El Ministerio de Educación, al reducir semanas lectivas y aumentar feriados, complica el cumplimiento de las metas de aprendizaje en escuelas públicas, resaltando la necesidad de un enfoque más efectivo.

Según la Unesco, durante el cierre total o parcial de nuestras escuelas por el COVID-19 se dejaron de ofrecer 742 días de clases presenciales. El Banco Mundial estimó esa pérdida en 1,7 años de escolaridad por alumno. Las clases remotas demostraron no ser una alternativa supletoria ni aconsejable en escuelas y hogares donde no se disponía de condiciones para aprovechar lo que las tecnologías digitales ofrecen. Por el contrario, fueron factor de aumento de las desigualdades, ya que, como siempre, las poblaciones pobres y vulnerables son las más afectadas. 

Con el retorno de la presencialidad se prometió recuperar el tiempo de aprendizaje perdido, pero se continuó como si nada hubiese ocurrido. Desde el 2025, el Ministerio de Educación redujo de 39 a 36 las semanas lectivas de clases y duplicó a ocho las dedicadas a tareas de gestión. Simultáneamente aumentaron los feriados nacionales, regionales y, para el sector público, los días no laborables. La Comisión de Trabajo del Congreso tiene aprobado un proyecto para oficializar que un grupo de feriados que caen en fin de semana sean no laborables el lunes siguiente. 

Para las escuelas públicas es más difícil cumplir con la programación y las metas de aprendizaje. La jornada diaria de trabajo es más corta que en muchas privadas, además de que interrumpir la presencialidad afecta no solo lo cognitivo. Se debilitan el clima de convivencia social, la autoridad y liderazgo del docente, el interés por aprender y la autoestima. Entre los años 2019 y 2024, los aprendizajes en cuarto de primaria y segundo de secundaria retrocedieron, con la sola excepción de lectura de cuarto de primaria, según datos oficiales. 

Queda la sensación de que la educación y el futuro más promisorio para los estudiantes no importan lo suficiente. Debería reconsiderarse retornar a las 39 semanas lectivas que existían, pues hay dudas de que las horas de gestión sean eficientemente utilizadas. Hay que evitar el uso de la educación remota allí donde no hay garantías de su eficacia. La suspensión de clases presenciales debe darse solo donde se amerite y ser una decisión de las escuelas, no de la administración central o regional.

Artículo escrito para Misión Educación. *Colaboración de Hugo Díaz Díaz, expresidente del Consejo Nacional de Educación. Publicado por el diario La República, 20-02-2026