamando hace varias décadas: una carrera administrativa meritocrática. Cuesta mucho desactivar programas y proyectos sin previa evaluación, desactivar la marcha de la gestión con personal que llega con una buena base académica, pero sin conocimiento de la realidad del sector.

Orientaciones para el año escolar 2019

El 21 de diciembre el Ministerio de Educación aprobó la Resolución Ministerial Nº 712-2018-Minedu, que orientará el desarrollo del año escolar 2019 en las instituciones de educación básica públicas y privadas. Es una norma más extensa que la del 2018 y que reposa en 71 dispositivos, entre leyes, decretos legislativos y supremos, resoluciones ministeriales, viceministeriales, de Secretaría General y directorales, así como de directivas.

En el pasado se ha discutido sobre la conveniencia de tener una norma anual para el desarrollo del año escolar o si debería revisarse cada cierto tiempo; por ejemplo, cada cinco años. Una norma anual incentiva el cambio de políticas y procesos, a que surjan nuevos conceptos, nuevas demandas de información.

Es por ello que a pesar de las buenas intenciones, ninguna administración de las que han pasado a lo largo de las recientes décadas logró simplificar el complejo mundo normativo que rige para la educación escolar. La iniciativa más reciente fue promover el slogan “Escritorio Limpio”, que buscaba reducir el papeleo en los centros educativos. La opinión de directores y docentes es que no solo hay más normas, también más solicitudes de información, más demandas de organización de comisiones y menos tiempo para que los docentes reflexionen como hacer para que sus alumnos salgan adelante con los aprendizajes que requieren.

Relación docentes por centro educativo. 2017

Modalidad Docentes Centros educativos

Docentes/Centro educativo

  Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural
Total 400018 100314 55316 51260 7.23 1.95
Inicial 75502 19444 29042 24645 2.60 0.79
Primaria 158331 48769 16007 22380 9.89 2.18
Secundaria 166185 32101 10287 4235 16.15 7.58
Fuente. Escale-Ministerio de Educación

La nueva norma cita doce tipos de comisiones que deben funcionar en los centros educativos públicos (de ellas dos en los privados), además de los comités de evaluación regulados por el reglamento de la Ley General de Educación. Si bien no todas las comisiones tienen que organizarse en cada una de las modalidades de educación básica, la mayoría sí. Al respecto, si bien es cierto que hay centros educativos en donde la cantidad de docentes podría facilitar la organización de las comisiones, también hay los unidocentes, multigrado y los que ofrecen un solo nivel de enseñanza.

Solo con carácter referencial, se presenta la estadística de promedio de docentes por centro educativo que hay en las escuelas urbanas y rurales. Salvo en los colegios integrados y de secundaria, organizar demasiadas comisiones es difícil por el bajo número promedio de docentes. Es el caso de los centros de educación inicial de zona urbana y de todos aquellos centros que no son integrados. La pregunta que surge es si para todos los temas en donde se demanda organizar comités o comisiones o, para algunos de ellos, podrían existir formas diferentes de cumplirlos; por ejemplo, incluirlas en las responsabilidades del CONEI o fusionar otras. Excesivas comisiones conllevan el riesgo de burocratizar la administración escolar.

Horas de libre disponibilidad según modalidades para los años 2018 y 2019

Modalidad Total horas Libre disponibilidad
2018 2019
Primaria Polidocente 30 4 2
Secundaria Jornada Escolar Regular 35 6 2
Secundaria Jornada Escolar Completa 45 5 3
Básica Alternativa Ciclo Avanzado 30 5 5
Fuente. Orientaciones de desarrollo del año escolar 2018 y 2019

Quizá la característica negativa más saltante de las orientaciones para el próximo año es la reducción de las horas de libre disponibilidad en las programaciones de educación primaria y secundaria regular para niños y adolescentes. Si bien los diseños curriculares tienden a ser bastante centralizados en la mayor parte de países del mundo, cabe preguntarse si en un país tan extenso y variado, social y culturalmente, no sería conveniente una mayor flexibilidad que, por ejemplo, haga posible, atender mejor lo que se consideran los nudos críticos de aprendizaje de los estudiantes.

Las visitas que se han podido hacer recientemente a las escuelas muestran que algunos de los planteamientos del Currículo Nacional serán difíciles de lograr. Cómo hacerlo para el área de inglés donde no hay suficientes profesores de especialidad o cómo cumplir con los estándares fijados para el área transversal de tecnologías digitales cuando el tiempo de acceso por sección de clases al equipamiento informático es tan reducido: si se atienden todos los grados, en promedio menos de cuarenta minutos de uso a la semana o cada quince días en las escuelas mejor dotadas, además, la mayoría de ellas con limitaciones de acceso a material pertinente y sin suficiente capacitación y acompañamiento docente.

Ejecución presupuestal al 31-12-2018

Según la web Consulta Amigable del MEF, la ejecución del presupuesto del Sector Educación finaliza el último día del 2018 en 90.8%, con un gasto devengado de S/ 27,258 millones. La ejecución del gasto educativo total mejoró en 0.6% comparado con el ejercicio 2017.

Como es de esperar, históricamente los niveles de ejecución más altos se dan en la partida genérica Personal y Obligaciones Sociales. El año 2018 concluyó con 98.6%. La eficiencia de ejecución disminuye al 89.3% en la partida Bienes y Servicios y al 70.4% en Activos no Financieros, porcentajes menores a los de la ejecución presupuestal 2017, posiblemente influenciados por los cambios de autoridades que conllevaron también cambios de funcionarios. Cabe indicar que, en valores absolutos, el presupuesto de esas dos partidas genéricas fue menor en 568 millones y 510 millones de soles, respectivamente, con relación al año previo. Si se revisa la estadística de menor gasto de recursos presupuestales durante el período 2013-2018 se observa que tuvo un acumulado de 2,794 millones de soles en Bienes y Servicios y 12,963 millones en Activos no Financieros.

La mejor ejecución del gasto en educación pasa por varias medidas, unas que dependen de la gestión sectorial y otras de otros actores e instituciones. Se conoce de los esfuerzos que se hacen por mejorar los niveles de gasto, pero también lo lento que puede resultar ese proceso. Se necesita regularizar títulos de propiedad, incentivar a las empresas para que trabajen en lugares que no siempre son atractivos o de fácil acceso, mejorar los procesos de licitación evitando impugnaciones, contar con expedientes técnicos suficientemente desarrollados antes de incluirlos en la programación, entre otras medidas.

 

Ejecución del presupuesto del Sector Educación en las principales partidas genéricas. 2013-2018

  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Presupuesto Institucional Modificado (en millones de soles)

Personal y Oblig. Sociales 10287 11458 12019 13194 15180 17077
Bienes y Servicios 2976 3512 4639 5036 5086 4518
Activos no Financieros 6410 6122 7203 7193 7198 6688

Monto devuelto (en millones de soles)

Personal y Oblig. Sociales 96 147 132 201 172 220
Bienes y Servicios 405 467 547 485 421 469
Activos no Financieros 2353 1867 2014 2555 2208 1966

% de ejecución en relación con el Presupuesto Institucional Modificado

Personal y Oblig. Sociales 99.1% 98.7$ 98.9% 98.5% 98.9% 98.3%
Bienes y Servicios 86.4% 86.7% 88.2% 90.4% 91.7% 89.3%
Activos no Financieros 63.3% 69.5% 72% 64.5% 69.3% 70.4%
Fuente. Consulta Amigable. MEF

Ver link: Informe de educación Diciembre 2018

Dic18-r

Proyecto de Reglamento de Educación Privada

Mediante Resolución Ministerial 613- 2018-Minedu, el Ministerio de Educación ha puesto en consulta un proyecto de Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica. El proyecto busca unificar las diversas normas que en las últimas tres décadas se han dado y aclarar distintos aspectos de su implementación con el objeto de promover estándares mínimos de calidad, tanto en el funcionamiento de las instituciones educativas privadas, como en los logros de aprendizaje de los estudiantes.

Un recuento histórico de los últimos reglamentos de educación privada muestra la complejidad creciente de sus alcances. Se incorporaron más exigencias para la autorización, funcionamiento y supervisión de este tipo de enseñanza. No solo aumentó el articulado de las nuevas normas, sino que creció la importancia de aspectos fiscalizadores a cargo de las Ugel, Indecopi, Defensa Civil y Municipalidades. El énfasis está en detectar causales de infracciones y sanciones.

Es cierto que en las últimas décadas la educación privada tuvo un crecimiento explosivo, caracterizado por una gran heterogeneidad en cuanto a calidad de las instituciones que se iban creando. Un fundamento en que sustenta el Ministerio de Educación la necesidad de un nuevo reglamento es el aumento de locales escolares informales, cuya cifra se estima en 23% en Lima Metropolitana. Se trata de centros que no cuentan con autorización de funcionamiento, operan en condiciones precarias, coludidos con otras instituciones que a cambio de alguna ventaja respaldan con certificados los estudios de los estudiantes que atienden.

El proyecto no desarrolla tan explícitamente el necesario mea culpa que la administración educativa debe plantearse no solo por no haber reaccionado a tiempo frente al crecimiento de la informalidad y haber permitido la creación de una cantidad significativa de centros educativos privados que no cumplen con los requisitos establecidos. La experiencia enseña que no basta establecer las exigencias debidas a promotores y gestores de la educación privada, sino también a quienes la autorizan y supervisan. Es un aspecto que el Reglamento debería abordar. Un ejemplo de actuación cuestionable que se ha dado a lo largo de estos años es, el muchas veces intencionado descuido de algunos funcionarios, de abrir la posibilidad de que funcione el silencio administrativo en el caso de expedientes que no cumplen con lo establecido en las normas para crear un centro educativo.

¿El proyecto de Reglamento es un freno y solución para el desarrollo de la informalidad y de centros educativos privados que muestran una precariedad excesiva de condiciones de funcionamiento? Lo que han venido haciendo muchos de los centros que han sido detectados en esa flagrante falta es presentar un recurso de amparo ante el Poder Judicial. Es una estrategia que sigue funcionando y que muestra la falta de coordinación entre el Sector Educación y el Poder Judicial, así como la escasa efectividad de las normas y mecanismos de supervisión. La mayoría de los centros educativos privados supervisados por las Ugel, Indecopi, Defensa Civil y Municipalidades no son precisamente los informales o de más bajos estándares de funcionamiento, sino los que tratan de cumplir con la formalidad.

El comentario precedente lleva a sugerir que se evalúe la posibilidad de incluir en el proyecto de Reglamento un capítulo sobre la informalidad y otros casos graves de irregularidad de funcionamiento, con normas que traten de evitarla y combatirla. De esa manera se evitaría que centros educativos que si funcionan tratando de cumplir con las normas no carguen las consecuencias de los que las incumplen.

De otro lado, en el examen de los requisitos que se establecen para la creación y funcionamiento de los centros educativos privados sería conveniente tener en cuenta los alcances de artículo 7o del Decreto Legislativo No 757, Aprueban Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. Dispone: “Cuando una misma actividad económica es realizada por el Estado y por empresas privadas, iguales condiciones son aplicables a ambos…” Una interrogante es si las condiciones indispensables que propone el proyecto de Reglamento en su artículo 7o son también exigibles para la educación estatal y si las sanciones, por lo menos no pecuniarias, que se establecen por el no cumplimiento también les afectan.

Al respecto, el proyecto de Reglamento propone, en su Segunda Disposición Complementaria Transitoria, que todas las instituciones educativas privadas, que prestan servicios con autorización o no del Sector, deberán adecuar su funcionamiento a las condiciones indispensables establecidas en el artículo 7o del proyecto, en los plazos siguientes: (i) 90 días. Para cumplir con el desarrollo de competencias del Currículo Nacional, que directivos y docentes cumplan con los requisitos establecidos y que exista el mínimo de docentes para ofrecer el servicio educativo autorizado; (ii) 70 días. Para diversas condiciones relativas con el uso de la infraestructura: número máximo de estudiantes por aula, tópico, aulas, mobiliario y otros ambientes y recursos apropiados, suficientes y accesibles; y (iii) 60 días. Para proceder a la reducción de las metas de matrícula para el siguiente año en caso de no querer acogerse a las condiciones indispensables de adecuación de la infraestructura escolar. También el proyecto de Reglamento plantea elevar, sin mayor argumento el índice de ocupación de las clases: de 1.5 mts cuadrados, establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, a 2.

Los plazos establecidos para la adecuación podrían ser muy estrechos con riesgo de ser incumplidos. Asimismo, el requisito de adecuación asociado al desarrollo de competencias, si bien justificado, requeriría ser explicado con mayor amplitud pues puede tener diversas interpretaciones y formas de reaccionar por parte de los que supervisarán su cumplimiento. Mayor explicación igualmente debería tener lo que se entenderá por contar con un tópico de primeros auxilios, que no es lo mismo que un botiquín, habitualmente demandado. El tópico demanda un ambiente especial y un encargado de atenderlo, lo que sería difícil de cumplir por un número significativo de centros educativos privados.

Hacer trabajos de mejora de los locales solo en época de vacaciones resulta muy restrictivo. Lo sustantivo sería asegurar que dichas mejoras no afecten el desarrollo de las clases ni pongan en peligro la salud de los alumnos.

Como resultado de la aplicación de la propuesta de adecuación de los centros educativos privados a las condiciones indispensables debemos preguntarnos: ¿Qué sucedería con los alumnos que queden afectados en caso de que los promotores decidan no participar del proceso de adecuación y opten por reducir su matrícula? Continuar estudios en otro centro educativo no es una tarea fácil, sobre todo si los padres de familia no estarían informados con la debida anticipación ¿Encontrarán matrícula en otros centros educativos privados o estatales días antes del inicio del año escolar?, ¿En los centros educativos estatales habrá los docentes necesarios y se respetará un máximo de carga docente? Siendo una medida pertinente, antes de aplicarse, debe evaluarse en todas las formas de enfrentarla.

¿No sería mejor que en vez de plantear tantos requisitos indispensables en plazos tan cortos, se reduzcan al mínimo en un primer momento, acompañando los mismos con una redacción que dé lugar al cierre de los que luego de un plazo perentorio no los siguen cumpliendo y a que los jueces apoyen lo estipulado en el nuevo Reglamento y no nuevos recursos de amparo? Esos requisitos podrían ser: contar con la resolución de autorización de funcionamiento, con la licencia municipal y el proyecto educativo institucional.

Reflexiones finales

En las últimas décadas el crecimiento de la educación privada ha sido espectacular, con los diversos estándares de calidad que destacan innumerables diagnósticos. Paralelamente, la educación estatal ha sido objeto de una mejor atención, lo que se refleja en el incremento del presupuesto público sectorial en aproximadamente cinco veces comparado con lo asignado a principios de siglo. Muchas de las mejoras que la educación estatal logró conseguir en incrementos salariales para sus docentes, más inversión en capacitación y materiales, entre otros, fueron posibles, en parte, gracias a una menor presión por matrícula que se fue canalizando a la educación privada.

La complementariedad de esfuerzos público-privado debe consolidarse como una fortaleza y cultura de trabajo. El proyecto de Reglamento no ayuda suficiente en ese propósito cuando se observa que, de sus 83 artículos, el 22% se destinan a normar la supervisión, infracciones y sanciones, además de dos anexos con trece páginas del detalle de las causales de sanción y multas. No hay casi opciones para subsanar infracciones. En cambio, hay solo dos artículos orientados a incentivar la educación privada que inclusive son genéricos y repetitivos en su intención. Mejor logrados, y abriendo mayores formas de colaboración e intercambio de experiencias, estaban los artículos sobre incentivos que fueron incluidos en el Decreto Supremo 001-1996-ED. Además, en los últimos años surgieron nuevas formas de trabajo conjunto que podrían merecer una presencia en el proyecto de Reglamento.

Un aspecto que plantea el proyecto de Reglamento es que los centros educativos privados podrían negarse a renovar el siguiente año lectivo o período promocional la matrícula del alumno cuyo padre, tutor o apoderado haya incumplido los alcances del contrato suscrito. Su aplicación sería una medida positiva frente a la morosidad elevada que se presenta en varios centros. Habrá que evaluar cuanto de impacto podría tener esta norma, de aprobarse como Decreto Supremo, si se tiene en cuenta las leyes que protegen al consumidor y la economía familiar.

INIDEN deja claro que no está en contra de sancionar a los centros que no prestan un servicio adecuado o cometen excesos, pero llevar las sanciones al extremo no resulta aconsejable. En ese propósito, tampoco se deja de reconocer que los centros educativos privados y sus asociaciones que los agremian deberían trabajar más intensamente en el fortalecimiento de su imagen. Cada año las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática dan cuenta del crecimiento del Índice de Precios del Consumidor destacando que los referidos a las pensiones escolares crecen más que los índices promedio de precios.

No cabe duda que muchos centros invierten en la mejora de sus servicios y en el pago de remuneraciones a su profesorado en niveles acordes a lo que es la política de pensiones. No obstante, no son todos. Una cantidad, también apreciable de centros, aprovecha la aspiración de padres de familia que piensan que la educación privada les ofrecerá un mejor servicio no invirtiendo lo necesario. Es la actuación de esos centros que descuidan la calidad de sus servicios lo que ha llevado a que la Encuesta de Hogares del año 2017 revele que existía una brecha creciente entre las remuneraciones de docentes del sector estatal y privado. Ello está produciendo que se incremente el número de profesores de la escuela privada que buscan incorporarse a la escuela estatal en los concursos de contrato o nombramiento. Parte de los centros privados ofrece a sus docentes una remuneración superior a los dos mil soles, que es el actual piso salarial, pero la mayoría no lo ofrece. Es un tema que la educación privada deberá prestar más atención pues implica, entre otras medidas, una reestructuración de sus presupuestos de ingresos y gastos. Ello debería producirse sin sacrificar calidad ni elevar excesivamente las pensiones escolares. Ya sucedió a finales de los años noventa: el aumento excesivo de las pensiones produjo un traslado de alumnos a centros educativos de menor costo y a la escuela pública.

Normas básicas de educación privada

Decreto Supremo

No artículos

No Disposiciones Complementarias Finales/Transitorias

DS 001-96-ED

21

2

DS 009-2006-ED

53

5

DS 004-98-ED

15

4

Proyecto de DS

83

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A estas normas hay que añadir otras que incorporan o modifican los alcances de las citadas.

Imagen: Perú21

Presupuesto de Educación 2019

Presupuesto Público 2019

El año 2018 terminaría con un crecimiento estimado del PIB de 4%, muy superior al que se logró el 2017 cuando solo crecimos 2.7%. Según las previsiones del Ministerio de Economía y Finanzas, habrán tendencias favorables de mejora de la economía peruana para los siguientes años. Pero uno de los requisitos para asegurar esas tendencias es invertir en formación de capital humano, clave para impulsar y elevar la competitividad.

Para el 2019 el Presupuesto del Sector Público será de S/ 168 100 millones. El monto está respaldado por mejores resultados económicos en el Sector Público No Financiero, cuyo déficit se reduce del 3% del PBI en el 2018 a 2.7% en el 2019. Asimismo, aumentarán los ingresos fiscales y la recaudación tributaria. Una reducción del pago de intereses es necesaria para generar el espacio para una mayor inversión y gastos en educación, salud y programas sociales.

Una característica del presupuesto para el Sector Público 2019 es su mayor descentralización. Mientras el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del Gobierno Nacional se incrementará en 2.5%, el de los Gobiernos Regionales lo hará en 15.9% y el de los Gobiernos Locales en 24.4%. Adicionalmente, está previsto transferir S/ 6.2 miles de millones durante el siguiente año a los Gobiernos Regionales y Locales, De ellos, las transferencias de educación serían de S/ 2 719 millones.

Otras características del Presupuesto Público son las mayores asignaciones destinadas a dos de los problemas sociales que afectan seriamente a la población. Para los friajes, heladas y nevadas, el PIA multiplica por diez veces la asignación actual, y para reducir la prevalencia de anemia de 43% en el 2018 a 19% en el 2021, se ha dispuesto ampliar en S/ 104 millones la asignación presupuestal de los programas presupuestales Salud Materno Neonatal, Articulado Nutricional y Cuna Más, a los que se añadirán las transferencias condicionadas al cumplimiento de metas Plan de Incentivos Municipales, FED, Convenios de Apoyo  Presupuestales (APENDIS) y S/ 60 millones para servicios de visitas domiciliarias.

Presupuesto de Educación

El PIA 2019 para el Sector Educación llega a S/ 30 628 miles de millones, creciendo 11.1% respecto de su similar aprobado para el 2018. El incremento es mayor al 6.9% que logra el presupuesto total para el Sector Público. Los S/ 3 061 millones adicionales que tendrá el presupuesto sectorial permitirán incrementar su participación en el PBI en una décima, alcanzado el 3.8% y participar del 18% del presupuesto público aprobado.

 

Presupuesto inicial de apertura 2018-2019 por grandes rubros de gasto
Tipo de gasto 2018 2019 Incremento
Planillas docentes y otros 16 980 19 228 13.2%
Bienes y servicios 7 078 5 414 -23.5%
Inversiones y bienes de capital 3 507 5 986 70.7%
Total 27 567 30 628 11.1%
Fuente. Educación. Metas 2018-2021. Presentación de Ministro Daniel Alfaro en el Congreso de la República

El PIA para inversión y bienes de capital aumentará en 70.7%. En tanto, el presupuesto para pagos de planillas, pensiones y obligaciones sociales lo hará en 13.2%. Donde habrá restricciones importantes será en Bienes y Servicios, cuya cifra asignada es menor en 23.5%. En valores absolutos la rebaja es de S/ 1 665 millones). Será importante conocer cuáles serán las partidas específicas más afectadas; por ejemplo, si entre ellas están los servicios de consultoría y reducciones en las metas de adquisición de alimentación, equipamiento informatico, textos escolares y material educativo, entre otros.

Planillas y otros gastos de personal.De los S/ 2 248 millones que tendrá el aumento de pagos de planillas y otros gastos de personal, S/ 820 millones son para el incremento de las remuneraciones de los docentes nombrados y contratados de educación básica. El ministro Alfaro ha declarado que, para fines del año práximo, la RIM de un docente de la I escala, con jornada de 30 horas pedagógicas, será de S/ 2 200. De acuerdo a los datos de la ENAHO, en el 2017 el salario de un docente del sector público se situaba en un promedio de S/ 2 512 mensual, casi el doble del promedio de un docente del sector privado, que era de S/ 1 309, y de los profesionales con estudios superiores, que en el caso del sector privado percibían S/ 2 013 y, tratándose del sector público S/ 2 066. Es posible que la mejora salarial que se producirá el año próximo expanda la brecha que ya existía el 2017. Si el valor de la remuneración se calcula en función de las horas semanales trabajadas, la distancia entre de las remuneraciones del docente del sector público en relación a otro docentes y profesionales con estudios superiores también aumentaría ya que la jornada laboral de un docente del sector público es menor que la de uno del sector privado y la de otros tipos de profesionales con los que se los compara.

Gastos de inversión y bienes de capital.El Ministerio de Educación estima en S/ 100 mil millones el presupuesto que pondrá la infraestructura en las condiciones adecuadas para ofrecer el servicio educativo. De ese requerimiento, 72% sería para reducir el déficit de infraestructura, 21% para crear nueva infraestructura y 7% para sostenibilidad, mantenimiento y fortalecimiento de la gestión. Para ek 2019 se ha presupuestado  S/ 5 986 millones, destinados a crear, mejorar y mantener la infraestructura de los colegios nacionales. En mantenimiento de locales escolares se asignanS/ 366 millones.

Universidades públicas. El incremento de presupuesto será de S/ 452 millones, es decir, 11%. Además, se consideran S/ 499 millones para el financiamiento de programas como Beca 18.

 

Pago de la Deuda Social.Al igual que en el presente año, se destinarán S/ 200 millones para el pago de la llamada Deuda Social. Como se recuerda, se dirige al pago del 30% por preparación de clases que casi durante dos décadas no se hizo efectiva los docentes que, en ese entonces, formaban parte de la Ley del Profesorado.

¿Y cómo vamos en ejecución? 

Niveles de ejecución del presupuesto de Educación en las principales partidas genéricas. Al 30 de setiembre 2018 (en miles de soles)
Partida Genérica PIA PIM Deven-gado Ejecu-tado
Personal y Obligac. Sociales 16 896 16 991 12 282 72.3%
Bienes y Servicios 4 851 4 701 2 433 51.8%
Activos no Financieros 3 498 6 683 2 700 40.4%
Total 27 567 30 211 16 744 55.2%
Fuente. Consulta Amigable, MEF.

Al 30 de setiembre el Sector Educación había ejecutado el 55.2% de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM). El desagregado por las principales partidas genéricas arroja un 72.3% de ejecución en Personal y Obligaciones Sociales. Ese nivel de ejcución desciende al 51.8% en Bienes y Servicios y a 40.4% en Activos no Financieros. En valores absolutos lo que resta por gastar entre octubre y diciembre en Bienes y Servicios es S/ 2 261 millones y en Activos no Financieros S/ 3 983 millones. Será difícil, hasta fin de año, alcanzar los niveles de ejecución deseables, es decir, que sean superiores al 95%.

Niveles de ejecución del presupuesto del Sector Educación por niveles de gobierno y partidas genéricas. Al 30 setiembre 2018
Partida Gob. Nacional Gob. Regionales Gob. Locales
Bienes y Servicios 50.1% 54.9% 641%
Activos no Financieros 33.7% 39.7% 47.3%
Fuente. Consulta Amigable, MEF.

Según nivel de gobierno lo que se observa es que los Gobiernos Locales alcanzan los mayores niveles de ejecución de Bienes y Servicios y Activos no Financieros, seguidos de los Gobiernos Regionales y el Gobierno Nacional. Es un comportamiento de gasto que no es reciente sino que viene desde hace buen tiempo. De allí que desconcentrar en mayor medida los presupuestos de Bienes y Servicios y de Activos no Financieros podría ser una buena medida para elevar los niveles de ejecución. Claro está que mayores logros de ejecución deben acompañarse de la calidad y rendición de cuentas del mismo.

Por regiones, los datos al mes de setiembre de la estadística de Consulta Amigable reflejan que las dos regiones con más altos niveles de ejecución de los Activos no Financieros, son Loreto (63.3%) y Madre de Dios (58%). En cambio Tumbes logra un nivel de ejecución de 33.2%, San Martín 31.1%, Tacna 26.3% y Callao solo 16.1%.

Para el 2019 el desafío será mayor. Lo que se constata es que los niveles de ejecución alcanzados hasta fines de setiembre representan menos del 50% de las cifras aprobadas en el nuevo PIA, las que podrían ser objeto de ampliación en el transcurso del año siguiente. De allí que resulta imprescindible atacar los principales nudos críticos que impiden una mejor ejecución, como son, adicionalmente a un progresivo menor centralismo presupuestal en favor de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, destrabar normas y procedimientos, mejorar la calificación del personal responsable de liderar la ejecución de los programas presupuestarios, contar con mejores expedientes técnicos de gasto, entre otros.

La otra preocupación que se desprende de las cifras aprobadas es la repercusión que tiene la mayor presión por demanda de recursos que provienen de los aumentos de remuneraciones y de la mejora de la infraestructura escolar en el financiamiento de otras necesarias reformas y políticas educativas. Habrá que continuar en ese esfuerzo, pero será cada vez más difícil en el futuro, si las demandas presupuestales para planillas e infraestructura escolar no van acompañadas de medidas de optimización del uso, tanto del recurso docente como de las escuelas. Para ambos casos, una medida impostergable es reorganizar la red escolar, ahora compuesta por una gran cantidad de centros educativos muy pequeños, en gran parte responsables de una educación costosa para los resultados que se tienen. Si no se logra en las zonas urbanas que los centros educativos acojan una mayor cantidad de estudiantes será muy difícil elevar la relación promedio alumnos/profesor y contar con una infraestructura mejor equipada para atender las necesidades de formación que requieren los estudiantes peruanos en esta sociedad en constante evolución.

INIDEN ha referido, en informes previos, a la necesidad de revisar algunos aspectos de la Reforma Magisterial para darle mayor viabilidad en el futuro. De de los 252,159 docentes nombrados, 58.2% están en la I y II escala magisterial y únicamente el 1.2% en la VI y VII escala. Tener más docentes en las escalas superiores es deseable pero requiere más financiamiento. No debe tratarse de una revisión aislada de los alcances de la Ley sino que paralelamente hay que prever los cambios posibles que podrían darse en el funcionamiento y oferta del sistema educativo, en las estructuras de organización de las escuelas, el papel que podrían jugar las tecnologías digitales y las innovaciones que deberían introducirse en los diseños constructivos. Esos cambios deberían, desde ahora, tener mayor presencia en las decisiones que se toman. Por ejemplo, ¿el déficit de S/ 100 mil millones en infraestructura escolar debería cubrirse construyendo escuelas tal como lo venimos haciendo desde hace varias décadas o deberían tenerse en cuenta criterios de organización de redes y pedagógicos como la personalización, el trabajo en equipo, el aprender haciendo, el aprovechamiento del potencial educativo de las tecnologías de la comunicación e información?

De no lograrse una mejor distribución y calidad de uso de los principales factores que intervienen en los procesos de enseñanza aprendizaje, se irán reduciendo las posibilidades de financiar adecuadamente otras reformas. Invertir más en educación técnico profesional, en desarrollo digital y en formación docente, por citar unos ejemplos, resultaría enormemente beneficioso para el país.

 

Ver link. Informe de evaluación de INIDEN Setiembre 2018

Set18-r

Aumento a los maestros

El día que se condecoraba con las Palmas Magisteriales a un grupo de maestros y destacadas personalidades, el Presidente Martín Vizcarra anunció un aumento, durante el 2019, de las remuneraciones de los docentes estatales de la primera escala de la carrera pública magisterial de 200 soles. Al día siguiente, el Ministro de Educación explicó que dicho aumento se daría en dos partes: 100 soles en marzo y otros 100 soles en diciembre.

Las críticas de representantes de las diferentes facciones del SUTEP sobre el aumento no se dejaron esperar. El ala oficial calificó en su comunicado del 19 de agosto de irrisorio sin tener en cuenta que, respecto de julio del 2016, cuando empezó el gobierno de ex Presidente Kuczynski, el piso salarial de un docente con jornada de 30 horas semanales mejorará en 46%.  Otros han criticado la oportunidad del anuncio y el cronograma de mejora para el próximo año: de los doce meses del año, únicamente en diciembre el piso salarial alcanzaría los 2,200 soles.

Cabe recordar que el anuncio del Presidente Vizcarra es consecuencia de uno de los acuerdos que asumió el Ministerio de Educación con representantes del sindicato en acta firmada en agosto del año pasado. Allí se expresaba que el Ministerio haría un estudio que evalúe la posibilidad de elevar el piso salarial de las remuneraciones docentes al equivalente a una UIT en el año 2021. Este compromiso se dio como parte de un intento de frenar una huelga que se había extendido en casi todo el país y representaba la pérdida de varias semanas y hasta meses de clases.

Desde el punto de vista de la generación de expectativas, fue posiblemente un error de los funcionarios del Ministerio de Educación haber aceptado incluir en el acta firmada el concepto de UIT en la política remunerativa, pues conlleva asociarlo directamente con la indexación salarial. No hay experiencia en los países donde se pretendió aplicar una fórmula similar, que presupuestariamente sea sostenible. En el caso peruano, llevar a la práctica ese aumento significaría que el 70% del incremento de todo el presupuesto público previsto hasta el 2021 vaya a Educación, lo que es imposible e inconveniente para el desarrollo del país.

Para la realización del estudio, el ex Ministro Vexler, formó una comisión cuyo informe concluyó durante la gestión del actual Ministro Daniel Alfaro. El mismo analiza variables del perfil del magisterio estatal que tienen incidencia en los costos del aumento (distribución por escalas, docentes nombrados y contratados, por jornada laboral, entre otros). Asimismo, tomando como referencia el Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021, proyecta el crecimiento del presupuesto público, el presupuesto de Educación y de la partida remuneraciones para el Sector. Finalmente, en base a estas referencias, evalúa cinco alternativas de aumento del piso salarial: (i) elevarlo al nivel de una UIT, (ii) duplicarlo respecto del existente el 2016, (iii) colocarlo en el equivalente a la cuarta escala magisterial, (v) tomar con referente el percentil de la distribución del ingreso de profesionales y técnicos de México, y (vi) tomar ese mismo referente en el caso de Chile. Ambos países, México y Chile, tienen los mayores porcentajes de asignación del presupuesto público para educación en América Latina según los datos del Banco Mundial para el año 2014.

Tomando en consideración las proyecciones del crecimiento del gasto público y del presupuesto de remuneraciones para el sector Educación, las conclusiones del estudio demuestran la inviabilidad de elevar el piso salarial al nivel de una UIT, de duplicar las remuneraciones del 2016 y de colocar el piso salarial al nivel de la cuarta escala magisterial. No obstante, en el propósito de atender las necesidades de mejora, se ha recomendado que el Ministerio de Economía y Finanzas lidere una comisión multisectorial que continúe estudiando una estrategia que permita que la meta sea llevar el sueldo de la primera a la cuarta escala magisterial en el 2021.

Se espera que el gobierno pueda manejar con acierto esta situación, lo que incluye la posibilidad que el Ministerio de Economía y Finanzas revise la estrategia del aumento para el 2019. Completar el aumento el último mes del 2019 conlleva el riesgo de no empezar con normalidad el siguiente año escolar. Si bien el último intento de paro liderado por la facción del profesor Pedro Castillo fracasó, los antecedentes ilustran que no reviste tanta complicación para las dirigencias sindicales movilizar al profesorado y presionar al gobierno cuando ven que sus expectativas salariales no se acercan a lo que se les vende como posible de lograrse.

Cierto es que habrá que esperar que el Ministerio de Economía y Finanzas cree la comisión multisectorial y emita su informe para conocer la estrategia definitiva del aumento. Mientras tanto, sería recomendable que el Ministerio de Educación haga efectiva una estrategia de comunicación destinada a explicar al magisterio estatal la propuesta de aumento. Hay que destacar la magnitud de los aumentos de años recientes y lo que representa como esfuerzo y limitaciones por parte del Estado y la Sociedad hacer efectiva tal mejora. Las previsiones de crecimiento del presupuesto público para el 2019 son austeras y decrecientes para la partida de remuneraciones, hay necesidad de reducir el déficit fiscal que está en un nivel superior de más de tres veces que el recomendado, no se pueden descuidar las inversiones en las zonas afectadas por el Niño Costero y hay demandas económicas y sociales que no deben postergarse. Adicionalmente, financiar el aumento obliga a continuar y posiblemente hacer más severos los ajustes y racionalización del gasto al interior del presupuesto de educación. Son aspectos que los líderes sindicales tendrían que valorar al momento de fijar sus demandas.

La estrategia de comunicación debería igualmente incluir mensajes dirigidos a la sociedad en general. Los padres de familia tienen que convertirse en los principales defensores de la no pérdida de clases de sus hijos. Para que ello suceda, necesitan estar convencidos que el esfuerzo realizado por el gobierno es el acertado y posible presupuestalmente. Además, maestros y sociedad en general deben recordar que diversos sondeos de opinión expresan el mayoritario respaldo social que tiene la carrera docente basada en principios de mérito, los cuales deberían seguirse manteniendo en los procesos de ingreso, promociones salariales y ascensos de escala magisterial. El informe de la comisión designada por el Ministerio de Educación recomendó no descuidar la aplicación de este principio que no se tomó en cuenta en los dos aumentos dados durante la gestión del ex Presidente Kuczynski.

Inevitablemente habrá que poner en una futura mesa de discusión lanecesidad de revisar la duración de la jornada laboral docente. Un estudio reciente del BID muestra que en los países donde los docentes están mejor pagados, sus jornadas de trabajo no difieren de las de otros trabajadores de la administración pública y privada; es decir, son de ocho horas al día o cuarenta y cinco horas a la semana. Si bien es cierto que muchos docentes dedican tiempo en sus hogares para preparar clases o evaluar a sus alumnos, no se puede sostener una jornada laboral tan corta y que sitúa el valor de la hora trabajada muy por encima de otras profesiones. Se necesita más tiempo de permanencia en el centro educativo para dialogar con alumnos, padres y profesores, capacitarse, preparar documentos institucionales y hacer clases de refuerzo. No necesariamente el 100% de docentes tendría que transitar a esa jornada, a la que también debería accederse mediante evaluación rigurosa.

Asimismo, el aumento salarial es un asunto de enorme complejidad que no depende únicamente de mejorar la gestión docente sino de realizar otras reformas educativas. Cuando se elaboró la Ley de Carrera Pública Magisterial aprobada el 2007, los estudios previos advirtieron que la estrategia de implementación tendría éxito si se producían reformas paralelas en la gestión ministerial y escolar, el presupuesto y la formación docente. Son reformas que no se han producido y que en mucho explican las dificultades que tiene la implementación de la reforma magisterial.

Pensando en el futuro

Finalmente, y pensando en una perspectiva de mediano y largo plazo, es conveniente interrogarse si ha que revisar la actual concepción y estructura de la Ley de Reforma Magisterial y su posibilidad de implementarla, con oportunidad, en todos sus alcances. A medida que pasa el tiempo las dificultades de un financiamiento y capacidad de gestión adecuadas de la Ley se irán complicando. El balance preliminar que puede hacerse desde que comenzó a generalizarse la Reforma Magisterial en el 2012 muestra las evidentes limitaciones de capacidades técnicas y financieras que han debido enfrentarse, muchas veces sin éxito, para que ello suceda.

Algunos ejemplos de esas limitaciones se citan a continuación: (i) han pasado diez años desde que se instauró la evaluación del desempeño docente en la carrera pública magisterial y, de no haber dificultades, su generalización se extendería hasta el año de celebración del bicentenario; (ii) hay bonificaciones que no se han pagado o no se pagan regularmente, como también deudas que vienen de hace décadas; (iii) la cantidad de escalas magisteriales hace difícil la gestión de los procesos de ascenso; (iv) la carrera no es la aspiración de todos los docentes: a un sector de ellos se les ofrece mejores remuneraciones, vía contrato, para desempeñar ciertas funciones, saliéndose de los alcances de la carrera magisterial; (v) la base de información para gestionar la carrera docente es insuficiente para un pormenorizado monitoreo, evaluación y toma decisiones; (vi) aún cuando se logre un aumento que lleve el piso salarial al nivel de la cuarta escala, los esfuerzos de optimización del gasto en educación deberán redoblarse, pero en el marco de una estrategia gradual que no debe descuidarse: procurar que los maestros logren mejorar su situación económica sin descuidar las inversiones en otros factores de calidad que aseguren para los estudiantes los aprendizajes que necesitan para actuar en la sociedad del siglo XXI.

Es cierto que, en el marco de esa revisión que se plantea, la continuidad de aplicación del principio del mérito no está en debate y debe preservarse, al igual que prever la simultaneidad de otras reformas que deben ir paralelas para que la carrera docente tenga éxito. Una que demandará tiempo, pero que es necesario empezarla, es el reordenamiento de la red escolar, teniendo como meta reducir el número de centros educativos pequeños que existen en gran parte de las zonas urbanas del país. Dos beneficios importantes son que ayudaría a tener menos centros educativos, mejor dotados en cuanto a personal directivo y jerárquico, y facilitaría una elevación de la relación alumnos por profesor, muy baja en una cantidad importante de localidades del país.

Enlaces:

El mensaje presidencial: informe de educación

Mensaje Presidencial 2018

El artículo 118 de la Constitución, referido a las funciones del Presidente de la República, en su numeral 7 establece que: “… Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el Presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso”.

Más que un balance anual de la gestión del gobierno, el mensaje del Presidente Vizcarra estuvo centrado en la política y logros de los cuatro meses de su gestión, así como en propuestas para encarar algunos de los aspectos más cruciales que enfrenta la vida del país. Recordó los cinco ejes que determinan la hoja de ruta del Gobierno hasta julio del 2021: (i) integridad y lucha contra la corrupción; (ii) fortalecimiento institucional para la gobernabilidad; (iii) crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible; (iv)desarrollo social y bienestar de la población; y (v) descentralización efectiva para el desarrollo.

De los diversos temas abordados en el mensaje, este Informe quiere destacar cuatro. El primero propone organizar un referendum para consultar la reforma de la administración de justicia, la reelección de congresistas, el financiamiento privado de los partidos políticos y de las campañas electorales, así como la posibilidad que funcionen dos cámaras en el Congreso, como lo hubo en el pasado. Hay consenso en que la reforma de la justicia debe ser profunda y no debe esperar. En cambio, las reacciones en cuanto a eliminar la posibilidad de reelección de los congresistas no se dejaron esperar de parte de representantes de partidos políticos y de especialistas. Algunos piensan que un cambio total de parlamentarios cada cinco años no sería una buena opción, pues es necesario un mínimo de experiencia, concocimiento y especialización; quizá una renovación por tercios podría ser una opción. La decisión sobre el referendum demandará una estrecha coordinación entre el Congreso y el Ejecutivo.

El segundo anuncio fue la expansión de la banda ancha en todo el país. El Presidente mencionó que pronto el país estará interconectado, incluidos los centros educativos, centros de salud y municipios distritales. Se prevé que para el Bicentenario se podría alcanzar esa meta, lo que traería enormes beneficios no solo en cuanto a democratización del acceso a la internet a velocidades adecuadas de navegación, sino también como herramienta de integración e inclusión social, desarrollo de negocios de nuevos empleos, aprovechamiento de las tecnologías digitales en los centros de salud y educación.

Sobre la reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño Costero, el Presidente ofreció que, al termino del 2019, no habrán damnificados que no cuenten con una vivienda digna. Además, para el inicio del próximo año escolar no existirán problemas de infraestructura. Enorme reto el planteado el que demandará acelerar los ritmos de ejecución del presupuesto de inversión.El Instituto Crecer analizó el avance, al 15 de mayo, de la ejecución presupuestal del Plan de Integral de Reconstrucción con Cambios encontrando que únicamente se había gastado S/ 2,481 millones, lo que representaba menos del 10% del total.

Finalmente, se refirió a la política nacional de igualdad de género, la cual estaría aprobada antes de diciembre del presente año. Principalmente se orientará a atacar los problemas asociados a la violencia familiar y sexual, tanto en el caso de la población femenina, como de los niños y adolescentes. Como parte de esa política mencionó la próxima aprobación de un plan contra la violencia escolar y sanciones más drásticas para quienes cometan actos de feminicidio. Los datos que registra el portal SíSeVe, del Ministerio de Educación, sobre la violencia en las escuelas, revelan que entre el 2013 y lo que va del 2018 se han registrado 19,157 casos de violencia escolar, de los cuales 84% se dan en escuelas estatales. El 55% corresponde a casos de violencia física, 46% a violencia verbal, 39% a violencia psicológica, 13% a violencia sexual y 2% a otros tipos de violencia: por internet, robo, con armas.

Educación en el Mensaje

Al abordar el tema educativo el Presidente Vizcarra mencionó cuatro prioridades: (i) el docente como factor impulsor de la mejora cualitativa. Con él se necesita seguir dialogando para fortalecer las políticas basadas en el mérito y buscar la disminución de las brechas entre la expansión de la cobertura y la calidad de la educación; (ii) la mejora de la infraestructura escolar a través de inversión directa a cargo del Gobierno Central y los Gobiernos Regionales y Locales, así como mediante las modalidades de Obras por Impuesto y Alianzas Público Privadas; (iii) la continuación de la reforma universitaria, incrementando los recursos para las universidades públicas, culminando con el proceso de licenciamiento a finales del 2019 y afirmando que ha sido una buena decisión otorgar la rectoría de la educación universitaria al Ministerio de Educación, a la vez que preservar el principio de autonomía para esas entidades; y (iv) el impulso al deporte, en donde ha asegurado la culminación de las obras a tiempo para la realización de los Juegos Panamericanos y el contrato de 2400 profesores de educación física y técnicos deportivos.

Es verdad que en relación a otros mensajes las prioridades en materia de educación guardan una necesaria continuidad, lo que resulta valioso y conveniente. Quizá el principal desafío que tiene el ministro Alfaro, además de continuar conlas políticas en marcha, es definir las medidas que debe ejecutar para contribuir al logro de los otros anuncios hechos por el Presidente Vizcarra: luchar contra la corrupción en las instituciones el Estado, participar de los planes nacionales de competitividad y de igualdad de género, así como impulsar el uso de las tecnologías digitales en las escuelas. El anuncio sobre el plan de competitividad fue, a la vez, una ausencia en el tema educativo. Dificilmente habrá mejora de la competitividad y aumento de la productividad laboral sin prestar más atención a la educación de jóvenes y adultos y a la formación técnica profesional.

Varias inquietudes surgen respecto de cómo contribuir a enfrentar los aspectos más cruciales de la vida del país. Sobre el combate a la corrupción, la interrogante es en qué medida los contenidos curriculares planes de estudio en la educacón básica y superior abordan con suficiencia y pertinencia temas como la ética, la moral, los valores, la convivencia pacífica, las cuestiones de género, el adecuado empleo de las tecnologías digitales, el valor y reconocimiento del buen trabajo, entre otros. En el tratamiento de varios de estos temas podría ser recomendable tener en cuenta la experiencia de algunos países que buscan crear conciencia en su población sobre la importancia de ser un buen ciudadano, un profesional honesto y responsable, de intachable conducta. En Colombia, por ejemplo, se produjeron telenovelas orientadas a destacar tiemas como la importancia de la tributación, el buen funcionamiento de las instituciones de salud y la importancia del docente en la formación de los estudiantes. Eran telenovelas diseñadas para competir, en audiencia y de igual a igual, con otras de finalidad exclusivamente comercial.

El anuncio de la ampliación de la banda ancha en todo el país debería ser la ocasión para diseñar un plan de desarrollo digital en todas las escuelas del país. Se ha avanzado con la decisión de considerar esta área como transversal en el Currículo Nacional. No obstante, ello no es suficiente. Se necesitan inversiones para formar cuadros de dirección, profesores de informática y técnicos, capacitar y acompañar docentes, alentar la producción masiva de softwarey otros materiales educativos, así como definir una estrategia clara y factible de desarrollo digital de las escuelas para los siguientes años.

En el Informe de INIDEN de febrero de este año una de las recomendaciones fue: “… las autoridades del Ministerio de Educación deben convencerse que las políticas de desarrollo tecnológico no pueden ser una responsabilidad exclusiva del gobierno. No hay país donde haya sido así. Un plan de desarrollo digital y su implementación deberían trabajarse con las empresas y la academia. … se han invertido millones en computadoras; al MIT se le compraron 840 mil XO, la mayoría de las cuales ya cumplió su ciclo de utilidad. Democratizar, en este caso, no significa expresar que con la entrega de esas computadoras los pobres tienen acceso a la modernidad. Actualmente ese acceso ya no es tal por la distancia considerable respecto del equipamiento tecnológico existente. Esta distancia es fácilmente percibida por niños y jóvenes que cada vez ven menos atractivas unas XO que poco tienen que ver con las que ellos encuentran fuera de la escuela y que, como es de suponer, les resultan bastante más atractivas.”

Otro desafío para el ministro Alfaro es asegurar las condiciones para un buen inicio del año escolar 2019. La experiencia muestra que año tras año son los mismos problemas los que se repiten: infraestructura escolar en mal estado, distribución tardía de materiales materiales educativos, aprobación e implementación tambièn tardía de las modificaciones al Currículo Nacional, descoordinación entre los procesos de nombramiento, contrato y reasignación de personal docente, y denuncias sobre cobros irregulares o excesivos en el proceso de matrícula. A ello hay que añadir las posibles amenazas de paralización que algunos sectores minoritarios del SUTEP realizan.

 

A pesar de las presiones que reiteradas veces se han hecho para que la Corte Suprema se pronuncie sobre el tratamiento de la igualdad de género en el Currículo Nacional, hasta fines de julio se continía sin sentencia. Lamentablemente eso condiciona los ajustes que al respecto podría sufrir o no el Currículo Nacional y retrasa la impresión y difusión del documento, así como la ejecución de los planes de capacitación, acompañamiento, monitoreo y evaluación de esta herramienta. Son casi siete años los que pasaron desde que se inició un proceso de reajsute curicular. El nuevo Currículo se aprobó en junio de 2016, al finalizar el gobierno de Ollanta Humala pero, en vísperas de iniciarse el año escolar 2017, aparecieron los cuestionamientos sobre el tratamiento de los temas referidos a la igualdad de género y se intensificaron las críticas de un grupo que estaba en desacuerdo con el proceso de aprobación, enfoques y forma como se proyectaba implementar el nuevo Currículo Nacional. En el balance, lo que existe es un documento curricular aprobado pero sin consenso, con legitimidad normativa pero no real, y lo lamentable, que el profesorado no lo aprecia con entusiasmo; están desalentados al ver que quienes están comprometidos con su concepción y estructura no se ponen de acuerdo.

Un comentario final. Al 29 de julio el sector Educación mostró un nivel de ejecución presupuestal del 47.8% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Por partidas genéricas, el mejor desempeño se da en Personal y Obligaciones Sociales, con 56.2% de ejecución, en tanto que en Activos No Financieros solo se logra el 30.2%. En esta última, que concentra los mayores recursos de gasto de inversión, el Gobierno Central logro invertir el 24.8%, los Gobiernos Locales el 36.2% y los Gobiernos Regionales el 29.5%. En relación a la ejecución al 28 de julio del 2017, en la partida Personal y Obligaciones Sociales se logra una ejecución superior en 3.3%, pero en la partida de Bienes y Servicios la ejecución es menor en 7.8% y en Activos no Financieros también menor en 0.3%. Al terminar el 2017, la partida Bienes y Servicios logró una ejecución de 91.7%, pero los Activos no Financieros solo lograron el 69.4% del PIM. Es de esperar que este año no se devuelva tanto presupuesto al Tesoro Público.

                   Sector Educación: Ejecución presupuestal a julio 2017 y 2018
                                 2017                         2018
Personal y Oblig. Soc Bienes y Servicios Activos no Financieros Personal y Oblig. Soc Bienes y Servicios Activos no Financieros
52.9% 41.2% 29.9% 56.2% 37.7% 30.2%
Fuente. MEF. Consulta Amigable. Al 28 julio 2017 y 29 julio 2018

Presupuestariamente el 2019 no será un año de grandes incrementos para el sector Educación, excepto los recursos para financiar la primera etapa del plan de incremento de remuneraciones de los docentes de la carrera pública magisterial que el Ministerio de Educación ha puesto a consideración del Ministerio de Economía y Finanzas. Se trata de un enorme esfuerzo financiero que realizará el país para mejorar la situación económica de los docentes estatales. Se espera que dicho esfuerzo vaya acompañado de compromisos por parte del gremio magisterial que aporten a una elevación de los estándares de calidad del servicio que reciben los estudiantes.

Ver link: Informe de educación de INIDEN

Jul18-r

 

Currículo, Material Educativo y Año Escolar 2019

Hace pocos días en los medios de prensa se difundió una carta remitida por la Asociación PROMSEX a Daniel Alfaro, Ministro de Educación, en la que se formulaban graves observaciones en relación al contenido de los cuadernos de trabajo para los estudiantes y manuales para el docente. Se señala que algunas lecturas contribuyen a crear estereotipos machistas que pueden influir en relaciones desiguales de poder al interior de las familias y comunidades. La demanda interpuesta por la Asociación recomienda, más bien, desarrollar situaciones de igualdad de género desde muy temprana edad.

La denuncia de la Asociación PROMSEX se formula en momentos en que la Corte Suprema no ha decidido aún la demanda presentada por el señor Francisco Javier Pacheco Manga y otras personas sobre aspectos relacionados con el tratamiento, en el Currículo Nacional, de cuestiones relativas al enfoque de igualdad de género. Desde hace semanas se espera el pronunciamiento de la Corte, de cuyo contenido dependerá el nivel de reajustes que tenga que hacerse al Currículo Nacional.

La ex Ministra de Educación, Marilú Martens, al referirse a las denuncias planteadas por la Asociación PROMSEX sobre sexualidad ha declarado que los contenidos incluidos en los cuadernos de trabajo y manuales para el docente “son indefendibles”. Reconoce el descuido que hubo en las últimas administraciones en la revisión de aquello que se iba a publicar y distribuir a estudiantes y docentes. La denuncia ha puesto en aprietos al Ministro Alfaro, pero debe aclararse que el diseño y revisión de los materiales en cuestión empezó, por lo menos, hace cinco años.

Desde hace varias semanas otro tema que concita la atención de algunos miembros del Congreso de la República y de los medios de comunicación fue el de la enseñanza de la historia reciente; en especial, lo que ocurrió en las últimas décadas del siglo pasado cuando grupos terroristas pusieron en jaque a la sociedad peruana. Al respecto, la Defensoría del Pueblo, en un reciente comunicado ha señalado: “Los textos referidos a la violencia terrorista y a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en las décadas del ochenta y noventa, tienen vacíos y distorsiones presentando la historia incompleta a los estudiantes, privándolos de una aproximación sincera y crítica a una de las etapas más cruentas de nuestra historia. Como sociedad debemos tener siempre presente que la memoria del horror es el arma más eficaz para prevenir el resurgimiento de fenómenos de violencia extrema”.

Frente a plazos que se acortan para aprobar el Currículo Nacional que estará vigente en el 2019, el Ministerio de Educación ha anunciado que para los contenidos sobre sexualidad se reemplazará el cuaderno de trabajo de Comprensión Lectora 5 por el de Antología Literaria, a la vez que habrá un nuevo instructivo para docentes. Es una decisión acertada, pero que no da completa solución a todos los problemas que deben superarse. Además del fallo de la Corte Suprema, hay observaciones a los contenidos del material para otros grados de la secundaria; en segundo lugar, el tratamiento de los hechos de la historia reciente vivida debido a los movimientos terroristas no está aún resuelto; en tercer lugar, las cuestiones relativas al enfoque de igualdad de género seguirán siendo un dolor de cabeza para el Ministro de Educación.

Para la Defensoría del Pueblo, las denuncias recientes sobre los cuadernos de trabajo y manuales para el docente generan serias dudas sobre la calidad de sus contenidos y demanda la ejecución de las siguientes medidas: (i) transparentar dichos contenidos de modo que los estudiantes, profesores, padres de familia y entidades estatales estén seguros del valor de la enseñanza que se imparte en el país; (ii) crear comisiones independientes integradas por expertos en las distintas materias que, en coordinación con el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de la Educación, auditen los materiales educativos e identifiquen los contenidos que claramente afectan el sentido de una formación moderna, libre, igualitaria y respetuosa de los derechos de todos; (iii) retirar el material cuestionado tomándose las previsiones para no afectar el dictado de las correspondientes materias. Además, amparándose en su rol constitucional como supervisores del cumplimiento de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo se compromete a investigar los procedimientos vigentes que se siguen en el Ministerio de Educación para crear, discutir y aprobar los materiales educativos que se distribuyen año a año, a fin de verificar si cuentan con los controles que garanticen la elaboración de productos de calidad.

 

Posibles caminos a seguir

El compromiso asumido por la Defensoría del Pueblo adquiere gran importancia si se toma en cuenta que los problemas relacionados con el contenido de los textos escolares y otros materiales impresos no son algo nuevo. Desde hace décadas el país es testigo de múltiples denuncias sobre errores o la inclusión de contenidos poco apropiados en los textos escolares, sea en los distribuidos gratuitamente por el Estado o los comercializados por la industria editora de textos.

El Ministerio de Educación tiene ahora la oportunidad para formular una política y procedimientos claros sobre producción, adquisición y distribuciónde material educativo integrada a otras políticas pedagógicas y a una visión del perfil de estudiante que se desea formar para el futuro. Especialistas del Ministerio podrán argumentar que el perfil y los estándares están establecidos en el Currículo Nacional, tienen legitimidad legal pero no suficiente legitimidad real. La brecha entre el Currículo prescrito y el ejecutado es grande y los especialistas responsables continúan sin reconocerlo y sin siquiera adoptar medidas para corregir las fallas existentes.

Siendo Educación un sector en donde la carga ideológica es fuerte, los contratos de especialistas deberían responder a términos de referencia y protocolos de presentación de resultados que den orientaciones precisas no solo sobre la rigurosidad técnica de la estructura formal del material producido, sino también sobre la forma como seleccionar y tratar los contenidos que se incluyan. Muchas veces los especialistas caen en la tentación de expresar en el material su particular opinión respecto de lo que hay que enseñar sin necesariamente tener en cuenta a quienes serán los usuarios ni la variedad de contextos y de visiones que se tienen sobre complejos ángulos de la vida diaria. Los materiales se elaboran con un sesgo ideológico no siempre compatible con lo que se busca y con una visión más adaptada a la ciudad y a sectores específicos de población que habitan en ellas. No obstante, la diversidad socio cultural y de creencias en el país es considerable.

Otra situación que habría que corregir es lo señalado por la ex Ministra Martens: la revisión de los trabajos realizados por los consultores. Los técnicos del Ministerio de Educación, responsables de los materiales impresos están obligados a verificar que los cientos de miles de ejemplares que van a impresión tengan asegurados los estándares de contenido y calidad suficientes. Ante tantas denuncias conocidas en los últimos años cabe preguntarse si la lectura de los productos que presentan los consultores contratados antes de su impresión se realiza con la rigurosidad, detalle y criterios de pertinencia suficientes. En los años que INIDEN ha monitoreado el diseño, adquisición y distribución de materiales impresos no ha conocido de ninguna sanción para los responsables. Este informe mensual de INIDEN informóen algún momento la intención de publicar libros de poco más de 200 páginas para el área de educación física para niños del área rural. Afortunadamente la licitación, que estaba en marcha, fue suspendida por ser un gasto a todas luces injustificado. En otra ocasión, argumentando la necesidad de comparar fuentes y desarrollar un juicio propio, se identificó un libro de ciencias sociales que al tratar la guerra con Chile estaba plagado de referencias de la Marina de ese país. Antes de distribuirse se tuvo que eliminar esas referencias colocando stickers a todas las páginas en las que aparecían.

Una tercera medida concierne al seguimiento de la importante inversión realizada en textos escolares y otros materiales impresos. Es indispensable conocer los niveles y formas de empleo de los mismos, los impactos en los aprendizajes y la conveniencia de incluir contenidos sobre el uso de este material en los programas de capacitación docente. Adicionalmente, el seguimiento debería permitir evaluar la conveniencia de diversificar los textos en función de realidades regionales. Las políticas educativas insisten mucho en la personalización de los aprendizajes como uno de los referentes de la educación del futuro, pero los textos que distribuye el Ministerio de Educación continúan siendo los mismos para todo el país. Respetando el criterio de unidad de país, la atención de la diversidad en el contenido de los materiales parece ser una necesidad.

La cuarta recomendación sugerida muchas veces por INIDEN es la urgencia de establecer un sistema de adquisición de textostransparente, concertado, oportuno, justo y cuidadoso de la calidad asociada al precio de los textos escolares.Hay distintos modelos adoptados por países latinoamericanos que convendría evaluar y optar por el que mejor se adapte a nuestra realidad. Se podrían evaluar sistemas como el brasileño, chileno, colombiano y mexicano. Lo importante es buscar respuestas a exigencias como las siguientes: (i) comprar textos de calidad que a partir de sondeos previos de su empleo entre profesores, sean valorados por su calidad; (ii) priorizar en la decisión de compra el criterio pedagógico antes que el precio; (iii) eliminar cualquier posibilidad de soborno; (iv) hacer participes de las decisiones de compra de textos a los docentes de los centros educativos y a profesionales en evaluación de textos con probada conducta moral; y (v) privilegiar la participación de empresas prestigiadas, con imagen y que están al día en los pagos de sus tributos.

Se solucionarían muchos problemas que son parte de la cotidianeidad anual. Se evitaría, como vino sucediendo, empezar las licitaciones tarde y sin la evaluación de la experiencia previa o empezar la convocatoria a licitación sin haber concluido los ajustes al Currículo Nacional. En el objetivo que los materiales impresos lleguen a tiempo a los centros educativos se necesita contar con fechas límites de reajustes de la programación curricular y definir quien será el responsable de que el material esté en manos del docente y estudiantes al iniciar el año escolar. ¿Debe ser el Ministerio de Educación o el organismo intermedio correspondiente el que debe hacer esa tarea o la editorial? Lo cierto es que la administración educativa no cuenta con una organización adecuada a ese propósito.

Por último, es indispensable que el Ministerio de Educación acelere la solución de temas pendientes como los mencionados en este informe, decidir lo que hará con el material cuestionado que aún no se había distribuído y, sobre todo, insistir en el pronunciamiento de la Corte Suprema en cuanto al enfoque de igualdad de género en el Currículo Nacional. Cuanto más se retrasen estas decisiones será más difícil organizar las acciones de implementación del próximo año escolar.

Ver link: Informe de educación de INIDEN. Junio 2018

Contenidos de los textos escolares distribuidos por el Ministerio de Educación

Hace pocos días una asociación denominada PROMSEX se dirigió al Ministro de Educación, haciéndole conocer varias preocupaciones acerca del contenido de los materiales educativos que distribuye el Ministerio de Educación. Entre ellos, los siguientes: (I) Cuaderno de trabajo de comprensión lectora para secundaria 5, (II) Manual para el docente de comprensión lectora para secundaria 5, y (III) Desarrollo personal, ciudadanía y cívica para Secundaria 1, 2 y 3.

Según la asociación mencionada, algunos contenidos de los materiales ayudan a crear estereotipos machistas que pueden incidir en relaciones desiguales de poder al interior de las familias y comunidades. Recomienda, más bien, prevenir situaciones de igualdad de género desde muy temprana edad.

No es la primera vez que se formulan denuncias sobre el contenido de los textos escolares y otros recursos educativos. Esta última denuncia termina por causar preocupación y desconfianza a un sector de la población y no deja bien parado al Ministerio de Educación que ha hecho una inversión significativa para imprimir y reproducir el material en cuestión.

El Ministro de Educación ha manifestado que los textos y materiales cuestionados están en revisión y que en una nueva edición se distribuirán con las correcciones correspondientes.

Sería recomendable que en el Ministerio de Educación se formulen protocolos relacionados con las reglas que deben respetar los especialistas contratados en la elaboración de propuestas de contenidos de los materiales. Si los hay deben revisarse y corregirse en lo que sea necesario para evitar denuncias como las planteadas. Asimismo, deberían existir grupos de especialistas que con mayor rigurosidad revisen de los materiales que se piensan imprimir y distribuir.

Muchas veces a los especialistas que se contratan les es difícil separar sus convicciones ideológicas de lo que debe representar un material educativo más equilibrado en contenidos. De allí la importancia de contar con esas orientaciones para el diseño de los textos y de establecer filtros más exigentes antes de proceder a la impresión y distribución.

Es una nueva lección para los especialistas del Ministerio y aquellos que se contratan para elaborar materiales educativos. Ojalá situaciones como éstas no se vuelvan a repetir. En la definición de contenidos hay que pensar, prioritariamente, en quién será el usuario principal.

Ver link: Carta de PROSEX a Ministro de Educación Daniel Alfaro

Ver link: Entrevista a Marilú Martens. Diario El Comercio

Ver link: comunicado de la Defensoría del Pueblo

No seguir descuidando la educación de jóvenes y adultos

La fuerte caída de la matrícula de la educación de jóvenes y adultos, además de no estar compuesta necesariamente por estudiantes con 18 años o más, es la mayor expresión de la escasa prioridad que ha tenido esta oferta de enseñanza en las tres últimas décadas. En otras palabras, la respuesta del sistema educativo ha sido lamentable por tres motivos. En primer lugar, desde el año 2000 la matrícula estatal de la educación básica alternativa se redujo en 71,446 estudiantes mientras la matrícula privada creció en 19,546, no pudiendo compensar la fuerte caída total. Mientras en Perú el total de estudiantes de esta modalidad en relación a los mayores de 18 años representó el 1.8% en el 2017, en las naciones europeas esta tasa llega al 12.5%. En segundo lugar, en valores corrientes la inversión estatal por estudiante está en descenso desde el año 2009 y 2010 cuando se invertía 2,700 soles; en el 2017 se invierte 1,920 soles por estudiante. En tercer lugar, es lamentable porque la educación y capacitación, que juegan un papel clave en la generación de empleo, no alcanzó los estándares de calidad suficientes como para contribuir a reducir los novecientos mil desocupados y las dos terceras partes de empleo informal. Un asunto que debe ser bien comprendido por quienes ofertan este tipo de servicios es que el empleo formal no crecerá significativamente a menos que mejoremos la cobertura y calidad de la oferta de formación para jóvenes y adultos en situación de mayor vulnerabilidad.

Postergar la política de educación de jóvenes y adultos en los actuales tiempos adquiere un carácter especial, pues más que nunca, cualquier persona que se incorpora o pretende incorporarse al mercado laboral necesita participar de procesos pertinentes de educación y capacitación durante toda la vida para hacer frente a la transformación, desaparición o creación de nuevos empleos, los cuales dependen de diversos factores, no exclusivamente tecnológicos. La transformación de los empleos es el proceso que más avanza y que se vive con progresividades y complejidades en aumento, no solo entre trabajadores con mayor nivel de educación sino también entre los que vienen realizando actividades predominantemente rutinarias. Reparar un automóvil, atender en un restaurant, vender ropa en un establecimiento de retail, y miles de otras ocupaciones es ahora diferente a lo que fue hace pocos años y lo será nuevamente pronto. En todas estas actividades la informática y la inteligencia artificial obligan a contar con nuevas habilidades, pero también en muchos casos se requiere una base mínima de cultura, manejo básico del inglés, marketing, gestión y, en general, de relaciones humanas.

Hay un punto de partida que preocupa. Se necesita superar el analfabetismo absoluto que el 2016 afectó al 5.9% de la población de 15 años y más. Casi al finalizar la segunda década del siglo XXI, y en valores absolutos, ese 5.9% equivale a 1,346,000 analfabetos de los cuales 52% están en las áreas rurales. Todavía, entre los mayores de 24 años, un tercio carece de instrucción o su máximo nivel de educación es primaria incompleta o completa.

Pero tan importante como superar el analfabetismo absoluto es lograr la alfabetización digital. Su dimensión no se conoce con exactitud, pero algunos indicadores dan idea del esfuerzo por realizar. Según los datos del INEI, para el último trimestre del 2017 únicamente la tercera parte de los hogares peruanos contaba con al menos una computadora y los que tenían acceso a Internet apenas superaban la cuarta parte. Como es obvio suponer, en Lima Metropolitana está el mayor acceso a ambas herramientas y el gran desafío de la alfabetización digital está en las zonas rurales donde solo el 5.8% de los hogares cuenta con al menos un computador y 1.7% accede a Internet. El otro grupo que representa un desafío es la población de 6 años y más con educación primaria, pues según el INEI, uno de cada cinco accede a Internet frente al 92.4% de la población con educación superior universitaria.

 

Reformas necesarias

Son varios los indicadores que ilustran que, en la construcción de procesos de educación durante toda la vida, se parte de un escenario muy precario donde poco hay que rescatar y mucho por construir. Entre lo rescatable están modelos de oferta como los de SENATI, TECSUP y otros organizados por iniciativas de los gremios empresariales para promover la calidad y productividad de sus respectivos sectores. Se extraña el papel que jugaban institutos como el José Pardo. En cambio, el resto de la formación profesional y, sobre todo, la educación básica para jóvenes y adultos, necesitan reformas sustantivas de sus estructuras, tipos y gobernabilidad de sus ofertas.

Es indudable que se requiere mayor financiamiento público y privado, pero más importante serán las medidas que puedan adoptarse para flexibilizar y ampliar la variedad de modalidades de formación. Preferible es que el Estado cuente con menos centros de educación básica y técnico productiva, a condición que estén bien dotados en recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. Asimismo que la creación y funcionamiento de esos centros, tanto estatales como no estatales, repose en rigurosos mecanismos de licenciamiento y acreditación.

Las reformas de la Educación Básica Alternativa y de la Educación Técnico Productiva están entre las más importantes. La primera, y parte de la segunda, se ofrecen actualmente en los mismos locales donde asisten niños y adolescentes y, en el caso de la Básica Alternativa, con programas de estudio que tienen casi la misma orientación y estructura que los que se aplican en la Educación Básica Regular. Además de los numerosos problemas de uso de los locales, desde hace muchas décadas se ha insistido que los programas de estudio para jóvenes y adultos deben tener duración y contenidos diferentes; sin embargo, poco se avanzó, olvidándose que esta población ha desarrollado conocimientos y habilidades que aún no poseen los niños. La matrícula de la modalidad cayó no solo porque no fue prioritaria, sino principalmente porque tal como se ofrece no atrae ni incentiva a los jóvenes y adultos que la necesitan.

Experiencias en otros países pueden ayudarnos a establecer una política de educación para jóvenes y adultos. La multiplicidad de opciones, debido a la alta heterogeneidad de la demanda y la necesidad de aumentar la cobertura de participantes, obliga a no limitar las ofertas exclusivamente a la Educación Básica Alternativa o a la Educación Técnico Productiva formal. En ese objetivo, debería existir flexibilidad de opciones para el desarrollo de los programas de estudios, unos que lleven a completar la educación básica y otros que mediante cursos de educación técnico productiva, extraescolares, de educación semi-presencial y a distancia, a tiempo completo o parcial, habiliten y certifiquen en determinadas competencias en función de las necesidades de los usuarios.

La flexibilidad debe reflejarse igualmente en otros aspectos del funcionamiento de la oferta para jóvenes y adultos: en horarios de régimen nocturno o de enseñanza mixta que respondan a las posibilidades de los usuarios y no tanto a la conveniencia de la administración o del profesorado; así como en la posibilidad de emplear infraestructura que no necesariamente sean escuelas de educación básica regular. Las propuestas curriculares que se definan y la forma como se implementen son claves ya que las quejas de los estudiantes que asisten a los programas que se les ofrecen son la frondosidad, la poca pertinencia de los contenidos, el sometimiento a una cantidad excesiva de asignaturas, la desactualización del equipamiento y un profesorado que no está suficientemente calificado y que, con pocas excepciones ha vivido el mundo de la empresa.

Los países que van adelante en reformas para esta modalidad de estudios tienden a una racionalización del número de áreas de formación. Frente a las entre diez y doce que se incluyen en el currículo de la Educación Básica Regular, en la Educación Básica para jóvenes y adultos se opta por concentrarse en cuatro a seis áreas, con fuerte énfasis práctico. Entre las que más se incluyen están las siguientes: lectoescritura y comunicación, matemáticas para la vida, tecnologías de la comunicación e información, sociales y ciudadanía, inglés y desarrollo de habilidades para la empleabilidad.

Quienes impulsan las reformas son conscientes además que no todo joven o adulto que sin educación básica completa estará en la capacidad o disponibilidad de completarla, además que el financiamiento para cubrir toda la demanda sería una dificultad. Por ello la flexibilidad se da también en la posibilidad seguir cursos específicos, ser evaluado y lograr las certificaciones correspondientes facilitando de este modo el acceso o permanencia en el mercado de trabajo. En varios países latinoamericanos, por iniciativa empresarial propia o alentada con incentivos tributarios, se ofrecen una variedad de cursos con énfasis en el empleo o auto empleo para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Son cursos que ayudan a disminuir dicha situación. Varios de ellos aprovechan el empleo de las tecnologías digitales pues se constata que son una herramienta muy poderosa y efectiva para atraer y calificar a jóvenes sin educación básica completa. Con modalidades de capacitación muy flexibles, se organizan, certifican o recertifican.

 

Gestión y financiamiento

Impulsar la educación de jóvenes y adultos demanda una organización más fuerte que la actual, capaz de promover el desarrollo de diferentes variedades de ofertas estatales y no estatales. Tres criterios que deberían evaluarse son los siguientes: Primero, la posibilidad de trasferir al Ministerio de Trabajo y Promoción Social y a otros ministerios mayores responsabilidades en la organización y promoción de programas de formación técnico profesional y para jóvenes y adultos sin educación básica completa. Implicaría fortalecer funciones, estructuras y financiamiento, así como un marco legal que exprese la convicción del Estado que más conveniente y barato le sale incentivar la contribución privada en la creación de oferta de educación y capacitación.

Segundo, es deseable que el financiamiento dirigido a las poblaciones con mayor nivel de vulnerabilidad sea principalmente público. No obstante, siendo las necesidades de educación y formación considerables, son imprescindibles fórmulas complementarias de financiamiento privado. Dos experiencias convendría revisar. En el Perú, en los años setenta, en el marco de la modalidad de calificación profesional extraordinaria, se alentó que las empresas creen Unidades de Formación/Producción autofinanciadas con el objetivo de calificar a sus trabajadores y a otros que pensaban reclutar. A cambio, las empresas eran incentivadas en su creación mediante incentivos tributarios.

Similar experiencia, que sigue funcionando en Chile, es el Servicio de Franquicia Tributaria (SENCE). Beneficia a trabajadores ocupados y desocupados e inactivos. Las empresas contribuyen con el 50% de los gastos de capacitación, cuando ésta fuere impartida a trabajadores cuyas remuneraciones individuales mensuales excedan las 25 unidades tributarias mensuales y no superen las 50, y con el 85% de los gastos de capacitación, cuando ésta fuere impartida a trabajadores cuyas remuneraciones individuales mensuales superen las 50 unidades tributarias mensuales. Frente a esa contribucion, las empresas pueden descontar del monto a pagar en impuestos, los gastos efectuados en programas de capacitación que se hayan realizado dentro del territorio nacional, en las cantidades que sean autorizadas de acuerdo al monto de la planilla anual corespondiente. En promedio no se debe exceder en el año de una suma máxima equivalente al uno por ciento de las remuneraciones imponibles pagadas al personal en el mismo lapso. Las empresas pueden desarrollar directamente las actividades de capacitación o contratar con instituciones especializadas, debidamente acreditadas e inscritas en un registro creado para el efecto.

Hay mucho por hacer por jóvenes y adultos que no han concluido su educación básica oportunamente. Como lo señala el título de este informe, no se puede seguir descuidando su atención. Debemos seguir reflexiondando en su reforma e impulso.

Ver links:

Economia-informal-en-Peru-2016

Educacion de adultos no formal en Europa. EPJA Sistemas

Formación continua y educación de adultos enEspaña. EPJA España

Ex directores e interinos ¿hay que volver a esos temas?

Desde el 2008, cuando se aprobó la Ley de Carrera Pública Magisterial, luego reemplazada por la Ley de Reforma Magisterial, los factores asociados al mérito se han convertido en variables importantes en los procesos de nombramiento, contrato, promoción de cargo y ascenso en la carrera. Es verdad que todavía el peso de los títulos y la antigüedad tienen un peso considerable, pero los avances hasta el presente no pueden negarse.

Colocar las variables de mérito con mayor presencia en la gestión y desarrollo de la carrera docente no es tarea fácil por las resistencias de un sector de docentes. Algunos por inseguridad profesional, otros defendiendo férreamente la estabilidad laboral o como bandera de defensa sindical no aceptan las evaluaciones de desempeño y otras que buscan medir habilidades clave de los docentes para la enseñanza en la hora actual.

Dos casos que se arrastran desde hace varios años son los de un sector ex directores y de maestros interinos. Los primeros, según la Ley, deben ser evaluados para su ratificación en el cargo, y los segundos, para ingresar a la carrera pública magisterial deben igualmente ser sometidos a una evaluación que tome en cuenta similares reglas de juego exigidas a otros docentes.

Para ambos casos el Ministerio de Educación organizó en los años 2014 y 2015 evaluaciones excepcionales, dándoles así la oportunidad de regularizar su situación. Mientras un sector se sometió a la evaluación, hubo quienes se rehusaron, expresándolo de dos maneras: no participando en la misma y/o presentando ante jueces recursos de amparo.

Las actitudes de ex directores rebeldes, que querían el cargo de por vida, generaron un verdadero caos en la administración docente puesto que muchos de los que iban ganando posteriores concursos en base a su esfuerzo y competencias, sometiéndose a la evaluación, no podían tomar posesión del cargo porque había una acción de amparo que lo impedía. Aunque con retraso, la Corte Suprema, ratificó la legalidad de la evaluación y la obligación que todo director en ejercicio sea evaluado periódicamente.

El problema que surge ahora es que algunos miembros de la Comisión de Educación quieren que se dé una oportunidad a ex directores que en su momento se opusieron a ser evaluados o que desaprobaron la evaluación. Se desconocería, en cierta medida, la legalidad de la evaluación excepcional realizada en el 2014 y que permitió que poco más de tres mil directores fueran ratificados, mientras que el resto eran reubicados en sus plazas de docentes de aula de origen o en una plaza cercana. Implícitamente lo que existe detrás de esta iniciativa es ir en contra del criterio del mérito, así como desconocer el ejemplo que buenos directores dieron al confiar en sus capacidades y someterse a la evaluación excepcional. Se sabe que esta iniciativa fue desestimada pero que no se deja de insistir en su aprobación. Ojalá el Congreso de la República tome la decisión correcta. Si queremos mejorar la gestión de los centros educativos debemos asegurarlos que quienes la dirijan muestren las competencias para hacerlo y no vivir costumbres del pasado o de favores políticos.

La segunda iniciativa, quizá la más insistente, se relaciona con los maestros interinos. Fue una figura transitoria creada en 1984 con la Ley del Profesorado para permitir el ejercicio de la docencia a quienes no tenían título pedagógico. El fundamento era que es difícil conseguir que un maestro titulado vaya a trabajar a zonas muy alejadas. La condición fue que, luego de un tiempo, esos docentes sin título para ingresar a la carrera debían titularse.

Para facilitar ese objetivo desde hace más de veinte años se han dado facilidades de titulación y se ampliaron los plazos para la presentación del título profesional a los docentes interinos. Hasta antes del 2008, los que lo hacían podían ingresar a la carrera sin mayor exigencia. Eran casi 15 mil en esa situación. En el propósito de no tener docentes sin título pedagógico, el 2015 se organizó una evaluación excepcional para que los docentes interinos puedan formar parte de la carrera pública magisterial ingresando a la primera escala. Solo se inscribió la tercera parte aprobando la evaluación quinientos cuarenta y seis. Nuevamente, lo que primo fue la aplicación del criterio del mérito: ingresar por concurso a la carrera. La IV Sala Laboral Permanente de Lima declaró infundada la petición de docentes que no se habían presentado a la evaluación o no la aprobaron y que pedían que sea improcedente la evaluación excepcional.

En síntesis, las oportunidades para obtener el título pedagógico y luego postular el ingreso a la carrera pública magisterial han sido varias y desaprovechadas por un sector de maestros interinos. Lo que pretende la iniciativa planteada por algunos congresistas de la Comisión de Educación no es darles otra oportunidad, sino más de una y con una serie de ventajas. Sería desconocer uno de los pilares fundamentales de una carrera moderna y rigurosamente exigente que es lo que demanda nuestro sistema educativo para salir de su crisis.

Un problema adicional que se desprende de esta iniciativa es que las plazas no cubiertas por maestros interinos que no ganaron el concurso en su momento ya fueron cubiertas por otros maestros titulados que sí se sometieron a la evaluación. Esas plazas suman en total ocho mil seiscientos, según datos del Ministerio de Educación. Lo mismo sucede con los directores que no aprobaron o no se presentaron a la evaluación excepcional.

¿Deberíamos nombrar plazas indebidamente? La respuesta debería ser no. Entre el 2000 y 2017 la matrícula estatal de educación básica se redujo en setecientos tres mil estudiantes mientras los docentes aumentaron en cien mil. Las nuevas plazas que se creen deben tener una sólida justificación; de lo contrario, las demandas de mejor salario para el profesorado se serán más difíciles de atender.

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